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Nos faltan 3

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Ecuador, 01 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, se reunió ayer con el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Vejar, y con el fiscal encargado del caso, Nelson Guano. 

En esta reunión se analizó el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE a la Fiscalía, así como las acciones realizadas por esta Institución en cuanto a las investigaciones pertinentes del caso, considerando que el tiempo legal establecido en el Código Orgánico Integral Penal para la fase de investigación previa ha concluido y que hasta la fecha no se han obtenido resultados por parte de esta Institución. 

César Ricaurte y Lidia Rueda, representantes de la Veeduría Ciudadana, señalaron la importancia de avanzar con las investigaciones de acuerdo a las recomendaciones específicas establecidas por el órgano de la CIDH, con la finalidad de que este caso no quede en la impunidad. 

Los representantes de la Fiscalía General del Estado señalaron, sin entrar en detalles por la reserva en que se encuentran las investigaciones, que una de las razones principales para la falta de avances ha sido la falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado que manejan información necesaria para realizar las investigaciones correspondientes, mismas que han clasificado dicha información como reservada, pese a tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos, lo cual es contrario a la Constitución de la República.  

Asimismo, el fiscal Nelson Guano señaló que desde que avocó conocimiento del caso en julio del presente año, se han realizado distintas insistencias a dichas instituciones sin resultados. En este caso, reiteraron el compromiso por parte de la Fiscalía de avanzar con las investigaciones correspondientes por el tiempo que sea necesario. 

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. En Guayaquil se realizó la representación del Documental Nos Faltan 3 que relata los principales momentos del secuestro y asesinado del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera colombo ecuatoriana. 

Gabriela Loja, una de las autoras del documental, dijo que se trata de una recopilación histórica de hechos narrados en forma cronológica del asesinato de Javier, Paúl y Efrain y que el objetivo es mantener latente la memoria. 

¿Cómo nace el documental, las motivaciones y cómo fue el acceso a la información? fue la pregunta que realizó Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para impulsar el conversatorio. 

Luego del documental, Gabriela Loja aseguró que escogieron este tema por el impacto que tuvo cuando cursaba el último año de la carrera de comunicación pues nos cuestionamos ¿qué hubiera pasado si nos pasaba a nosotras? Otro tema que les motivo es la desinformación que hubo alrededor del caso y la poca acción por parte de las actividades. 

Sobre el escaso acceso a la información por parte de las autoridades y directivos de Diario El Comercio las autoras del documental sostienen que hasta el final no pudieron obtener respuestas y recurrieron a los testimonios de familiares, colegas y amigos. 

Diego Cazar, de La Barra Espaciadora, dijo que celebra el ejercicio de memoria del Documental que marcó un antes y un después en la libertad de expresión en Ecuador pues significó la amenaza de esta libertad contra toda una sociedad.  Como sociedad debemos recordar que preservar la seguridad del ejercicio periodístico protege los derechos de toda una sociedad y que está viva en democracia.  

Cazar recordó que el Estado Ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y destacó la indolencia de las autoridades del Ecuador que no han desclasificado los documentos del caso y no han cumplido su palabra.

Loja aseguró que se mantiene en una vigilia informativa para que el caso de Nos Faltan 3 no queden en el olvido y que es necesario contribuir a la memoria histórica y que si luego de tres años se los sigue recordando “lo están cumpliendo”. 

Sobre las coberturas de riesgo en zonas fronterizas y la ausencia del Estado en estos espacios, Cazar dijo que dentro del cordón fronterizo norte, la provincia de Esmeraldas en donde se concentran focos de pobreza y está afectada por monocultivos, minería ilegal y narcotráfico se genera un ambiente adverso para el ejercicio periodístico. 

Esta es la segunda ocasión en la que el documental Nos Faltan 3 se proyecta en Ecuador, la primera vez fue en Quito y está prevista otras proyecciones en otras ciudades del país. 

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. La tarde de este viernes 27 de noviembre la Veeduría Ciudadana sobre el Caso #NoFaltan3 conformada por FUNDAMEDIOS, la Fundación Nos Faltan 3, ASFADEC, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, e INREDH, se reunió con la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, con la finalidad de plantear posibles acciones que puede realizar el Consejo de Participación Ciudadana en este caso. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, señaló que esta Veeduría se conformó para dar seguimiento al caso a través de la constatación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, respecto al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, caso que ocurrió hace 2 años y 9 meses exactamente, y que conmocionó al país. 

Ricaurte señaló que es lamentable que a un año de haber sido emitidas las recomendaciones del ESE, no se vean avances en las investigaciones del Caso.  por lo que la finalidad de esta Veeduría Ciudadana es la vigilancia de la forma más técnica posible a este cumplimiento. Así mismo, manifestó que la Veeduría nace como iniciativa de la ciudadanía y en el marco del ejercicio de los Derechos fundamentales a la asociación y a la participación por lo que sería importante conocer las acciones de acompañamiento que puede realizar el Consejo en este caso. 

Diego Cazar, representante de Periodistas Sin Cadenas señaló que el momento de la conformación de la Veeduría es crucial, debido al cambio de gobierno que vendrá el próximo año, lo cual podría imposibilitar alcanzar avances en el proceso, por lo que es necesaria la exigencia de celeridad en este proceso de violación de Derechos Humanos. 

Cazar también señaló las ocasiones en las que las distintas autoridades se han comprometido a realizar acciones que permitan esclarecer los hechos respecto a este caso, incluyendo las siete veces que el Presidente de la República ofreció desclasificar la información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sin tener resultados favorables al respecto, por lo que el caso sigue en la impunidad. 

La Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida reconoció la legitimidad de la Veeduría Ciudadana señalando que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el derecho a la participación ciudadana y control social, por lo que se comprometía a generar acciones que acompañen a la Veeduría en este proceso.

La Presidenta también señaló que es primordial que tanto el Pleno del Consejo como la ciudadanía escuche los hechos que se han venido desarrollando respecto al caso, la inacción por parte de las distintas instituciones y las acciones realizadas por la Veeduría, por lo que se comprometió a convocar en las próximas semanas a la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente reiteró el compromiso del Consejo de generar las acciones que sean necesarias para avanzar en el Caso. 

Esta Veeduría agradece el compromiso manifestado por parte de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y se encuentra atenta a las próximas acciones que sean realizadas por este organismo que constitutiye parte del Cuarto Poder del Estado. Asimismo, señalamos que seguiremos dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a la solicitud de acciones realizadas en torno al Caso #NosFaltan3. 

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Ecuador, 12 de noviembre del 2020. La Sala del Cine Ocho y Medio en Quito fue el lugar escogido para la proyección del documental y posterior Conversatorio del caso “Nos Faltan 3”: una recopilación histórica y descriptiva del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de Diario El Comercio, ocurridos en los meses de marzo y abril del 2018 en la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia.

Recuerda cómo el equipo periodístico salió a realizar su trabajo y fue secuestrado por el grupo de disidentes conocido como Frente Oliver Sinisterra. Durante tres semanas se activaron grupos de búsqueda y de negociación desde el Gobierno Nacional, con el objetivo de recuperar a los secuestrados, pero el viernes 13 de abril, el Presidente de la República confirmó que los tres integrantes de Diario El Comercio habían sido asesinados.

El documental de 1 hora con 13 minutos realiza un barrido histórico de estos acontecimientos, recoge testimonios potentes de amigos y familiares que insisten en que el Estado y el mal manejo del caso fueron los responsables de la muerte de Javier, Paul y de Efraín y revela los nudos críticos del caso.

Luego de la película se realizó un conversatorio que fue moderado por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte y contó con la participación de Gabriela Loja y Marisol Pesantez, autoras del video, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas y de Luis Saavedra de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos.

Ricaurte aseguró que Javier Ortega era uno de los periodistas que mejor conocía la situación de inseguridad en esta zona y había advertido a través de reportajes las operaciones irregulares. Recordó que existen una serie de interrogantes que están planteadas en el documental y se refieren al papel del Estado y la inacción de las autoridades frente al secuestro.

“Lamentablemente lo que tenemos es una situación de impunidad, en Colombia se acaban de liberar a varios de los responsables y en el Ecuador no se ha avanzado nada en las investigaciones. Tenemos una situación de indolencia e impunidad que reflejan muchos casos en los cuales las autoridades se convierten en cómplices silenciosos de las violaciones de Derechos Humanos”, dijo Ricaurte.  

La primera pregunta del foro fue para las autoras a quienes se les preguntó por qué decidieron contar el caso a través de un documental.  Gabriela Loja contó que durante su último año de carrera en Periodismo le impactó el caso pues se cuestionó incluso si deseaba realizar periodismo, por lo que decidió , junto a Marisol Pesantez, investigar. “Que tres colegas han estado secuestrados y no saber lo que pasaba fue la razón principal por la que quisimos el tema”, explicó.

Para Marisol Pesantez este tipo de historias contribuyen para que la memoria histórica no se pierda y opina que se debe seguir investigando para que se conozca la verdad y para que se conozca la historia humana y los rostros que existen detrás de los periodistas.

Rivas se cuestionó: ¿Vale la pena seguir en la lucha? ¿Hasta qué punto es factible el desgaste familiar, económico, emocional? Respondió que sí vale la pena seguir luchando y ratificó que por parte del Gobierno han existido mentiras sistemáticas y que se han aprovechado del dolor de las familias: “Vivir esto es lo que te da más fuerza, es el motor es lo que te impulsa (..) Quisiera tenerle al presidente Moreno en la Casa y hacerle ver el ritual que hace mi madre día a día por su hijo a ver si eso no le cambia la perspectiva de buscar una verdad”. 

También Rivas aprovechó para criticar la lentitud del sistema de Justicia y ratificó que las familias están unidas para exigir justicia y evitar la impunidad por la negligencia de jueces y fiscales.

Ricaurte criticó la inacción de las autoridades pues recordó que con el proceso de Paz en Colombia las disidencias iban actuar en esa zona fronteriza y que ya se tenía nociones de que los carteles del narcotráfico habían tomado zonas de Tumaco que se habían convertido en las mayores plantaciones de hojas de coca.

Para analizar la situación de la frontera intervino Luis Saavedra quien sostuvo que en este tipo de casos están involucrados temas políticos y geopolíticos  y que como organización su postura desde un inicio  fue que se negocie a través de la Cruz Roja, pues sabían, que la única posibilidad de que los periodistas regresen con vida era negociando y adicionalmente no se intente operativos militares para un rescate. “El Gobierno actuó con prepotencia, con total desconocimiento de la situación de la zona y con total torpeza, pues no se entendía la ruta que querían tomar”, indicó 

Al finalizar hubo la intervención de los asistentes que giró en torno a la facilidad en el acceso a la información, así como las responsabilidades de las empresas periodísticas en el cuidado de sus trabajadores y los protocolos de seguridad para coberturas de riesgo. 

 

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Ecuador, 11 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana que se conformó por el caso Nos Faltan 3 envió nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer su creación y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó, el 11 de mayo del 2018, un equipo de seguimiento para el caso del asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana en abril, tras recibir una solicitud del Estado ecuatoriano y de los representantes de las familias de las víctimas con respecto a la investigación del equipo periodístico de Diario El Comercio.

Este equipo emitió una serie de recomendaciones para los diversos organismos del Estado que incluyen a las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  

Así, las cartas de la Veeduría fueron enviadas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional. En cada una de ellas se recogen las recomendaciones específicas dirigidas a la institución y sobre las cuales se realizará el respectivo seguimiento. 

Carta Presidencia

Carta a la Asamblea Nacional

Carta Ministerio de Gobierno

Carta a Ministerio de Defensa

Carta Consejo de la Judicatura

Carta CPCCS

Carta Defensoría del Pueblo

Carta Fiscalía

Carta Comité de Protección

Esta Veeduría Ciudadana está conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC. 

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Ecuador, 29 de septiembre. FUNDAMEDIOS, junto con los familiares de las víctimas del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico El Comercio; y los representantes de la Fundación “Nos Faltan 3”, Periodistas sin Cadenas, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos  (INREDH) y la  Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) se reunieron el pasado viernes, 25 de septiembre de 2020, para conformar la Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3 que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la convocatoria realizada por FUNDAMEDIOS, el director ejecutivo de esta organización, César Ricaurte, señaló que el trabajo de la Veeduría consistirá en un proceso técnico, en el que no sólo se monitoreará el cumplimiento de dichas recomendaciones, sino también se trabajará en la incidencia necesaria para que el caso Javier, Paúl y Efraín no quede en la impunidad. Esto sin perjuicio de la decisión de las familias de promover una denuncia internacional ante la inoperancia de ambos estados y particularmente de sus fiscalías.

Asimismo, se enfatizó que este es un proceso abierto al que otras organizaciones podrán sumarse con el fin de articular esfuerzos y lograr que las investigaciones respecto a este caso avancen con el fin de esclarecer los hechos y que desde las distintas instituciones del aparataje estatal se establezcan las debidas garantías de no repetición y protección necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer sus funciones con la debida seguridad.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, ratificó que las investigaciones del caso están varadas tanto en la Fiscalía de Ecuador como de Colombia.

En Ecuador, durante dos años, el caso ha pasado por las manos de tres fiscales: Wilson Toainga, Belén Corredores y Hugo Guano, el último emitió su primer impulso el 21 de julio, oficializándose de esta forma el cambio de fiscal, sin embargo, hasta el momento no se ha notificado a los familiares. A esto se suma que la etapa de indagación previa, que debería durar dos años, se ha extendido y tampoco se ha oficializado.  Rivas advirtió que esta inactividad abre una puerta para estructurar demandas a nivel internacional.  A más de esto, desde marzo los familiares de los periodistas han solicitado reuniones con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sin tener respuesta.

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La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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El 18 de junio de 2020 se cumplieron dos años de la etapa de indagación previa que inició la Fiscalía General (FGE) en el caso del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018, en Mataje (Esmeraldas). Hasta la fecha, no se han formulado cargos en contra de ningún individuo. Además, el pasado 30 de junio, se notificó que Nelson Guano será el nuevo fiscal a cargo en reemplazo de Belén Corredores, quien dirigió la investigación desde 2019.

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la etapa de indagación previa la Fiscalía debería construir una teoría del caso, reunir los elementos necesarios y decidir si formula cargos contra los procesados (en el caso de existir). Sin embargo, la institución solicitó a un juez la extensión del plazo de investigación y se concedió. Así lo confirmó a Fundamedios, Javier Andrade, docente y jurista de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que forma parte de la defensa de la familia de las víctimas. 

Sobre el cambio de fiscal, Andrade cuestiona la medida que causaría tres efectos directos. El primero es un retraso en la investigación, pues se deberá revisar los avances compilados en 60 cuerpos procesales para conocer el manejo de su antecesor y la línea que llevó. 

Como segundo punto está la falta de experiencia de Guano, pues al ser un fiscal de soluciones rápidas, que regularmente atiende otro tipo de investigaciones que no involucran la responsabilidad del Estado. 

Finalmente, a Andrade le preocupa la continuidad de las diligencias pendientes solicitadas a Belén Corredores. “Todo esto retrasa más nuestra investigación y angustia a las familias de las víctimas”, indica. 

Yadira Aguagallo, vocera del colectivo Nos Faltan 3, concordó con Andrade y añadió que es una puerta a la impunidad.“Me parece contradictorio ampliar el plazo para la investigación, pero sacarle el caso en manos de la fiscal Corredores donde de algún modo estaba teniendo avances”, señaló. 

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe al Estado ecuatoriano y concluyó que hubo descoordinación de las autoridades entre Ecuador y Colombia para garantizar la protección y el rescate de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Además, advirtió recomendó a ambos Estados una “desclasificación real” de la información y la creación de una Comisión Especial independiente que garantice una investigación sostenida. 

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición.