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medios de comunicación

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Ecuador, 10 de septiembre 2020.- La coalición ECUADOR VERIFICA es una iniciativa inédita en el país que reúne a 15 medios de comunicación, 6 organizaciones de la sociedad civil y 7 universidades. Su objetivo, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, es combatir la desinformación, verificar la veracidad del discurso de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia y desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía decidir con base en información certera. 

Se trata de una propuesta colaborativa, en donde los aliados contribuyen desde distintos frentes a combatir la desinformación y a promover la alfabetización digital. Los contenidos que se produzcan desde esta Coalición estarán alojados en un portal web; además, se difundirán en redes sociales y en las diversas plataformas de sus miembros. Esta iniciativa emula otras que se han desarrollado en varios países, por ejemplo: Electionland, en Estados Unidos; CrossCheck, en Francia; Verificado, en México; Projeto Comprova, Brasil. 

El fenómeno de la desinformación tiene un efecto determinante en las agendas informativas y puede marcar el rumbo de un proceso electoral, erosionando la confianza en las instituciones democráticas, influyendo en la decisión de los votantes y desestabilizando el entorno político.

Como ya ha sucedido en procesos electorales anteriores, en el país existen candidatos dispuestos a basar sus discursos en premisas erróneas o a utilizar datos no corroborados para ganar simpatías, en contraste con electores potenciales sin herramientas para determinar qué tan acertada es la precisión de su mensaje. 

Ecuador Verifica cuenta con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional comprometidas con la lucha contra la desinformación como el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) que, en coordinación con organizaciones plurales y diversas, medios de comunicación y academia se unen para ofrecer herramientas que permitan diferenciar lo cierto de lo falso. Así, esta coalición contribuirá al desarrollo de un proceso transparente y determinante en democracia. 

Aliados

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AFP

Antena 7 Radio y Tv On Line

Criterios

Ecuavisa

El Universo

GK

Gráficos Nacionales (diarios EXPRESO y EXTRA)

La Barra Espaciadora

Medios Públicos del Ecuador

Plan V

Primicias

Radio Centro

UDLA Channel

Vistazo

Wambra Medio Digital Comunitario

ACADEMIA:

Universidad de las Américas (UDLA)

Universidad del Azuay

Universidad Católica de Guayaquil

Universidad Casa Grande 

Universidad de Los Hemisferios 

Universidad Internacional Del Ecuador(UIDE)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

SOCIEDAD CIVIL:

Chicas Poderosas Ecuador

Diálogo Diverso

Fundación CAJE

Fundamedios

Fundación Periodistas sin cadenas

Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)

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Ecuador, 6 de julio de 2020.- Cinco expertos fueron invitados a la VII mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, organizada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para los ponentes, el éxito del cuerpo legal que se diseña en Ecuador es contar con una autoridad rectora que sea independiente y autónoma. 

Frank La Rue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, participó de la reunión virtual el pasado 2 de julio. “Es importante entender la Ley como el ejercicio de derechos fundamentales, el de la protección de datos y la privacidad. La clave del éxito está en la elección de la autoridad que debe ser autónoma e independiente para tomar decisiones con libertad. Debe existir un presupuesto propio para funcionar e incluir campañas de concientización para que la población entienda la importancia de resguardar sus datos”, mencionó.  

El guatemalteco, experto en Derechos Humanos, está convencido de que más allá de la construcción de la Ley es necesario educar a la población sobre su importancia para que distinga entre lo público y privado. De acuerdo a su explicación, la ciudadanía entrega sus datos a grandes plataformas en Internet sin conocer el riesgo que se corre, especialmente las niñas y niños.

Bruno Gencarelli, de la Unidad Internacional de Fujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, afirmó que en la actualidad la privacidad es uno de los temas más importantes porque es inherente a la dignidad humana. En ese sentido, felicitó la iniciativa ecuatoriana de promover el debate sobre el proyecto de Ley y enfatizó en la necesidad de contar con una autoridad transparente. Desde su experiencia, esto garantiza gobernanza y la creación de un canal de comunicación para que la ciudadanía tenga plena confianza en la herramienta legal. “La Ley no debe estar solamente escrita, debe ser práctica”, sugirió. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), recalcó la importancia de aprobar esta legislación que sería inédita en el país. Asegura que, desde hace 20 años, se ha insistido en su creación y que hoy los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son los que más se acercan al reconocimiento de la violación a la intimidad y la revelación ilegal de bases de datos. 

