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En el marco de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados. Como periodistas entendemos las limitaciones que la pandemia ha desatado en todos los sistemas de comunicación del mundo; sin embargo, en el caso ecuatoriano enfrentamos la cobertura con datos dispersos, cifras dispares que manejan los funcionarios y que no guardan correspondencia con los cuadros estadísticos que entrega el Ministerio de Salud.

Pese a los múltiples pedidos de mejoramiento en las dinámicas de comunicación, sigue faltando información transparente en torno a las defunciones en los cantones del país y otra deuda informativa es la opacidad en torno a las pruebas que se han tomado  a escala provincial para detectar la COVID-19. Además dejamos sentado que los múltiples cambios en el reporte diario dificultan el análisis periodístico en torno a la evolución de la pandemia. 

Enfatizamos en que es inadmisible el discurso épico implementado por el gobierno nacional respecto a quienes están en primera línea de esta emergencia. Las palabras de felicitación no se conduelen con quienes han fallecido o enfermado por falta de decisiones oportunas y claras a favor de la preservación de la salud y la vida. 

Como periodistas exigimos  transparencia e insistimos en obtener una respuesta oficial del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Esta es la segunda carta colectiva que enviamos. Han pasado 22 días desde la primera y no hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo por parte del ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Secretaría General de Comunicación, instituciones que en abril de 2019 firmaron el acuerdo interinstitucional para la conformación del Comité. Demandamos que  esta instancia  esclarezca las acciones que ha realizado a favor de la preservación de la salud, la vida y las garantías laborales para ejercer la labor periodística en el país.

Ponemos en conocimiento que ante el silencio estatal, desde distintas organizaciones hemos realizado una campaña de solidaridad para apoyar la situación de más de 100 familias de periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil que han perdido sus trabajos, han enfermado o fallecido como consecuencia de su trabajo y que hasta la fecha suman por lo menos 13 muertes, encabezando  la lista de países con mayor número de profesionales de la comunicación fallecidos en el contexto de pandemia.

Es necesario que el Comité verifique la implementación de protocolos y entrega de material de bioseguridad, al igual que el acceso a la salud integral —física y psicológica—, y el respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo reporteros, fotógrafos, camarógrafos,,  conductores, personal de prensa, preprensa,  personal de limpieza, programadores, productores, asistentes de cámara, repartidores de periódicos, entre otros trabajadores de medios en Guayaquil y en todo el país.

Es urgente que el Comité, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, establezca mecanismos de verificación de las medidas tomadas por las empresas periodísticas para que no se vulneren los derechos laborales de quienes han sufrido despidos intempestivos como consecuencia de la pandemia, y que hasta la fecha pueden ser hasta 500 personas.

A pesar de que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación fue activado el 10 de abril y se ha reunido para trabajar en un protocolo de seguridad, sentimos el vacío en acciones de monitoreo y protección que  respondan a las necesidades concretas del sector. Hasta la fecha no han existido pronunciamientos oficiales que permitan conocer la situación real y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.

Es fundamental mantener reuniones constantes y concretas, a las que exigimos ser convocados para evaluar las situaciones descritas y tomar decisiones a favor de quienes están cubriendo  la pandemia por COVID-19.

La información a la que todos los ciudadanos tienen derecho, depende de las garantías que el Estado entregue a los trabajadores de la comunicación y es obligación del Comité precautelar la seguridad de los periodistas. 

Por lo expuesto, exigimos al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación:

 

  1. Que  comunique oportunamente las acciones que ha desarrollado para proteger a quienes están cubriendo la pandemia en Ecuador.
  2. Que  defina mecanismos de verificación del estado de salud física, mental y de las condiciones económicas de los periodistas y trabajadores de la comunicación en Guayaquil y en otras ciudades del país y destine las ayudas necesarias para este grupo.
  3. Que verifique que los medios de comunicación estén cumpliendo con la implementación de protocolos, entregas de material de bioseguridad y respeto de los turnos laborales de su personal en todo el país.
  4. Que inste al Ministerio de Trabajo a verificar que las decisiones de despidos tomadas por las empresas periodísticas respeten el marco jurídico respectivo y cumplan con todas las obligaciones que les corresponden.

Este manifiesto es suscrito por varias organizaciones, facultades de comunicación y  medios. Descargue el documento completo: Demandamos respuesta del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación frente a emergencia en Ecuador

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El Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas de Ecuador se reunió el pasado 10 de abril  junto a representantes de la sociedad civil. El objetivo fue discutir un borrador de Protocolo de buenas prácticas para coberturas en zonas de riesgo, propuesto por el Ministerio de Gobierno.  

La reunión estuvo liderada por Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno; el canciller José Valencia; Edison Toro, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; y Cecilia Chérrez, de la Secretaría de Derechos Humanos. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Mariana Velasco, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) representaron a la sociedad civil.

El documento de 15 hojas contiene tres capítulos esenciales: introducción, objetivos y procedimiento de seguridad en donde se menciona la responsabilidad del periodista y del medio en la preparación de coberturas en zonas de riesgo, en estados de emergencia, en zona de tensión y en casos de epidemia. Sin embargo, no contempla las obligaciones que le competen al Estado como acceso a información, difusión de contenidos de interés nacional y protección hacia la vida, salud, movilidad de los trabajadores de la comunicación

El Director Ejecutivo de Fundamedios aseguró que el Estado está obligado a proteger la seguridad de los periodistas en contextos como el de la emergencia sanitaria, porque cumplen con la función de informar. Por tanto, el Protocolo debe partir por señalar y reconocer con claridad esas obligaciones estatales por garantizar el marco de derechos tanto en cuánto a los derechos relacionados con la libertad de información y opinión, el acceso a la información y la garantía de la protección al trabajo de los periodistas, en cuanto profesión que cumple una función social prioritaria como es el informar. 

En el Protocolo, esas obligaciones estatales no están mencionadas. Por ejemplo, en el documento propuesto por el Gobierno se recomienda que, en caso de pandemia, los reporteros usen fuentes oficiales, “información verificada” e ideas claras para evitar la desinformación; sin embargo, no se plantea una corresponsabilidad del Estado que debería garantizar el acceso oportuno a información oficial verificada y a las fuentes oficiales.

También se dice que, en caso de que un periodista desarrolle síntomas de la COVID-19, busque asistencia médica inmediata. Esta consejo escueto contradice lo que ha ocurrido desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país. Desde entonces, trabajadores de la prensa han tratado de acudir a hospitales, no han sido atendidos y en varios casos murieron. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo el Estado garantiza el acceso a salud a quienes informan?

El apartado que se refiere a estados de excepción es muy ínfimo y tampoco detalla responsabilidades estatales. Además, no deja de llamar la atención que el caso Nos faltan 3 no se tome como un punto de referencia en la seguridad periodística; y se desconoce que el secuestro y asesinato de tres trabajadores de Diario El Comercio en 2018 marcó un punto de inflexión e, incluso, motivó a la creación de este Comité de Protección. 

Las observaciones presentadas por la sociedad civil fueron recogidas por los representantes estatales.  El viceministro Pazmiño anunció que con la instalación de la primera reunión el Comité quedaba activado. Actualmente, se espera la firma de un acuerdo ministerial para que esta entidad quede formalizada.

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La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados el 2 de julio por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 59.486 portadores de COVID19 y 4.639 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de 16 periodistas en Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad. El 30 de marzo, falleció Guido Evaristo Castro, periodista en radio Cristal. Según su hija Ivis Castro, no pudo realizarse la prueba del COVID-19 pero tenía todos los síntomas.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo.

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud. También el deceso de Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno y Omar Paredes, chofer de Expreso.

Cuatro días después, el 6 de abril falleció el excamarógrafo de Gama TV y TC Televisión y director de fotografía, Pedro Vladivieso Barrezueta con COVID-19 tras estar internado en el hospital Monte Sinaí.

El periodista y locutor de radio Estrella, Luis Alberto Flores, falleció el 7 de abril. Según su hijo Diego, presentaba síntomas de la COVID-19 y en el acta de defunción consta que falleció por esa posible causa.

Roberto Román, periodista de WQ Radio, falleció el pasado 09 de abril con síntomas de COVID-19 y con un cuadro de neumonía tras haber sido atendido en una clínica privada de Guayaquil, mientras que el 15 de este mes, Augusto Itúrburu, periodista de diario El Telégrafo murió con coronavirus.

Ese mismo día falleció el radiodifusor Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 fm, en Quevedo, provincia de Los Ríos (a 174 km de Guayas, epicentro de la pandemia en Ecuador). La razón fue una afección respiratoria que no pudo superar a sus 80 años. Teo Escobar, hijo del locutor, aseguró que presentó todos los síntomas del COVID-19.

Dos días después, el 17 de abril, Omar Salvatierra, productor radial de la emisora i99, falleció también con pronóstico positivo para el virus. La madrugada del 20 de abril, corrió la misma suerte, el excamarógrafo de RTS y TC Televisión, Fernando Albán, quien se practicó la prueba del coronavirus que resultó positiva. Albán estaba jubilado y tratando de reponerse a la enfermedad en la Clínica Guayaquil.

El 24 de abril, falleció en la provincia de Santa Elena, Fernando Asencio Baquerizo, periodista independiente y colaborador de las radios Naútica, Amor y Récord tras resultar positivo en una prueba de COVID-19.

La organización además registra 38 periodistas con diagnóstico positivo, tres de ellos curados, hasta el 09 de junio. 

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

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La prensa cumple un rol indispensable en la cobertura de las crisis y emergencias sanitarias. Son los periodistas y sus equipos quienes se encargan de llevar a la ciudadanía la información de primera mano. 

Actualmente el COVID19 es la noticia en el mundo. Los medios informan sin parar sobre los resultados de esta pandemia que ha contagiado a más de 80 mil personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está entre las seis emergencias de salud pública más potentes desde 2009.

En Ecuador, hasta este 20 de marzo, la cifra asciende a 367 casos. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por calamidad pública durante 60 días y anunció toque de queda.

En el Decreto 1017 se limitan algunos derechos como el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Esto implica que los ciudadanos no podrán transitar por las calles o reunirse. La disposición no limita la libertad de expresión, ni menciona la censura previa. 

Fundamedios te entrega información importante que debes tomar en cuenta durante las próximas coberturas. 

Como periodista, ¿puedo movilizarme durante el toque de queda y estado de excepción?

SÍ. El artículo 5 del Decreto menciona que los comunicadores acreditados podrán movilizarse en el territorio nacional pues cumplen con el rol de informar a la ciudadanía. 

¿Cuáles son las limitaciones en el toque de queda?

El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda, es decir la prohibición total de que los ciudadanos circulen. Los periodistas que porten con su credencial y el salvoconducto entregado por el Ministerio de Gobierno, a través de www.ministeriodegobierno.gob.ec, podrán circular porque cumplen con el rol fundamental de informar. 

A partir del 21 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guayas, el toque de queda se iniciará desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Mientras que para Guayas la medida regirá desde las 16:00 hasta las 05:00.

¿Cómo puedo acreditarme?

Ingresa a www.ministeriodegobierno.gob.ec, haz clic en la parte superior izquierda (en el slide show de noticias) donde dice “Salvoconducto”. Imprime el formulario que está disponible. Un responsable del medio de comunicación debe llenarlo y firmarlo, así como la persona que saldrá de cobertura. No necesitas firma adicional del Ministerio de Gobierno. Tu acreditación es el salvoconducto.   

¿Hay algo adicional que deba llevar  y que garantice mi circulación sin problema?

Sí, debes portar la credencial del medio de comunicación que certifique que eres periodista o perteneces a la empresa.

¿Tengo restricciones para emitir información durante el estado de excepción?

Según el Decreto 1017, la libertad de expresión no está limitada, solamente el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Es decir, los periodistas pueden informar en sus canales de comunicación sobre el COVID19 sin restricciones. Sin embargo, existe la responsabilidad ulterior, contemplada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación LOC) que menciona que los medios son responsables de la información que publican en sus canales informativos.  

El numeral 4 del artículo 165 de la Constitución dispone censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Sin embargo, en el Decreto suscrito por el Presidente no se hace referencia explícita a limitar el derecho de libertad de expresión. Según expertos consultados por Fundamedios, los decretos de estado de excepción deben mencionar expresamente los derechos que se verán limitados. 

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información durante la emergencia del COVID-19?

El Gobierno Nacional dispuso que la fuente oficial de información en el territorio nacional sea el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que funciona como una instancia interinstitucional para reducir riesgos en contextos de emergencias nacionales.

¿Cómo puedo acceder a información oficial?

El Gobierno ofrece varias cadenas nacionales al día, que se transmiten en línea en el perfil de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y en medios tradicionales. En estas ruedas de prensa se presentan ministros y autoridades para actualizar datos sobre la situación del COVID19 y contestar dudas de la prensa.

¿Puedo preguntar en las ruedas de prensa virtuales? ¿Cómo lo hago?

Sí. Los periodistas pueden enviar sus interrogantes a los funcionarios a través de los chats de prensa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Debes mandar tu consulta en forma de mensaje e identificarte.  

Si cubro Asamblea Nacional, ¿cómo puedo acceder a las reuniones de los legisladores?

El poder Legislativo tiene habilitada su plataforma en Facebook para transmitir algunas sesiones. La radio de la Asamblea: www.laradio.asambleanacional.gob.ec permanece al aire. Además, existe un chat de prensa donde se envían diariamente la agenda y enlaces de reuniones legislativas en Zoom. Si eres periodista y deseas ser incluido en la lista, escribe al +593 98 408 0980.

Mi especialidad son temas judiciales, ¿cómo puedo informarme sobre ellos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con el correo electrónico comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec, el cual se encuentra activo. Además, en el sitio www.fiscalia.gob.ec consta la plataforma estadística donde se actualizan datos de personas procesadas por no acatar toque de queda y otros temas. Las redes sociales se alimentan diariamente. 

¿Cómo obtengo  información sobre el tránsito y los operativos en Quito?

Existe un chat de prensa donde puedes ser incluido y recibir información actualizada. Si deseas hacerlo, comunícate al +593 98 704 4409 . Las seis redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se actualizan con información relevante y datos estadísticos, así como la plataforma Quito Informa (http://www.quitoinforma.gob.ec). 

¿Con quién debo comunicarme si tuve inconvenientes durante mi cobertura?

Fundamedios ha habilitado su línea telefónica: +593 98 453 5165 en donde puedes reportar agresiones al trabajo periodístico e impedimentos de cobertura. El Consejo de Comunicación ha dispuesto el correo electrónico gvalencia@consejodecomunicacion.gob.ec para ello. 

Si tengo sospechas de un contagio por COVID-19, ¿a quién debo reportarlo?

Debes llamar a la línea 171 para que evalúen tus síntomas. El personal se encargará de derivarte a un centro especializado para someterte a una prueba.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar durante mi trabajo?

Fundamedios preparó con manual con información relevante sobre el tema. Las recomendaciones se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Descarga el documento aquí

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César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. La tarde de este 11 de noviembre rindió su versión sobre la agresión a 138 periodistas en las protestas de octubre. 

Durante 20 minutos, el Director de la organización explicó que los principales agresores fueron los manifestantes y la fuerza pública; mientras que la mayoría de agresiones reportadas fueron físicas y verbales. 

También hubo ataques a 20 medios de comunicación, censura, detenciones arbitrarias, cierre de medios -como el caso de radio Pichincha Universal- y amenazas. «No existieron garantías para la prensa. Contar con una credencial era un riesgo frente a la estigmatización que sufrieron los periodistas durante el paro», señaló Ricaurte.

Hizo especial mención a la retención de periodistas el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito. Fue enfático al indicar que sí hubo un secuestro. «Un hecho que quizá se desconoce de este dramático suceso es que esa mañana, debido a mensajes de los periodistas desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial. Fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la Conaie a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas», explicó. 

Otro punto importante fue la circulación de contenido falso. Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió 66 mensajes durante 12 días de manifestaciones. A Ricaurte le resulta curioso que al tiempo que se ataca la prensa, se trata de “minar su credibilidad y se genera desinformación”. Por lo tanto, hay una clara “correlación entre lo uno y lo otro».

Desde la semana pasada, periodistas de medios privados y comunitarios también han sido citados por el Legislativo. El 7 de noviembre, Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, expuso ante los asambleístas la «cobarde agresión» que sufrió, por la cual ha presentado una denuncia penal por intento de asesinato. 

El periodista, quien está por iniciar una rehabilitación de tres meses, aseguró que el ataque que le provocó una ruptura de cráneo y daño en la clavícula ha sido la consecuencia de 10 años de ataques a la prensa y de una estigmatización del Gobierno anterior hacia los medios de comunicación. 

Fundamedios entregó a la Comisión un informe completo sobre las agresiones a la prensa apegado a los relatos de los afectados, llamadas recibidas por periodistas durante el paro y un levantamiento de denuncias de agresiones reportadas por redes sociales. El resultado:  138 periodistas atacados en 116 actos violentos en 11 provincias del Ecuador.

La Comisión Especial tendrá 30 días para emitir un informe final. Esto, tras recopilar todas las comparecencias de los afectados entre los que constan sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, detenidos, fuerza pública y ministros de Estado.

 

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Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” resonaron con frecuencia durante el pasado paro nacional ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre, desconociendo el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Esta fue una de las conclusiones de los panelistas que participaron en un foro organizado por Fundamedios y The Interamerican Dialogue, donde también se entregaron las memorias de ‘Medios y Democracia en las Américas’, que recoge las recomendaciones del encuentro internacional realizado en Washington DC, en marzo de este año. 

En el conversatorio participaron Rebeca Villota, directora de noticias de Udla Channel; Jean Paul Bardellini, periodista y consultor en comunicación; Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington; y Frank LaRue, exrelator de Libertad de Expresión de la ONU y actual director Legal y de DDHH de Fundamedios. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el moderador.

La preocupación fue compartida. Los expertos concordaron en que el discurso antiprensa heredado por gobiernos totalitarios, como el del régimen de Rafael Correa, ha permeado en varias capas de la sociedad.

Según Villota, esto ha provocado que la confianza en la prensa sea menor. “Se nos acusa de corruptos, nos exigen las coberturas, pero curiosamente cuando vamos a hacer las coberturas nos agreden, nos secuestran, nos lanzan piedras, eso no se había visto antes en una protesta”, aseguró la Directora de Udla Channel.

Parte de ese discurso estigmatizante frente a los medios desencadenó en actos violentos como los que ocurrieron en las protestas de octubre. En este periodo, Fundamedios reportó 116 actos agresiones contra comunicadores y medios de comunicación y 138 periodistas agredidos, la mayoría por manifestantes y la Fuerza Pública.

Según el exRelator de Libertad de Expresión, los líderes políticos, los gobiernos de turno y el Estado son los principales actores que deben propender un vínculo sano con la prensa y promover un discurso amigable porque la información plural garantiza una sociedad democrática.

“Aunque a los líderes políticos no les gusten las afirmaciones de la prensa, esta debe ser respetada como una de las formas fundamentales de generar información, diálogo y debate entre la población, porque si no lo que sucede es que los líderes simplemente lanzan sus mensajes simplistas y no hay un verdadero diálogo o debate serio y el pueblo pierde porque termina siendo desinformado (…)”, explicó.  

Otro tema que se debatió fue la desinformación. Jean Paul Bardellini aseguró que durante el paro nacional circuló información falsa a través de varias plataformas. Esto también responde a que la dinámica de informar ha cambiado, así como las audiencias.

“Me niego a decirle noticias falsas a lo que circula porque no son noticias. Simplemente si son falsas no son noticias. Yo quiero clasificarla como desinformación provocada como estrategia de ataque para generar caos (…)”, sostuvo.

Una de las conclusiones del informe ‘Medios y Democracia en las Américas’ señala que en la retórica de la información engañosa hay una doble amenaza que desprestigia el trabajo honesto de medios y periodistas y tilda a la información que ellos difunden como falsa.

De hecho, Dagmar Thiel, directora de la oficina de Fundamedios en Washington, comentó que la Sociedad de Periodistas Profesionales estadounidenses registró “fake news” como  una marca comercial para frenar las acusaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que la prensa local solamente difunde información falsa.

Para Thiel los retos a los que se enfrenta el periodismo son bastantes impredecibles, sobre todo, por las audiencias actuales, la mayoría de ellas jóvenes que prefieren consumir noticias solo a través de Facebook y Twitter. “Sería un momento importante de reposicionar a los medios, de repensar cómo nosotros llegamos a las nuevas generaciones para volver a ganar esa credibilidad y darle un sentido a la existencia del periodismo en el marco de las democracias”, comentó.

Al cierre del panel concordaron en que el círculo de la impunidad frente a las agresiones a la prensa debe romperse, pues si no se vela por el bienestar de los periodistas que cumplen con su labor informativa en coberturas de alto riesgo, la violencia a la que se exponen será cada vez mayor. 

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remitió a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre. El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita. 

Agresiones como la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes; el hostigamiento a reporteros de medios locales y la retención a decenas de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura no pueden quedar impunes.

Incluso, el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que: “La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. 

En esa línea, Fundamedios ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos. Esto, con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años. 

Cabe indicar que La Asamblea General de la ONU, la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la directa causalidad que tiene la impunidad para que se incremente la violencia y los crímenes contra periodistas.

El Dato

En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, nuestra organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y  138 periodistas agredidos entre el 03 y 14 de octubre.

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Los resultados del Informe Sombra sobre la implementación del Objetivo 16.10.1 de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica,  que revela datos sobre las agresiones a la prensa en ocho países de la región, fue presentado en el foro “Monitoreo sobre Libertad de Prensa en América Latina”, organizado por la organización National Endowment for Democracy (NED), en Washington, este 18 de julio.

El documento que fue elaborado por la plataforma Voces del Sur contabilizó más de 700 agresiones en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras y Uruguay en 2018. El levantamiento de las alertas fue sustentado en 12 indicadores en común.

El año pasado también se contabilizaron 5 asesinatos a periodistas, ocho secuestros a comunicadores y dos reporteros torturados. Nicaragua es el país que presenta un mayor número de alertas (234), seguido de Venezuela (196). Ecuador reportó 83.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios Estados Unidos, aseguró que, del total de alertas reportadas, 44 relacionadas a temas de género y más de 400 tuvieron relación con ataques a la libertad de prensa y de expresión, siendo el Estado el principal perpetrador.

Mencionó que los países de América Central atraviesan constantemente situaciones de violencia e impunidad, lo cual somete a los periodistas a un estado de constante «miedo y autocensura«. Por ejemplo, explicó que en Honduras los reporteros de investigación que cubren crimen organizado y corrupción son «sometidos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física«.

Thiel aseguró que el informe también recoge casos relacionados con restricciones de Internet, suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, piratería, ciberamenazas y bloqueo de sitios web.

La panelista Adriana León, directora del área de Libertades Informativas de Ipys Perú, resaltó la importancia de Voces del Sur como un proyecto pionero en América Latina que sienta un precedente para alertar sobre los riesgos de la profesión, lo cual, explica, ya ha generado un impacto regional. «En Bolivia cambiaron las leyes, en Perú los intentos de promover leyes antiprensa fueron detenidos, en Venezuela se visibilizó mejor la problemática de la libertad de expresión y en Ecuador se ha jugado un papel clave en la transición», aseguró.

A su criterio el reto más grande es incidir con mayor impacto en los gobiernos latinoamericanos y en la sociedad, por ello cree que Voces del Sur debe sumar a más países. «Si logramos que a la gente le importe la libertad de expresión entonces será más fácil frenar las violaciones contra este derecho», finalizó.

Matt Potter, director de programa de PADF, señaló que está previsto sumar a tres o cuatro países más a la plataforma para promover un monitoreo regional global.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS /ESPAÑOL

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En el foro sobre por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello, realizado por UNESCO, este 17 de julio en Nueva York, Voces del Sur presentó el Informe Sombra ODS 16.10.1 elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de América Latina que recopilaron y reportaron ataques a la libertad de expresión en la región durante 2018.

Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela, aseguró que Voces del Sur nació con el propósito de comprender lo que está sucediendo en Latinoamérica donde existen riesgos muy altos para el ejercicio periodístico, donde se censura y se acosa a los medios de comunicación de forma reiterativa.

Balbi explicó que la idea inicial del proyecto fue crear un sistema para unificar indicadores que cumplan con el apartado 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto a la seguridad de los periodistas. Así, diseñaron indicadores regionales comunes que midan los diferentes niveles de amenazas a la libertad de prensa y de expresión para fortalecer un análisis comparativo.

Si bien se tomaron en cuenta casos extremos como asesinatos, secuestros y tortura a periodistas, también se incluyeron indicadores adicionales para rastrear la estigmatización a la prensa, los procesos administrativos y judiciales en contra de los comunicadores, ataques a la libertad de expresión en Internet y leyes que puedan coartar estas libertades.  Según la directora de Ipys Venezuela también se incluyó un enfoque de género transversal.

Durante 2018, en los ocho países se registraron un total de 732 alertas. Los actores estatales fueron responsables de más del 50% de agresiones. También se registró un alto nivel de impunidad en actos judiciales que involucran a periodistas. El 94% de casos quedan en la impunidad.

Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, reconoció que es necesario «fortalecer el monitoreo global sobre asesinatos e impunidad» para velar por el trabajo de la prensa independiente.

Con él concordó Silvia Chocarro, de Artículo 19. «Reportar sobre agresiones y tener esta base de datos permite, incluso, generar impacto y crear incidencia en la política para que tomen acción respecto a la seguridad de periodistas», finalizó.

Voces del Sur está conformado por el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA / Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP / Bolivia, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS / Ecuador, el Comité por la Libre Expresión – C-Libre / Honduras, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Perú, el Centro de Archivos e Información Pública – CAinfo / Uruguay y el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Venezuela.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS ESPAÑOL

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 732 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS