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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.

De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.

Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.

Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.

“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.

La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.

La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.

Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.

La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.

Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.

La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.

Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.

 

 

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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El pasado jueves 12 de diciembre, Fundamedios, la Federación Nacional  de Periodistas (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Chimborazo organizaron el taller Nuevas regulaciones para el periodismo, desinformación. Al encuentro asistieron más de 130 personas, entre estudiantes y periodistas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar.

La primera parte del taller fue abordada por Darwin Altamirano, catedrático universitario de Guaranda. El experto compartió información sobre el marco regulatorio bajo el cual trabajan los periodistas ecuatorianos.

Por su parte, Susana Piedra, presidente (e) de la Fenape, hizo un recuento de lo que fue la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), desde 2013 hasta 2019. Durante ese período, Fundamedios registró la apertura de 1200 procesos y más de 776 sanciones contra medios.

La periodista se refirió a los principales cambios de la LOC: eliminación del linchamiento mediático, régimen sancionatorio, normas deontológicas, supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La norma fue el arma principal en contra del periodismo independiente entre 2013 y 2017.

Piedra habló de la incorporación al artículo 42 de un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación; sin embargo, estima que los periodistas también deben apostar por la autoprotección en sus labores cotidianas de búsqueda de información.

Paola Aguilar, coordinadora de Fundamedios, expuso a los asistentes sobre la importancia de contar con una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La comunicadora profundizó sobre los principales cambios a los cuales esta norma debe someterse, proyecto que fue construido por varias organizaciones públicas y privadas y que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional.

El editor de Ecuador Chequea, Gabriel Narváez, se refirió al fenómeno de la desinformación. Enfatizó que por la naturaleza de una noticia: un hecho verificado y contrastado no existen las mal llamadas noticias falsas. “Hay procesos de desinformación, que buscan generar desestabilización”, acotó.

Narváez exhibió el Álbum de la desinformación, que detalla las características de 53 mensajes engañosos desmentidos entre el 3 y el 13 de octubre, durante el paro nacional. Además, ofreció herramientas para determinar si la información: imagen, videos o audios que se difunden a través de redes son falsos o no.

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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

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Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. «La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación», dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.

 

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

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Este 9 de diciembre se celebra el día internacional de la lucha contra la corrupción. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se desvían 2,6 billones de dólares, lo cual suma el 5% del Producto Interno Bruto mundial. La organización calcula que países en desarrollo pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la destinada en planes de desarrollo. 

El periodismo es, sin duda, una herramienta de lucha. En ese contexto, Fundamedios organizó el foro virtual ‘El periodismo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, en el que participaron el investigador y coautor del libro Rehenes, Arturo Torres; Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de la causa Nos Faltan 3; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El panel estuvo moderado por la periodista Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización. 

Los panelistas concordaron en la importancia del periodismo para develar actos que son incómodos al poder; sin embargo, también acordaron que es más complicado luchar contra la corrupción cuando hay gobiernos que ocultan la información y el crimen organizado ha logrado permearse en el Estado.

Arturo Torres aseguró que esta realidad no es local sino regional, lo que ha llevado a que países como México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, se conviertan prácticamente en Estados criminalizados donde es más complejo investigar, acceder a fuentes e información para contar historias. Si bien reconoce que en Ecuador hay una Ley de Acceso a la Información Pública, insiste en que los funcionarios creen que los datos les pertenecen. 

“El periodismo es una pasión por encontrar la verdad, es una pasión inherente a nuestro oficio que a veces te lleva a no medir los riesgos suficientemente y desborda los protocolos”, sostiene el exEditor General de Diario El Comercio. 

Desde su experiencia con la publicación de los libros El juego del camaleón y Rehenes, (historia del asesinato del equipo de El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador), está convencido de que no solo hay que ir a las fuentes oficiales sino indagar otras opciones, escuchar voces nuevas. 

Con ello concuerda Yadira Aguagallo, pues asegura que en países de América Latina, regularmente, los periodistas investigan actos de corrupción en las altas esferas de la Policía y el Gobierno vinculados a grupos delincuenciales, lo cual hace más complejo validar la información oficial porque podría estar tergiversada. 

Aguagallo menciona que debido a este panorama aún existen muchos desiertos informativos. Es decir, zonas especialmente fronterizas, en donde la propia población está silenciada e invisibilizada, lo cual influye en que historias valiosas se dispersen y sean unos pocos periodistas quienes se encarguen de contarlas, sometiéndose a peligros constantes que muchas veces terminan con sus vidas. 

Por ello César Ricaurte está convencido de que el periodismo además de una profesión hay que entenderlo como una actividad de defensa de los Derechos Humanos. “El periodista no solamente revela la denuncia de corrupción, el develamiento del crimen organizado y de su forma de operar sino que el momento en que se convierte en un defensor de Derechos Humanos, obviamente los poderes lo convierten en un objetivo a ser eliminado”, aseguró. 

Uno de los retos, según Ricaurte, es que el periodismo tenga “militancia” solo con la exigencia de la entrega de la información pública y en el combate a la desinformación. Además, que promueva una doble mirada. Por un lado, una visión amplia de los problemas macro que existen en cada uno de los países y también una más micro que entienda a las nuevas audiencias y sus necesidades.

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Conocer sobre la legislación que ampara el periodismo en la época de la desinformación es clave para enfrentarse a los nuevos desafíos en la sociedad. Estos temas fueron abordados el pasado 16 de noviembre en un taller dictado por el equipo de Fundamedios, en el marco del evento Periodismo en Debate 2019, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Durante el encuentro que reunió a estudiantes de comunicación y periodistas, César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, citó al menos cinco regulaciones de la actual Ley de Comunicación que fue modificada el pasado 19 de febrero. El cuerpo legal fue reformado en un 76%. Algunos de los principales cambios fueron la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que cerró sus actividades el 31 de julio de 2019, así como la supresión de la figura del linchamiento mediático y la imposición de normas deontológicas.

Además, se modificó el artículo 18 sobre censura previa y se eliminó la obligación textual de los medios de comunicación de difundir “hechos de interés público”. Se cambió la disposición sobre responsabilidad ulterior y ya no existe la sanción civil. Finalmente se incorporó al artículo 42 un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó Ricaurte. 

Sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el Director de Fundamedios explicó que fue creada por los medios de comunicación en 2004, pero hoy en día es insuficiente porque no contempla el ámbito digital y no se ajusta a otras leyes claves como la de Comunicación. “Actualmente se construye con varios organismos de la sociedad civil una nueva Ley que ya está en la etapa de socialización”, dijo.

Otro tema que preocupa es la desinformación. Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios, abordó esta temática en el taller y enfatizó que «la desinformación es una estrategia pensada para generar desestabilización”. No hay noticias falsas, dijo, porque las “noticias siempre son hechos verificados».

Uno de los ejemplos más claros de desinformación ocurridos recientemente en Ecuador fue el paro nacional. De esta jornada, Yépez afirmó que Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió más de 50 mensajes con contenido falso. La mayoría de ellos estaban relacionados con el presidente Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, la Policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

La experta en verificación de datos recomendó a los asistentes varias herramientas para determinar si las fotos o mensajes que circulan son falsos como Google  Images o Youtube Data Viewer. 

Indicó que es importante usar la tecnología para combatir la desinformación, pero resultan clave las herramientas básicas del periodismo: “dudar de todo lo que llega, investigar el interés de la fuente que nos remite la información, corroborar y contrastar”. 

El dato 

En Ecuador existen más de 12 millones de cuentas de Facebook, cuatro millones de cuentas en Twitter y tres millones en Instagram.

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. «No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro», señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. «Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas», explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro».

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la «cobarde agresión» que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.