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Censura, libertad de expresión, normativa internacional, acceso a la información, protección a periodistas y derecho a la réplica y rectificación fueron algunos de los temas abordados  en el taller virtual “Normativa y estándares mínimos con los que debe contar una legislación garantista en libertad de expresión”. El encuentro se llevó a cabo este 22 de noviembre con apoyo del ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. 

El taller es parte de un ciclo de conversatorios organizado por FUNDAMEDIOS, el Instituto Republicano Internacional, IRI, la Comisión de Relaciones  Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional y el despacho de la asambleísta Marjorie Chávez para fortalecer los conocimientos de legisladores y asesores sobre los estándares internacionales en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.

Edison Lanza presentó el marco normativo y jurídico internacional, al que los países latinoamericanos han adherido y que garantiza la libertad de expresión. Citó a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados adicionales y jurisprudencia de la CIDH. También mencionó algunas limitaciones a la libertad de expresión contenidas en varios numerales del artículo 13 de la Convención como realizar propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional y  la violencia. 

El experto también citó dos dimensiones de la libertad de expresión. La individual que responde al derecho de expresarse y la dimensión social en la que las personas tienen derecho a informarse a través de diversos canales. 

Lanza ponderó la importancia del acceso a la información para la democracia. Si bien Ecuador tiene una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, aseguró que es importante una actualización en la que se garantice una cultura de transparencia. “Toda la información que da el Estado debe ser accesible para el pueblo”, reiteró. 

Otro de los temas importantes que se destacó fue la protección de periodistas. Según el ex Relator de la CIDH, los comunicadores son garantistas de la libertad de expresión, pero debido a discursos estigmatizantes hacia los medios y sus trabajadores se crean sociedades polarizadas que limitan el ejercicio de la prensa. “No hay peor forma de censura que la violencia”, destacó, refiriéndose al asesinato de los periodistas de El Comercio en 2018. 

En ese marco, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, mencionó que no hay articulación suficiente entre actores estatales y de la organización para la sociedad civil para garantizar el trabajo de la prensa. Un gran ejemplo de ello ha sido las constantes amenazas a periodistas en el marco de la actual crisis carcelaria y el impedimento de cobertura en temas sensibles con una escalada de agresiones a la prensa, lo que ha impulsado a hacer un llamado a los actores estatales para generar  un diálogo urgente a fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

Marjorie Chávez, asambleísta y miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, quien presentó un proyecto de ley de Libertad de Expresión junto a Fundamedios y el asambleísta Fernando Villavicencio, aseguró que no han recibido mayores aportes al articulado, pero reconoció que el rol del Consejo de Comunicación debe ser el de garantizar de derechos. 

Finalmente Edison Lanza reiteró que la libertad de expresión es una de las primeras libertades para fortalecer la democracia y requiere que la sociedad civil cuide de este derecho para que el debate público no se vuelva tóxico ni polarizado, más aún cuando hay temas por debatirse a futuro como la vigilancia estatal, el pluralismo de los medios, Internet y gobernanza, entre otros.

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Los resultados del Informe Sombra sobre la implementación del Objetivo 16.10.1 de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica,  que revela datos sobre las agresiones a la prensa en ocho países de la región, fue presentado en el foro “Monitoreo sobre Libertad de Prensa en América Latina”, organizado por la organización National Endowment for Democracy (NED), en Washington, este 18 de julio.

El documento que fue elaborado por la plataforma Voces del Sur contabilizó más de 700 agresiones en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras y Uruguay en 2018. El levantamiento de las alertas fue sustentado en 12 indicadores en común.

El año pasado también se contabilizaron 5 asesinatos a periodistas, ocho secuestros a comunicadores y dos reporteros torturados. Nicaragua es el país que presenta un mayor número de alertas (234), seguido de Venezuela (196). Ecuador reportó 83.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios Estados Unidos, aseguró que, del total de alertas reportadas, 44 relacionadas a temas de género y más de 400 tuvieron relación con ataques a la libertad de prensa y de expresión, siendo el Estado el principal perpetrador.

Mencionó que los países de América Central atraviesan constantemente situaciones de violencia e impunidad, lo cual somete a los periodistas a un estado de constante «miedo y autocensura«. Por ejemplo, explicó que en Honduras los reporteros de investigación que cubren crimen organizado y corrupción son «sometidos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física«.

Thiel aseguró que el informe también recoge casos relacionados con restricciones de Internet, suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, piratería, ciberamenazas y bloqueo de sitios web.

La panelista Adriana León, directora del área de Libertades Informativas de Ipys Perú, resaltó la importancia de Voces del Sur como un proyecto pionero en América Latina que sienta un precedente para alertar sobre los riesgos de la profesión, lo cual, explica, ya ha generado un impacto regional. «En Bolivia cambiaron las leyes, en Perú los intentos de promover leyes antiprensa fueron detenidos, en Venezuela se visibilizó mejor la problemática de la libertad de expresión y en Ecuador se ha jugado un papel clave en la transición», aseguró.

A su criterio el reto más grande es incidir con mayor impacto en los gobiernos latinoamericanos y en la sociedad, por ello cree que Voces del Sur debe sumar a más países. «Si logramos que a la gente le importe la libertad de expresión entonces será más fácil frenar las violaciones contra este derecho», finalizó.

Matt Potter, director de programa de PADF, señaló que está previsto sumar a tres o cuatro países más a la plataforma para promover un monitoreo regional global.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS /ESPAÑOL

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En el foro sobre por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello, realizado por UNESCO, este 17 de julio en Nueva York, Voces del Sur presentó el Informe Sombra ODS 16.10.1 elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de América Latina que recopilaron y reportaron ataques a la libertad de expresión en la región durante 2018.

Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela, aseguró que Voces del Sur nació con el propósito de comprender lo que está sucediendo en Latinoamérica donde existen riesgos muy altos para el ejercicio periodístico, donde se censura y se acosa a los medios de comunicación de forma reiterativa.

Balbi explicó que la idea inicial del proyecto fue crear un sistema para unificar indicadores que cumplan con el apartado 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto a la seguridad de los periodistas. Así, diseñaron indicadores regionales comunes que midan los diferentes niveles de amenazas a la libertad de prensa y de expresión para fortalecer un análisis comparativo.

Si bien se tomaron en cuenta casos extremos como asesinatos, secuestros y tortura a periodistas, también se incluyeron indicadores adicionales para rastrear la estigmatización a la prensa, los procesos administrativos y judiciales en contra de los comunicadores, ataques a la libertad de expresión en Internet y leyes que puedan coartar estas libertades.  Según la directora de Ipys Venezuela también se incluyó un enfoque de género transversal.

Durante 2018, en los ocho países se registraron un total de 732 alertas. Los actores estatales fueron responsables de más del 50% de agresiones. También se registró un alto nivel de impunidad en actos judiciales que involucran a periodistas. El 94% de casos quedan en la impunidad.

Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, reconoció que es necesario «fortalecer el monitoreo global sobre asesinatos e impunidad» para velar por el trabajo de la prensa independiente.

Con él concordó Silvia Chocarro, de Artículo 19. «Reportar sobre agresiones y tener esta base de datos permite, incluso, generar impacto y crear incidencia en la política para que tomen acción respecto a la seguridad de periodistas», finalizó.

Voces del Sur está conformado por el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA / Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP / Bolivia, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS / Ecuador, el Comité por la Libre Expresión – C-Libre / Honduras, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Perú, el Centro de Archivos e Información Pública – CAinfo / Uruguay y el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Venezuela.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS ESPAÑOL

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 732 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS

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El Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Ecuador es presentado hoy, 25 de junio, en Ginebra (Suiza), en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kane y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes visitaron Ecuador en 2018.

Los Relatores reconocen como un avance significativo las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno para “poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión” que se registraron en el gobierno pasado. También, destacan las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación en 2018 y la decisión de la Corte Constitucional que derogó una disposición que establecía que la comunicación debía considerarse un servicio público y no un medio para ejercer la libertad de expresión.

En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se vio socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se vieron obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias. 

El informe, que consta de 21 páginas, aborda puntualmente nueve temas de relevancia con sus respectivas observaciones. Por ejemplo, se mencionan las modificaciones jurídicas, la promoción de un periodismo independiente, el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, el acceso a la información, así como la seguridad de los periodistas (en donde condenan el asesinato del grupo de prensa de El Comercio).

Sobre la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, los Relatores Especiales concluyeron que constituyó el “ataque más grave perpetrado contra los medios de comunicación ecuatorianos por un grupo delictivo organizado”. Este lamentable hecho, según se menciona, puso de manifiesto las “deficiencias de protección en el Ecuador” y la carencia de “medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. Por ello, los Relatores instan al Gobierno a fortalecer las actividades y la seguridad en las zonas de alto riesgo. 

Así también, destacan y valoran la creación de un comité interinstitucional para la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Gobierno, que coordinará los esfuerzos de diversas instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una política de prevención de la violencia. 

Sin embargo, concuerdan con que el comité debe incluir a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. Además, recomiendan que las metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas, los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación.

Sobre la situación general de los medios y periodistas, la valoración de los relatores es aún de expectativa. El documento manifiesta que el restablecimiento de la confianza del público en la prensa y la promoción del periodismo independiente “requerirá un esfuerzo colectivo del Gobierno, los periodistas y el pueblo de Ecuador en general”. Los Relatores mencionan que los comunicadores ecuatorianos y los medios desempeñan un papel fundamental para la buena salud de la profesión. 

El informe también se refirió a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los Relatores escucharon numerosos casos de criminalización de activistas en el contexto de protestas sociales y manifestaciones. Datos entregados por la Defensoría del Pueblo, indicaron que en la década pasada se iniciaron acciones penales contra 841 personas, el 90% fueron emprendidas por el Estado.

Hasta la entrada en vigor del Código Penal en 2014, se utilizaron varios delitos con tipificaciones jurídicas incompatibles con el principio de la estricta legalidad. Entre ellas, figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado y delitos contra funcionarios públicos.

En la parte final del informe se recogen más de 15 recomendaciones concretas al gobierno ecuatoriano. Sobre la Ley de Comunicación,solicitan revisar la aplicación de los artículos 23 y 24 relacionados con la rectificación y réplica, con el fin de evitar la  censura indirecta y la intimidación. 

Sobre los efectos nocivos sobre el periodismo señalan que: “La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el Gobierno anterior. La autocensura y el recelo en torno al periodismo de investigación persisten entre los miembros de la prensa, ya que siguen temiendo ser perseguidos en virtud de la Ley, a pesar de su reforma jurídica y técnica.”

Con respecto al COIP, exhortan a las autoridades a despenalizar los delitos contra el honor y la reputación para transformarlas en infracciones civiles. El documento hace referencia a los artículos 182, 396, 307 y 322 de este cuerpo legal.

Los Relatores Especiales observan, además, que el Código contiene otros delitos problemáticos como los tipificados en los artículos 307 y 322, que prevén penas de 5 a 7 años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero. “Las disposiciones de ese tipo forzosamente producen un efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”, destaca el documento.

El pasado 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea, la reforma del artículo 396 del COIP, eliminando la pena privativa de libertad de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra”. En su lugar, propuso una nueva figura denominada contravención contra el honor, que sustituye la pena privativa de libertad por una sanción con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas. 

Esa reforma, a la luz de las recomendaciones de lo Relatores y los estándares internacionales es insuficiente, pues los expertos de ONU y la CIDH instan “al Estado a que derogue esas disposiciones y apruebe otras pertinentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Al desalentar la expresión oral y la transmisión de información, la legislación vigente afecta no solo a los periodistas y a otras personas, sino también a la cantidad de información que el público puede recibir”.

Otro de los puntos importantes que destaca el documento es la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión, que deben estar orientadas por criterios democráticos y procedimientos públicos y transparentes. Sobre ello, los Relatores recomiendan “que el Estado establezca un consejo o foro consultivo para todas las partes interesadas (medios de comunicación públicos, privados, comerciales y comunitarios), a fin de entablar un diálogo sobre el marco general para la adjudicación del espectro”. En este sentido, ofrecen su asistencia para el seguimiento y asesoramiento técnico en el tema. 

El informe también sugiere promover una cultura de transparencia y de libre acceso a la información pública, investigar los delitos contra periodistas para evitar la impunidad y brindar reparaciones a las víctimas (comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos) que se hayan visto afectadas por violaciones de la libertad de expresión en los diez últimos años. Las medidas de reparación deben ofrecer “restitución, indemnización o rehabilitación a las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición para la amplia gama de violaciones de la libertad de expresión”. 

Los Relatores exhortan a la promulgación de una disposición transitoria de modificación a la Ley Orgánica de Comunicación para establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad que estará en operaciones hasta julio de 2019. 

FUNDAMEDIOS se compromete a velar para que las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo y se convierta en un instrumento de trabajo para garantizar el derecho a la libre expresión en el país.

Descargar el documento : 2019 junio CIDH-ONU Final EC Report_ESP (1)