Desde la Dinardap se han hecho seis denuncias sobre violación al derecho de protección de datos, pero tres se han archivado porque no existen elementos para analizarlos. A su criterio, esto da cuenta de la falta de desarrollo especializado de fiscales, policías y jueces, sumado a la carencia de legislación, como un riesgo para la protección.

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha discutido con representantes de la sociedad civil los 60 primeros artículos.

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La COVID-19 ha significado uno de los retos más grandes para el periodismo contemporáneo. Tres expertos coincidieron en que, aunque los medios se han visto golpeados debido a la falta de publicidad, reducción de ingresos y contagios, ahora es cuando deben reinventarse y tomar nuevos retos informativos desde la gerencia.

Rodrigo Bonilla, director para las Américas de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Eduardo Cué,  periodista independiente con experiencia en Europa, América y África; y Fernando Quijano, director del Diario La República de Colombia,  participaron en el foro Medios post COVID-19, coorganizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Fundamedios (FDM) y Voces del Sur (VDS). La moderación estuvo a cargo de César Ricaurte, director ejecutivo de FDM.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, dio la bienvenida y expresó su preocupación por el futuro de los medios desde varias aristas. Una de ellas fue la desinformación que, a su criterio, es tan nociva como la misma pandemia y pone en riesgo la democracia y la estabilidad de los países. Otra es la falta de protección que se da a los periodistas y los riesgos que deben enfrentar para realizar sus coberturas e informar a la ciudadanía. Por ello, está convencida que ahora es importante ampliar el debate.

“Estamos viviendo una crisis que ha golpeado muy fuerte al sector de los medios, cuyo papel es más crucial que nunca para proporcionar información precisa”, puntualizó.

En Latinoamérica, la realidad es compleja. El representante de la WAN-IFRA expuso que en Colombia, la pauta publicitaria cayó un 70%; en Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa; en Ecuador más del 50% de impresos reportó una caída en circulación; mientras que en México los despidos a periodistas se aceleran.

Fernando Quijano reconoce que la industria mediática sufrirá un cambio profundo después de la emergencia sanitaria. Sin embargo, está convencido de que pese a los despidos y al cierre de medios, “la información es el petróleo del futuro” y la gente no dejará de informarse.

Ambos coinciden en los medios deben buscar formas alternas para sobrevivir. Bonilla explica que en la Folha de Sao Paulo se trabaja con nuevos productos y estrategias de mercadeo. Se han producido artículos especializados sobre salud y otras secciones más blandas con consejos sobre qué hacer en la pandemia; además se realizan podcasts sobre la COVID-19 y se ha regalado seis meses de suscripción gratuita a los trabajadores de la salud. En La Voz de Galicia ahora realizan reuniones de pauta abiertas al público para que la gente conozca más a fondo lo que implica ser periodista.

“Lo importante es buscar información diferenciada. El mundo digital es infinito (…) Ahora se está acelerando el modelo de suscripción hacia modelos pago de forma digital. El New York Times creció más de 13% suscripciones digitales; El Mundo experimentó un aumento del 178% en suscripciones digitales y El País ya tiene 52 mil suscriptores digitales desde mayo”, explicó.

Quijano asegura que hay una trampa en creer que ahora todo debe volverse digital porque los medios, al no conseguir monetizar sus contenidos con éxito, terminan regalando contenidos a plataformas como FacebookInstagram y Apple News. Para el Director del periódico colombiano, la clave es buscar desde la alta gerencia un modelo de negocios sustentable con contenidos útiles y dar voces a quienes no la tienen.

Otro reto es que ahora no solo se debe pensar en cómo subsistir sino también en cuidar del personal. “El teletrabajo requiere inversiones, ¿quién paga por el uso del computador del periodista en su casa?, ¿quién paga por el consumo del teléfono?, ¿por qué nuestros periodistas tienen que invertir en consumo de Internet para generar contenidos? Son discusiones que también deben evaluarse como cambios a futuro”, manifestó.

El periodista Eduardo Cué se suma a la conversación, añadiendo que hoy en día el periodismo es sumamente necesario para las democracias, pero la profesión enfrenta una crisis económica sin precedentes”. Dijo que incluso la formación de periodistas va a cambiar, pues la mayoría de ellos no están preparados para cubrir eventos complejos. Menciona además que la falta de especialización de los periodistas en las redacciones para cubrir temas de salud, de ciencia y de medio ambiente en el contexto de la pandemia obligará también a replantear la formación académica que los futuros periodistas reciben en las universidades.

Para Cué, el periodismo es una de las profesiones más exigentes y poco valoradas socialmente. Una prueba de ello es que, en el marco de la emergencia, no se brindan las condiciones necesarias de seguridad para las coberturas; grupos de poder atacan a los reporteros y gobiernos autoritarios como los de Estados Unidos con Donald Trump; Jair Bolsonaro, en Brasil; y Nicolás Maduro, en Venezuela, coartan la libertad  de expresión y han usado la pandemia como un pretexto para acusar a los periodistas de desinformar.

Finalmente, para los expertos, la prensa local y comunitaria tiene un mayor riesgo de desaparecer con la COVID-19. Si bien antes de la emergencia sanitaria venía tambaleándose en países como EE.UU., en donde han muerto 1500 periódicos locales por la concentración de la información en las ciudades más grandes, ahora se enfrentan a un panorama aún más complejo.

Por ello, mencionan que su fortaleza está en conectarse de nuevo con la audiencia y retomar la información in situ, aquella que le interesa a las personas de la localidad y no replicar noticias internacionales que no tendrán impacto.

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Fundamedios participó en la tercera mesa técnica de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. El objetivo es tratar los artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos

En representación de la organización nuevamente participó Frank LaRue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios. 

LaRue aportó para afinar conceptos dentro de los cinco primeros artículos que habían sido revisados el pasado 29 de mayo en una primera reunión. Este jueves, el nudo crítico fue determinar si el primer artículo, sobre el objeto de la norma, debe mencionar solamente el propósito de la protección de datos personales o abarcar derechos digitales y la autodeterminación informativa. 

Para el Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios lo trascendental es enfocarse únicamente en la protección de la información. La meta es evitar confusiones y abarcar conceptos que después no podrán ser definidos ni explicados adecuadamente en el cuerpo legal.

Otros representantes de la sociedad civil que participaron en la discusión concordaron con esta postura; sin embargo, no se llegó a un consenso. Pablo Solines, experto en propiedad intelectual y tecnología, acotó que, si se incluyen los derechos digitales y la autodeterminación informativa, implicaría hablar de Internet, educación digital y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Para el abogado, Ecuador en este momento no cuenta ni siquiera con una Ley de la Sociedad de la Información.

Quienes intervinieron también se refirieron a la finalidad de la Ley y su aplicación en el ámbito territorial. Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), propuso depurar algunos conceptos y sugirió incluir los datos relacionados a la salud física y mental para ser manejados con cautela, además, el concepto de autoridad de control. 

Precisamente, el exRelator celebró que se incluya este concepto porque garantiza que se cumpla con el derecho de protección a los datos personales. “Me parece que la definición de la autoridad de la protección de datos es la  verdadera garantía y depende de la independencia que esa autoridad tenga, pues va a ser el principal instrumento para la protección de datos”, sostuvo. 

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019.

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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.

De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.

Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.

Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.

“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.

La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.

La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.

Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.

La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.

Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.

La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.

Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.

 

 

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Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de  actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.

Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.

En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo  se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo.  Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.

Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

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Reflexionar sobre la participación de la mujer en los medios de comunicación desde una perspectiva de género. Ese fue el objetivo del foro ‘Mujeres en los medios de comunicación’, coorganizado por FUNDAMEDIOS, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); desarrollado la tarde de este 4 de marzo.  

En el diálogo participaron: Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS y Ecuador Chequea; María Isabel Cevallos, periodista y consultora en Comunicación Política y de Crisis; y Ana Gabriela Dávila, periodista y catedrática de la Escuela de Comunicación de la PUCE.

La periodista Desirée Yépez dio un recuento en cifras de la situación laboral de las mujeres en los medios de comunicación. “En las redacciones existe supremacía de hombres. Y, además, son muy pocas las mujeres que ocupan cargos directivos en medios de comunicación”, indicó. También recalcó la importancia de los nuevos espacios digitales que surgen como alternativas al hermetismo de los tradicionales.

María Isabel Cevallos enfatizó en los retos que enfrentan las mujeres en los medios. Para la comunicadora, el rol de la mujer ha evolucionado. Ha pasado de posiciones secundarias que valoran la estética femenina al protagonismo en espacios de opinión en que se puede evaluar su criterio. Expresó que todavía existen retos. Por ejemplo, los medios ecuatorianos deben pasar de los «rostros bellos» que dan las noticias a una verdadera irrupción de la mujer en el periodismo.

La profesora Ana Gabriela Dávila analizó, usando un trabajo académico en desarrollo, los vínculos que existen entre la maternidad y la tarea de las mujeres empleadas en medios de comunicación. En su ponencia usó el concepto de maternidad como una construcción social. Es decir, un cúmulo de experiencias normadas por el sistema dominante. La experta acotó que las empresas mediáticas tienen una normativa regulada por el Código del Trabajo que da a las periodistas 85 días de licencia; lo que es difícil que se cumpla por la dinámica periodística. Las periodistas tienen menos tiempo para pasar con sus hijos o, en muchos casos, son limitantes para vencer el techo de cristal laboral y adquirir cargos gerenciales.

El encuentro, abierto a la comunidad, sirvió como un espacio de reflexión del rol de la mujer en el mundo periodístico, de cómo se las percibe en el espectro público y el papel que los roles de género históricamente aceptados juegan como limitantes para un mayor protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación.

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La posición del Gobierno frente a la corrupción del régimen anterior, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la evaluación de instituciones y los cambios propuestos en la consulta popular 2018 son algunos de los temas de la coyuntura política que sobresalieron durante 2018 en las páginas de opinión de los medios: El Universo, El Comercio, El Telégrafo y 4 Pelagatos.

Un estudio del Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de FUNDAMEDIOS, refleja que la política es la temática que acapara los editoriales y columnas de opinión, al obtener el 34% de 1593 artículos analizados. Esto, en mitad de un proceso de transición impulsado por Lenín Moreno, desde hace 18 meses.

Respecto a la valoración de dichos artículos de opinión en referencia a la gestión del Gobierno, el 48% de columnas y editoriales monitoreados revela una posición neutra. Un 30% de la opinión es negativa, respecto a episodios políticos específicos o por estrategias que se consideran insuficientes para abandonar el correísmo. El 22% mantiene una tendencia positiva y destacan la política de Moreno, así como los cambios de índole económica y judicial propuestos.

El informe sobre qué dice la opinión pública en 2018 está compuesto por datos recogidos y analizados de forma aleatoria, correspondientes a dos semanas por cada mes desde enero hasta noviembre de 2018. Los parámetros se centraron en tres indicadores:

  • Temas: de qué hablaron los articulistas durante 2018
  • Género: cuántos artículos fueron escritos por hombres y por mujeres; de qué hablan ellos, de qué hablan ellas
  • Valoración: las opiniones en torno a la gestión del Gobierno fueron positivas, negativas o neutras.

Aquí el informe completo

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Este 31 de octubre se desarrolló el segundo de una serie de encuentros con medios para aportar al debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional reúne a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este miércoles, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios públicos tomaron la palabra.

“En este espacio, sociedad civil, Estado, periodistas y academia podemos conversar, discrepar y enriquecer el debate”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, al dar la bienvenida al encuentro. Y añadió que en las reformas a la LOC referenciales a los medios públicos hay aspectos que deben mejorar para cumplir con los estándares internacionales de independencia, autonomía, pluralidad y transparencia. Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom, destacó que a través de este diálogo es posible conocer las inquietudes, criterios y aportar en la construcción de una ley que represente realmente a los periodistas y a los ciudadanos.

La asambleísta Jeannine Cruz participó como ponente en el encuentro. La Legisladora que integra la Comisión de Derechos Colectivos apuntó como una reforma positiva al cuerpo legal el establecimiento de los objetivos de los medios públicos, hecho que limita la discrecionalidad en su uso. Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), acotó que la Unesco insta a que los Estados creen estatutos claros que definan naturaleza y objetivo de esos medios. “No son de propiedad gubernamental”, enfatizó.

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, intervino en el debate. El funcionario defiende que se construya una Ley de Comunicación que se sostenga en la promoción y desarrollo de este derecho. “Hay que mirar con sinceridad a medios y periodistas para mejorar la calidad de la comunicación”, dijo.

Finalmente, Cruz se comprometió a presentar en los próximos meses una Ley de Medios Públicos. “Hay que dialogar con las organizaciones sociales, gremios, Fundamedios para garantizar que los medios públicos defiendan los derechos ciudadanos”, aseguró.

Próximamente este espacio de diálogo convocará también a medios comunitarios. Este ejercicio colectivo se replicará en otras ciudades del país.