Tags Posts tagged with "Nos faltan 3"

Nos faltan 3

0 56

12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Publicerat av Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Torsdag 12 december 2019

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

0 125

Este 12 de diciembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, las organizaciones acompañantes y los Estados de Ecuador y Colombia para dar seguimiento al cumplimiento de las Medidas Cautelares, presentó el Informe Final de su mandato. Consideramos que es un aporte decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición en el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio

Queremos volver a resaltar la importancia de este mecanismo especial, como una experiencia pionera que debe ser valorada como el mayor esfuerzo que se ha realizado desde el Sistema Interamericano de DDHH para hacer seguimiento en tiempo real a las investigaciones policiales y fiscales, así como a los procesos legales en los casos que involucran el asesinato de periodistas y, con ello, cortar el círculo de impunidad que rodea a los delitos contra comunicadores en Latinoamérica

Tras 17 meses de trabajo, creemos que es fundamental que CIDH, RELE, sociedad civil, Estados y víctimas evaluemos exhaustiva, honesta y contextualizadamente este mecanismo especial con el fin de reconocerlo como una herramienta válida, aplicable en cientos de casos.

Sobre el contenido del informe, el ESE insta a los Estados de Ecuador y Colombia-y Fundamedios se hace eco- a que exista una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. 

Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias Ortega, Rivas y Segarra. Solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas

Como organización que ha acompañado el caso desde el primer momento, precisamos respuestas luego de que el ESE concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para enfrentar la situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados con presencia transnacional. Grupos que violaron el derecho a la vida de tres periodistas en ejercicio de su profesión.

Además, para hablar a futuro de justicia y no repetición es necesario que el país, a través de sus autoridades, examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones en brindar protección al equipo periodístico antes de ser secuestrados en Mataje (Esmeraldas).

El informe del ESE es uno de los primeros pasos hacia la determinación de responsables. Exigimos, junto a los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados, que se cumplan las recomendaciones del documento presentado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obedecerlas significa la creación de una Comisión Especial, que cuente con suficientes garantías de independencia y transparencia para investigar en Ecuador.

a) Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro.

b) Qué papel cumplió el Comité de crisis.

c) Quién tomaba las decisiones de lo que debía hacerse.

d) Cuando se tomó la decisión de la ruta a seguir.

e) Si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro del equipo periodístico.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no puede abordarse como un hecho aislado. Está, tal como concluye el Equipo de Seguimiento Especial, vinculado estrechamente a la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre octubre de 2017 y enero de 2018. Esto significa que las autoridades son las responsables de las respuestas que están pendientes.

Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico. 

El ESE también reconoce que la colaboración penal internacional entre Ecuador y Colombia para sancionar a los responsables ha sido insuficiente. “La cooperación binacional se ha quedado estancada y muchos esfuerzos directos que pudieron esclarecer los hechos han sido dejados de lado por ambos Estados. El nivel de respuesta ha sido lento”, concluye el documento de 103 páginas.

Finalmente, solicitamos formalmente a la Comisión Interamericana que no cierre las Medidas Cautelares a favor de Paúl, Javier y Efraín que han permitido crear este mecanismo especial contra la impunidad. Pedimos a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que acoja la causa para que no se produzca el cierre de las mismas. 

Fundamedios permanecerá junto a las víctimas, sus familias y las decenas de periodistas de a pie y sin cadenas que en el Ecuador cada día gritan: “Por Paúl, Javier y Efraín, nadie se cansa”. 

Porque siempre nos faltarán 3.

Descargue el Informe Final

0 52

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron 4.346 kilómetros desde Quito hasta Washington para asistir a la entrega del informe final del Equipo de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las 12:15 del 12 de diciembre la reunión fue transmitida en vivo. Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH, agradeció a las autoridades de Ecuador y Colombia, así como a los periodistas por el apoyo y la disposición para entregar información necesaria que llegar a la verdad. Reiteró que este lamentable hecho “no quedará en el aire ni en la nada”.

