Tags Posts tagged with "periodismo"

periodismo

0 22

Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.

0 87

Desinformación, marco legal, Derechos Humanos y nuevas narrativas fueron los temas que se analizaron el pasado 8 de febrero, en Ibarra (Imbabura), durante un taller coorganizado por Fundamedios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Imán Transmedia, Diario El Norte y el Colegio de Periodistas de Imbabura. Hasta la Pontificia Universidad Católica (Pucesi) llegaron 40 personas interesadas en reflexionar en torno a los retos nuevos que enfrenta la profesión.

Durante la jornada, periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes se capacitaron para combatir la difusión de contenidos falsos que actualmente representa un reto para responder con rapidez y precisión ante las audiencias; el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019; las buenas prácticas periodísticas y las posibilidades que ofrece la realidad virtual en el momento de contar historias de la mano con la tecnología. 

El objetivo de este encuentro fue sensibilizar ante la optimización de la calidad de los contenidos y generar interés de las audiencias

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

También se sintieron atraídos por las herramientas inmersivas y su impacto social. Juan Pablo Urgilés y Caridian Niama, de Imán Transmedia, presentaron ‘Cruzar’, un proyecto realizado entre periodistas de Ecuador y Venezuela que narra la historia de una mujer migrante a través de cámaras 360.

 

0 209

Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

0 67

América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

0 128

FUNDAMEDIOS vuelve a condenar, como lo hicimos en el momento de los hechos, esta “retención” ilegal, la agresión, coacción y presión ejercida por un sector de la dirigencia indígena y exigimos que se tome rápidamente distancia de actos ilegales y atentatorios a los Derechos Humanos fundamentales.

Así mismo, exigimos que cese de forma inmediata la vigilancia por parte de un sector de la dirigencia indígena en contra de corresponsales extranjeros que han llegado al Ecuador a realizar la cobertura del conflicto social. 

La mañana del 10 de octubre, varios equipos de prensa que cubrían una concentración indígena en el Ágora de la Casa de la Cultura ecuatoriana, al centro norte de Quito, fueron “retenidos”, muchos contra su voluntad, por un sector de la dirigencia indígena encabezado por Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que les exigía transmitir en vivo un acto de aplicación  de “justicia indígena” en contra de 8 policías, también “retenidos”.

Pasada las 10 de la mañana, Teleamazonas y Ecuavisa interrumpieron su programación para informar y transmitir, a manera de flash informativo, la postura de este sector de la dirigencia indígena. 

Leonidas Iza y otros líderes indígenas exigían que el Gobierno derogue la aprobación de una medida que elimina el subsidio a la gasolina, pedían que los ministros de Gobierno y Defensa depongan su cargo y exigían a los medios presentes que se queden en el sitio cubriendo sus demandas, pues aseguraban que, desde que empezó el Paro Nacional el pasado 3 de octubre, la prensa ha trabajado de forma parcial y poco ética, cubriendo solo los intereses del Gobierno.

Juan Carlos Calderón, director del portal Plan V y Presidente de la Junta Directiva de FUNDAMEDIOS, ofreció su testimonio de que hubo retención, presión e intimidación para la prensa. Si bien el trabajo periodístico pudo hacerse, explicó que habían restricciones  de acceso y salida por una guardia comunitaria y que “fueron prácticamente obligados a permanecer cubriendo los hechos”.

“La actitud de la mayoría de los periodistas fue estoica, decididos a permanecer en el sitio porque ahí estaba la noticia”, señaló Calderón.

En las últimas hora se pudo conocer el testimonio del Periodista argentino Nelson Castro de la cadena TN, Todo Noticias, que ratifica “la retención” contra su voluntad de equipos periodísticos y la vigilancia permanente a la que están sometidos los reporteros extranjeros que han llegado al Ecuador a vivir el conflicto social. Este último hecho será ampliado por FUNDAMEDIOS, en las próximas horas. 

El periodista de Teleamazonas Freddy Paredes, quien al salir del recinto, fue atacado con una piedra en la cabeza y presentó una fractura de la clavícula y un golpe en la cabeza con herida abierta, condenó lo sucedido. Quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro (…)”, aseguró.

Una reportera, quien prefirió no identificarse, comentó que ella y otros colegas fueron amenazados, hostigados y tildados de prensa corrupta y mediocre.

José Daniel Acosta, periodista de la UCSG TV, salió junto a otros colegas pasadas las 16 horas. El reportero sostuvo que al interior del recinto se arremetió contra los medios de comunicación y no se quería dejar salir a la prensa, pues todas las puertas de acceso permanecieron cerradas.

También hubo otro grupo de periodistas que afirmaron que fueron tratados bien y negaron que hayan sido retenidos, pues dijeron que pudieron salir por sus propios medios y sin presión alguna. Algunos cubrieron el homenaje a Inocencio Tucumbio, indígena que falleció en las violentas protestas.

«Bajemos las tensiones. No me siento secuestrada. Todos los periodistas hemos sido bien tratados. Nos acaban de dar de comer. Nos han facilitado la cobertura», señaló Susana Morán.

FUNDAMEDIOS no ha revelado la identidad de todos los comunicadores que estuvieron durante horas en el Ágora de la Casa de la Cultura, por razones de seguridad de los propios periodistas quienes temen represalias futuras en sus coberturas diarias.

0 84

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) rechaza enérgicamente la agresión que sufrió Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, quien fue golpeado brutalmente con una piedra en su cabeza, después de salir del Ágora de la Casa de la Cultura, en donde fue retenido por el movimiento indígena.

Vemos con gran preocupación la violencia a la que ha sido expuesta la prensa. No podemos permitir que una agresión tan vil como la que sufrió el periodista de Teleamazonas pase desapercibida. Exigimos a las autoridades pertinentes que se de con el autor de la agresión y sea castigado conforme la Ley. Llamamos a la dirigencia indígena y a los movimientos sociales que frenen con la estigmatización y las agresiones contra la prensa.

Hacemos un llamado al respeto, la defensa de la democracia y la paz para que actos como este nunca vuelvan a repetirse. Nos solidarizamos con Freddy Paredes, quien actualmente se recupera en un hospital de la capital, con una fractura en la clavícula y un golpe en la cabeza con herida abierta.

 

 

 

 

0 65

El Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en Ecuador es presentado hoy, 25 de junio, en Ginebra (Suiza), en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kane y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes visitaron Ecuador en 2018.

Los Relatores reconocen como un avance significativo las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno para “poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión” que se registraron en el gobierno pasado. También, destacan las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación en 2018 y la decisión de la Corte Constitucional que derogó una disposición que establecía que la comunicación debía considerarse un servicio público y no un medio para ejercer la libertad de expresión.

En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años había sometido a esos agentes a una presión considerable. El periodismo como profesión y como institución fundamental de la democracia se vio socavado y desacreditado. Algunos de los miembros más valiosos de la profesión se vieron obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias. 

El informe, que consta de 21 páginas, aborda puntualmente nueve temas de relevancia con sus respectivas observaciones. Por ejemplo, se mencionan las modificaciones jurídicas, la promoción de un periodismo independiente, el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, el acceso a la información, así como la seguridad de los periodistas (en donde condenan el asesinato del grupo de prensa de El Comercio).

Sobre la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, los Relatores Especiales concluyeron que constituyó el “ataque más grave perpetrado contra los medios de comunicación ecuatorianos por un grupo delictivo organizado”. Este lamentable hecho, según se menciona, puso de manifiesto las “deficiencias de protección en el Ecuador” y la carencia de “medidas o protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. Por ello, los Relatores instan al Gobierno a fortalecer las actividades y la seguridad en las zonas de alto riesgo. 

Así también, destacan y valoran la creación de un comité interinstitucional para la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, anunciada por el Gobierno, que coordinará los esfuerzos de diversas instituciones y de la sociedad civil para proteger a los periodistas en situaciones de riesgo y establecer una política de prevención de la violencia. 

Sin embargo, concuerdan con que el comité debe incluir a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas. Además, recomiendan que las metodologías de evaluación de riesgos deben incluir un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres periodistas, los trabajadores comunitarios e indígenas de los medios de comunicación.

Sobre la situación general de los medios y periodistas, la valoración de los relatores es aún de expectativa. El documento manifiesta que el restablecimiento de la confianza del público en la prensa y la promoción del periodismo independiente “requerirá un esfuerzo colectivo del Gobierno, los periodistas y el pueblo de Ecuador en general”. Los Relatores mencionan que los comunicadores ecuatorianos y los medios desempeñan un papel fundamental para la buena salud de la profesión. 

El informe también se refirió a la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Los Relatores escucharon numerosos casos de criminalización de activistas en el contexto de protestas sociales y manifestaciones. Datos entregados por la Defensoría del Pueblo, indicaron que en la década pasada se iniciaron acciones penales contra 841 personas, el 90% fueron emprendidas por el Estado.

Hasta la entrada en vigor del Código Penal en 2014, se utilizaron varios delitos con tipificaciones jurídicas incompatibles con el principio de la estricta legalidad. Entre ellas, figuraban los delitos de obstrucción ilegal de vías públicas, sabotaje, apología del delito, terrorismo, promoción de desfiles o manifestaciones públicas sin autorización, conspiración contra la seguridad del Estado y delitos contra funcionarios públicos.

En la parte final del informe se recogen más de 15 recomendaciones concretas al gobierno ecuatoriano. Sobre la Ley de Comunicación,solicitan revisar la aplicación de los artículos 23 y 24 relacionados con la rectificación y réplica, con el fin de evitar la  censura indirecta y la intimidación. 

Sobre los efectos nocivos sobre el periodismo señalan que: “La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 socavó seriamente la independencia de los medios de comunicación, al igual que las presiones ejercidas sobre los periodistas y reporteros por el Gobierno anterior. La autocensura y el recelo en torno al periodismo de investigación persisten entre los miembros de la prensa, ya que siguen temiendo ser perseguidos en virtud de la Ley, a pesar de su reforma jurídica y técnica.”

Con respecto al COIP, exhortan a las autoridades a despenalizar los delitos contra el honor y la reputación para transformarlas en infracciones civiles. El documento hace referencia a los artículos 182, 396, 307 y 322 de este cuerpo legal.

Los Relatores Especiales observan, además, que el Código contiene otros delitos problemáticos como los tipificados en los artículos 307 y 322, que prevén penas de 5 a 7 años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero. “Las disposiciones de ese tipo forzosamente producen un efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”, destaca el documento.

El pasado 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea, la reforma del artículo 396 del COIP, eliminando la pena privativa de libertad de 15 a 30 días para quien “profiera expresiones en descrédito o deshonra”. En su lugar, propuso una nueva figura denominada contravención contra el honor, que sustituye la pena privativa de libertad por una sanción con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas. 

Esa reforma, a la luz de las recomendaciones de lo Relatores y los estándares internacionales es insuficiente, pues los expertos de ONU y la CIDH instan “al Estado a que derogue esas disposiciones y apruebe otras pertinentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Al desalentar la expresión oral y la transmisión de información, la legislación vigente afecta no solo a los periodistas y a otras personas, sino también a la cantidad de información que el público puede recibir”.

Otro de los puntos importantes que destaca el documento es la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión, que deben estar orientadas por criterios democráticos y procedimientos públicos y transparentes. Sobre ello, los Relatores recomiendan “que el Estado establezca un consejo o foro consultivo para todas las partes interesadas (medios de comunicación públicos, privados, comerciales y comunitarios), a fin de entablar un diálogo sobre el marco general para la adjudicación del espectro”. En este sentido, ofrecen su asistencia para el seguimiento y asesoramiento técnico en el tema. 

El informe también sugiere promover una cultura de transparencia y de libre acceso a la información pública, investigar los delitos contra periodistas para evitar la impunidad y brindar reparaciones a las víctimas (comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos) que se hayan visto afectadas por violaciones de la libertad de expresión en los diez últimos años. Las medidas de reparación deben ofrecer “restitución, indemnización o rehabilitación a las víctimas, así como medidas generales de satisfacción y garantías de no repetición para la amplia gama de violaciones de la libertad de expresión”. 

Los Relatores exhortan a la promulgación de una disposición transitoria de modificación a la Ley Orgánica de Comunicación para establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación, entidad que estará en operaciones hasta julio de 2019. 

FUNDAMEDIOS se compromete a velar para que las recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean tomadas en cuenta por el Ejecutivo y se convierta en un instrumento de trabajo para garantizar el derecho a la libre expresión en el país.

Descargar el documento : 2019 junio CIDH-ONU Final EC Report_ESP (1)

0 46

¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.

En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.

¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.

¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.

El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.

¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.

Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.

0 71

Reflexionar sobre la participación de la mujer en los medios de comunicación desde una perspectiva de género. Ese fue el objetivo del foro ‘Mujeres en los medios de comunicación’, coorganizado por FUNDAMEDIOS, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); desarrollado la tarde de este 4 de marzo.  

En el diálogo participaron: Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS y Ecuador Chequea; María Isabel Cevallos, periodista y consultora en Comunicación Política y de Crisis; y Ana Gabriela Dávila, periodista y catedrática de la Escuela de Comunicación de la PUCE.

La periodista Desirée Yépez dio un recuento en cifras de la situación laboral de las mujeres en los medios de comunicación. “En las redacciones existe supremacía de hombres. Y, además, son muy pocas las mujeres que ocupan cargos directivos en medios de comunicación”, indicó. También recalcó la importancia de los nuevos espacios digitales que surgen como alternativas al hermetismo de los tradicionales.

María Isabel Cevallos enfatizó en los retos que enfrentan las mujeres en los medios. Para la comunicadora, el rol de la mujer ha evolucionado. Ha pasado de posiciones secundarias que valoran la estética femenina al protagonismo en espacios de opinión en que se puede evaluar su criterio. Expresó que todavía existen retos. Por ejemplo, los medios ecuatorianos deben pasar de los «rostros bellos» que dan las noticias a una verdadera irrupción de la mujer en el periodismo.

La profesora Ana Gabriela Dávila analizó, usando un trabajo académico en desarrollo, los vínculos que existen entre la maternidad y la tarea de las mujeres empleadas en medios de comunicación. En su ponencia usó el concepto de maternidad como una construcción social. Es decir, un cúmulo de experiencias normadas por el sistema dominante. La experta acotó que las empresas mediáticas tienen una normativa regulada por el Código del Trabajo que da a las periodistas 85 días de licencia; lo que es difícil que se cumpla por la dinámica periodística. Las periodistas tienen menos tiempo para pasar con sus hijos o, en muchos casos, son limitantes para vencer el techo de cristal laboral y adquirir cargos gerenciales.

El encuentro, abierto a la comunidad, sirvió como un espacio de reflexión del rol de la mujer en el mundo periodístico, de cómo se las percibe en el espectro público y el papel que los roles de género históricamente aceptados juegan como limitantes para un mayor protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación.

0 80

Lynne Walker, finalista del premio Pulitzer en 2004, llega a Ecuador para ofrecer dos talleres periodísticos y participar en un foro sobre coberturas de riesgo. Los próximos 17 y 18 de enero, la Directora Ejecutiva de InquireFirst participará de una serie de encuentros gratuitos.

FUNDAMEDIOS y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) coorganizan dos capacitaciones dirigidas por la periodista estadounidense. La comunidad periodística y los estudiantes universitarios podrán participar en jornadas de trabajo enfocadas en investigación.

El jueves 17, en el aula M320, del edificio Maxwel (campus USFQ Cumbayá), Walker dictará un taller cerrado para 20 periodistas en ejercicio. A partir de las 09:00, la ganadora del Maria Moors Cabot Prize (Universidad de Columbia) abordará herramientas y técnicas para el acceso y búsqueda de fuentes; entrevistas; organización y redacción de informes; y estrategias para informar en situaciones hostiles.

El viernes 18, la periodista dirigirá una capacitación para los estudiantes de la Universidad San Francisco. Durante cuatro horas los alumnos gozarán de un taller interactivo en que aprenderán técnicas para construir una historia.

A las 14:30 del 18 de enero, la estadounidense participará en el foro Seguridad en frontera, migración y coberturas de riesgo. En el conversatorio, moderado por el exeditor general de Diario La Hora, Iván Flores, intervendrán los periodistas de investigación Arturo Torres (exeditor general de Diario El Comercio y cofundador del portal Código Vidrio) y María Belén Arroyo (editora política de la revista Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio).

Lynne Walker viaja a Latinoamérica para trabajar en nuevas formas de producir informes detallados y ampliar las audiencias. Ha conducido talleres de periodismo en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Argentina.

Para participar en los talleres que dictará en Quito, es preciso registrarse gratuitamente a través de los teléfonos: (02) 2971700 ext. 1960. O mediante los correos electrónicos: torbe@usfq.edu.ec, taniaorbe@gmail.com.