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Nos faltan 3

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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.

 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Publicerat av Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Torsdag 12 december 2019

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

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Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

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Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. «La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación», dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.

 

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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El caso de secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio pasará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. Belén Corredores será la nueva agente encargada del caso, en reemplazo de Wilson Toainga.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, comentó a FUNDAMEDIOS que la decisión es alentadora porque el caso debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos. “Esta comisión tendrá el enfoque de establecer responsabilidad de agentes estatales, ya sea por acción y omisión y este ha sido uno de las exigencias que hemos presentado en este caso que lleva abierto 1 año y 3 meses”, mencionó.

Aguagallo, quien considera que con el cambio de fiscal se pueden encontrar nuevos “enfoques de investigación”, argumentó que sería muy importante que también se recojan las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está próximo a entregarse.

En una entrevista vía telefónica con FUNDAMEDIOS, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, mencionó que en julio solicitarán una cita a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para expresarle sus preocupaciones respecto a la investigación que se ha realizado hasta el momento sobre el secuestro y asesinato de los periodistas en la frontera norte a manos del frente Oliver Sinisterra.

A esta Comisión también pasó el expediente relacionado con la desaparición y muerte del soldado Wilson Ilaquiche y el caso de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katy Velasco, también asesinados.

 

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La mañana del 26 de marzo, familiares y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte de Ecuador ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza Grande, en el Centro de Quito. En el lugar los asistentes conmemoraron el primer aniversario del suceso y exigieron al Gobierno de Lenín Moreno respuestas concretas en torno a la muerte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Frente al Palacio de Carondelet, Yadira Aguagallo, expareja del fotógrafo Paúl, afirmó que los familiares y su equipo legal han exigido a la Fiscalía General del Estado que no se cierre la investigación en torno al asesinato de los comunicadores. “Hemos insistido a la Fiscalía que cambie su horizonte de investigación”, añadió.

“Lo más duro ha sido tener que vivir sin mi hijo y el resto del equipo” sentenció Galo Ortega, padre de Javier. Él se presentó al plantón con una cadena alrededor de su cuello y pecho como símbolo del encierro padecido por el equipo durante el secuestro, y el peso del doloroso proceso que han vivido los familiares de las víctimas.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl,  “la visión de reparación de las autoridades ecuatorianas fue muy corta”. El docente detalló que el accionar del Estado ecuatoriano en el caso ha sido deficiente, insensible e indignante, agregando que el hecho de que no exista un pronunciamiento oficial a sus demandas no hará que el país se olvide de este terrible atropello a los Derechos Humanos.

“Es una visión muy limitada, que piensa que los familiares solo buscamos favores económicos y lo que se busca exclusivamente en este caso es la verdad y la no repetición”, agregó Aguagallo.

Los familiares de las víctimas concuerdan en que durante el último año ha  primado una política de silencio alrededor del crimen contra el equipo periodístico. Los mismos sostuvieron que se han reunido con distintos asambleístas y otros funcionarios, sin embargo ninguno ha tomado el reto de fiscalizar las acciones de las autoridades que estuvieron al mando durante el secuestro.

Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo y Galo Ortega esperan ansiosos el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, creado para investigar este suceso. Anhelan que este instrumento sirva para llegar a la verdad no solamente en Ecuador sino también en Colombia.

Durante toda la semana, se realizarán varias actividades de vigilia para conmemorar al equipo.