45

 

Empresarios de los medios de comunicación y representantes de los trabajadores del sector de la comunicación expusieron sus puntos de vista en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ante los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional, este 16 de julio.

Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, enfatizó en la necesidad de revisar las cuotas de distribución del espectro radioeléctrico porque «simplemente son incumplibles». Según su criterio, el 90 por ciento de los medios de comunicación en el país son privados; muchos de ellos negocios familiares. Para él, resulta “imposible” que se pueda mantener una cuota de más del 30 por ciento a medios comunitarios porque «simplemente no se pueden mantener».

El empresario explicó que en el pasado reciente el Estado tuvo los recursos para financiar medios comunitarios, pero esta vez las finanzas públicas no dan para esa inversión. Por lo tanto, esos medios deben autofinanciarse. Aspiazu criticó que existen factores políticos en torno al financiamiento de los comunitarios, los cuales “generan muchas tentaciones para que los financistas los obliguen a promocionar el proyecto político que los respalda económicamente”.

El experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines consideró que las restricciones en materia de contenido han generado una estampida de la pauta comercial hacia al sector digital. En ese contexto, la sostenibilidad de los medios tradicionales está en crisis.

Según el representante de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, Santiago de la Torre, la LOC benefició a su sector, pues priorizó la contratación de personal nacional. Por lo tanto, advirtió la necesidad de preservar dicha cuota de contratación. «En Ecuador hay muy buenos fotógrafos y camarógrafos», dijo.

Mauricio Herrera, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador, insistió en la necesidad de hacer legal y obligatorio la contratación de un seguro de riesgo para camarógrafos y fotógrafos. El personal técnico «muchas veces arriesga su vida e integridad cargando equipos muy costosos y nadie lo reconoce», explicó.

La sesión culminó con la participación del asambleísta de Alianza PAIS, Jorge Yunda, señalado por ser presuntamente artífice de un monopolio de frecuencias. El Legislador alegó que «en Ecuador hay en estos momentos más de 1300 emisoras prendidas, nadie es dueño de 900 de esas radios, entonces yo no veo monopolio». Para él es importante estimular los medios digitales que “son el futuro. Ya los jóvenes no ven radio, ni escuchan radio, ni compran prensa escrita, todo lo hacen vía web».

57

Representantes de la universidad, de medios comunitarios y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se dieron cita este 9 de julio en la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Derechos Colectivos expusieron sus posturas y aportes en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) que se discuten.

Abel Suing, director de la Maestría en Comunicación de la Universidad Territorial Particular de Loja; y Franklin Falconí, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi, coincidieron en “no condenar a priori a los medios comunitarios”, pero que cada uno busque su espacio sin tratar de imitarse.

“Los medios de comunicación deben mejorar sus contenidos, ya que el público que los consume ahora se orienta a las plataformas digitales pagadas. Vemos medios públicos tratando de imitar a medios privados y medios comunitarios imitando a medios privados. Cada quien tiene su espacio y su función, eso lo debemos hacer ver desde las universidades”, manifestó Suing.

Falconí sostuvo ante los miembros de la Comisión que las reformas deben facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y comunitarios. “No puede haber una ley de comunicación que regule el periodismo, tiene que ser una ley lo más libre posible”, acotó. Además, sostuvo que bajo la norma vigente se desarrolló una especie de manual de estilo para los periodistas… “La ley se debería concentrar en facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y los comunitarios”.

Durante su intervención, la representante de los medios comunitarios, Ana María Acosta, enfatizó que “los medios comunitarios pueden existir en grandes ciudades, a través de la representación de diferentes sectores de la población. Nadie ha dicho que no podemos ser solventes económicamente, debemos rechazar la visión de que somos insolventes”. La representante de la Fundación El Churo añadió que cumplen una misión en la sociedad y por ello son necesarios.

Asimismo, Indira Salazar, representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela de Unesco, destacó que en los comunitarios “el financiamiento no puede ser solo del Estado, debe haber financiamiento privado”. Además, señaló que las reformas que se quieren introducir en la LOC deben cumplir con los estándares internacionales. Es decir, entender la libertad de expresión como un derecho humano.

En la sesión presidida por el asambleísta Jorge Corozo, de Alianza PAIS, también participaron Henry Cucalón y Amapola Naranjo. El Legislador del Partido Social Cristiano (PSC) expresó que es “inconstitucional que la comunicación sea considerada un servicio público”. En ese contexto, presentó una propuesta de derogatoria parcial de la Ley Orgánica de Comunicación.

Naranjo, militante del oficialismo, destacó como punto positivo de la norma vigente que esta “apunta hacia avances en impulsar la música de los artistas nacionales”. Es por ello que apela a mantener la iniciativa del 1×1, previamente criticada por representantes del sector artístico.

Este 11 de julio está prevista la próxima sesión de la Comisión.

80

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional recibió el pasado 18 de junio al exvocal del Cordicom, Hernán Reyes, como parte del proceso de recepción de propuestas para las posibles reformas que se harán a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El exfuncionario indicó que dicho instrumento legal “fue debatido cuatro años en esta Asamblea y recibió insumos de todos los sectores políticos. No estaría demás que el ámbito legislativo revise los argumentos que se utilizaron para calificar a la comunicación como un servicio público».

A criterio de Reyes “se ha pretendido deslegitimar la Ley de Comunicación”. Señaló que “quieren calificarla como una ley de medios, lo cual no es cierto, y se la ha calificado como una ley mordaza, pero esta ley busca que se respeten los derechos de la audiencia”.

Daniela Salazar, abogada, experta en Derechos Humanos y docente, también intervino en la Comisión. Ella expuso que “es necesaria una Ley de Comunicación para hacer efectivos los derechos que determina nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, regular la opinión es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”.

La Vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) señaló la “complejidad de regular el contenido transmitido vía internet, la diversidad del debate público, las formas de veeduría ciudadana, las cadenas nacionales, el derecho a recibir información de calidad”.

50

Álvaro Rosero y José Najas, representantes de la Cámara de Medios de Ecuador,  expusieron el pasado 13 de junio sus propuestas para el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC), durante la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional.

Rosero, fundador de la Cámara, mencionó las deficiencias de la normativa vigente y propuso que “los programas que vinculan a los artículos 36 y 103 de la Ley Orgánica de Comunicación que se refieren a los contenidos nacionales sean transmitidos en cadena nacional”.

El Presidente de la organización, José Najas, insistió en la necesidad de desarrollar una ley “que beneficie a las mayorías, no a grupos empresariales, ni a medios de comunicación, ni a sectores políticos específicos; sino que dé su cobertura amplia a la mayoría de los sectores que hacen vida en Ecuador”. También manifestó que la imposición de contenidos no funciona. Y expuso que el actual cuerpo legal “no define, de forma clara, lo que es comunitario».

Rosero aprovechó la oportunidad para refererirse  al concurso de frecuencias, impulsado a través de la LOC. El vocero de la Cámara de Medios indicó que, según un informe de la Contraloría, se asignaron “más de mil frecuencias indebidamente, dando prioridad a la afinidad política. Esa situación hay que investigarla hasta el fondo y saber qué sucedió allí”, concluyó.

 

78
  1. La LOC no debe ser un dispositivo de persecución sino una herramienta para impulsar la protección y el desarrollo de los derechos relacionada a la Comunicación.
  2. La comunicación no es un servicio público es un derecho humano fundamental.
  3. No a la Supercom. La institucionalidad represora debe desaparecer.
  4. El linchamiento mediático debe ser eliminado.
  5. La censura por omisión es un mecanismo de censura vía la imposición de contenidos.
  6. El código de ética como mecanismo de sanción y censura debe ser reemplazado por la adopción de mecanismos de autorregulación de los medios.
  7. Debe reforzarse la autonomía e independencia del CORDICOM como el organismo regulador.
  8. Eliminar los artículos que establecen a la comunicación como servicio público y a la información como un bien público.
  9. Revisar el mecanismo para la garantía del derecho a la rectificación o réplica de tal forma que no se vuelva un sistema para la censura vía la imposición de contenidos.
  10. El capítulo de medios públicos debe ser eliminado para construir una Ley de Medios Públicos dónde se garanticen los principios de servicio público, independencia de gestión, independencia editorial, pluralidad, entre otros. La figura de medios “oficialistas” debe ser eliminada.
  11. Regular la publicidad oficial para que no sea utilizada como un mecanismo de premios y castigos y cumpla con criterios de equidad y transparencia.
  12. Garantizar la asignación transparente, justa, plural de las frecuencias de radio y televisión.
  13. Garantizar y promover de forma real el desarrollo de medios comunitarios. Debe haber una reserva de frecuencias, pero no una repartición rígida y anti técnica.
  14. Revisar el 1×1 para construir un mecanismo de verdadero impulso a la producción nacional y mecanismo de dialogo y consenso entre artistas y medios.

DESCARGAR EL DOCUMENTO

 

95

FUNDAMEDIOS respalda la decisión que tomó el pleno de la Asamblea Nacional este 12 de marzo de 2018, al censurar, con 119 votos, al exsuperintende de la Información y Comunicación Carlos Ochoa. Esta decisión, no solo refleja que hubo coincidencias respecto a que el  exfuncionario se extralimitó en sus funciones, sino que también aplicó de manera arbitraria, abusiva y fraudulenta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y hasta la usó en beneficio propio, desde que asumió ese puesto hace casi cinco años.

Ochoa, además, deberá rendir cuentas ante la Justicia por la falsificación y uso de la Ley de Comunicación falsificada para sancionar a una docena de medios.

Cabe recordar que en medio del debate en el interior del Pleno, no solo se cuestionó de manera unánime la actuación de Ochoa y la necesidad de su destitución y censura, sino también la legitimidad de la LOC y la necesidad de reformarla o derogarla. Nos congratulamos que la gran mayoría de Asambleístas de las distintas bancadas legislativas hayan expresado la voluntad para avanzar en el proceso para cambiar profundamente la Ley.

El asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento CREO-SUMA y uno de los interpelantes en el juicio político aseguró que Ochoa implementó un modelo restrictivo de derechos y amedrentó a los medios por pensar diferente. En esa línea, el asambleísta Homero Castanier, de CREO y que acudió en reemplazo de Lourdes Cuesta afirmó que Ochoa irrespetó normas constitucionales y de derechos humanos, y también logró beneficios a título personal. Criterio que fue compartido por la asambleísta María Mercedes Cuesta, de FE y excompañera de trabajo de Ochoa.

Asambleístas como Mae Montaño, de CREO y el socialcristiano Luis Fernando Torres fueron más allá y cuestionaron la legalidad de la misma Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y el hecho de que su figura fue incluida a último momento y sin debate, al igual que algunos artículos de esa Ley, como el linchamiento mediático.

Por esta razón, FUNDAMEDIOS exhorta a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de nombrar a un nuevo Superintendente y, en su lugar, invita a dar pasos acelerados para las reformas a la LOC.

Lo ocurrido la noche del 12 de marzo en el seno de la Asamblea Nacional demuestra el descontento generalizado en la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por no alinearse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. No lo dijeron solamente los 119 legisladores que votaron en favor de la censura a Ochoa, sino las coincidencias respecto a que la aplicación de esta Ley que ha generado censura, miedo y abuso de derechos.

Con la premisa de construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos y una Ley de Comunicación profundamente reformada que garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, representantes del Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación (LOC) mantuvieron un diálogo, el pasado 6 de marzo, con Juan Fernando Velasco, cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE).

Velasco mencionó que antes de que aparezca la figura del 1×1, estipulada en el artículo 108 de la Ley de Comunicación, que menciona que la música producida en el Ecuador representará el 50% de los contenidos radiales, los medios sí tenían una deuda pendiente con los contenidos nacionales.

Según el presidente de SAYCE, el sentido de este artículo de la Ley no debía significar una imposición a las radios, sino impulsar el talento ecuatoriano.

En esta línea, el cantautor señaló que este es un tema que se debe construir de manera consensuada. “Se debe llegar al acuerdo al que nunca pudimos llegar, recuperar la mística, un acuerdo desde el incentivo y no desde lo punitivo”, enfatizó.

También, resaltó la importancia que se debe dar a las obligaciones que tienen los medios de comunicación con los artistas nacionales por los temas que involucran los derechos de autor.

Por su parte, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, resaltó la importancia de seguir manteniendo espacios en donde el diálogo permanente y los acuerdos sean el eje central.

Finalmente, el Grupo Democrático y Juan Fernando Velasco acordaron seguir trabajando en acciones conjuntas para llegar al objetivo común: propiciar reformas profundas a la Ley de Comunicación y una mesa de diálogo de la directiva de SAYCE con los directivos de diferentes medios radiales.