El informe consta de 104 páginas más los anexos. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, inició su intervención asegurando que el equipo de El Comercio hizo un esfuerzo para contar y recolectar información sobre un hecho de interés público, por tanto su secuestro y asesinato no fue casual, tiene directa relación con la petición del Frente Óliver Sinisterra (FOS) respecto a la liberación de grupos disidentes que pertenecían a sus filas. 

Lanza fue enfático al afirmar que debe revisarse la hipótesis de que los periodistas mostraron una actitud imprudente y se arriesgaron porque eso es victimizarlos. “Si se analizan las pruebas, se concluye que tenían la autorización para pasar por un punto (…) Reconstruimos las historias de los periodistas que por ahí pasaron y todos certificaron que había un control previo”, señaló.

Sobre la protección del equipo de prensa en terreno afirmó que hubo muchos problemas y descoordinaciones. Según el ESE, la inteligencia ecuatoriana tenía más información para protegerlos y alertar a tiempo una situación de riesgo. 

Para Lanza los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad y por ello, dice que el ESE recomienda una real desclasificación de documentos así como la creación de una Comisión Especial independiente y transparente que ate aquellos cabos sueltos.

Pablo Albán, abogado de los familiares, coincidió en la idea de transparentar la información. De hecho, hizo un llamado al  Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) para dar paso a esta recomendación e hizo un llamado a establecer responsabilidades. «La autoridad pública debe buscar la verdad, pero no está completa mientras no se establezcan todas las responsabilidades que no solo caen en el crimen organizado, sino en actores estatales. Esas son omisiones graves de investigación», dijo. 

Ricardo Rivas tildó a la entrega del informe como un momento histórico para los derechos humanos porque es un paso más para esclarecer lo que sucedió con el asesinato de su hermano Paúl en 2018. “Es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicando y cumplirlas, que no queden en el papel, así como los ofrecimientos de desclasificar documentación que es sensible”, sostuvo. 

Yadira Aguagallo, una de las voceras de la causa Nos Faltan 3, fue más allá y públicamente exigió que los crímenes que se cometen en contra de los colegas en todo el continente no queden en la impunidad. 

Un pedido que coincide con la postura del asesor legal de Fundamedios y exRelator para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien también alentó a la Comisión de la CIDH para dar seguimiento al caso e hizo un llamado a que los Estados garanticen la protección de periodistas para combatir con la impunidad.

 

¿Qué piensan los Estados de Colombia y Ecuador?

Los representantes de Ecuador mostraron apertura a las conclusiones y recomendaciones del ESE. Juan Pablo Morales Viteri, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó el acompañamiento del Estado a los familiares de las víctimas.

Sobre el informe aseguró que, en el marco de las competencias que tiene el ESE, es un insumo importante para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Ecuador, pues se podrían “adoptar medidas estructurales para evitar que un hecho doloroso se vuelva a repetir”. 

Carlos Espín, subdirector Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, si bien aseguró que tuvieron muy poco tiempo para analizar el informe a cabalidad, mencionó que el documento ya fue remitido las instancias competentes para su seguimiento. 

Mientras que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, minimizó el informe afirmando que faltó objetividad y rigurosidad, pues el equipo de ESE recurrió a investigaciones periodísticas y literarias como el libro Rehenes del periodista Arturo Torres para validar alguna información. Además, dijo que no se tomó en cuenta toda la documentación remitida por la Fiscalía colombiana y la entrega del informe al Estado colombiano fue recién el 9 de diciembre. 

También mencionó a nombre del Estado colombiano que el informe final expone demasiados juicios de valor como si se tratara de una “instancia penal internacional”, que desvirtúa los objetivos para la que fue creada. Sobre las recomendaciones dijo que el ESE se “extralimitó” porque realizó juzgamientos y sugerencias que no le corresponden. 

“El Estado hace un llamado respetuoso a la honorable Comisión a mantener en reserva el Informe Final y anexos debido a que gran parte de la información aportada por los estados es de alta sensibilidad para el desarrollo exitoso de las investigaciones penales”, manifestó.

