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Sanciones a medios de comunicación; imposición de contenidos a través del abuso de cadenas o réplicas e insultos o descalificaciones a los periodistas forman parte de las 132 agresiones que FUNDAMEDIOS ha registrado entre enero y abril de 2016,  siendo marzo el mes más violento con 39 casos.

Desde el año 2008, la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de prensa ha reportado un total de 1538 ataques contra los medios, periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a expresarse libremente.

En este año, las agresiones más frecuente han sido las sanciones a los medios en la aplicación de la Ley de Comunicación, con 46 casos. En segundo lugar, se ubican las agresiones verbales y por el uso abusivo del poder estatal con 22 casos en cada una. Dentro de la primera categoría, constan amenazas y descalificaciones a medios y periodistas; mientras que dentro del abuso del poder del Estado se contempla el abuso de cadenas y réplicas, así como el de organismos de control estatales.

Las agresiones físicas ocupan el tercer lugar con 15 casos, mientras que las vulneraciones a los derechos digitales ya suman 12, entre hackeos, ciberamenazas  y censura en internet.

Entre los casos más graves que se han producido en estos cuatro primeros meses del año cabe destacar el retiro de la frecuencia a radio Zapotillo de Loja, luego de 15 años al aire; el allanamiento a las instalaciones de Ecotel TV en esa misma ciudad, tras declararse en resistencia en enero; así como la condena de 30 días a prisión en contra de la concejala de Loja, Jeannine Cruz, por supuestamente haber vulnerado la honra del alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo.

En esa línea, cabe mencionar el caso del tuitero Sebastián Cevallos quien también fue condenado a 15 días de prisión por denuncias de nepotismo a través de la red social Twitter. Sin embargo, a diferencia de Cruz, quien ahora afronta un nuevo juicio penal por calumnias, su pena fue perdonada por parte de una funcionaria estatal, quien es sobrina del exMinistro Carlos Marx Carrasco.

En otro caso que atañe al derecho a la protesta.  los ciudadanos conocidos como “Los 7 de Pastaza”, fueron declarados culpables del delito de ataque y resistencia y condenados por el Tribunal de Garantías Penales del Puyo, a seis meses de prisión.

Finalmente, otro de los casos más recordados en este cuatrimestre fue la brutal agresión física a seis activistas del grupo “Mujeres por el cambio” por parte del cuerpo de seguridad del Presidente turco, el pasado 4 de febrero.

A estos ataques, hay que sumar las constantes sanciones a los medios, así como el acoso sistemático en redes sociales a activistas críticos, por parte de personas afines al gobierno, así como el abuso de cadenas y la imposición de réplicas para atacar y descalificar a los comunicadores.

Fundamedios reportó que el 2015 ha sido el peor año para la prensa en el Ecuador, pues se contabilizaron 377 agresiones. Es decir, más de una agresión diaria en contra de medios, periodistas, caricaturistas, organizaciones sociales, líderes populares.

No obstante si se examina el periodo entre el 3 de mayo de 2015 hasta el 02 de mayo de 2016 se obtienen que en este periodo se han producido 381 agresiones contra periodistas y bajo la Ley de Comunicación se han impuesto 93 sanciones a medios y trabajadores de prensa. La situación ha hecho que Ecuador tenga notorios descensos en todos los rankings que miden la libertad de prensa y de expresión en el mundo y que la situación sea considerada una de las más graves de la Región.

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Jaima Ugalde, director de El Diario manabita; Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP; y César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa por el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

La Unión Nacional de Periodistas, UNP
El Colegio de Periodistas de Pichincha, CCP
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP

 A los ciudadanos del Ecuador y del Mundo:

Durante nueve años, el gobierno de Rafael Correa ha lesionado gravemente la libertad de prensa en el Ecuador. Ha perseguido a quien opina distinto, ha enjuiciado a medios de comunicación y periodistas, ha insultado y estigmatizado a quienes ejercen el oficio periodístico o simplemente expresan un pensamiento crítico, ha impuesto un régimen de censura previa mediante la imposición de contenidos, ha utilizado la publicidad oficial como instrumentos de premios y castigos, ha anulado el acceso a la información, está utilizando la concesión de frecuencias como mecanismo de presión y silenciamiento de los medios radiales y televisivos, ha propiciado la más grande concentración de medios de nuestra historia, ha arrinconado o cooptado a los medios comunitarios y ha provocado despidos masivos de comunicadores.

El golpe más artero a las libertades democráticas esenciales se produjo con la aprobación y vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual es unánimemente considerada por los expertos y las organizaciones que defienden la libertad de prensa como el cuerpo legal más restrictivo de toda la Región en esta materia, y el más grave retroceso para los derechos fundamentales de las últimas dos décadas. En la aplicación de la LOC, entes como la Supercom se ha convertido en un Tribunal de la Inquisición, donde se juzgan a medios, periodistas y hasta caricaturistas en procesos donde la autoridad es juez, parte y beneficiario de las onerosas sanciones económicas que se imponen con arbitrariedad pavorosa.

 En este 3 de mayo, cuando el mundo celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el Ecuador hay muy pocas cosas de que alegrarse. Porque es imposible celebrar la censura.

Como hemos podido atestiguar, en las últimas semanas, la censura puede atentar contra la integridad y seguridad física de las personas. La noche del 16 de abril, por ejemplo, los ecuatorianos fuimos testigos del daño que han causado estos nueve años de  golpe tras golpe contra el periodismo, que desembocó en que se nos negó el derecho a informarnos hasta dos horas después del terremoto. Cuando ya los medios internacionales entregaban informes casi instantáneamente, en el país, los periodistas dudaban si debían llamar a la catástrofe temblor o terremoto, sin causar la ira de los jerarcas de la censura.

Estos mismos personajes, en lugar de reconocer y rectificar esta terrible falla que afectó el derecho fundamental a ser informados de los ecuatorianos, provocado por la rígida y sesgada aplicación de la Ley de Comunicación para atemorizar a medios y periodistas, desviando la atención sobre su propia responsabilidad, atribuyen la culpa a la inoperancia de los mismos medios y a la ineptitud de los periodistas. Por supuesto, que la LOC no dice explícitamente que no se puede informar de una emergencia; sin embargo, recordamos que son los censuradores oficiales quienes deciden qué información es contextualizada, plural, veraz, verificada y además contrastada con fuentes oficiales, ausentes esa noche hasta dos horas después de la tragedia.

La Supercom, además, ha afirmado que los medios de comunicación privados no estaban preparados ni contaban con protocolos de emergencia. Nueva falacia. En estos nueve años, el Gobierno ha construido el mayor imperio mediático oficial que recordemos. Esos medios controlados por el oficialismo, que deberían cumplir una función pública, estaban obligados a liderar la entrega de información a los ciudadanos de todo el país. El Gobierno, además, cuenta con una gran maquinaria propagandística y de comunicaciones, con cientos de periodistas a su servicio. La noche del terremoto quienes tenían la obligación de actuar y activar protocolos, no lo hicieron. El Gobierno ha gastado varias decenas de millones para hacerse de un imperio comunicacional que, se demuestra, no está al servicio de los ciudadanos, sino de un proyecto político y al servicio de la imagen de altos funcionarios.

Sin embargo, los periodistas ecuatorianos, tienen una vocación indomable para informar. Se ha demostrado con la creación de medios digitales y en las redes sociales, que son los espacios que escapan a la censura oficial.

Nuestro total apoyo y reconocimiento a los periodistas que en las horas siguientes al terremoto han cumplido con profesionalismo, con responsabilidad, con sacrificio incluso, la tarea de informar al país y al mundo las consecuencias de la catástrofe que sacudió a Manabí y Esmeraldas, siendo agentes proactivos de la inmensa solidaridad nacional e internacional con los damnificados.

En medio de todo esto, 86 medios de comunicación de las provincias de Esmeraldas y Manabí fueron afectados por el terremoto. Catorce de esos medios han sufrido daños muy severos. Algunos han podido restablecer sus transmisiones, muchos otros no. A esta situación hay que sumar que 80 trabajadores de la prensa: periodistas, fotógrafos, operadores de audio, camarógrafos, diseñadores, operarios de imprenta han sufrido pérdidas personales que van desde la muerte de esposas o hijos hasta la destrucción de su hogar. Y aún en esas circunstancias la vocación para informar no cesa. Lo demostraran esas tres radios (una solo prestó su antena, pues sus estudios se habían derrumbado) y ese canal de TV manabita que, con un generador eléctrico a diésel, se enlazaron para ofrecer información en el momento que más lo necesitaba la ciudadanía.

En estos momentos de tragedia, el país se ha levantado solidario. El periodismo de las provincias afectadas debe acompañar con su voz informativa el proceso de reconstrucción. Por eso, como organizaciones periodísticas hacemos un llamado para ser solidarios con los medios y trabajadores de prensa afectados. Para ello, lanzamos la campaña “Qué tu voz no se rompa”, destinada a recolectar donativos para ayudar a que los medios en Manabí y Esmeraldas no se silencien definitivamente. La participación de los medios locales es fundamental para garantizar que la ayuda estatal y de la sociedad civil sirvan para reconstruir las localidades afectadas. Los medios y periodistas locales son fundamentales para informar como esa ayuda se canaliza desde el interés ciudadano.

La solidaridad, como valor, también puede vencer a la censura.

Guadalupe Fierro
Presidenta Unión Nacional  de Periodistas del Ecuador      

Marco Villarruel
Presidente Colegio de Periodistas de Pichincha

César Ricaurte
Director Ejecutivo Fundamedios

Diego Cornejo
Director Ejecutivo AEDEP

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English version

Fundamedios, organización de la sociedad civil que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, hace un llamado público a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a que suspendan la convocatoria al concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias.

Entre los procesos de este tipo, este sería el más grande en la historia de los medios en Ecuador y probablemente en toda la región. Un proceso de esta envergadura no debería generar dudas o cuestionamientos de fondo, sino implementarse cumpliendo los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión, como señalan los parámetros internacionales y particularmente los “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ninguno de esos principios está garantizado en el concurso convocado por las autoridades de telecomunicaciones, según demuestra el análisis realizado por Fundamedios y que se incluye en este comunicado. Por el contrario, las normas que regulan el mismo, al ser ampliamente subjetivas, lo convierten en un proceso discrecional.

No obstante, las mayores sombras en el proceso provienen del hecho de que las entidades gubernamentales a cargo de la calificación de los postulantes, la Arcotel y el Cordicom, han demostrado no ser independientes del poder político y/o económico.

La actuación de la Arcotel en el proceso de concesión de curiosas e irregulares frecuencias temporales a favor de un grupo económico que acumula medios de todo tipo, muestra claros favoritismos para ciertos empresarios. El Cordicom está dirigido actualmente por un militante político que no acredita ni experiencia ni conocimientos en el área de las telecomunicaciones o de la comunicación social. A esto debemos sumar que las propias autoridades han admitido que no se dará cumplimiento a la reserva de 34% de frecuencias para los medios de carácter comunitario, situación que es consecuencia directa de la falta de políticas públicas de real impulso y desarrollo de estos medios sin fines de lucro.

Con esos elementos, lo que podría ser una enorme oportunidad para diversificar y ampliar la pluralidad de voces que necesita una sociedad genuinamente democrática, tiene grandes riesgos de transformarse en una herramienta de control y presión política sobre los medios, más aún si consideramos que estamos en un año eminentemente electoral, cuando es especialmente crítico que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a todas las corrientes políticas. Cabe recordar que sin prensa libre no existe posibilidad de elecciones libres.

A continuación, Fundamedios presenta sus argumentos sobre la falta de idoneidad del proceso.

 

FALTA DE INDEPENDENCIA DE LOS ENTES DE CONTROL

Al ser la Arcotel y el Cordicom las instituciones a cargo del proceso, se pone en riesgo no sólo el derecho de cada persona a expresarse libremente sino también el derecho de la ciudadanía a recibir la máxima diversidad posible de información e ideas.

Al respecto de esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) señala que, para garantizar una radiodifusión libre e incluyente, es necesario que “la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté sometida a injerencias políticas del gobierno ni del sector privado vinculado a la radiodifusión.” La finalidad de esto es reducir el margen de una posible arbitrariedad en el procedimiento para otorgar o renovar una concesión de frecuencia.

PLAZOS ARBITRARIOS

Es necesario mencionar que este proceso de concurso y adjudicación de frecuencias establece plazos que podrían generar presión sobre los concursantes, no sólo por la inmediatez de los mismos en sus distintas etapas sino por su cercanía a un proceso electoral. Sobre esto, la RELE ha indicado que la falta de normativa que establezca plazos y criterios objetivos puede devenir en una situación de incertidumbre y presión sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia. Según han señalado las autoridades, el concurso tendría resultados en diciembre, apenas días antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios de febrero de 2017.

DISCRECIONALIDAD PARA CALIFICAR LA LÍNEA EDITORIAL

Los parámetros de evaluación del plan comunicacional que deben presentar las personas naturales y jurídicas que deseen optar por una frecuencia fueron elaborados el Cordicom. Estos lineamientos podrían dar lugar a una valoración claramente sesgada pues, de acuerdo con la normativa a emplearse, los medios deberán indicar cuál es su “orientación”. Esto podría interpretarse como una valoración de la línea editorial del mismo, lo cual, ante un ente claramente politizado, implica una desigualdad de condiciones para medios de comunicación caracterizados por mantener una línea editorial crítica o, incluso, opositora.

Sobre este particular, la RELE ha indicado lo siguiente: “Los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y precisas, de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia”.

La evaluación de los planes comunicacionales por parte del Cordicom se caracteriza por una amplia subjetividad y esto contraría la declaración de principios sobre la libertad de expresión pues, en lugar de prohibir la presión, castigo, premiación y privilegio a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, se lo está fomentando.

REVERSIÓN ANTICIPADA DE CONCESIÓN POR CUALQUIER DENUNCIA

La RELE ha señalado que la normativa sobre radiodifusión, en países o regiones con índices muy altos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, debe compatibilizar el fomento de la pluralidad y diversidad de voces con el respeto de la línea editorial o informativa de un medio. Además, se debe evitar el retiro o renovación de frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias.

Por el contrario a lo establecido en este estándar, la normativa a emplearse en este proceso desarrolla el artículo 112 numeral 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, que se refiere a las causales para la terminación de concesiones de frecuencia. De esta forma, abre la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan denunciar ante el Cordicom un supuesto incumplimiento del plan comunicacional presentado, lo que daría lugar a una posible reversión de la frecuencia otorgada. Considerando la falta de independencia del ente de control, esto podría constituirse en una herramienta de persecución y hostigamiento a medios de comunicación que mantengan líneas editoriales investigativas.

AUSENCIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES

Tal como se presentan las bases para el concurso, no se establece formalmente la creación de un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía en el proceso. Al respecto, la RELE ha señalado que el mecanismo de asignación y renovación de frecuencias debe ser transparente y público y que, con la finalidad de disminuir una posible arbitrariedad, debe contemplarse la realización de audiencias públicas que aseguren acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, y que obliguen a la motivación suficiente de sus decisiones. Esto debería garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

Las autoridades aseguraron que están trabajando en la convocatoria con otras entidades públicas y privadas, pero el concurso ya se inició sin que esta participación ciudadana exista.

CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACTUAL CONCURSO

La Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013, estableció la necesidad de que las concesiones de frecuencias en el espectro radioeléctrico se realicen mediante un concurso público. Hasta la fecha se convocaron a dos procesos para concesiones de frecuencias comunitarias, en 2012 y 2014, que fueron fallidos.

Se trata de 846 frecuencias en FM, 148 en AM y 478 de televisión en UHF disponibles en el concurso. Entre ellas se encuentran las frecuencias de estaciones radiales con importantes espacios informativos como radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama o FM Mundo. Los actuales concesionarios de la frecuencia sí pueden concursar por la que actualmente ocupan.

Además, el concurso no se abrió para estaciones de televisión VHF. Esto quiere decir que 180 estaciones que tienen sus frecuencias caducadas, entre las que se encuentran Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV y Telerama, tendrán que participar por una frecuencia en UHF, es decir que tendrán que cambiar de canal en las vísperas de un proceso electoral. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, esto se hace como “paso previo” a la migración a la televisión digital, que aún no tiene fecha.

Pero además, el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, aseguró que en este proceso no se cumplirán los porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación de que 33% de los medios deben ser privados, 33% públicos y 34% comunitarios. Esto será “progresivo”, según el Ministro, aunque la Ley no habla sobre esta gradualidad en la repartición de frecuencias.

Por todos estos hechos, hacemos un llamado a las instituciones internacionales de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa, así como a las redes y organizaciones de protección a la prensa, para que señalen sus preocupaciones y vigilen de cerca el concurso.

Exhortamos a las autoridades para que demuestren una mínima de sensibilidad o sentido de la oportunidad, y suspendan el actual concurso, dando inicio a una discusión amplia con todos los sectores para que, sobre la base de los estándares mínimos, se desarrollen reglamentos que realmente garanticen un avance hacia la existencia de medios plurales e incluyentes.

Y, principalmente, queremos llamar la atención de todos los ciudadanos ecuatorianos pues, de avanzar el actual concurso para concesionar 1.472 frecuencias, estaríamos ante un proceso que puede ser un golpe letal contra las libertades de expresión y prensa en Ecuador.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Universidad Andina Simón Bolívar y Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) organizan para el próximo 15 de septiembre el Foro de Quito para la Libertad de Expresión, que reunirá destacados expertos nacionales e internacionales para discutir sobre el estado de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador.

Al evento asistirán Ricardo Trotti, presidente de la SIP; Ricardo Corredor, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI); Ricardo Uceda, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y director de IPYS Perú; Daniel Dessein, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y representante de WAN-IFRA; Don Podesta, director del Center for International Media Assistance (CIMA); Nora Sanín, directora de Andiarios de Colombia; Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana; Pedro Vaca, presidente del consejo consultor de IFEX para América Latina; entre otras personalidades.

El Foro de Quito se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo (Av. Gran Colombia N14-134, Antiguo Hospital Eugenio Espejo) de 09:00 a 18:00. Durante la jornada habrá cinco paneles con periodistas y expositores que reflexionarán sobre los dos años de la Ley de Comunicación, el periodismo en época de censura y cómo ve la prensa extranjera a Ecuador. Además los participantes firmarán un compromiso por la libertad de expresión y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, la Declaración de Chapultepec.

La entrada es libre y el evento será transmitido en vivo. Comenta y participa con el hashtag #ForodeQuito. Más información en info@fundamedios.org.ec.

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Doctor
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

Dear Madam and Sirs,

Ecuador has been a member of the United Nations Organization since June 26, 1945, and is committed to fulfill the obligations under the various international instruments it has signed and ratified, among them the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances and the Geneva Conventions of August 12, 1949 and their Additional Protocols.

Bearing in mind that the safety of journalists and the struggle against impunity for their killers are essential to preserve the fundamental right to freedom of expression, it is necessary to take into account the importance of their work, essential to the preservation of all rights and fundamental freedoms, particularly the freedom of expression, enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Freedom of expression is an individual right, for which no one should be killed, but it is also a collective right, which empowers populations through facilitating dialogue, participation and democracy, and thereby makes autonomous and sustainable development possible.

The United Nation’s Action Plan on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity was approved on December 18, 2013. This document points out that in recent years there has been disquieting evidence of the scale and the number of attacks against the physical safety of journalists and media workers, as well as of incidents affecting their ability to exercise freedom of expression by threats of prosecution, arrest, imprisonment, denial of journalistic access, and failures to investigate and prosecute crimes against them. The General Assembly invited the agencies, funds and programs of the United Nations to work with Member States such as Ecuador, so that journalists and media workers can exercise their profession freely and safely, both in conflict and non-conflict areas, with a view to strengthen peace, democracy and development.

Journalists fulfill a broad mandate to gather information and disseminate it publicly through the press, radio or television. When performing their function, not all of them are defenders of human rights. Many journalists, however, act as such when, for example, they report abuses and acts they have witnessed, which are often sensitive issues that may put their lives at risk by the fact of sharing highly relevant information; so that there must be a minimum commitment by the State at all times to, first and foremost, protect their physical integrity and their journalistic activity.

It is necessary to specify that the aforementioned resolution urges Member States to make every effort to prevent violence against journalists and media workers, ensure accountability through impartial, prompt and effective investigations into all allegations of violence against journalists and media workers that fall within their jurisdiction, bring the perpetrators of these crimes to justice and provide the victims with the possibility of adequate legal remedies.

We respectfully remind you that on September 13, 2013, the Special Rapporteur of the United Nations for the Protection and Promotion of the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission Human Rights of the OAS issued a «Joint Declaration on violence against journalists and media workers in the context of social protest», ratifying the States’ obligations on this issue.

Some of the attacks against journalists recorded by our organization are:

• David Castillo, journalist and correspondent for the newspaper La Hora, on 1 and 2 October 2012, in the locality of Huaquillas – in the southern border of Ecuador – and the renowned investigative journalist Juan Carlos Calderón, received death threats after the publication of newspaper articles. In the first case, a story related to the arrest of an alleged hit man, while in the second case, because of the dissemination of an investigation related to the alleged mismanagement of the State’s reinsurance programs, through digital magazine Plan V.

• Diego Cornejo, journalist and executive director of the Ecuadorian Association of Newspaper Editors, AEDEP, on 12 May 2013, was threatened by an unidentified man who, according to Cornejo, said he was defending President Rafael Correa, while walking through a park in northern Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturist known as «Bonil», on 11 April 2013, reported that he had received threats through social networks. This took place after President Rafael Correa discredited the caricaturist during his Saturday broadcast No. 310.

• On 20 May 2013, Ecuavisa TV station’s news team was physically attacked while attempting to record the testimonies of unsatisfied users of the medicine delivery system in the Carlos Andrade Marín public hospital, in the city of Quito.

• Hubel and Alcibiades Onofre, correspondents for two TV stations that were seized by the State, Gama and TC Televisión, on Tuesday 17 January 2012, were verbally attacked and threatened by unidentified persons in the city of Babahoyo (304 Km from Quito). The brothers attributed this to the publication of a story that romantically linked a woman accused of being the mastermind of a triple murder, to Patriotic Society member of the Assembly Galo Lara.

• Felipe Jurado and Mario Crespo, cameramen for the State operated media outlet, Ecuador TV, on 22 May 2011, were physically attacked and their equipment destroyed, while covering a police operation to control the sale of alcoholic beverages in the city of Guayaquil. Julio César Quiñónez, police commissioner, told Fundamedios that a subject, who has been fully identified, took and destroyed Crespo’s camera and his cell phone, owned by the station.

• Byron Baldeón, 1 July 2012. The freelance journalist who worked for the newspaper Extra and the rural weekly paper Impacto, in the town of El Triunfo, was shot in the head nine times and killed by unidentified men, near his home located in this town, 61 km from the coastal city of Guayaquil. The crime occurred after the journalist monitored the robbery of a container loaded with televisions, which led to the capture of three policemen on active duty and two civilians, in May 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, known as «Noro». On 3 September 2012, the Police found the journalist’s body, who had been killed by a bullet to the head. The journalist, who worked as a correspondent for the newspapers Extra and Expreso in the locality of Playas, located 97 km from Guayaquil, had been reported missing since the beginning of the week.

• Journalist Fausto Valdiviezo, was killed by unidentified persons on 11 April 2013 in the city of Guayaquil. Witnesses revealed to the press that the 53 year old journalist was attacked by three hooded persons who shot him several times hitting him twice in the chest and one side of his body.

• Christian Zurita, journalist for the newspaper El Universo, on 16 July 2015, was a victim of physical and verbal aggressions as he was insulted, pushed, kicked and spat at. Government supporters attacked him while covering a protest in the historic center of the capital against Mauricio Rodas, mayor of Quito. This was the second time the journalist was attacked. On 18 April 2013, Zurita was also physically attacked by provincial prosecutor Simón Lara Grueso in the border town of Esmeraldas – located 318 km north of Quito – while covering the trial of one of the accused in the drug trafficking case known as «Resurgir».

The organizations we represent demand that you, as the national authorities responsible for the safety and the rights and freedoms of all citizens, begin the necessary actions to ensure that the different attacks against journalists do not remain unpunished. The Ecuadorian State has the obligation to respect and guarantee the fundamental rights and freedoms of its citizens, and is therefore responsible of providing guarantees and protection to journalists for the full exercise of their profession.

Thank you for your attention.

Sincerely,

César Antonio Ricaurte Pérez
Executive Director
FUNDAMEDIOS

Diego Cornejo Menacho
Executive Director
AEDEP

CC.
David Kaye
Special Rapporteur for the Promotion and Protection of Freedom of Opinion and Expression

Edison Lanza
Special Rapporteur on Freedom of Expression
Inter American Commission on Human Rights

Diego Zorrilla
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative -Ecuador

Lee este comunicado en español

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CAMPAÑA:

¿Estás de acuerdo con la carta? Firma y comparte esta petición en Change.org

Doctora
Ledy Zúñiga Rocha
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Doctor
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo

Abogado
José Serrano
Ministro del Interior

De nuestra consideración:

Ecuador es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 26 de Junio de 1945, por lo que está comprometido a cumplir con las obligaciones emanadas de los distintos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales.

Tomando en cuenta la seguridad de los periodistas y la impunidad de que gozan sus agresores o asesinos, se debe tener presente la importancia de su trabajo, esencial para preservar todos los derechos y libertades fundamentales, en especial la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho individual por el que nadie debería ser asesinado ni agredido; pero también es un derecho colectivo, que empodera a la población por medio de la facilitación del diálogo, la participación y la democracia, y, consiguientemente, permite un desarrollo autónomo y sostenible.

El 18 de diciembre de 2013 fue aprobado el Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre La Seguridad  de los Periodistas y la cuestión de la Impunidad.  Este documento puntualiza que en los últimos años ha habido pruebas preocupantes de la magnitud y el número de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación, así como de los incidentes que afectan a su capacidad para ejercer la libertad de expresión, como consecuencia de amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los crímenes de los que son víctimas. La Asamblea General invitó a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a que trabajaran con los Estados Miembros, como Ecuador, para que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación pudieran desempeñar su función libremente y en condiciones de seguridad, tanto en las situaciones de conflicto como en otras, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo.

Los periodistas cumplen el amplio mandato de reunir información y difundirla públicamente por medio de la prensa, la radio o la televisión. En el desempeño de su función, no todos son defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado, que muchas veces son temas delicados que pueden poner en riesgo su vida por el hecho de compartir información de alta relevancia; por lo que debe existir el compromiso mínimo que en todo momento debe asumir el Estado hacia los periodistas para, ante todo, proteger su integridad física como su actividad periodística.

Es necesario precisar, que la resolución antes mencionada, insta a los Estados miembros a que hagan todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, llevar a los autores de esos delitos ante la justicia y ofrecer a las víctimas posibilidades de recurso apropiadas.

Nos permitimos recordar a ustedes además que el pasado 13 de septiembre de 2013 el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hicieron pública una “Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales” ratificando las obligaciones estatales en torno a este tema.

Algunas agresiones a periodistas registradas por nuestra organización son las siguientes:

• David Castillo, periodista y corresponsal de diario La Hora, el 1 y 2 de octubre de 2012, en la localidad de Huaquillas –en la frontera sur del país-, y el reconocido periodista de investigación Juan Carlos Calderón fueron amenazados de muerte tras la publicación de notas periodísticas. En el primer caso, se trató de una noticia relacionada a la detención de un presunto sicario, mientras que en el segundo caso, por la difusión de una investigación relacionada con el supuesto mal manejo en los reaseguros del Estado, en la revista digital Plan V.

• Diego Cornejo, periodista y director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, el 12 de mayo de 2013, fue amenazado por un desconocido quien, según Cornejo, dijo que defendía al presidente Rafael Correa, mientras caminaba por un parque en el norte de la ciudad de Quito.

• Xavier Bonilla, caricaturista conocido como “Bonil”, el 11 de abril de 2013 denunció que había sido víctima de amenazas a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron tras descalificaciones proferidas por el presidente Rafael Correa durante su Enlace Ciudadano No. 310.

• El 20 de mayo de 2013, el equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa fue agredido físicamente mientras intentaba tomar testimonios de usuarios inconformes con la entrega de medicinas en el hospital público Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito.

• Hubel y Alcibiades Onofre, periodistas corresponsales de los medios incautados Gama y TC Televisión, el martes 17 de enero de 2012, fueron agredidos verbalmente y amenazados por desconocidos en la ciudad de Babahoyo (a 304 Km de Quito). Los hermanos atribuyen este hecho a la publicación de una noticia que vincula sentimentalmente a una mujer acusada de ser la autora intelectual de un triple asesinato, con el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara.

• Felipe Jurado y Mario Crespo, camarógrafos del medio estatal Ecuador TV, el 22 de mayo de 2011, fueron agredidos físicamente y sus equipos destruidos, durante la cobertura de un operativo policial para el control del expendio de bebidas alcohólicas, en la ciudad de Guayaquil. Julio César Quiñónez, intendente de policía aseguró a Fundamedios que un sujeto, que ha sido plenamente identificado, le quitó y destruyó la cámara a Crespo, al igual que su teléfono celular, de propiedad del canal.

• Byron Baldeón, 1 de Julio de 2012. El periodista freelance de diario Extra y del semanario rural Impacto, en la ciudad El Triunfo, fue asesinado por desconocidos con nueve tiros en la cabeza, cerca de su domicilio, ubicado en dicha localidad, a 61 Km de la ciudad costera de Guayaquil. El crimen ocurrió tras haber realizado el seguimiento del robo a un contenedor cargado de televisores del que fueron capturados tres policías en servicio activo y dos civiles, en mayo de 2011.

• Luis Arnoldo Ruiz, conocido como “Noro”. El 3 de septiembre de 2012, la Policía halló el cuerpo del periodista, asesinado con un balazo en la cabeza. El comunicador, quien trabajaba como corresponsal de los diarios Extra y Expreso en la localidad de Playas, ubicada a 97 Km de Guayaquil, había sido reportado como desaparecido desde inicios de la semana del asesinato.

• El periodista  Fausto Valdiviezo,  el 11 de abril de 2013 fue asesinado por desconocidos en la ciudad de Guayaquil. Testigos revelaron a la prensa que el periodista de 53 años de edad habría sido atacado por tres sujetos encapuchados quienes le habrían propinado varios disparos, de los cuales dos de ellos habrían impactado en su pecho y en un costado de su cuerpo.

• Christian Zurita, periodista de diario El Universo, el 16 de julio de 2015 fue víctima de agresiones físicas y verbales, como insultos, empujones, patadas y escupitajos. Simpatizantes del gobierno lo agredieron mientras cubría un plantón de protesta en el centro histórico de la capital contra Mauricio Rodas, Alcalde de Quito. Esta es la segunda ocasión que agreden al periodista, ya que 18 de abril de 2013, Zurita, fue agredido físicamente por el fiscal provincial Simón Lara Grueso, en la localidad fronteriza de Esmeraldas -ubicada a 318 Km al norte de Quito- cuando cubría la audiencia de juzgamiento de uno de los involucrados en el caso de narcotráfico denominado “Resurgir”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las organización a las que representamos exigimos a ustedes, en su calidad de autoridades nacionales responsables de la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos, den inicio a las acciones respectivas que no dejen en la impunidad las distintas agresiones que se han dado en contra de periodistas. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, correspondiéndole, por lo tanto, brindar garantías y protección a los periodistas para el ejercicio pleno de su profesión y labores.

Por su atención favorable quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

César Antonio Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
FUNDAMEDIOS 

Diego Cornejo Menacho
Director Ejecutivo
AEDEP

C.C.
David Kaye
Relator Especial para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión

Edison Lanza
Relator Especial de Libertad de Expresión de la OEA

Diego Zorrilla
Coordinador Residente ONU
Representante Residente UNDP-Ecuador