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Ecuador, 24 de julio 2020.- Hablar de salud mental, enfermedad mental y periodismo, hasta hace algunos meses, era un tema lejano, pero a raíz de la COVID-19 se ha convertido en una discusión necesaria para quienes están en primera línea. Por ejemplo, los periodistas quienes han tenido que adaptarse al teletrabajo, al encierro y al miedo constante al contagio. 

Fundamedios, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Chicas Poderosas Ecuador y Nos Faltan 3 unieron esfuerzos para diseñar un programa gratuito que a través de webinars entregue conocimiento y herramientas a los reporteros. El objetivo es conocer mejor las temáticas relacionadas a salud mental y cubrir la pandemia con una mirada holística. 

Yahira Guzmán, docente y psiquiatra de la Universidad de la Sabana (Colombia) y administradora de la beca Rosalynn Carter junto a la Fundación Gabo, fue la tallerista de ‘Salud mental y periodismo: una mirada desde la ciencia’. En el encuentro virtual compartió con más de 100 periodistas ecuatorianos y estudiantes de Comunicación. 

Para la experta es necesario que la población comprenda la importancia de la salud mental. La define como “tener una calidad de vida adecuada” con el funcionamiento correcto de la parte física, el comportamiento adecuado en el trabajo, en la familia; tiene énfasis en alcanzar un estado de bienestar y vivir en paz. Si alguno de estos factores está alterado, podría tratarse de un trastorno o una enfermedad mental, que es lo que actualmente, se observa con la ansiedad, el estrés y la depresión. 

A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido estigmatizadas y eso se debe al poco conocimiento alrededor de ellas. Según Guzmán, se suele pensar que una persona con esquizofrenia es peligrosa y está asociada a actos delictivos. Otros creen que padecer de una depresión es una invención del individuo y se cura con una charla. Esto se suma a tratamientos limitados de las enfermedades mentales en los años 50, en donde se asociaba este factor con imágenes de manicomios y dopajes.

Para la psiquiatra, el primer reto para el periodismo es hacer un abordaje que rompa el estigma e informe que las enfermedades mentales son tratables. “Debemos quitar la terminología como ‘el loco’, ‘el esquizofrénico’, etc y crear estrategias para quitar etiquetas. Eso no construye, sino destruye”. 

La ansiedad y depresión son las afecciones que más se dispararon en el contexto de la pandemia. Guzmán reconoce que los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, están sometidos a niveles de estrés altos y es necesario que manejen estos conceptos no solo para entender a su entrevistado, sino para reconocer el momento exacto en que laboralmente están agotados y deben parar. 

La mezcla de actividades repartidas entre el trabajo, los quehaceres domésticos, el cuidado de los niños genera una sensación de falta de control y en ese aspecto la psiquiatra recomienda tener un estilo de vida saludable, realizar deporte, manejar  la frustración y el cansancio conversado con pares y  buscar una actividad lúdica. 

Es importante reconocer aquellos síntomas que podrían advertir que algo no funciona bien, como la alteración del sueño, dolor de cabeza constante e irritabilidad que podrían desencadenar en trastornos mentales. Saber detectar estas señales a tiempo incidirá en la búsqueda de un tratamiento temprano, pues el autocuidado es una pieza angular para alcanzar el bienestar emocional.

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Fundamedios participó en la apertura de las mesas técnicas de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para tratar los primeros artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la primera vez que Ecuador contará con una norma de esta naturaleza y Frank LaRue, Ex Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas para  compareció en esta sesión junto a invitados  invitó a representantes de la sociedad civil, académicos y expertos  a discutir

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. 

Janette Colamarco, CEO de  Legaltech, fue una de las ponentes. La experta en Derecho de la Nueva Tecnología señaló que el objeto de la Ley debe ser la regulación del ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Actualmente se enuncian otros aspectos como la autodeterminación normativa y derechos digitales que, en lugar de aportar, pueden “distraer y confundir”. 

Pablo Solines coincidió con ese punto de vista. El abogado insistió en que mencionar varios derechos en un mismo articulado puede resultar contraproducente para el ciudadano, pues no ve con claridad el propósito de la norma que pretende salvaguardar a la persona en toda su dimensión. 

En el primer avance de la discusión se acogieron las sugerencias de los expositores. En ese sentido, se contempla como objeto “regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través del desarrollo de principios, derechos, obligaciones, mecanismos de tutela recogidos en la presente Ley”. 

Frank LaRue, actual Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, precisó que mientras más clara y concisa sea el cuerpo legal tendrá un mayor impacto. Enfatizó en que es necesario revisar la terminología para evitar confusiones e interpretaciones erróneas. Como ejemplo, mencionó el  artículo 2 sobre la finalidad para garantizar los derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos. 

LaRue aseguró que es caduco referirse solo a las libertades individuales, pues ahora también existen libertades colectivas en las cuales se ejercen los derechos. “No mencionarla sería una grave omisión al mismo derecho”, explicó. 

Sobre el artículo 27 que menciona el llamado “Derecho al olvido”, el Director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios, explicó que los derechos deben ser planteados siempre de forma positiva y no negativa. En ese sentido, olvidar constituiría una acción que se contradice con la memoria histórica. Por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad, los datos de personas involucradas jamás deberían eliminarse, así como los de las víctimas de las dictaduras o genocidios. “Es un tema que debería revisarse”. 

Diego Beltrán, docente de la Universidad SEK, celebró que se haya planteado la discusión sobre un “derecho constitucional ampliamente olvidado”. Insistió en que el debate debe apalancarse en la Constitución. Especificó que actualmente la utilización de datos personales no pertenece únicamente a entidades bancarias, sino a tiendas de consumo, hospitales, líneas aéreas, escuelas… “Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y le interesa a toda la población”. 

En la sesión, que gira en torno a cada uno de los artículos, también se discutió sobre alcance de la Ley, la territorialidad y la confidencialidad de los datos con un consentimiento general y reforzado para que favorezca al emprendimiento, la innovación y no perjudique los derechos ciudadanos.

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Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: 

 

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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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La prensa cumple un rol indispensable en la cobertura de las crisis y emergencias sanitarias. Son los periodistas y sus equipos quienes se encargan de llevar a la ciudadanía la información de primera mano. 

Actualmente el COVID19 es la noticia en el mundo. Los medios informan sin parar sobre los resultados de esta pandemia que ha contagiado a más de 80 mil personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está entre las seis emergencias de salud pública más potentes desde 2009.

En Ecuador, hasta este 20 de marzo, la cifra asciende a 367 casos. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por calamidad pública durante 60 días y anunció toque de queda.

En el Decreto 1017 se limitan algunos derechos como el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Esto implica que los ciudadanos no podrán transitar por las calles o reunirse. La disposición no limita la libertad de expresión, ni menciona la censura previa. 

Fundamedios te entrega información importante que debes tomar en cuenta durante las próximas coberturas. 

Como periodista, ¿puedo movilizarme durante el toque de queda y estado de excepción?

SÍ. El artículo 5 del Decreto menciona que los comunicadores acreditados podrán movilizarse en el territorio nacional pues cumplen con el rol de informar a la ciudadanía. 

¿Cuáles son las limitaciones en el toque de queda?

El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda, es decir la prohibición total de que los ciudadanos circulen. Los periodistas que porten con su credencial y el salvoconducto entregado por el Ministerio de Gobierno, a través de www.ministeriodegobierno.gob.ec, podrán circular porque cumplen con el rol fundamental de informar. 

A partir del 21 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guayas, el toque de queda se iniciará desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Mientras que para Guayas la medida regirá desde las 16:00 hasta las 05:00.

¿Cómo puedo acreditarme?

Ingresa a www.ministeriodegobierno.gob.ec, haz clic en la parte superior izquierda (en el slide show de noticias) donde dice “Salvoconducto”. Imprime el formulario que está disponible. Un responsable del medio de comunicación debe llenarlo y firmarlo, así como la persona que saldrá de cobertura. No necesitas firma adicional del Ministerio de Gobierno. Tu acreditación es el salvoconducto.   

¿Hay algo adicional que deba llevar  y que garantice mi circulación sin problema?

Sí, debes portar la credencial del medio de comunicación que certifique que eres periodista o perteneces a la empresa.

¿Tengo restricciones para emitir información durante el estado de excepción?

Según el Decreto 1017, la libertad de expresión no está limitada, solamente el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Es decir, los periodistas pueden informar en sus canales de comunicación sobre el COVID19 sin restricciones. Sin embargo, existe la responsabilidad ulterior, contemplada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación LOC) que menciona que los medios son responsables de la información que publican en sus canales informativos.  

El numeral 4 del artículo 165 de la Constitución dispone censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Sin embargo, en el Decreto suscrito por el Presidente no se hace referencia explícita a limitar el derecho de libertad de expresión. Según expertos consultados por Fundamedios, los decretos de estado de excepción deben mencionar expresamente los derechos que se verán limitados. 

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información durante la emergencia del COVID-19?

El Gobierno Nacional dispuso que la fuente oficial de información en el territorio nacional sea el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que funciona como una instancia interinstitucional para reducir riesgos en contextos de emergencias nacionales.

¿Cómo puedo acceder a información oficial?

El Gobierno ofrece varias cadenas nacionales al día, que se transmiten en línea en el perfil de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y en medios tradicionales. En estas ruedas de prensa se presentan ministros y autoridades para actualizar datos sobre la situación del COVID19 y contestar dudas de la prensa.

¿Puedo preguntar en las ruedas de prensa virtuales? ¿Cómo lo hago?

Sí. Los periodistas pueden enviar sus interrogantes a los funcionarios a través de los chats de prensa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Debes mandar tu consulta en forma de mensaje e identificarte.  

Si cubro Asamblea Nacional, ¿cómo puedo acceder a las reuniones de los legisladores?

El poder Legislativo tiene habilitada su plataforma en Facebook para transmitir algunas sesiones. La radio de la Asamblea: www.laradio.asambleanacional.gob.ec permanece al aire. Además, existe un chat de prensa donde se envían diariamente la agenda y enlaces de reuniones legislativas en Zoom. Si eres periodista y deseas ser incluido en la lista, escribe al +593 98 408 0980.

Mi especialidad son temas judiciales, ¿cómo puedo informarme sobre ellos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con el correo electrónico comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec, el cual se encuentra activo. Además, en el sitio www.fiscalia.gob.ec consta la plataforma estadística donde se actualizan datos de personas procesadas por no acatar toque de queda y otros temas. Las redes sociales se alimentan diariamente. 

¿Cómo obtengo  información sobre el tránsito y los operativos en Quito?

Existe un chat de prensa donde puedes ser incluido y recibir información actualizada. Si deseas hacerlo, comunícate al +593 98 704 4409 . Las seis redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se actualizan con información relevante y datos estadísticos, así como la plataforma Quito Informa (http://www.quitoinforma.gob.ec). 

¿Con quién debo comunicarme si tuve inconvenientes durante mi cobertura?

Fundamedios ha habilitado su línea telefónica: +593 98 453 5165 en donde puedes reportar agresiones al trabajo periodístico e impedimentos de cobertura. El Consejo de Comunicación ha dispuesto el correo electrónico gvalencia@consejodecomunicacion.gob.ec para ello. 

Si tengo sospechas de un contagio por COVID-19, ¿a quién debo reportarlo?

Debes llamar a la línea 171 para que evalúen tus síntomas. El personal se encargará de derivarte a un centro especializado para someterte a una prueba.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar durante mi trabajo?

Fundamedios preparó con manual con información relevante sobre el tema. Las recomendaciones se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Descarga el documento aquí

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. Así lo han expresado las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y el Instituto Poynter

En Ecuador, la cobertura del Covid19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

Fundamedios, como parte de su objetivo de capacitar periodistas y promocionar un periodismo de calidad, desagrega elementos a tomar en cuenta en la cobertura: Periodismo en tiempos de COVID19.

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Durante un taller coorganizado por Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el Colegio de Periodistas de Tungurahua y la Universidad Indoamérica el pasado 7 de marzo, 40 personas vinculadas al mundo de la comunicación discutieron temas ligados al marco legal del ejercicio periodístico en Ecuador, uso del lenguaje inclusivo y desinformación. Los asistentes participaron de una jornada de trabajo en la Universidad Tecnológica Indoamericana, en Ambato, provincia de Tungurahua.

El encuentro convocó a docentes, estudiantes, periodistas y funcionarios con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos en la lucha contra la desinformación, la protección legal del oficio y el desarrollo de narrativas no estigmatizantes. El objetivo fue complementar la capacitación de los comunicadores con miras a desarrollar más y mejor periodismo.

En el auditorio de la Universidad Indoamérica los asistentes se preguntaron por las posibilidades de construir medios de comunicación que no respondan a intereses personales y sí a una metodología profesional responsable. Por ello, la discusión giró en torno a los deberes y derechos de los periodistas consagrados en la reformada Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Además, desde el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación se propuso a los presentes construir mensajes incluyentes a partir de contenidos considerados discriminatorios. A través de este ejercicio, y tras una charla en torno al uso adecuado del lenguaje, se busca minar los espacios mediáticos que emplean estereotipos negativos.

Finalmente, Fundamedios compartió una serie de herramientas digitales para verificar información engañosa. A través de la exposición de la búsqueda inversa de imágenes en Google o la búsqueda avanzada de Twitter se socializaron consejos para identificar mentiras en Internet. Los instrumentos son gratuitos, abiertos e intuitivos.