 

0 145

En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

0 201

Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

0 67

El caso de secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio pasará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. Belén Corredores será la nueva agente encargada del caso, en reemplazo de Wilson Toainga.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, comentó a FUNDAMEDIOS que la decisión es alentadora porque el caso debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos. “Esta comisión tendrá el enfoque de establecer responsabilidad de agentes estatales, ya sea por acción y omisión y este ha sido uno de las exigencias que hemos presentado en este caso que lleva abierto 1 año y 3 meses”, mencionó.

Aguagallo, quien considera que con el cambio de fiscal se pueden encontrar nuevos “enfoques de investigación”, argumentó que sería muy importante que también se recojan las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está próximo a entregarse.

En una entrevista vía telefónica con FUNDAMEDIOS, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, mencionó que en julio solicitarán una cita a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para expresarle sus preocupaciones respecto a la investigación que se ha realizado hasta el momento sobre el secuestro y asesinato de los periodistas en la frontera norte a manos del frente Oliver Sinisterra.

A esta Comisión también pasó el expediente relacionado con la desaparición y muerte del soldado Wilson Ilaquiche y el caso de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katy Velasco, también asesinados.

 

0 74

La mañana del 26 de marzo, familiares y colegas del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte de Ecuador ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza Grande, en el Centro de Quito. En el lugar los asistentes conmemoraron el primer aniversario del suceso y exigieron al Gobierno de Lenín Moreno respuestas concretas en torno a la muerte de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Frente al Palacio de Carondelet, Yadira Aguagallo, expareja del fotógrafo Paúl, afirmó que los familiares y su equipo legal han exigido a la Fiscalía General del Estado que no se cierre la investigación en torno al asesinato de los comunicadores. “Hemos insistido a la Fiscalía que cambie su horizonte de investigación”, añadió.

“Lo más duro ha sido tener que vivir sin mi hijo y el resto del equipo” sentenció Galo Ortega, padre de Javier. Él se presentó al plantón con una cadena alrededor de su cuello y pecho como símbolo del encierro padecido por el equipo durante el secuestro, y el peso del doloroso proceso que han vivido los familiares de las víctimas.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl,  “la visión de reparación de las autoridades ecuatorianas fue muy corta”. El docente detalló que el accionar del Estado ecuatoriano en el caso ha sido deficiente, insensible e indignante, agregando que el hecho de que no exista un pronunciamiento oficial a sus demandas no hará que el país se olvide de este terrible atropello a los Derechos Humanos.

“Es una visión muy limitada, que piensa que los familiares solo buscamos favores económicos y lo que se busca exclusivamente en este caso es la verdad y la no repetición”, agregó Aguagallo.

Los familiares de las víctimas concuerdan en que durante el último año ha  primado una política de silencio alrededor del crimen contra el equipo periodístico. Los mismos sostuvieron que se han reunido con distintos asambleístas y otros funcionarios, sin embargo ninguno ha tomado el reto de fiscalizar las acciones de las autoridades que estuvieron al mando durante el secuestro.

Ricardo Rivas, Yadira Aguagallo y Galo Ortega esperan ansiosos el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, creado para investigar este suceso. Anhelan que este instrumento sirva para llegar a la verdad no solamente en Ecuador sino también en Colombia.

Durante toda la semana, se realizarán varias actividades de vigilia para conmemorar al equipo.

0 123

Javier Ortega fue un apasionado del fútbol, de Lionel Messi. Al hacer periodismo, seguridad y la justicia fueron los temas que lo motivaban.

Atento a los detalles, cauteloso y con la convicción de informar con responsabilidad, publicó reportajes potentes, apegado a un enfoque humano y al respeto de lo que la ética dicta.

En honor a la vida de Javier Ortega, los periodistas Susana Morán, Estefanía Cely, Emerson Rubio y Diego Cazar locutaron notas que Javier publicó en Diario El Comercio.

