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Washington, 7 de octubre 2020. Fundamedios y Reporters Committee for Freedom of the Press denunciaron hoy, en el 177º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa ocurridas desde mayo del 2020 durante las recientes protestas en los Estados Unidos. 

Al presentar esta denuncia, las dos organizaciones solicitaron a la CIDH:

  1. Que la  Comisión emita una declaración de protesta por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas durante las protestas públicas por restringir la libertad de expresión. 
  2. Que la Comisión demande del Estado el cese de todos los arrestos y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas.  
  3. Que se formule una petición a todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes denunciados por las organizaciones que documentan las violaciones a la libertad de expresión  y que haga públicos los resultados de estas investigaciones.  
  4.  Establezca un conjunto de principios y recomendaciones para las autoridades policiales y de seguridad a nivel local, estatal y federal en relación con el respeto de la prensa durante los eventos públicos de cualquier tipo, en particular de las manifestaciones, y la forma de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Estas recomendaciones deberían abarcar: 
    1. Formación de las fuerzas del orden encargadas del control de protestas para que comprenda que el derecho que asiste a los periodistas a documentar la actividad policial en público.
    2. Transparencia – Los registros policiales de las interacciones con los periodistas deben ponerse a disposición del público de inmediato, para que el público pueda evaluar la legitimidad de la conducta policial.  Además, los agentes de policía deben llevar en sus uniformes identificación de su nombre, número de placa y organización a la que pertenece.
    3. Sanciones – Los departamentos de policía deben adoptar medidas urgentes para disciplinar a los funcionarios que violen los derechos de la prensa.
    4. Proporcionalidad – Que las fuerzas del orden sigan las directrices de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza, basadas en la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad.  Es decir, los oficiales deben asegurarse de que las tácticas de control de multitudes sean apropiadas y proporcionales.  Tales tácticas deben ser diseñadas para prevenir daños colaterales a los periodistas que cubren las protestas y no deben restringir indebidamente esa cobertura.

Los expositores por parte de la sociedad civil en esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Estados Unidos  fueron Frank LaRue, Director Legal y de Defensa de Fundamedios; Gabriel Rottman, Director del Proyecto Tecnología y Libertad de Prensa y  Sarah Matthew, Abogada de  Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP). Y como testigo de las violaciones el periodista Gustavo Martínez Contreras.

Frank LaRue dijo que esta audiencia fue solicitada por Fundamedios y el RCFP a la luz de los ataques y hostigamientos por parte de agentes del orden que sufren los periodistas que cubren las manifestaciones públicas pacíficas contra el racismo en todo Estados Unidos desde mayo de 2020. 

“Tenemos desde el más alto nivel de gobierno del propio presidente de la nación, un discurso sistémico de ataque contra la prensa y periodistas independientes, llamándolos “enemigos del país”, “enemigos del pueblo”, “medios falsos”, “ noticias falsas ”,“ mentirosos”. Esto confunde a la población y ha erosionado progresivamente la confianza que la sociedad pueda tener en los medios”, dijo LaRue.

U.S. Press Freedom Tracker ha reportado más de 850 incidentes de violación a la libertad de expresión durante la cobertura de las protestas y manifestaciones en lo que va del año 2020. 81% de los casos documentados corresponden al excesivo uso de la fuerza o detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden. Sarah Matthews, abogada de Reporters Committee for the Freedom of the Press, aseguró que “lo más grave es evidenciar la tendencia que los policías tenían como objetivo claro agredir a periodistas quienes estaban claramente identificados como prensa”. Las agresiones se han registrado en 79 ciudades de 36 estados. 

Rottman aseguró que en los últimos meses se ha visto un importante aumento de las detenciones y el uso de la fuerza contra miembros de los medios de comunicación que cubren las protestas. En muchos casos, los incidentes parecen violar leyes claramente establecidas en los Estados Unidos, incluyendo derechos que durante mucho tiempo han sido reconocidos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 

Gustavo Martínez Contreras, periodista de Asbury Press se presentó como testigo y ejemplo de los 100 de periodistas que han sido detenidos o agredidos desde mayor de 2020 en Estados Unidos. Martínez, quien fue detenido el 1 de junio en Nueva Jersey, permaneció 5 horas detenido, pese a haber portado su gafete de prensa en el pecho desde el principio. 

“Mi experiencia en la noche del 1 de junio en la protesta de Asbury Park sigue persiguiéndome. No me cabe la menor duda de que fui un objetivo para la policía a ser  abordado y arrestado porque estaba informando sobre los acontecimientos a mi alrededor, protegido por  Primera Enmienda en mi derecho a hacerlo. Espero que al hablar hoy, ayude a asegurar que muchos otros periodistas puedan informar libremente sin censura por parte de las fuerzas del orden.”

