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Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.

De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.

Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.

Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.

“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.

La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.

La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.

Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.

La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.

Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.

La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.

Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.

 

 

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Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de  actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.

Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.

En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo  se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo.  Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.

Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

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Reflexionar sobre la participación de la mujer en los medios de comunicación desde una perspectiva de género. Ese fue el objetivo del foro ‘Mujeres en los medios de comunicación’, coorganizado por FUNDAMEDIOS, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); desarrollado la tarde de este 4 de marzo.  

En el diálogo participaron: Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS y Ecuador Chequea; María Isabel Cevallos, periodista y consultora en Comunicación Política y de Crisis; y Ana Gabriela Dávila, periodista y catedrática de la Escuela de Comunicación de la PUCE.

La periodista Desirée Yépez dio un recuento en cifras de la situación laboral de las mujeres en los medios de comunicación. “En las redacciones existe supremacía de hombres. Y, además, son muy pocas las mujeres que ocupan cargos directivos en medios de comunicación”, indicó. También recalcó la importancia de los nuevos espacios digitales que surgen como alternativas al hermetismo de los tradicionales.

María Isabel Cevallos enfatizó en los retos que enfrentan las mujeres en los medios. Para la comunicadora, el rol de la mujer ha evolucionado. Ha pasado de posiciones secundarias que valoran la estética femenina al protagonismo en espacios de opinión en que se puede evaluar su criterio. Expresó que todavía existen retos. Por ejemplo, los medios ecuatorianos deben pasar de los «rostros bellos» que dan las noticias a una verdadera irrupción de la mujer en el periodismo.

La profesora Ana Gabriela Dávila analizó, usando un trabajo académico en desarrollo, los vínculos que existen entre la maternidad y la tarea de las mujeres empleadas en medios de comunicación. En su ponencia usó el concepto de maternidad como una construcción social. Es decir, un cúmulo de experiencias normadas por el sistema dominante. La experta acotó que las empresas mediáticas tienen una normativa regulada por el Código del Trabajo que da a las periodistas 85 días de licencia; lo que es difícil que se cumpla por la dinámica periodística. Las periodistas tienen menos tiempo para pasar con sus hijos o, en muchos casos, son limitantes para vencer el techo de cristal laboral y adquirir cargos gerenciales.

El encuentro, abierto a la comunidad, sirvió como un espacio de reflexión del rol de la mujer en el mundo periodístico, de cómo se las percibe en el espectro público y el papel que los roles de género históricamente aceptados juegan como limitantes para un mayor protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación.

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La posición del Gobierno frente a la corrupción del régimen anterior, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la evaluación de instituciones y los cambios propuestos en la consulta popular 2018 son algunos de los temas de la coyuntura política que sobresalieron durante 2018 en las páginas de opinión de los medios: El Universo, El Comercio, El Telégrafo y 4 Pelagatos.

Un estudio del Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de FUNDAMEDIOS, refleja que la política es la temática que acapara los editoriales y columnas de opinión, al obtener el 34% de 1593 artículos analizados. Esto, en mitad de un proceso de transición impulsado por Lenín Moreno, desde hace 18 meses.

Respecto a la valoración de dichos artículos de opinión en referencia a la gestión del Gobierno, el 48% de columnas y editoriales monitoreados revela una posición neutra. Un 30% de la opinión es negativa, respecto a episodios políticos específicos o por estrategias que se consideran insuficientes para abandonar el correísmo. El 22% mantiene una tendencia positiva y destacan la política de Moreno, así como los cambios de índole económica y judicial propuestos.

El informe sobre qué dice la opinión pública en 2018 está compuesto por datos recogidos y analizados de forma aleatoria, correspondientes a dos semanas por cada mes desde enero hasta noviembre de 2018. Los parámetros se centraron en tres indicadores:

  • Temas: de qué hablaron los articulistas durante 2018
  • Género: cuántos artículos fueron escritos por hombres y por mujeres; de qué hablan ellos, de qué hablan ellas
  • Valoración: las opiniones en torno a la gestión del Gobierno fueron positivas, negativas o neutras.

Aquí el informe completo

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Este 31 de octubre se desarrolló el segundo de una serie de encuentros con medios para aportar al debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional reúne a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este miércoles, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios públicos tomaron la palabra.

“En este espacio, sociedad civil, Estado, periodistas y academia podemos conversar, discrepar y enriquecer el debate”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, al dar la bienvenida al encuentro. Y añadió que en las reformas a la LOC referenciales a los medios públicos hay aspectos que deben mejorar para cumplir con los estándares internacionales de independencia, autonomía, pluralidad y transparencia. Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom, destacó que a través de este diálogo es posible conocer las inquietudes, criterios y aportar en la construcción de una ley que represente realmente a los periodistas y a los ciudadanos.

La asambleísta Jeannine Cruz participó como ponente en el encuentro. La Legisladora que integra la Comisión de Derechos Colectivos apuntó como una reforma positiva al cuerpo legal el establecimiento de los objetivos de los medios públicos, hecho que limita la discrecionalidad en su uso. Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), acotó que la Unesco insta a que los Estados creen estatutos claros que definan naturaleza y objetivo de esos medios. “No son de propiedad gubernamental”, enfatizó.

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, intervino en el debate. El funcionario defiende que se construya una Ley de Comunicación que se sostenga en la promoción y desarrollo de este derecho. “Hay que mirar con sinceridad a medios y periodistas para mejorar la calidad de la comunicación”, dijo.

Finalmente, Cruz se comprometió a presentar en los próximos meses una Ley de Medios Públicos. “Hay que dialogar con las organizaciones sociales, gremios, Fundamedios para garantizar que los medios públicos defiendan los derechos ciudadanos”, aseguró.

Próximamente este espacio de diálogo convocará también a medios comunitarios. Este ejercicio colectivo se replicará en otras ciudades del país.

Este 23 de octubre se inició un ciclo de encuentros con medios de comunicación para aportar en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional integra a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este martes, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios privados tomaron la palabra.

“Es sumamente importante que los periodistas, los principales perjudicados por el ejercicio arbitrario de la LOC, sean los protagonistas de las reformas que buscan construir una ley que garantice la libertad de expresión”, enfatizó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En ese sentido, Danilo Sylva, presidente del Cordicom, mencionó que el reto consiste en trabajar para que las modificaciones se ajusten a los estándares internacionales.

Vladimir Andocilla, asesor de la asambleísta Jeannine Cruz; Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y Carlos Rojas, periodista de Ecuavisa, abordaron aspectos de la LOC que afectan a los medios privados, los indicadores de los estándares internacionales y la labor periodística a partir de las reformas.

Periodistas como Miguel Rivadeneira, Guadalupe Fierro, Jean Cano, Fabricio Vela, Martha Roldós aportaron el tema con sus puntos de vista. La profesionalización del ejercicio periodístico, regulación, normas deontológicas y manejo de contenidos fueron algunos de los temas que se analizaron.

El objetivo de esta serie de reuniones, que se realizará también en otras ciudades, es sistematizar los aportes de los implicados en la reforma de la Ley para crear un insumo que sirva de guía y contribuya a la discusión que en los próximos días se retomará en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, previo al segundo debate del proyecto. Para enriquecer el proceso, este 31 de octubre y 7 de noviembre se replicará este ejercicio junto a representantes de medios públicos y comunitarios, respectivamente.

Con la premisa de construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos y una Ley de Comunicación profundamente reformada que garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, representantes del Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación (LOC) mantuvieron un diálogo, el pasado 6 de marzo, con Juan Fernando Velasco, cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE).

Velasco mencionó que antes de que aparezca la figura del 1×1, estipulada en el artículo 108 de la Ley de Comunicación, que menciona que la música producida en el Ecuador representará el 50% de los contenidos radiales, los medios sí tenían una deuda pendiente con los contenidos nacionales.

Según el presidente de SAYCE, el sentido de este artículo de la Ley no debía significar una imposición a las radios, sino impulsar el talento ecuatoriano.

En esta línea, el cantautor señaló que este es un tema que se debe construir de manera consensuada. “Se debe llegar al acuerdo al que nunca pudimos llegar, recuperar la mística, un acuerdo desde el incentivo y no desde lo punitivo”, enfatizó.

También, resaltó la importancia que se debe dar a las obligaciones que tienen los medios de comunicación con los artistas nacionales por los temas que involucran los derechos de autor.

Por su parte, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, resaltó la importancia de seguir manteniendo espacios en donde el diálogo permanente y los acuerdos sean el eje central.

Finalmente, el Grupo Democrático y Juan Fernando Velasco acordaron seguir trabajando en acciones conjuntas para llegar al objetivo común: propiciar reformas profundas a la Ley de Comunicación y una mesa de diálogo de la directiva de SAYCE con los directivos de diferentes medios radiales.

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Se monitoreo 6 medios nacionales y un total de 2 272 minutos de espacios informativos de radio y TV y apenas para examinar, debatir y tratar los temas de la consulta se dedicó 375 minutos. En otras palabras, apenas el 16,5 % de todo el tiempo de informativos y entrevistas se utilizó para hablar de la Consulta Popular. Un inicio de campaña frío y distante desde lo mediático.

El Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de Fundamedios, monitoreo, desde el 03 al 11 de enero de 2018, 10 medios de comunicación entre privados y públicos, en los cuales contabilizó 46 espacios de opinión que favorecen al Sí en las preguntas de la Consulta popular frente a 17 neutros y 7 correspondientes al No, de una muestra de 67. Los medios que se analizaron en este estudio fueron: tres canales de televisión (Ecuavisa, Teleamazonas Gamavisión-EcuadorTV), cuatro medios de prensa (El Universo, El Comercio, El Telégrafo y El Tiempo de Cuenca) y tres radios (Quito, Democracia y Visión). Es decir, se seleccionaron medios privados y medios en manos del Estado.

El análisis determinó que durante los primeros nueve días de campaña, seis medios de comunicación (radio y televisión) dedicaron tan solo 6 horas y 23 minutos a debatir sobre la Consulta popular. Esto debido a que los medios se concentraron más en temas económicos, como la veeduría a la deuda pública, propuesta por la Contraloría General del Estado.

Cabe destacar que de las siete preguntas, propuestas por el Ejecutivo para este referéndum, de la que más se habló corresponde a la pregunta 3 sobre el cambio de quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana con el 52% (en 17 espacios de opinión). En esos 17 espacios hubo una tendencia del 59% al Sí, del 24% al neutro y del 18% al No.

En segundo lugar se debatió sobre la pregunta 2, referente a no permitir la reelección indefinida con un 21% (en siete espacios de opinión). En tales espacios se comprobó una tendencia al Sí del 71% y al neutro y no del 14% respectivamente. Le siguió la pregunta 4, que propone que no prescriban los delitos sexuales contra los niños con el 12%. Esta muestra registró una tendencia total al Sí.

Las siete preguntas fueron analizadas en su conjunto en un 13% de la muestra de 67 espacios de opinión, mientras en un 12% se habló únicamente de la organización del referéndum, que está previsto para el 04 de febrero.

Otro punto importante registra de quién se habló en los medios de comunicación analizados. El presidente Lenín Moreno y la recientemente designada Vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, fueron quienes obtuvieron mayor espacio al alcanzar el 49% de la muestra.

El concepto ciudadanía ocupó el segundo lugar de la lista, con una diferencia significativa, con 14% de menciones. Mientras el tercer lugar fue para el expresidente Rafael Correa con el 13%. En gran parte del discurso de los entrevistados se resaltaba al exmandatario como el causante de los problemas del país, por lo cual se llamaba a votar sí, como expresión de rechazo a su gestión.

Examinado medio por medio, se puede ver que hay posicionamientos muy acentuados y mayoritarios por el Sí o por el No. En los polos están Teleamazonas con un 100% de espacios por el Sí y el diario El Tiempo de Cuenca (medio en manos del Estado) con el 100% de los espacios por el No (Ver el cuadro adjunto).

De acuerdo a los géneros periodísticos, en los 67 espacios de opinión se encontraron: 33 entrevistas, 32 columnas de opinión y dos editoriales, en los cuales se analizaron varias aristas de la Consulta Popular.

El objetivo de esta investigación es aportar con datos para el debate sobre el tratamiento de los contenidos de los medios de comunicación públicos y privados acerca de un nuevo proceso electoral, en medio de una época de transición al diálogo y la democracia.

 

 

 

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