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El Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Ecuador es presentado hoy, 25 de junio, en Ginebra (Suiza), en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kane y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes visitaron Ecuador en 2018.

Los Relatores reconocen como un avance significativo las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno para “poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión” que se registraron en el gobierno pasado. También, destacan las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación en 2018 y la decisión de la Corte Constitucional que derogó una disposición que establecía que la comunicación debía considerarse un servicio público y no un medio para ejercer la libertad de expresión.

En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se vio socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se vieron obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias. 

El informe, que consta de 21 páginas, aborda puntualmente nueve temas de relevancia con sus respectivas observaciones. Por ejemplo, se mencionan las modificaciones jurídicas, la promoción de un periodismo independiente, el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, el acceso a la información, así como la seguridad de los periodistas (en donde condenan el asesinato del grupo de prensa de El Comercio).

Sobre la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, los Relatores Especiales concluyeron que constituyó el “ataque más grave perpetrado contra los medios de comunicación ecuatorianos por un grupo delictivo organizado”. Este lamentable hecho, según se menciona, puso de manifiesto las “deficiencias de protección en el Ecuador” y la carencia de “medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. Por ello, los Relatores instan al Gobierno a fortalecer las actividades y la seguridad en las zonas de alto riesgo. 

Así también, destacan y valoran la creación de un comité interinstitucional para la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Gobierno, que coordinará los esfuerzos de diversas instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una política de prevención de la violencia. 

Sin embargo, concuerdan con que el comité debe incluir a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. Además, recomiendan que las metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas, los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación.

Sobre la situación general de los medios y periodistas, la valoración de los relatores es aún de expectativa. El documento manifiesta que el restablecimiento de la confianza del público en la prensa y la promoción del periodismo independiente “requerirá un esfuerzo colectivo del Gobierno, los periodistas y el pueblo de Ecuador en general”. Los Relatores mencionan que los comunicadores ecuatorianos y los medios desempeñan un papel fundamental para la buena salud de la profesión. 

El informe también se refirió a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los Relatores escucharon numerosos casos de criminalización de activistas en el contexto de protestas sociales y manifestaciones. Datos entregados por la Defensoría del Pueblo, indicaron que en la década pasada se iniciaron acciones penales contra 841 personas, el 90% fueron emprendidas por el Estado.

Hasta la entrada en vigor del Código Penal en 2014, se utilizaron varios delitos con tipificaciones jurídicas incompatibles con el principio de la estricta legalidad. Entre ellas, figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado y delitos contra funcionarios públicos.

En la parte final del informe se recogen más de 15 recomendaciones concretas al gobierno ecuatoriano. Sobre la Ley de Comunicación,solicitan revisar la aplicación de los artículos 23 y 24 relacionados con la rectificación y réplica, con el fin de evitar la  censura indirecta y la intimidación. 

Sobre los efectos nocivos sobre el periodismo señalan que: “La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el Gobierno anterior. La autocensura y el recelo en torno al periodismo de investigación persisten entre los miembros de la prensa, ya que siguen temiendo ser perseguidos en virtud de la Ley, a pesar de su reforma jurídica y técnica.”

Con respecto al COIP, exhortan a las autoridades a despenalizar los delitos contra el honor y la reputación para transformarlas en infracciones civiles. El documento hace referencia a los artículos 182, 396, 307 y 322 de este cuerpo legal.

Los Relatores Especiales observan, además, que el Código contiene otros delitos problemáticos como los tipificados en los artículos 307 y 322, que prevén penas de 5 a 7 años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero. “Las disposiciones de ese tipo forzosamente producen un efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”, destaca el documento.

El pasado 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea, la reforma del artículo 396 del COIP, eliminando la pena privativa de libertad de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra”. En su lugar, propuso una nueva figura denominada contravención contra el honor, que sustituye la pena privativa de libertad por una sanción con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas. 

Esa reforma, a la luz de las recomendaciones de lo Relatores y los estándares internacionales es insuficiente, pues los expertos de ONU y la CIDH instan “al Estado a que derogue esas disposiciones y apruebe otras pertinentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Al desalentar la expresión oral y la transmisión de información, la legislación vigente afecta no solo a los periodistas y a otras personas, sino también a la cantidad de información que el público puede recibir”.

Otro de los puntos importantes que destaca el documento es la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión, que deben estar orientadas por criterios democráticos y procedimientos públicos y transparentes. Sobre ello, los Relatores recomiendan “que el Estado establezca un consejo o foro consultivo para todas las partes interesadas (medios de comunicación públicos, privados, comerciales y comunitarios), a fin de entablar un diálogo sobre el marco general para la adjudicación del espectro”. En este sentido, ofrecen su asistencia para el seguimiento y asesoramiento técnico en el tema. 

El informe también sugiere promover una cultura de transparencia y de libre acceso a la información pública, investigar los delitos contra periodistas para evitar la impunidad y brindar reparaciones a las víctimas (comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos) que se hayan visto afectadas por violaciones de la libertad de expresión en los diez últimos años. Las medidas de reparación deben ofrecer “restitución, indemnización o rehabilitación a las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición para la amplia gama de violaciones de la libertad de expresión”. 

Los Relatores exhortan a la promulgación de una disposición transitoria de modificación a la Ley Orgánica de Comunicación para establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad que estará en operaciones hasta julio de 2019. 

FUNDAMEDIOS se compromete a velar para que las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo y se convierta en un instrumento de trabajo para garantizar el derecho a la libre expresión en el país.

Descargar el documento : 2019 junio CIDH-ONU Final EC Report_ESP (1)

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

A la realización de este informe se sumó la fundación nicaragüense Violeta Chamorro. En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina. El año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

Este documento se envió a la sede de Unesco, en París. La mañana de este 2 de mayo, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, también lo entregó a Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, en Quito. A fines de junio próximo, se presentará oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente. El aumento de grupos del crimen organizado y narcotráfico es una amenaza importante contra periodistas.

Los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.

Revise el informe completo

 

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Al finalizar su visita a Ecuador, el relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Nacionales Unidas, David Kaye, emitió sus observaciones sobre la evaluación realizada a la situación en el país.

El experto saludó la intención del Gobierno de garantizar la libertad de expresión y de prensa, al haber analizado la visión que tienen el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sobre este derecho y qué están haciendo para promoverlo y protegerlo. Sin embargo, señaló que este solo es el inicio de una reforma integral en aspectos civiles y legales.

Para ello, destacó áreas específicas en que se debe trabajar. Entre ellas sobresalen el eliminar las barreras que existen en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP) que menoscaban la libertad de expresión como por ejemplo el linchamiento mediático, la Supercom y la criminalización del insulto y la difamación.

“Es importante que el Gobierno esté pendiente respecto a la legislación que involucre a la libertad de expresión y debe fomentar el pluralismo en los medios de comunicación del país”, resaltó.

Kaye manifestó que se deben promover las radios comunitarias, asegurar que los concursos de frecuencias sean transparentes, estén disponibles para los diferentes tipos de medios con criterios específicos y diferenciados para cada uno. “Al entregar frecuencias a los medios comunitarios estas deben ser sustentables, eso significa que se debe contar con entrenamiento y respaldo económico”.

Respecto a la división de las frecuencias del espectro radioeléctrico, el Relator resaltó que es necesario tener en cuenta que el concepto de medios públicos no es el mismo que medios oficiales o estatales. “Se debe realizar una división del espectro que se ajuste al interés de la gente”.

Otra de las áreas se centra en el acceso a la información pública. Kaye aseguró estar consciente de que no es fácil para los periodistas obtener información desde el Gobierno. Indicó que el Ejecutivo está dispuesto a cambiar esta situación. “Sabe que hay problemas con los medios de comunicación y están haciendo lo posible para solucionarlos, esto es esencial para los periodistas que investigan corrupción”.

En referencia a la seguridad de periodistas, resaltó que el Gobierno debe garantizar protección a los comunicadores, que tengan acceso a la información, enfatizar el rol que cumplen en la sociedad al brindar información y hacer que personas en posición de poder rindan cuentas.

Por último, se refirió a la seguridad digital. El Relator indicó que es imprescindible que los periodistas cuenten con herramientas de encriptación de datos y se trabaje en una ley de protección personal de datos.

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El relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, David Kaye, visitó este 10 de octubre la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional. Ante los legisladores abordó asuntos relacionados a la situación de la libertad de expresión en Ecuador y el proceso de reformas a la Ley de Comunicación (LOC).

El experto recalcó que las leyes que regulan temas sensibles como la comunicación y el libre flujo de información deben respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos. “El derecho de dar y recibir información sin ningún tipo de censura es esencial para el desarrollo de una democracia más vibrante, transparente y participativa”, enfatizó Kaye.

Respecto al proceso de reformas a la Ley de Comunicación se refirió a dos elementos esenciales. El primero se basa en el contenido de la comunicación. El Relator afirmó que cuando los gobiernos intentan regular contenidos hay riesgo de una sobreregulación que se puede prestar para abusos. En ese sentido, afirmó que la Relatoría saluda la eliminación de la figura del linchamiento mediático, contemplado en el artículo 26 de la norma vigente.

El segundo elemento es el institucional, específicamente la infraestructura de las comunicaciones y la división del espectro radioeléctrico para frecuencias de radio y televisión. El Relator insistió que la división tripartita del espectro necesita una revisión profunda. Sobre esto, recalcó que no es equiparable realizar concursos de frecuencias entre medios públicos, comunitarios y privados sin un criterio diferenciado para cada uno. Enfatizó que aunque las reformas a la Ley mantengan la división en tercios del espectro radioeléctrico, se deberían implementar criterios diferenciados para la concesión.

Otro asunto de preocupación para Kaye es que varios cuerpos legales en Ecuador, incluyendo la Constitución, contemplan derechos que las personas tienen para defenderse de los medios cuando existen posibles atentados en contra de su honra. El experto enfatizó que este tipo de delitos crean una presunción de culpabilidad contra los periodistas y pueden ser utilizados como herramientas para silenciar el criticismo.

Finalmente en lo que se refiere a mecanismos de autorregulación, el Relator dijo que es necesario que cada uno de los medios de comunicación tenga un mecanismo propio, pero es especialmente relevante el desarrollo de mecanismos de autorregulación que envuelvan al sector público, privado, la Academia y sociedad civil para obtener resultados favorables.

 

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El relator especial de las Naciones Unidas (NU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, visitará Ecuador del 5 al 11 de octubre. El objetivo de la visita oficial es comprender y evaluar la situación del país.

El pasado 16 de junio, el presidente Lenín Moreno extendió una invitación al Relator, pues Ecuador “anhela” contar con “un acompañamiento permanente al proceso de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) con el fin de asegurar que cumpla con los estándares internacionales”. En ese sentido, Kaye recabará información sobre el marco normativo nacional: leyes sobre libertad de expresión y acceso a la información e implementación; libertad de los medios: normas o regulaciones para el trabajo de los mismos; diversidad y pluralismo; protecciones legales para periodistas y trabajadores de los medios; libertad de Internet: leyes y políticas sobre comunicaciones digitales y acceso a la información en línea; libertad de expresión para minorías, artistas y académicos.

Este viernes 6 de octubre, el Relator de la ONU se reunirá a las 10:00 con el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, en la Cancillería. También tiene previsto reunirse con las máximas autoridades de la Fiscalía, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corte Nacional de Justicia, Procuraduría General del Estado y Asamblea Nacional.

El lunes 8 de octubre sostendrá una serie de encuentros con miembros de la sociedad civil. En dicha jornada, en que participará FUNDAMEDIOS, se enfocará en los siguientes temas:

  • Reformas a la LOC y reparaciones a la violación
  • Libertad de expresión e Internet/ Acceso a la información pública
  • Protesta social y libertad de expresión
  • Diversidad, pluralismo y medios comunitarios
  • Seguridad para periodistas

Kaye concluirá su visita el jueves 11 de octubre. Ese día dará a conocer sus recomendaciones de cara a fortalecer la libertad de expresión en Ecuador.

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tortura

El hostigamiento e intimidación a defensores de derechos humanos, periodistas y actores sociales es un tema que preocupa al Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura. El miércoles 7 de diciembre del 2016 este Comité hizo público su séptimo informe periódico sobre la tortura en Ecuador. En total son 24 observaciones que realiza al Estado con base en información proporcionada por la sociedad civil y el gobierno.

Entre estas observaciones, la número 18 se refiere específicamente a la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo. Según el Comité, existe información sobre actos de hostigamiento e intimidación en contra de estos actores sociales. En ese sentido, se hizo tres recomendaciones al Estado: “Garantizar la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerles sus actividades; b) Velar por que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las amenazas y agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil; c) Tomar las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil puedan operar libremente, absteniéndose de toda interferencia o restricción injustificada de sus actividades”.

El Comité también mostró su preocupación respecto a “los amplios poderes que los Decretos Ejecutivos núm. 16, de 4 de junio de 2013, y núm. 739, de 21 de agosto de 2015, otorgan a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales (arts. 13 y 16)”.

En otro aspecto relacionado con la libertad de expresión, en su apartado número 16, al Comité le preocupa el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y subrayó las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria de manifestantes y transeúntes en el marco de las protestas sociales ocurridas en 2015. Al respecto, se recomendó al Estado garantizar que todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria por agentes del orden y personal militar sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad; velar porque los presuntos autores sean enjuiciados, y de ser condenados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Finalmente, se pide al Estado velar porque las víctimas reciban una reparación adecuada, además de capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y regular el uso de las armas de fuego.

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EVENTO-DD-HH

Organizaciones sociales enviaron a finales de mayo pasado reveladores informes sobre la situación de los derechos y libertades en Ecuador al Comité de Derechos Humanos de la ONU, con miras al examen que tendrá lugar el 27 y 28 de junio próximos en Ginebra, Suiza. Esta acción se realizó junto a la Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH, organización internacional comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos en América Latina.

Cinco organizaciones y grupos ciudadanos presentarán este miércoles 22 de junio de 2016 a las 18:00, en el auditorio Julio Tobar Donoso de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, sus informes sobre derechos políticos, libertad de expresión, protesta social, institucionalidad, matrimonio igualitario, pueblos indígenas y derechos de la niñez en el foro “Informes sombra: Una mirada desde la sociedad civil para el Comité de DDHH de la ONU”. Los expositores serán:

 

  • María Paula Romo, fundadora de Ruptura 25. Derechos políticos y el caso de Ruptura 25
  • Martha Roldós, Plataforma de DDHH y Democracia. DDHH, democracia e instituciones
  • Diana Maldonado, Observatorio de DDHH colectivos y minorías. Criminalización de la protesta social
  • César Ricaurte, director de Fundamedios. Libertad de expresión y asociación en Ecuador
  • Pamela Troya, vocera de Matrimonio Civil e Igualitario. Matrimonio igualitario y familias homoparentales
  • Mario Melo, coordinador del Centro de DDHH de la Universidad Católica. Pueblos indígenas, niñez y personas de la tercera edad

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos los Estados signatarios del mismo deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que implementan el Pacto para garantizar derechos. El Comité recibe además información desde las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ciudadanos.