Pedro Vaca, el nuevo Relator de la Libertad de Expresión, dijo que es difícil encontrar otro país a la región que le haya sido más respetuoso de la libertad de prensa que Estados Unidos, por lo que los eventos denunciados llaman a una profunda reflexión a fin de que se mantengan las libertades fundamentales.

El Relator sostuvo que las autoridades federales  deben garantizar el derecho de cobertura de las manifestaciones por parte de la prensa para que la gente pueda estar informada. Adicionalmente ofreció el apoyo de la Relatoría  al   “alertar a los representantes del Estado de que consideren que la Relatoría es un socio para evitar la repetición de estos casos de abusos policiacos”. 

Si bien Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación y doctrina de la Organización Estados Americana es vinculante para todos los estados miembros.

La delegación de los Estados Unidos estuvo conformada por los representantes ante la OEA Bradley A. Freden; y el representante del Departamento del Estado, Thomas Weatherral,  quienes ratificaron que los medios de comunicación independientes son un pilar para el intercambio de ideas y que Estados Unidos respalda el Estado de Derecho.

Bradley A. Freden aseguró que “condenan las amenazas y hostigamientos contra periodistas pues no deberían sufrir hostigamiento por realizar su trabajo de acuerdo a la ley” y aseguró que Estados Unidos está comprometido con defender a los miembros de la prensa con investigaciones, cuando haya violaciones a los derechos.

Al final de la Audiencia, el Presidente de la CIDH, Joel Hernández,  agradeció a Fundamedios y a RCFP por la información y destacó la actitud positiva, propositiva y constructiva de los representantes del Gobierno. “Para nosotros esta audiencia es muy oportuna, reconocemos la fuerza de la democracia de los Estados Unidos (…) estamos conscientes del impacto que tuvo su Constitución a nivel mundial para proteger la libertad de prensa; sabemos que Estados Unidos ha establecido un estándar para proteger los derechos civiles y políticos y es por eso que seguimos con preocupación el alto ataque a miembros de la prensa”. Recordó que para la CIDH es un momento sensible pues las manifestaciones sociales están más activas que nunca en toda la región y por eso es importante salvaguardar el derecho de la prensa a poder realizar su trabajo. 

“Expresamos las mejores aspiraciones para que los periodistas y comunicadores puedan realizar su trabajo sin ninguna interferencia al dar cobertura a las protestas sociales”, dijo el Comisionado. 

La CIDH es un órgano esencial del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y se encarga de contextualizar y documentar las violaciones de los derechos humanos y de hacer que los Estados rindan cuentas de sus acciones y de sus fallos en la protección de los derechos de sus ciudadanos.

 

Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

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Estados Unidos, 17 de septiembre 2020.- Fundamedios se ha adherido a las más de 30 organizaciones que conforman el U.S. Press Freedom Tracker, organización que monitorea los incidentes de violación a la libertad de prensa de los Estados Unidos.  

U.S. Press Freedom Tracker reúne a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y asociaciones de prensa para documentar y reportar de manera centralizada todos los aspectos que puedan afectar al libre ejercicio del periodismo. La organización es un soporte para la investigación, la defensa del periodismo independiente y la gestión de acciones legales en caso de violaciones a los derechos fundamentales.

Los Estados Unidos cuentan con las protecciones legales de libertad de expresión más fuertes del mundo e, históricamente, ha sido un ejemplo mundial para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero el discurso estigmatizante y las agresiones contra la prensa han minado el libre ejercicio. Por ello, hoy más que nunca, es esencial defender la Primera Enmienda en los tribunales, en la legislación federal y estatal  y en los medios de comunicación mismos. La vigilancia constante y una reportes documentados permanentes sobre la libertad de prensa son esenciales.

Fundamedios nació  en 2007 en Latinoamérica para defender la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Desde 2018 cuenta con una oficina en Washington D.C. y trabaja para generar puentes entre los periodistas de las Américas, apoyar a organizaciones en la defensa de los derechos fundamentales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; y promover los derechos de los periodistas latinos en los Estados Unidos. 

En este marco, Fundamedios promueve una investigación en torno a los principales desafíos que enfrentan los y las periodistas latinos en los Estados Unidos. Mayor información en www.fundamedios.org.

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Ecuador, 10 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, por unanimidad, declaró como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 26 de septiembre del 2012 que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial “Un NO Rotundo” -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011- fue “propaganda electoral”. Ese referemdum es conocido como el de “la metida de mano en la justicia”, pues permitió al ex presidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, reformar y controlar el sistema judicial. 

A través de la Sentencia No. 1651-12-EP/20, la Jueza ponente, Teresa Nuques Martínez, declaró que la sentencia del TCE contra Vistazo vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de recibir decisiones motivadas y a la libertad de expresión, por lo cual dejó sin efecto dicha sentencia.

Además, ordenó que el TCE ofrezca disculpas públicas a ENSA (editorial de revista Vistazo) y que deberán ser expuestas en un cartel tamaño A3 colocado en un lugar visible a la entrada del edificio principal y en un banner web instalado en el portal institucional durante 30 días. Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto:

«Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 1651-12-EP/20, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y libertad de expresión en la causa electoral No. 794-2011-TCE y acumulados. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales S.A. ENSA (editora de Revista Vistazo) y reconoce su obligación de respetar la Constitución de la República del Ecuador y particularmente la protección a la libertad de expresión en contextos electorales”.

También dispuso al TCE y al Consejo Nacional Electoral implementar un programa de capacitación a sus miembros sobre la protección a la libertad de expresión haciendo énfasis de la vigencia de este derecho en épocas y contextos electorales.

En septiembre de 2012 Fundamedios emitió la alerta de la sanción. En la nota se menciona que a través de una sentencia de 24 páginas, los jueces: Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez consideraron que el editorial de Vistazo viola el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios dejando sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Ximena Endara.

Además, la CC, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático, exhortó a las juezas y los jueces, así como autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.

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El 18 de junio de 2020 se cumplieron dos años de la etapa de indagación previa que inició la Fiscalía General (FGE) en el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018, en Mataje (Esmeraldas). Hasta la fecha, no se han formulado cargos en contra de ningún individuo. Además, el pasado 30 de junio, se notificó que Nelson Guano será el nuevo fiscal a cargo en reemplazo de Belén Corredores, quien dirigió la investigación desde 2019.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la etapa de indagación previa la Fiscalía debería construir una teoría del caso, reunir los elementos necesarios y decidir si formula cargos contra los procesados (en el caso de existir). Sin embargo, la institución solicitó a un juez la extensión del plazo de investigación y se concedió. Así lo confirmó a Fundamedios, Javier Andrade, docente y jurista de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que forma parte de la defensa de la familia de las víctimas. 

Sobre el cambio de fiscal, Andrade cuestiona la medida que causaría tres efectos directos. El primero es un retraso en la investigación, pues se deberá revisar los avances compilados en 60 cuerpos procesales para conocer el manejo de su antecesor y la línea que llevó. 

Como segundo punto está la falta de experiencia de Guano, pues al ser un fiscal de soluciones rápidas, que regularmente atiende otro tipo de investigaciones que no involucran la responsabilidad del Estado. 

Finalmente, a Andrade le preocupa la continuidad de las diligencias pendientes solicitadas a Belén Corredores. “Todo esto retrasa más nuestra investigación y angustia a las familias de las víctimas”, indica. 

Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, concordó con Andrade y añadió que es una puerta a la impunidad.“Me parece contradictorio ampliar el plazo para la investigación, pero sacarle el caso en manos de la fiscal Corredores donde de algún modo estaba teniendo avances”, señaló. 

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe al Estado ecuatoriano y concluyó que hubo descoordinación de las autoridades entre Ecuador y Colombia para garantizar la protección y el rescate de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Además, advirtió recomendó a ambos Estados una “desclasificación real” de la información y la creación de una Comisión Especial independiente que garantice una investigación sostenida. 

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

 

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La COVID-19 ha significado uno de los retos más grandes para el periodismo contemporáneo. Tres expertos coincidieron en que, aunque los medios se han visto golpeados debido a la falta de publicidad, reducción de ingresos y contagios, ahora es cuando deben reinventarse y tomar nuevos retos informativos desde la gerencia.

Rodrigo Bonilla, director para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Eduardo Cué,  periodista independiente con experiencia en Europa, América y África; y Fernando Quijano, director del Diario La República de Colombia,  participaron en el foro Medios post COVID-19, coorganizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Fundamedios (FDM) y Voces del Sur (VDS). La moderación estuvo a cargo de César Ricaurte, director ejecutivo de FDM.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, dio la bienvenida y expresó su preocupación por el futuro de los medios desde varias aristas. Una de ellas fue la desinformación que, a su criterio, es tan nociva como la misma pandemia y pone en riesgo la democracia y la estabilidad de los países. Otra es la falta de protección que se da a los periodistas y los riesgos que deben enfrentar para realizar sus coberturas e informar a la ciudadanía. Por ello, está convencida que ahora es importante ampliar el debate.

“Estamos viviendo una crisis que ha golpeado muy fuerte al sector de los medios, cuyo papel es más crucial que nunca para proporcionar información precisa”, puntualizó.

En Latinoamérica, la realidad es compleja. El representante de la WAN-IFRA expuso que en Colombia, la pauta publicitaria cayó un 70%; en Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa; en Ecuador más del 50% de impresos reportó una caída en circulación; mientras que en México los despidos a periodistas se aceleran.

Fernando Quijano reconoce que la industria mediática sufrirá un cambio profundo después de la emergencia sanitaria. Sin embargo, está convencido de que pese a los despidos y al cierre de medios, “la información es el petróleo del futuro” y la gente no dejará de informarse.

Ambos coinciden en los medios deben buscar formas alternas para sobrevivir. Bonilla explica que en la Folha de Sao Paulo se trabaja con nuevos productos y estrategias de mercadeo. Se han producido artículos especializados sobre salud y otras secciones más blandas con consejos sobre qué hacer en la pandemia; además se realizan podcasts sobre la COVID-19 y se ha regalado seis meses de suscripción gratuita a los trabajadores de la salud. En La Voz de Galicia ahora realizan reuniones de pauta abiertas al público para que la gente conozca más a fondo lo que implica ser periodista.

“Lo importante es buscar información diferenciada. El mundo digital es infinito (…) Ahora se está acelerando el modelo de suscripción hacia modelos pago de forma digital. El New York Times creció más de 13% suscripciones digitales; El Mundo experimentó un aumento del 178% en suscripciones digitales y El País ya tiene 52 mil suscriptores digitales desde mayo”, explicó.

Quijano asegura que hay una trampa en creer que ahora todo debe volverse digital porque los medios, al no conseguir monetizar sus contenidos con éxito, terminan regalando contenidos a plataformas como FacebookInstagram y Apple News. Para el Director del periódico colombiano, la clave es buscar desde la alta gerencia un modelo de negocios sustentable con contenidos útiles y dar voces a quienes no la tienen.

Otro reto es que ahora no solo se debe pensar en cómo subsistir sino también en cuidar del personal. “El teletrabajo requiere inversiones, ¿quién paga por el uso del computador del periodista en su casa?, ¿quién paga por el consumo del teléfono?, ¿por qué nuestros periodistas tienen que invertir en consumo de Internet para generar contenidos? Son discusiones que también deben evaluarse como cambios a futuro”, manifestó.

El periodista Eduardo Cué se suma a la conversación, añadiendo que hoy en día el periodismo es sumamente necesario para las democracias, pero la profesión enfrenta una crisis económica sin precedentes”. Dijo que incluso la formación de periodistas va a cambiar, pues la mayoría de ellos no están preparados para cubrir eventos complejos. Menciona además que la falta de especialización de los periodistas en las redacciones para cubrir temas de salud, de ciencia y de medio ambiente en el contexto de la pandemia obligará también a replantear la formación académica que los futuros periodistas reciben en las universidades.

Para Cué, el periodismo es una de las profesiones más exigentes y poco valoradas socialmente. Una prueba de ello es que, en el marco de la emergencia, no se brindan las condiciones necesarias de seguridad para las coberturas; grupos de poder atacan a los reporteros y gobiernos autoritarios como los de Estados Unidos con Donald Trump; Jair Bolsonaro, en Brasil; y Nicolás Maduro, en Venezuela, coartan la libertad  de expresión y han usado la pandemia como un pretexto para acusar a los periodistas de desinformar.

Finalmente, para los expertos, la prensa local y comunitaria tiene un mayor riesgo de desaparecer con la COVID-19. Si bien antes de la emergencia sanitaria venía tambaleándose en países como EE.UU., en donde han muerto 1500 periódicos locales por la concentración de la información en las ciudades más grandes, ahora se enfrentan a un panorama aún más complejo.

Por ello, mencionan que su fortaleza está en conectarse de nuevo con la audiencia y retomar la información in situ, aquella que le interesa a las personas de la localidad y no replicar noticias internacionales que no tendrán impacto.

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para  compareció en esta sesión junto a invitados  invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos  a discutir

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. 

Janette Colamarco, CEO de  Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”. 

Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión. 

En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”. 

Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el  artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos. 

LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó. 

Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”. 

Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”. 

En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.

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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: