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Ecuador, 28 de enero del 2021. Organizaciones sociales, gremios de periodistas y medios de comunicación de Ecuador enviaron una carta abierta a los 16 candidatos presidenciales. El objetivo es que ellos se comprometan a suscribir la “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025”, que permitirá establecer una agenda de comunicación, periodismo y libertad de expresión que garantice un nuevo panorama para estos derechos en el Ecuador.

La carta señala que se han visibilizado varias violaciones a los derechos digitales como asesinatos de periodistas, agresiones físicas o sanciones por normativas, proceso penales, censura, ciber amenazas y acoso en redes sociales, hackeos, abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja a cuentas, agresiones verbales, entre amenazas e insultos y descalificaciones, uso abusivo del poder no estatal, procesos constitucionales, administrativos o civiles, en los que los principales agresores siguen siendo funcionarios públicos. 

Frente a ello se exige la adopción de medidas de protección a periodistas a través de políticas, normativas y protocolos claros, que han sido prácticamente inexistente en los últimos 14 años donde se han desarrollaron hechos de secuestro, asesinatos, detenciones y ataques contra oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa, estaciones radiales y plataformas digitales. Además, subrayan que se han reportado más de 2 791 agresiones contra medios de comunicación y periodistas entre 2008 a lo que vamos de 2021.

Solicitan que los candidatos presidenciales que competirán en los próximos comicios electorales incorporen una agenda de respeto y avances en materia de libertad de expresión, con resultados palpables frente a los conflictos heredados de los gobiernos anteriores.

La “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025” es una propuesta destinada a construir, en Ecuador, una agenda para la comunicación, el periodismo y la libertad de expresión a partir de 2021. El objetivo es analizar cuál es el legado de la comunicación y la libertad de expresión de los últimos periodos presidenciales.  Además, se plantean acciones que permitan al Gobierno entrante configurar una agenda de trabajo a favor de la libertad de expresión en Ecuador, desde las distintas esferas pública, privada, académica y social.

Esta Hoja de Ruta propone acciones al Ejecutivo, Legislativo, Sistema de Justicia, sector privado, academia y sociedad civil. 

CARTA CONJUNTA CANDIDATOS 1

CARTA CONJUNTA CANDIDATOS 2

HOJA DE RUTA

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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Las ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentarán este 2 de mayo, en Quito, el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina.

El informe sombra denuncia que el año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados en América Latina. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

También se especifica que los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

El documento completo se entregará este jueves 2 de mayo en las instalaciones de Fundamedios, José Padilla N330 y Núñez de Vela, edificio Platinum Oficinas.

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La mañana de este 20 de febrero, el presidente Lenín Moreno firmó la Declaración de Chapultepec. El documento, adoptado por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en Ciudad de México, en 1994, consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. También manifiesta que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa. ‘pl

A la firma también asistieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad interamericana de Prensa (SIP), quien expresó que desde que Moreno asumió las riendas de Ecuador, es un país diferente, tolerante y democrático. “Felicito profundamente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. Esperamos que el Cordicom respete los derechos de los medios y comunicadores”, dijo.

El Presidente ecuatoriano expresó su convicción y compromiso para crear un país libre que respete los derechos de los periodistas y de los ciudadanos de expresarse sin miedo a los ataques y censura. “Las puertas de un gobierno nunca deben cerrarse a los trabajadores de la prensa. Estamos aquí para facilitar el trabajo de los comunicadores en la tarea noble que tienen de llevar la verdad a los ciudadanos independientemente de que nos guste o no” expresó.

La Declaración de Chapultepec es un decálogo de principios y que busca ratificar la democracia, libertad de expresión y de prensa en el continente americano. Ha sido firmado por más de 70 jefes de Estado de América.

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2018 fue un año en que se evidenció una rebaja significativa en las agresiones a la libertad de expresión; pero, sin duda, fue de conmoción. El actual Gobierno ha reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión, comunicadores, periodistas, medios de comunicación y activistas políticos. Frente a esa realidad, se ejecutaron acciones para paliar el ambiente hostil y polarizado que se sostuvo entre 2007 y el primer semestre de 2017. Entre esas, resultan determinantes la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la revisión del rol de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y sus sanciones, el papel de la Secretaría de Comunicación (Secom), el concurso de frecuencias y las consecuencias del crimen en contra del equipo periodístico de Diario El Comercio.

De acuerdo a los reportes de FUNDAMEDIOS, la mayoría de agresiones poviene de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales. No se ejecutan desde el Gobierno Central, pero sí desde autoridades locales y funcionarios.

En 2018, la forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas. En 12 meses se reportaron 18 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet. Esto marca una diferencia en el contexto de 2017, año en que la agresión más recurrente fueron los insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas, junto al hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales.

También se identificaron patrones en la limitación al acceso a la información pública. Las prácticas mencionadas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y en la lucha contra la corrupción.

VER: Informe completo

 

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Este sábado 17 de noviembre, durante el Congreso Internacional de Periodismo en Debate (PerDebate 2018), coorganizado con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración para Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, asesinados en la frontera norte, en abril pasado. Familiares, amigos y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio hablaron de ellos como símbolo de la libertad de prensa y de la búsqueda de la verdad. Enfatizaron en la necesidad de esclarecer los acontecimientos que rodean el crimen.

La periodista Mónica Almeida, socia de FUNDAMEDIOS, afirmó que este suceso doloroso para la comunidad periodística en el Ecuador dejó en evidencia que los medios de comunicación y sus colaboradores son independientes a los intereses de sus dueños; contrario a la imagen que el gobierno de Rafael Correa buscó imponer durante su década de gobierno.

“Javier, Paúl y Efraín se convirtieron en inspiración de esa pasión periodística que nos lleva a buscar lo desconocido, de buscar la verdad. Ellos se convirtieron en un símbolo hasta que se sepa qué les pasó», dijo la Jefa de Investigación de Diario El Universo. También mencionó la importancia del informe preliminar del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el pasado 1 de noviembre. En el documento se enfatiza en la necesidad de reencauzar la investigación de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

Durante el homenaje, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, agradeció a FUNDAMEDIOS y a la USFQ por el apoyo brindado. La periodista destacó que gracias al contingente de la organización fue posible lograr las medidas cautelares en la CIDH, las cuales servirán como herramienta para esclarecer los asesinatos.

«Esperamos que los estudiantes de periodismo no sean presas del miedo. A la corrupción, al narcotráfico, a la violencia se le hace frente con más y mejor periodismo», dijo la vocera de las familias de las víctimas.

Galo Ortega, padre de Javier, invitó a los asistentes a levantar la voz por los “héroes” caídos durante el ejercicio periodístico. “NADIE SE CANSA”, gritó. Frase a la que estudiantes, docentes y expositores se sumaron.

Patricio Segarra, hijo de Efraín, aseguró que lo ocurrido  marcó un rumbo nuevo para el periodismo ecuatoriano. Él relató la pasión y entrega de su padre en el momento de conducir a los reporteros a las distintas coberturas, siendo un aporte más en la reportería. ‘Segarrita’ fue un periodista de corazón.

Dimitri Barreto, macroeditor de Diario El Comercio, presentó un video dedicado a sus compañeros. Aprovechó para expresar la ilusión de que este material, junto con las pertenencias de Ortega, Rivas y Segarra, puedan llegar próximamente al Newseum, en Washington, D.C. (EE.UU.). Este es el museo más importante dedicado a la libertad de expresión y al homenaje a los periodistas caídos a escala mundial. 

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Durante 11 años, Fundamedios ha trabajado en la recolección, sistematización y difusión de información, testimonios y contextos de las violaciones al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Han sido más de 2.500 casos reportados y documentados. Muchísimos configuran en sí mismos gravísimas violaciones de Derechos Humanos pero, en conjunto, constituyen algo más execrable: la sistemática y masiva violación de Derechos Humanos, cometida por órdenes directas de los más altos funcionarios y ejecutadas por operadores que actuaron en todos los niveles del poder estatal.

Basta leer lo que dice el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, en el informe preliminar tras su visita oficial al Ecuador en agosto pasado:

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el Gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la ‘revolución ciudadana’”.

Y la descripción que hace el Informe de la Relatoría no deja lugar a más dudas de la verdadera naturaleza y dimensión de lo que sucedió en una década oprobiosa en Ecuador:

“De este modo, el espacio cívico y la esfera pública ecuatoriana fue duramente reprimida, en un contexto de control e injerencia del Ejecutivo sobre las instituciones de justicia y control que debían proteger los Derechos Humanos. La Relatoría Especial recibió durante su visita decenas de testimonios relativos a las presiones que recibieron fiscales y magistrados cuando debían decidir sobre casos denunciados por el Presidente de la República y otros altos funcionarios, al tiempo que el Consejo de la Judicatura inició un proceso para recuperar la verdad de lo sucedido con el aparato de justicia durante la última década.

No obstante, esta estrategia de ataque a prensa, defensores y opositores no se circunscribió solamente al ámbito judicial, también se utilizó el poder del Estado para estigmatizar y desacreditar. Ejemplo de esto fue el uso abusivo de la facultad legal de realizar cadenas nacionales; los actos o eventos encabezados por el Presidente de la República denominados ‘sabatinas’, que duraban horas, eran transmitidos en directo a través de los medios públicos y eran el escenario para desacreditar o someter a escarnio a periodistas, líderes sociales o disidentes. Es importante destacar que las organizaciones sindicales, de defensa de la tierra o las nacionalidades indígenas también fueron perseguidas, la personería jurídica de sus asociaciones anuladas y la protesta social fue reprimida mediante el uso de la fuerza”.

Pero se debe tomar en cuenta otro factor: el ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la defensa de los otros Derechos Humanos. Las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron bajo el Gobierno de Rafael Correa no es más que el trasfondo para otras vulneraciones graves, tal como se comienza a visualizar con la información y testimonios que fluyen en la Mesa de Víctimas, conformada por el Consejo de la Judicatura. Ahí se examinará el papel del Sistema Judicial en la perpetración de persecuciones y violaciones de DDHH durante el correísmo.

Por eso el acto que hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo. Este pedido de disculpas por la inacción institucional de la autoridad nacional de Derechos Humanos es un paso gigantesco para que las víctimas comiencen a ser escuchadas. En definitiva, ese es el sentido de una política de Memoria y Reparación. No cabe la venganza, sino la justicia.

Como dice el profesor Felipe Gómez Isa, “la mirada y la perspectiva de las víctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas y en todo lo que las rodea. Este novedoso proceso… está conduciendo a la necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en que el pasado no se repita. Es en el marco de esta concepción integral de la reparación donde cobran sentido las políticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparación que se debe a las víctimas”.

Pese a la enormidad del gesto de la Defensoría del Pueblo y las acciones del Consejo de la Judicatura, aún no hemos llegado al momento en que el Estado y la sociedad ecuatoriana estén dispuestos a examinar integralmente las sistemáticas y masivas violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la última década.

Por eso desde Fundamedios seguiremos trabajando minuciosa y silenciosamente hasta lograr que las víctimas sean escuchadas, resarcidas; los culpables sometidos a la justicia y que como sociedad repitamos: “¡Nunca Más!”.

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Este 12 de julio, el Comité para Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) presentó el informe ‘El giro de 180 grados: Moreno aleja a Ecuador del camino de la represión de los medios emprendido por Correa’. A la rueda de prensa, que contó con la participación de Fundamedios, asistieron miembros de organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Nacional y de la Unión Europea, en Quito.

De acuerdo al estudio del CPJ, el Gobierno de Lenín Moreno se ha despegado de las represiones a la prensa que se presentaron durante la gestión de su antecesor Rafael Correa. Natalie Southwick, coordinadora del programa Centroamérica y Sudamérica del CPJ; Carlos Martínez de la Serna, director de Programas del CPJ; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, coincidieron en que uno de los avances es que se ha excluido a la Supercom como organismo regulador; se han mejorado las relaciones con los medios de comunicación; se discuten posibles reformas hacia la restrictiva Ley de Comunicación y se promueve el periodismo de investigación.

El informe, elaborado por John Otis, corresponsal de CPJ para la región andina y Natalie Southwick, incluye una lista de recomendaciones dirigidas hacia las autoridades ecuatorianas. En el análisis se expone la necesidad de que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional trabajen en conjunto en las reformas a la Ley de Comunicación antes de finales de 2018, las cuales deberían incluir opiniones de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y garantizar a la prensa el acceso a la información gubernamental.

Durante la presentación, se manifestaron observaciones en torno a la red social Twitter, sobre la cual es necesario incluir recursos efectivos para periodistas y organizaciones de libertad de prensa que se enfrentan a la suspensión de cuentas sin ningún tipo de respaldo. También, valorar la inclusión de organizaciones como Global Network Initiative que se enfrentan a la vigilancia y censura en internet.

El informe del CPJ también insta a las autoridades a realizar una investigación transparente del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario el Comercio, en manos del Frente Oliver Sinisterra, en la frontera entre Ecuador y Colombia; en conjunto con el Equipo de Seguimiento Especial creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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