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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para  compareció en esta sesión junto a invitados  invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos  a discutir

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. 

Janette Colamarco, CEO de  Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”. 

Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión. 

En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”. 

Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el  artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos. 

LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó. 

Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”. 

Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”. 

En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.

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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: 

 

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.

De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.

Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.

Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.

“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.

La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.

La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.

Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.

La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.

Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.

La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.

Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.

 

 

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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El pasado jueves 12 de diciembre, Fundamedios, la Federación Nacional  de Periodistas (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Chimborazo organizaron el taller Nuevas regulaciones para el periodismo, desinformación. Al encuentro asistieron más de 130 personas, entre estudiantes y periodistas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar.

La primera parte del taller fue abordada por Darwin Altamirano, catedrático universitario de Guaranda. El experto compartió información sobre el marco regulatorio bajo el cual trabajan los periodistas ecuatorianos.

Por su parte, Susana Piedra, presidente (e) de la Fenape, hizo un recuento de lo que fue la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), desde 2013 hasta 2019. Durante ese período, Fundamedios registró la apertura de 1200 procesos y más de 776 sanciones contra medios.

La periodista se refirió a los principales cambios de la LOC: eliminación del linchamiento mediático, régimen sancionatorio, normas deontológicas, supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La norma fue el arma principal en contra del periodismo independiente entre 2013 y 2017.

Piedra habló de la incorporación al artículo 42 de un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación; sin embargo, estima que los periodistas también deben apostar por la autoprotección en sus labores cotidianas de búsqueda de información.

Paola Aguilar, coordinadora de Fundamedios, expuso a los asistentes sobre la importancia de contar con una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La comunicadora profundizó sobre los principales cambios a los cuales esta norma debe someterse, proyecto que fue construido por varias organizaciones públicas y privadas y que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional.

El editor de Ecuador Chequea, Gabriel Narváez, se refirió al fenómeno de la desinformación. Enfatizó que por la naturaleza de una noticia: un hecho verificado y contrastado no existen las mal llamadas noticias falsas. “Hay procesos de desinformación, que buscan generar desestabilización”, acotó.

Narváez exhibió el Álbum de la desinformación, que detalla las características de 53 mensajes engañosos desmentidos entre el 3 y el 13 de octubre, durante el paro nacional. Además, ofreció herramientas para determinar si la información: imagen, videos o audios que se difunden a través de redes son falsos o no.

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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

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Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. «La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación», dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.