Susana Morán
Medidas tomadas desde el 2010 no frenaron a microtraficantes


Emerson Rubio
Ecuador rastreó un año al excapo del cartel de medellín 



Estefania Cely

Narcos reclutan a pescadores por USD 70000

Diego Cazar
Jefe de las FARC vendía droga a mafias locales 

0 76

A un año del secuestro en la frontera colombo-ecuatoriana de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanny Rivas Bravo y Kelly Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, las organizaciones que suscriben este comunicado hacen saber a la opinión pública que:

Destacamos los procedimientos para la recuperación e identificación de los cuerpos. También los avances en la investigación que a la fecha tienen acusadas a 3 personas, y a otras 4 con orden de captura.

También entendemos que ningún gobierno puede renunciar a la persecución de criminales como Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, y Luis Alberto Bermeo, alias ‘Pitufin’, responsables del secuestro y asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos. Reconocemos los esfuerzos de Colombia y Ecuador para cesar su actividad criminal haciendo uso de la fuerza legítima del Estado. Sin embargo, la muerte de alias ‘Guacho’ y de alias ‘Pitufin’ no es suficiente para evitar que en este caso haya impunidad.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador no han dado explicaciones satisfactorias sobre lo sucedido en entre el 26 de marzo y el 13 de abril del 2018, las familias del equipo periodístico merecen saber con precisión cómo se desarrollaron los lamentables hechos.

El esclarecimiento de estos hechos es necesario para establecer la responsabilidad de los dos Estados en las fallas que se presentaron para garantizar los derechos básicos del equipo humano de El Comercio, tales como: la vida, la libre locomoción y la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 12 de abril del 2018, se creó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH en cuyo mandato se encuentra el acompañamiento de las investigaciones que se realizan en las fiscalías de los dos países.

El trabajo del ESE ha tenido diversas dificultades para llevar adelante su tarea y finalmente se espera que se haga público su informe, que ahora mismo está ya en manos de los Estados.

Probablemente, los esfuerzos más consistentes para conocer la verdad de lo sucedido en la frontera entre finales de marzo y abril del año pasado, ha provenido del periodismo. El  trabajo conjunto de equipos periodísticos a los dos lados de la frontera se convirtió en una gran labor de sistematización de información. Más tarde en el libro Rehenes, los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo revelaron que las autoridades de cada país no detuvieron las operaciones de “barrido” en ambos lados de la frontera, a pesar de que se había solicitado y ordenado la suspensión de actividades para no poner en riesgo a los 3 ciudadanos ecuatorianos y buscar una negociación que facilitara su liberación. Adjunto a este comunicado está la carta radicada el 13 de febrero que detalla las inconsistencias consignadas en el libro Rehenes.

De manera extemporánea, el ministerio de Defensa solo contestó las dudas de las familias hasta el pasado viernes 22 de marzo. Dicha respuesta es insuficiente y no es satisfactoria para las denuncias detalladas en el libro. También se adjunta a esta comunicación la respuesta del ministerio de Defensa.

A un año de la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano en la frontera, las organizaciones que defendemos el ejercicio periodístico en Colombia manifestamos nuestro temor porque no se sepa la verdad completa en este caso, lo cual también significa impunidad y resta posibilidades para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

Nariño, el principal  departamento fronterizo con Ecuador, es un lugar donde solo 6 de sus 64 municipios tienen una oferta suficiente de información. Los habitantes de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador tienen derecho a estar informados de manera apropiada y eso solo lo puede garantizar el ejercicio del periodismo libre y seguro.

Agradecemos a la sociedad las manifestaciones de respaldo y cariño a lo largo de estos 12 meses. El periodismo está para servirle a los ciudadanos y, por tanto, este crimen fue un ataque a toda la sociedad. Pedimos a los colombianos y a los ecuatorianos que sigan acompañando a la prensa en los esfuerzos por saber la verdad completa sobre el crimen del que fueron víctimas Paúl, Efraín y Javier.

