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En agosto, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número reflejó la misma cantidad de agresiones que se registraron en julio.

 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de agosto Fundamedios ha registrado un total de 2945 alertas. En agosto de 2021 el principal agresor fue el Estado con ocho agresiones; seguidos de agresores no estatales que protagonizaron 5 agresiones y en otras cinco ocasiones fueron agresiones protagonizadas por agresores desconocidos.

En total 16 periodistas fueron agredidos en agosto del 2021, seis mujeres y 10 hombres; los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como el Consejo de Comunicación cuya página fue hackeada. En total se registraron 20 agresiones y ataques que incluyen un atentado, cinco agresiones físicas, cuatro amenazas, cuatro procesos judiciales, tres restricciones al espacio digital y tres impedimentos de acceso a la información. 

Seis agresiones contra periodistas se desarrollaron en la provincia de Pichincha, no obstante las agresiones más fuertes este mes se produjeron en Machala donde el periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo la noche del 25 de agosto en su domicilio, ubicado en el centro norte. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra que incluyó mensajes con amenazas de muerte. 

 

Amenazas de muerte y un atentado con explosivos 

La agresión más grave del mes ocurrió la noche del 25 de agosto cuando el  periodista Mario Pinto de MP Noticias sufrió un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio, ubicado en el centro norte de Machala. Según versiones de los vecinos, un individuo que se transportaba en un bicicleta se acercó hasta la casa del comunicador y acercó un encendedor a una mecha, cuando un grupo de personas gritaron que no hiciera eso. El taco de dinamita se le cayó al piso, lo recogió, logró encenderlo y lo lanzó hacia el balcón del domicilio del comunicador, donde  explotó. Agentes de la Policía Judicial y Criminalística acudieron al sitio del atentado para recopilar los hechos. 

El 11 de agosto, el periodista Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado, fue amenazado a través de un mensaje a su WhatsApp: “Llámanos, queremos entregar la camioneta sin problemas con policía, trátanos serios sabemos trabajar”, junto a este mensaje le enviaron un video de una persona sosteniendo una pistola con municiones, que está siendo cargada. Asimismo, la periodista del programa ‘Tus noches con Virginia’, Virginia Suárez, de Ventanas presentó una denuncia ante la Fiscalía de Los Ríos, por el delito de intimidación en su contra luego de recibir dos amenazas de muerte por realizar su labor periodística. 

La noche del 8 de agosto, el periodista Holguer Guerrero de Tiempo Real recibió chats de WhatsApp mensajes que cuestionan su trabajo. El primero criticaba la nota: “La  Izquierda Democrática quiere blindar a Lenin Moreno” y la segunda: Reparto de la Defensoría del Pueblo que hablaba sobre la entrega de la delegación de Galápagos al cuñado de la asesora de Alejandro Jaramillo. El 13 de agosto de 2021 Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía en la cual señaló que el asesor le escribió a reclamarle por qué había publicado esas notas con el uso de un tono amenazante. Ésta ya fue aceptada. 

El 26 de agosto, la reportera del noticiero de la comunidad de Ecuavisa, Andrea Baez fue amenazada por un desconocido que intentó agredirla. Ocurrió durante una transmisión en vivo desde el Comité del Pueblo (norte de Quito) para hablar sobre la inseguridad en la zona y los reclamos de los vecinos.

 

Miembros de la Policía Nacional y guardias protagonizaron incidentes. 

Un grupo de Policías del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) agredió la mañana de 10 de agosto al periodista Miguel Laje, corresponsal de TC Televisión en la ciudad de Milagro y a la periodista Karina Sarabia de Prensa La Verdad, mientras realizaban una cobertura de un asesinato en un barrio peligroso. 

Ese mismo día, el fotoperiodista independiente y colaborador de la Agencia Alemana de Prensa, Juan Diego Montenegro, fue atacado en Quito por un can de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional luego de que el Policía que lo sostenía soltó la cuerda, mientras cubría la jornada de protestas de ayer en la calle Chile del Centro Histórico de la capital  

El 17 de agosto el periodista de HM Noticias, Harvey Maya, fue agredido por cinco guardias de seguridad de la empresa privada Alerta Red, durante la cobertura de una detención en las afueras de la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil.

 

Ataques informáticos y restricciones en la Red

El portal web de la Fundación Mil Hojas sufrió un ataque informático a inicios del mes que lo dejó fuera del aire durante varios días y que impidió a los lectores acceder a ciertos reportajes de investigación que se encontraban alojados exclusivamente en este sitio web.

La página Web del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, donde reposa información del registro de medios públicos; publicaciones de insumos; procesos de registros a medios públicos sufrió un ataque a sus sistemas informáticos. 

Además la página de Facebook del medio de comunicación digital Manta En Vivo, de la provincia de Manabí, está imposibilitada de publicar contenidos debido a una supuesta violación de los derechos de propiedad intelectual.

 

Procesos judiciales y millonarias indemnizaciones 

Los periodistas y cofundadores del medio digital La Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco, junto con el Gerente General de TC Televisión, Rafael Cuesta Caputi, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por Actos de Odio. Alex Gustavo Flores Álvarez, Coordinador General de la plataforma “Va por ti Ecuador”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la cual sostiene que “los evidentes actos de violencia psicológica y de odio” realizados por por los periodistas están expresamente tipificados como Delitos de Odio y “no pueden ser enmarcados en una falsa libertad de expresión”. 

Mientras la compañía SERVICIOS UTPL C. LTDA, cuyo accionista mayoritario es la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), impulsó al sur de país una demanda en contra de la cadena televisiva Ecotel y de su director, el periodista Ramiro Cueva, por supuestos daños y perjuicios en contra de la imagen de la Universidad que habrían ocasionado pérdidas por  USD 1.3 millones. 

 

Violaciones al derecho de acceso a  la información pública

La periodista independiente Gabriela Ruiz no recibió una información pública que solicitó a Petroecuador hace un mes, con el propósito de analizar la figura de los convenios de compensación social administrados por esa entidad en las comunidades amazónicas. 

El 16 de julio del 2021, la periodista independiente, que trabajó un reportaje para Climate Tracker, envió un cuestionario de 20 preguntas dirigida al Gerente de Petroecuador, Pablo Luna y amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nunca tuvo respuesta.  

El periodista de Macas News, Carlos López,  fue expulsado el 26 de agosto del chat de prensa de la Gobernación de Morona Santiago luego de que el gobernador Freddy Villamagua, ordenó a su equipo de comunicación una “depuración” del canal de comunicación que tiene más de una década.  Además la semana pasada la periodista y presentadora del programa “Tus Noches con Virginia”, Virginia Suárez, sufrió un intento de impedimento de cobertura durante una entrevista con la concejal de Ventanas (Los Ríos), Sonia Velarde.

 

 

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Gremios, organizaciones de la sociedad civil, academicos y representantes de medios de comunicación presentaron ayer la “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025” a varios asambleístas electos por CREO, por el Partido Social Cristiano, por la Alianza Honestidad y por la Izquierda Democrática con el propósito de construir en Ecuador, una agenda de la comunicación, periodismo y libertad de expresión a partir de 2021. 

Los legisladores presentes y sus equipos se comprometieron con la defensa, promoción y garantía de la libertad de expresión y a impulsar la Hoja de Ruta coincidieron en que es necesario trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil para reforzar la libertad de expresión y acceso a la información en Ecuador, de cara a un nuevo periodo.

De la reunión participaron los legisladores electos Marjorie Chávez, Diego Ordoñez, Wilma Andrade, Jorge Pinto, Nathaly Arias, Eckner Recalde y César Rhon. También se comprometieron con la libertad de expresión, aunque no estuvieron en la reunión los asambleístas electos Dayllana Paisslague, Fernando Cabazcango y Fernando Villavicencio. 

El director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dio la bienvenida a los asistentes y presentó la Hoja de Ruta, con un énfasis en las acciones parlamentarias.

Los legisladores electos y sus equipos fueron informados del grave deterioro de la libertad de expresión a lo largo de los últimos 14 años y que se manifiesta en más de 2 000 agresiones contra periodistas. Estas han ido desde asesinatos, agresiones físicas, sanciones por normativas, procesos penales, censura, amenazas, insultos y descalificaciones, uso abusivo del poder estatal, procesos constitucionales, administrativos y civiles. Asimismo, en los últimos años estas violaciones se han trasladado  al espacio digital con ciber amenazas, acoso en redes sociales e incluso hackeos y abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja a cuentas.

La Hoja de Ruta plantea una serie de acciones para el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Sector Privado y la Academia.

Desde la nueva Asamblea se debe legislar para blindar y fortalecer a los medios públicos y regular la pauta oficial para que cumpla los principios de equidad y transparencia. Asimismo, garantizar la asignación transparente, justa y plural de las frecuencias de radio y televisión para garantizar el acceso a la democracia. Para lo cual es preciso someter a fiscalización los actuales procesos de concesión de frecuencias que ha favorecido a los monopolios mediáticos.

Así mismo, en pos de reforzar la libertad de expresión. Se vuelve prioritario la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se alinee a los más altos estándares internacionales. También es urgente la Ley de Protección de Datos Personales, como uno de los pilares de la economía digital. 

Otros retos para el Legislativo son la creación de una ley que garantice la libertad de expresión en Internet y los derechos digitales, es decir, los Derechos Humanos en Internet; una reforma de la Ley Antimonopolio, la cual prohíbe que quien tenga actividad económica en cualquier sector  económico no pueda invertir en un medio de comunicación y la reforma del Código Orgánico Integral Penal para eliminar la figura de la contravención para castigar la opinión, como pretexto de la protección del honor, así como para eliminar los tipos penales relacionados con el sabotaje y la paralización de servicios públicos relacionados con el ejercicio de la protesta social pacífica.

Los legisladores destacaron la importancia de que la asignación de frecuencias esté alejada del poder político y que se debe incluir un compromiso de autorregulación del trabajo periodístico. También coincidieron en que no es posible que los periodistas que realicen su trabajo enfrenten procesos judiciales. Asimismo, que la Ley de Comunicación debe ser revisada de manera integral, vía su derogatoria total o una reforma integral.

Los legisladores electos destacaron la necesidad de transparentar cómo se maneja la relación con el Estado y los medios de comunicación transparentando el manejo de la publicidad oficial. Las condiciones laborales de los periodistas será otro tema prioritario para los legisladores electos. Coincidieron en que los comunicadores deben tener todas las  garantías para realizar el trabajo y crear condiciones que mejoren su calidad laboral. 

Otra de las conclusiones de la reunión fue que la libertad de expresión se debe garantizar para todos los ciudadanos, los medios de comunicación y periodistas y no debe ser regulado por el Estado de forma alguna, sino generar las condiciones para poder ejercer estas libertades. Asimismo,  que el Poder Legislativo debe ser uno de los principales pilares que garanticen estas libertades.

Las organizaciones, medios y gremios Fundamedios, Periodistas Sin Cadenas, La Barra Espaciadora Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos-AEDEP, Colectivo Nos Faltan 3, Chicas Poderosas, Antena 1, Noticias de Ondas Azuayas, Telesucesos, Diario La Prensa, Fundación Carlos Freire, Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados-CCREA, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Pichincha-AER PICHINCHA, Asociación de Canales de Televisión del Ecuador-ACTVE, Federación Nacional de Periodistas, FENAPE,, Revista Criterios, Fundación Mil Hojas, Periodismo de Investigación, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Guayas, Coalición Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales, Plataforma Social Nosotros Somos Ecuador, Colectivo El Quinto Poder Somos Todos. Los ciudadanos Fernando Najas, Juan Carlos Calderón, Jean Cano, Mónica Almeida, Cristian Zurita, Abel Suing, Kruskaya Ordóñez, María José Calderón, Gustavo Cardoso, Sol Borja, Martha Roldós, Carla Maldonado, y José Luís Ojeda y todos quienes hemos promovido la Hoja de Ruta por la Libertad de Expresión 2021-2015, invitamos nuevamente a los candidatos finalistas que aún no se comprometen con la Libertad de Expresión para que suscriban el documento donde se plasma el respeto y los avances en torno a este derecho humano fundamental. Vamos a estar vigilantes para que eso suceda.

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Ecuador, 28 de enero del 2021. Organizaciones sociales, gremios de periodistas y medios de comunicación de Ecuador enviaron una carta abierta a los 16 candidatos presidenciales. El objetivo es que ellos se comprometan a suscribir la “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025”, que permitirá establecer una agenda de comunicación, periodismo y libertad de expresión que garantice un nuevo panorama para estos derechos en el Ecuador.

La carta señala que se han visibilizado varias violaciones a los derechos digitales como asesinatos de periodistas, agresiones físicas o sanciones por normativas, proceso penales, censura, ciber amenazas y acoso en redes sociales, hackeos, abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja a cuentas, agresiones verbales, entre amenazas e insultos y descalificaciones, uso abusivo del poder no estatal, procesos constitucionales, administrativos o civiles, en los que los principales agresores siguen siendo funcionarios públicos. 

Frente a ello se exige la adopción de medidas de protección a periodistas a través de políticas, normativas y protocolos claros, que han sido prácticamente inexistente en los últimos 14 años donde se han desarrollaron hechos de secuestro, asesinatos, detenciones y ataques contra oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa, estaciones radiales y plataformas digitales. Además, subrayan que se han reportado más de 2 791 agresiones contra medios de comunicación y periodistas entre 2008 a lo que vamos de 2021.

Solicitan que los candidatos presidenciales que competirán en los próximos comicios electorales incorporen una agenda de respeto y avances en materia de libertad de expresión, con resultados palpables frente a los conflictos heredados de los gobiernos anteriores.

La “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025” es una propuesta destinada a construir, en Ecuador, una agenda para la comunicación, el periodismo y la libertad de expresión a partir de 2021. El objetivo es analizar cuál es el legado de la comunicación y la libertad de expresión de los últimos periodos presidenciales.  Además, se plantean acciones que permitan al Gobierno entrante configurar una agenda de trabajo a favor de la libertad de expresión en Ecuador, desde las distintas esferas pública, privada, académica y social.

Esta Hoja de Ruta propone acciones al Ejecutivo, Legislativo, Sistema de Justicia, sector privado, academia y sociedad civil. 

CARTA CONJUNTA CANDIDATOS 1

CARTA CONJUNTA CANDIDATOS 2

HOJA DE RUTA

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Washington, 7 de octubre 2020. Fundamedios y Reporters Committee for Freedom of the Press denunciaron hoy, en el 177º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa ocurridas desde mayo del 2020 durante las recientes protestas en los Estados Unidos. 

Al presentar esta denuncia, las dos organizaciones solicitaron a la CIDH:

  1. Que la  Comisión emita una declaración de protesta por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas durante las protestas públicas por restringir la libertad de expresión. 
  2. Que la Comisión demande del Estado el cese de todos los arrestos y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas.  
  3. Que se formule una petición a todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes denunciados por las organizaciones que documentan las violaciones a la libertad de expresión  y que haga públicos los resultados de estas investigaciones.  
  4.  Establezca un conjunto de principios y recomendaciones para las autoridades policiales y de seguridad a nivel local, estatal y federal en relación con el respeto de la prensa durante los eventos públicos de cualquier tipo, en particular de las manifestaciones, y la forma de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Estas recomendaciones deberían abarcar: 
    1. Formación de las fuerzas del orden encargadas del control de protestas para que comprenda que el derecho que asiste a los periodistas a documentar la actividad policial en público.
    2. Transparencia – Los registros policiales de las interacciones con los periodistas deben ponerse a disposición del público de inmediato, para que el público pueda evaluar la legitimidad de la conducta policial.  Además, los agentes de policía deben llevar en sus uniformes identificación de su nombre, número de placa y organización a la que pertenece.
    3. Sanciones – Los departamentos de policía deben adoptar medidas urgentes para disciplinar a los funcionarios que violen los derechos de la prensa.
    4. Proporcionalidad – Que las fuerzas del orden sigan las directrices de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza, basadas en la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad.  Es decir, los oficiales deben asegurarse de que las tácticas de control de multitudes sean apropiadas y proporcionales.  Tales tácticas deben ser diseñadas para prevenir daños colaterales a los periodistas que cubren las protestas y no deben restringir indebidamente esa cobertura.

Los expositores por parte de la sociedad civil en esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Estados Unidos  fueron Frank LaRue, Director Legal y de Defensa de Fundamedios; Gabriel Rottman, Director del Proyecto Tecnología y Libertad de Prensa y  Sarah Matthew, Abogada de  Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP). Y como testigo de las violaciones el periodista Gustavo Martínez Contreras.

Frank LaRue dijo que esta audiencia fue solicitada por Fundamedios y el RCFP a la luz de los ataques y hostigamientos por parte de agentes del orden que sufren los periodistas que cubren las manifestaciones públicas pacíficas contra el racismo en todo Estados Unidos desde mayo de 2020. 

“Tenemos desde el más alto nivel de gobierno del propio presidente de la nación, un discurso sistémico de ataque contra la prensa y periodistas independientes, llamándolos “enemigos del país”, “enemigos del pueblo”, “medios falsos”, “ noticias falsas ”,“ mentirosos”. Esto confunde a la población y ha erosionado progresivamente la confianza que la sociedad pueda tener en los medios”, dijo LaRue.

U.S. Press Freedom Tracker ha reportado más de 850 incidentes de violación a la libertad de expresión durante la cobertura de las protestas y manifestaciones en lo que va del año 2020. 81% de los casos documentados corresponden al excesivo uso de la fuerza o detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden. Sarah Matthews, abogada de Reporters Committee for the Freedom of the Press, aseguró que “lo más grave es evidenciar la tendencia que los policías tenían como objetivo claro agredir a periodistas quienes estaban claramente identificados como prensa”. Las agresiones se han registrado en 79 ciudades de 36 estados. 

Rottman aseguró que en los últimos meses se ha visto un importante aumento de las detenciones y el uso de la fuerza contra miembros de los medios de comunicación que cubren las protestas. En muchos casos, los incidentes parecen violar leyes claramente establecidas en los Estados Unidos, incluyendo derechos que durante mucho tiempo han sido reconocidos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 

Gustavo Martínez Contreras, periodista de Asbury Press se presentó como testigo y ejemplo de los 100 de periodistas que han sido detenidos o agredidos desde mayor de 2020 en Estados Unidos. Martínez, quien fue detenido el 1 de junio en Nueva Jersey, permaneció 5 horas detenido, pese a haber portado su gafete de prensa en el pecho desde el principio. 

“Mi experiencia en la noche del 1 de junio en la protesta de Asbury Park sigue persiguiéndome. No me cabe la menor duda de que fui un objetivo para la policía a ser  abordado y arrestado porque estaba informando sobre los acontecimientos a mi alrededor, protegido por  Primera Enmienda en mi derecho a hacerlo. Espero que al hablar hoy, ayude a asegurar que muchos otros periodistas puedan informar libremente sin censura por parte de las fuerzas del orden.”

Pedro Vaca, el nuevo Relator de la Libertad de Expresión, dijo que es difícil encontrar otro país a la región que le haya sido más respetuoso de la libertad de prensa que Estados Unidos, por lo que los eventos denunciados llaman a una profunda reflexión a fin de que se mantengan las libertades fundamentales.

El Relator sostuvo que las autoridades federales  deben garantizar el derecho de cobertura de las manifestaciones por parte de la prensa para que la gente pueda estar informada. Adicionalmente ofreció el apoyo de la Relatoría  al   “alertar a los representantes del Estado de que consideren que la Relatoría es un socio para evitar la repetición de estos casos de abusos policiacos”. 

Si bien Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación y doctrina de la Organización Estados Americana es vinculante para todos los estados miembros.

La delegación de los Estados Unidos estuvo conformada por los representantes ante la OEA Bradley A. Freden; y el representante del Departamento del Estado, Thomas Weatherral,  quienes ratificaron que los medios de comunicación independientes son un pilar para el intercambio de ideas y que Estados Unidos respalda el Estado de Derecho.

Bradley A. Freden aseguró que “condenan las amenazas y hostigamientos contra periodistas pues no deberían sufrir hostigamiento por realizar su trabajo de acuerdo a la ley” y aseguró que Estados Unidos está comprometido con defender a los miembros de la prensa con investigaciones, cuando haya violaciones a los derechos.

Al final de la Audiencia, el Presidente de la CIDH, Joel Hernández,  agradeció a Fundamedios y a RCFP por la información y destacó la actitud positiva, propositiva y constructiva de los representantes del Gobierno. “Para nosotros esta audiencia es muy oportuna, reconocemos la fuerza de la democracia de los Estados Unidos (…) estamos conscientes del impacto que tuvo su Constitución a nivel mundial para proteger la libertad de prensa; sabemos que Estados Unidos ha establecido un estándar para proteger los derechos civiles y políticos y es por eso que seguimos con preocupación el alto ataque a miembros de la prensa”. Recordó que para la CIDH es un momento sensible pues las manifestaciones sociales están más activas que nunca en toda la región y por eso es importante salvaguardar el derecho de la prensa a poder realizar su trabajo. 

“Expresamos las mejores aspiraciones para que los periodistas y comunicadores puedan realizar su trabajo sin ninguna interferencia al dar cobertura a las protestas sociales”, dijo el Comisionado. 

La CIDH es un órgano esencial del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y se encarga de contextualizar y documentar las violaciones de los derechos humanos y de hacer que los Estados rindan cuentas de sus acciones y de sus fallos en la protección de los derechos de sus ciudadanos.

 

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Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

FALLO CC VISTAZO

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Estados Unidos, 17 de septiembre 2020.- Fundamedios se ha adherido a las más de 30 organizaciones que conforman el U.S. Press Freedom Tracker, organización que monitorea los incidentes de violación a la libertad de prensa de los Estados Unidos.  

U.S. Press Freedom Tracker reúne a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y asociaciones de prensa para documentar y reportar de manera centralizada todos los aspectos que puedan afectar al libre ejercicio del periodismo. La organización es un soporte para la investigación, la defensa del periodismo independiente y la gestión de acciones legales en caso de violaciones a los derechos fundamentales.

Los Estados Unidos cuentan con las protecciones legales de libertad de expresión más fuertes del mundo e, históricamente, ha sido un ejemplo mundial para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero el discurso estigmatizante y las agresiones contra la prensa han minado el libre ejercicio. Por ello, hoy más que nunca, es esencial defender la Primera Enmienda en los tribunales, en la legislación federal y estatal  y en los medios de comunicación mismos. La vigilancia constante y una reportes documentados permanentes sobre la libertad de prensa son esenciales.

Fundamedios nació  en 2007 en Latinoamérica para defender la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Desde 2018 cuenta con una oficina en Washington D.C. y trabaja para generar puentes entre los periodistas de las Américas, apoyar a organizaciones en la defensa de los derechos fundamentales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; y promover los derechos de los periodistas latinos en los Estados Unidos. 

En este marco, Fundamedios promueve una investigación en torno a los principales desafíos que enfrentan los y las periodistas latinos en los Estados Unidos. Mayor información en www.fundamedios.org.

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Ecuador, 10 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, por unanimidad, declaró como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 26 de septiembre del 2012 que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial “Un NO Rotundo” -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011- fue “propaganda electoral”. Ese referemdum es conocido como el de “la metida de mano en la justicia”, pues permitió al ex presidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, reformar y controlar el sistema judicial. 

A través de la Sentencia No. 1651-12-EP/20, la Jueza ponente, Teresa Nuques Martínez, declaró que la sentencia del TCE contra Vistazo vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de recibir decisiones motivadas y a la libertad de expresión, por lo cual dejó sin efecto dicha sentencia.

Además, ordenó que el TCE ofrezca disculpas públicas a ENSA (editorial de revista Vistazo) y que deberán ser expuestas en un cartel tamaño A3 colocado en un lugar visible a la entrada del edificio principal y en un banner web instalado en el portal institucional durante 30 días. Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto:

«Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 1651-12-EP/20, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y libertad de expresión en la causa electoral No. 794-2011-TCE y acumulados. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales S.A. ENSA (editora de Revista Vistazo) y reconoce su obligación de respetar la Constitución de la República del Ecuador y particularmente la protección a la libertad de expresión en contextos electorales”.

También dispuso al TCE y al Consejo Nacional Electoral implementar un programa de capacitación a sus miembros sobre la protección a la libertad de expresión haciendo énfasis de la vigencia de este derecho en épocas y contextos electorales.

En septiembre de 2012 Fundamedios emitió la alerta de la sanción. En la nota se menciona que a través de una sentencia de 24 páginas, los jueces: Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez consideraron que el editorial de Vistazo viola el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios dejando sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Ximena Endara.

Además, la CC, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático, exhortó a las juezas y los jueces, así como autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.

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El 18 de junio de 2020 se cumplieron dos años de la etapa de indagación previa que inició la Fiscalía General (FGE) en el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018, en Mataje (Esmeraldas). Hasta la fecha, no se han formulado cargos en contra de ningún individuo. Además, el pasado 30 de junio, se notificó que Nelson Guano será el nuevo fiscal a cargo en reemplazo de Belén Corredores, quien dirigió la investigación desde 2019.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la etapa de indagación previa la Fiscalía debería construir una teoría del caso, reunir los elementos necesarios y decidir si formula cargos contra los procesados (en el caso de existir). Sin embargo, la institución solicitó a un juez la extensión del plazo de investigación y se concedió. Así lo confirmó a Fundamedios, Javier Andrade, docente y jurista de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que forma parte de la defensa de la familia de las víctimas. 

Sobre el cambio de fiscal, Andrade cuestiona la medida que causaría tres efectos directos. El primero es un retraso en la investigación, pues se deberá revisar los avances compilados en 60 cuerpos procesales para conocer el manejo de su antecesor y la línea que llevó. 

Como segundo punto está la falta de experiencia de Guano, pues al ser un fiscal de soluciones rápidas, que regularmente atiende otro tipo de investigaciones que no involucran la responsabilidad del Estado. 

Finalmente, a Andrade le preocupa la continuidad de las diligencias pendientes solicitadas a Belén Corredores. “Todo esto retrasa más nuestra investigación y angustia a las familias de las víctimas”, indica. 

Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, concordó con Andrade y añadió que es una puerta a la impunidad.“Me parece contradictorio ampliar el plazo para la investigación, pero sacarle el caso en manos de la fiscal Corredores donde de algún modo estaba teniendo avances”, señaló. 

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe al Estado ecuatoriano y concluyó que hubo descoordinación de las autoridades entre Ecuador y Colombia para garantizar la protección y el rescate de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Además, advirtió recomendó a ambos Estados una “desclasificación real” de la información y la creación de una Comisión Especial independiente que garantice una investigación sostenida. 

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

 

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La COVID-19 ha significado uno de los retos más grandes para el periodismo contemporáneo. Tres expertos coincidieron en que, aunque los medios se han visto golpeados debido a la falta de publicidad, reducción de ingresos y contagios, ahora es cuando deben reinventarse y tomar nuevos retos informativos desde la gerencia.

Rodrigo Bonilla, director para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Eduardo Cué,  periodista independiente con experiencia en Europa, América y África; y Fernando Quijano, director del Diario La República de Colombia,  participaron en el foro Medios post COVID-19, coorganizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Fundamedios (FDM) y Voces del Sur (VDS). La moderación estuvo a cargo de César Ricaurte, director ejecutivo de FDM.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, dio la bienvenida y expresó su preocupación por el futuro de los medios desde varias aristas. Una de ellas fue la desinformación que, a su criterio, es tan nociva como la misma pandemia y pone en riesgo la democracia y la estabilidad de los países. Otra es la falta de protección que se da a los periodistas y los riesgos que deben enfrentar para realizar sus coberturas e informar a la ciudadanía. Por ello, está convencida que ahora es importante ampliar el debate.

“Estamos viviendo una crisis que ha golpeado muy fuerte al sector de los medios, cuyo papel es más crucial que nunca para proporcionar información precisa”, puntualizó.

En Latinoamérica, la realidad es compleja. El representante de la WAN-IFRA expuso que en Colombia, la pauta publicitaria cayó un 70%; en Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa; en Ecuador más del 50% de impresos reportó una caída en circulación; mientras que en México los despidos a periodistas se aceleran.

Fernando Quijano reconoce que la industria mediática sufrirá un cambio profundo después de la emergencia sanitaria. Sin embargo, está convencido de que pese a los despidos y al cierre de medios, “la información es el petróleo del futuro” y la gente no dejará de informarse.

Ambos coinciden en los medios deben buscar formas alternas para sobrevivir. Bonilla explica que en la Folha de Sao Paulo se trabaja con nuevos productos y estrategias de mercadeo. Se han producido artículos especializados sobre salud y otras secciones más blandas con consejos sobre qué hacer en la pandemia; además se realizan podcasts sobre la COVID-19 y se ha regalado seis meses de suscripción gratuita a los trabajadores de la salud. En La Voz de Galicia ahora realizan reuniones de pauta abiertas al público para que la gente conozca más a fondo lo que implica ser periodista.

“Lo importante es buscar información diferenciada. El mundo digital es infinito (…) Ahora se está acelerando el modelo de suscripción hacia modelos pago de forma digital. El New York Times creció más de 13% suscripciones digitales; El Mundo experimentó un aumento del 178% en suscripciones digitales y El País ya tiene 52 mil suscriptores digitales desde mayo”, explicó.

Quijano asegura que hay una trampa en creer que ahora todo debe volverse digital porque los medios, al no conseguir monetizar sus contenidos con éxito, terminan regalando contenidos a plataformas como FacebookInstagram y Apple News. Para el Director del periódico colombiano, la clave es buscar desde la alta gerencia un modelo de negocios sustentable con contenidos útiles y dar voces a quienes no la tienen.

Otro reto es que ahora no solo se debe pensar en cómo subsistir sino también en cuidar del personal. “El teletrabajo requiere inversiones, ¿quién paga por el uso del computador del periodista en su casa?, ¿quién paga por el consumo del teléfono?, ¿por qué nuestros periodistas tienen que invertir en consumo de Internet para generar contenidos? Son discusiones que también deben evaluarse como cambios a futuro”, manifestó.

El periodista Eduardo Cué se suma a la conversación, añadiendo que hoy en día el periodismo es sumamente necesario para las democracias, pero la profesión enfrenta una crisis económica sin precedentes”. Dijo que incluso la formación de periodistas va a cambiar, pues la mayoría de ellos no están preparados para cubrir eventos complejos. Menciona además que la falta de especialización de los periodistas en las redacciones para cubrir temas de salud, de ciencia y de medio ambiente en el contexto de la pandemia obligará también a replantear la formación académica que los futuros periodistas reciben en las universidades.

Para Cué, el periodismo es una de las profesiones más exigentes y poco valoradas socialmente. Una prueba de ello es que, en el marco de la emergencia, no se brindan las condiciones necesarias de seguridad para las coberturas; grupos de poder atacan a los reporteros y gobiernos autoritarios como los de Estados Unidos con Donald Trump; Jair Bolsonaro, en Brasil; y Nicolás Maduro, en Venezuela, coartan la libertad  de expresión y han usado la pandemia como un pretexto para acusar a los periodistas de desinformar.

Finalmente, para los expertos, la prensa local y comunitaria tiene un mayor riesgo de desaparecer con la COVID-19. Si bien antes de la emergencia sanitaria venía tambaleándose en países como EE.UU., en donde han muerto 1500 periódicos locales por la concentración de la información en las ciudades más grandes, ahora se enfrentan a un panorama aún más complejo.

Por ello, mencionan que su fortaleza está en conectarse de nuevo con la audiencia y retomar la información in situ, aquella que le interesa a las personas de la localidad y no replicar noticias internacionales que no tendrán impacto.

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

 

 

 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.