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LOC

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Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

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Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.

La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento  elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.

El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.

En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.

Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.

De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.

A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.

En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.

Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…

Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la responsabilidad ulterior, dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

De acuerdo a los estándares internacionales, la Relatoría fue enfática en señalar que, pese a que el Código Penal ecuatoriano establece responsabilidades ulteriores por eventuales abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la Convención Americana estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios y asuntos de interés público resulta incompatible.

El Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En esa línea, el Principio 10 establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles…”. En cuanto a una eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana establece que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionales de manera que no causen un efecto inhibitorio. Se debe tener presente que si la reparación civil es elevada, puede jugar un efecto tan inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión como el de una sanción penal, y tener un efecto de autocensura.

Respecto al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la Relatoría observó el artículo 15 y recomendó revisarlo a la luz de los estándares señalados. Dicho artículo   establece la posibilidad de atribuir responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no esté debidamente identificado el autor de la misma. Sobre este punto, la Relatoría Especial recordó que la difusión de información, sin identificación del autor por parte de los medios de comunicación, forma parte de la dinámica comunicacional y de la protección del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes de información.

Otro aspecto que fue observado es el de mantener una regulación de los comentarios del público en los medios de comunicación. “Si bien constituye una buena práctica que los medios de comunicación social tengan normas transparentes para moderar los comentarios del público, una regulación con base en sanciones podría llevar a los medios de comunicación a prescindir de estos espacios, lo que podría causar un efecto inhibitorio en la deliberación sobre asuntos de interés público”, concluyó la Relatoría.

El pasado 25 de julio de 2018, el relator especial para la libertad de expresión, Édison Lanza, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para dar su visión y entregar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.

 

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La autocensura, abusos de réplicas y otras preocupaciones sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fueron compartidas por la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco; la abogada y exentrevistadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel, y el periodista Gustavo Cortez. Ellos comparecieron este 1 de agosto de 2018, en la sesión Nro. 178 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar las reformas al cuerpo legal.

La primera en intervenir fue Coronel. Ella fue enfática en señalar que la Ley de Comunicación vigente fue creada con el ánimo de arrastrar los derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales, y arrancar del poder judicial ciertas atribuciones para sancionar a los medios. En ese sentido, aseguró que debe ser derogada absolutamente y diseñarse una normativa nueva.

A la columnista de Diario Expreso le preocupa que el proyecto de Ley mantenga el concepto de información de interés público. A su criterio, es una de las definiciones más complicadas, ya que se trata de una palabra jurídicamente subjetiva que podría resultar peligrosa.

Coronel también calificó como una “vergüenza” el que se haya calificado a la información como un servicio público, pues considera que este es un derecho que no le pertenece al Estado. Pidió se revise. En cuanto a la reparación por afectación a un tercero a través de un medio, la abogada comentó que en Ecuador hay normas que pueden reparar dicho daño y que eso lo debe determinar un juez y no una entidad administrativa como la Supercom.

La periodista Tania Tinoco compartió la misma preocupación de su colega, respecto a que se mantenga el concepto de información de relevancia pública, veraz o de calidad. Se preguntó quién podría determinar esto, ya que es un tema subjetivo que podría derivar en discrecionalidades.

También se refirió a la responsabilidad ulterior y a la imposibilidad de que un periodista pueda ser responsable de lo que diga un entrevistado dentro de una transmisión en vivo, o en la imposibilidad de adelantarse al criterio de un invitado para evitar ser sancionado. Tinoco cuestionó que el proyecto presentado por el Ejecutivo mantenga intacto el derecho a la rectificación y réplica que contempla la Ley actual y que permitió una serie de “errores y horrores”, como la imposición de videos de rectificación de más de 13 minutos en el programa que dirige, Visión 360, sin que se haya emitido el supuesto error.

Gustavo Cortez, exeditor general de Diario El Universo, coincidió en que las réplicas y rectificaciones plasmadas en la LOC derivaron en abusos. “Los periodistas que de verdad creemos en el oficio y hacemos un periodismo independiente hemos sido víctimas de la Ley que instaló en las redacciones la autocensura ya que muchos de nosotros dejamos de publicar cosas por temor a sanciones, muchas veces injustificadas, y que ponían en riesgo la estabilidad económica del medio”, apuntó.

Cortez pidió a la Comisión que se revise de manera exhaustiva este tema. “Cuando vemos el proyecto de reformas, nos encontramos con que estas figuras siguen teniendo los mismos parámetros Sugerimos que se revise y se defina en qué momento aplicarlo para que se cumpla bien este derecho sin llegar al abuso”, mencionó.

En su experiencia como Editor General de El Universo, comentó que han sido víctimas del exceso de estos mecanismos que, a su criterio, han resultado como puertas de escape para muchas personas involucradas en procesos de corrupción que, en lugar de dar entrevistas, han preferido evadirlas para luego reclamar un espacio e imponer contenido. “Se llegó a los excesos de que se enviaron réplicas diagramadas con una posición textual intocada de lo que la persona quería decir y que se podía tomar una página entera, pese a haber sido nombrada en apenas dos líneas”.

En la Comisión también participó el asambleísta de Pachakutik, Elio Peña, quien presentó un proyecto de reformas enfocado en los medios comunitarios. El Legislador aseguró que ese sector ha estado relegado y que el Estado debería garantizar los recursos para que las comunidades puedan ejercer sus derechos de comunicación y acceso a estos medios.

En cuanto a su definición y naturaleza, comentó que hay asuntos que se han querido tergiversar. Por ejemplo, que los medios comunitarios no son indigenistas, ya que el concepto es más amplio y abarca desde colectivos, comunas pueblos y nacionalidades, hasta comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Para el asambleísta, los medios comunitarios se diferencian de los otros porque no tienen fines de lucro y deben contar con un plan para servir a la comunidad y una programación pluralista, entre otras cosas.

Respecto a la concesión de estos medios, Peña aseguró que se debe reflexionar en el tema de concentración de la propiedad y adoptar medidas para revertir frecuencias ilegales y combatir monopolios, entre otras cosas, para alcanzar el 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. En ese sentido, propuso que se reconozcan acciones afirmativas con un puntaje del 30% en caso de ir a un concurso; y que se destine un fondo del 20% de publicidad estatal para la supervivencia de estos medios. “Si no hay esta acción afirmativa, quedarían rezagados”, concluyó. 

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Las restricciones admisibles de cara a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) es el segundo aspecto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda en sus observaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo.

Con el objetivo de profundizar en el contenido de las observaciones presentadas por el relator Edison Lanza, el pasado 25 de julio, y aportar al debate de las reformas, FUNDAMEDIOS presenta la segunda entrega del análisis a la Relatoría:

El organismo internacional dio tres recomendaciones específicas para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión:

  1. Tener en cuenta que cualquier limitación a la libertad de expresión debe establecerse a través de una ley clara y precisa y tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad e igualdad en el acceso al proceso comunicativo.
  2. Establecer únicamente limitaciones ulteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo, justas para una sociedad democrática. Cualquier restricción, además de necesaria, debe estar redactada en términos claros y precisos, evitando cláusulas abiertas y expresiones vagas e imprecisas o ambiguas.
  3. Evitar cualquier clase de condicionamiento previo que pueda causar efectos inhibitorios en la comunicación, tales como exigencia de veracidad, exactitud y precisión en la información que difunden periodistas y medios de comunicación.

Para la Relatoría, la existencia de disposiciones poco claras o redactadas en términos ambiguos “pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura previa o que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos”.

En cuanto a la regulación de medios de comunicación, en especial aquellos que requieren una licencia o asignación de frecuencia para funcionar, la Relatoría Especial fue enfática en subrayar que este tipo de regulación «debe estar prevista en una ley clara y precisa; tener como finalidad la libertad e independencia de los medios, así como la equidad y la igualdad en el acceso al proceso comunicativo; y establecer solo aquellas limitaciones posteriores a la libertad de expresión que sean necesarias, idóneas y proporcionadas al fin legítimo que persigan”. En definitiva, que sean compatibles con “las exigencias justas de una sociedad democrática”.

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Increíblemente, el gran punto de discusión en las reformas a la LOC es sobre un punto sobre el cual nadie ha propuesto ninguna reforma: la tabla salarial de de los periodistas.

El malentendido vino después de unas desafortunadas declaraciones del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo de Pichincha, Roberto Manciatti, quien estuvo acompañado de dos empresarios mediáticos de la provincia de Chimborazo.

Manciatti resbaló sobre una cáscara de plátano que le puso la legisladora correísta Marcela Holguín, antigua periodista y presentadora de TV. El empresario de la comunicación (ejecutivo del canal regional RTU) peco de franqueza. Hizo notar que el salario mínimo de un periodista con título era muchísimo más alto que el de cualquier otra profesión, bordeando actualmente los 900 dólares, y que eso hacía que los medios pequeños ya no contrataran periodistas profesionales, sino estudiantes.

Pese a que Manciatti aclaró que no estaba proponiendo ninguna rebaja del salario, con lo que dijo ardió Troya y todo el mundo procedió a rasgarse las vestiduras. Faltaba más. Los correistas en primera línea clamaron sobre la dignidad del salario periodístico, aunque se pasarán 10 años haciendo trizas la dignidad de la profesión a la cual calificaron de corrupta, traidora, vendepatria y todas las linduras posibles.

Y lo dicho, el debate se elevó varios decibeles sobre un tema que no consta en ningún proyecto de reforma ni sobre el cual se ha propuesto ninguna variación. Solo para demostrarnos dónde estás las prioridades. Porque, increíblemente la Ley que sirvió durante cinco años para arrinconar al periodismo ha motivado escasa participación de los periodistas en la discusión de sus reformas.

Los principales interesados aparecen lejanos, desconectados del debate, sin mucho que decir. Recién el 01 de agosto van a ser recibidos algunos periodistas de Guayaquil: Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Sí efectivamente, han comparecido gremios y hemos estado las organizaciones de la sociedad civil, pero los principales afectados por la Ley, los periodistas de a pie, no han dicho ni pío.

Como tampoco ha hablado la academia relacionada a la Comunicación, más allá del ala correista de la FLACSO y los notables aportes del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. Pero ese silencio no es de hoy, durante 10 años pocos alzaron la voz y denunciaron lo que estaba pasando, la mayoría prefirió, una vez más, el silencio.

 

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Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.

La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.

Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.

Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.

En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.

No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.

El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.

Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.