Fundamedios y la FLIP reiteran su voluntad de seguir acompañando a las víctimas y a las familias de los periodistas asesinados. Seguimos, también, comprometidos en apoyar los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad por llegar a la verdad. Exigimos a los Gobiernos y Fiscalías que den pasos certeros y decididos para no dejar estos terribles asesinatos en la impunidad. Instamos a la comunidad internacional a seguir acompañando las investigaciones, también a acordar con los Estados y las sociedades en todo el continente mecanismos más efectivos para la protección efectiva del periodismo.

Debemos recordar en esta fecha, no solo a Paúl, Javier y Efraín, con ellos también traemos a la memoria a los 144 periodistas mexicanos asesinados en la última década, cinco únicamente en lo que va del año. Los periodistas asesinados en Honduras, Brasil, Estados Unidos y en muchas parte del mundo deben encontrar justicia.

0 149

Efraín Segarra, ‘Segarrita’, nació en Pasaje, provincia de El Oro, en 1957. A los 5 años llegó a Quito con su familia. Aquí se quedó, se enamoró, tuvo dos hijos: Patricio y Christian, y forjó una carrera como conductor profesional. Efraín fue asesinado un mes antes de cumplir 60 años, en abril de 2018. Durante 16 años transportó equipos periodísticos para cubrir el acontecer noticioso.

Patricio Segarra relata que su padre estaba por jubilarse el año pasado. Lo haría en mayo. Mientras tanto, don ‘Segarrita’ estaba a disposición del oficio, cuando “el deber llama”. Antes de salir a su última cobertura, en marzo de 2018, se confesó nervioso con sus dos hijos. Efraín viajaría a San Lorenzo (Esmeraldas), hacia la frontera norte, donde se vivía una serie de hechos violentos. A las 19:15 del domingo 25 de marzo, tuiteó: “Buenas tardes rumbo a San Lorenzo, el trabajo nos llama. Un abrazo”.

“Sentí miedo la última vez que lo vi”, recuerda su hijo mayor. Fue a su casa y le dijo “Mijo,  necesito que me prestes una maleta”. ‘Segarrita’ estaba muy nervioso. “Oye pa, apenas llegues llámame, dime cómo estás, irán con cuidado”, le aconsejó Patricio. Él respondió que se quedarían en el mismo hotel de siempre, que los chicos hacen sus coberturas con la policía y los militares. “En el fondo, él tenía la confianza de que, si estaba militarizada la zona, no iba a pasar nada. Pero estaba nervioso. Sí me dio una sensación rara porque incluso les dieron chalecos antibalas. Fue complicado”, reconoce.  

Efraín Segarra se integró a la planta de conductores de Diario El Comercio en 2002. Este medio lo reconoció como uno de los profesionales con mayor experiencia, debido a su participación en diversas coberturas. Por ejemplo, transportó a periodistas y fotógrafos a las zonas afectadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, en abril de 2016. También presenció junto a sus compañeros los procesos eruptivos del volcán Cotopaxi.

Patricio cuenta que su padre siempre hablaba de sus experiencias en cobertura. “Nos contaba que él llevaba a los chicos a la zona y que lo hacía era dejarlos en el área de entrevistas y esperarlos o regresaba después de unas horas cuando ellos terminaban su trabajo”. Por eso cuestiona los acontecimientos en torno al secuestro del 26 de marzo. “No es lógico que la camioneta haya quedado botada en un lado, que los documentos de mi papá hayan quedado ahí. Nunca fue lógico lo que dijo la Fiscalía”.

El legado de Efraín Segarra es el compromiso con el quehacer periodístico. “Mi viejito” le decían algunos, no por su edad -tenía 60 años- sino porque trataba a sus compañeros de “mijos”. “La muerte de ellos o el sacrificio que hicieron de traer información sobre el estado de una población que alejada, aislada y sin recursos es mucho. Los nombres de mi Papá, Javier y Paúl  quedarán inmortalizados. Ellos eran periodistas. Si ellos estuvieran aquí con nosotros, no quisieran que ningún periodista viva lo que lo que ellos vivieron”, enfatiza Patricio.

‘Segarrita’ dejó una colección de ‘selfies’ en redes sociales. Compartimos aquí la evidencia de su amor por la carretera y las coberturas: