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Reformas a la LOC

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Con siete votos a favor y la abstención de tres asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, la Comisión Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó este 5 de septiembre de 2018 el informe para el primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al concluir la sesión Nro. 185, que inició con la lectura completa de las 75 páginas del Informe, los asambleístas de la autodenominada bancada de la Revolución Ciudadana: Marcela Holguín, José Chalá y Carmen García  se abstuvieron de votar. Holguín dijo estar en desacuerdo en que se haya eliminado figuras como el linchamiento mediático; mientras que Chalá comentó que, pese a que el proyecto deja intacto el 75% de la LOC vigente, se abstiene.

En diálogo con FUNDAMEDIOS, el asambleísta Jorge Corozo, del movimiento oficialista Alianza PAIS y presidente de la Comisión encargada de tramitar las reformas, aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado durante estos tres meses. En dicho lapso recibió el aporte ciudadano de varios colectivos.

Según el asambleísta, aprobar el informe para primer debate constituye un primer paso para reformar una Ley que, a su criterio, vulneró y atropelló derechos y garantías constitucionales, a través de una institución como la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), con facultades sancionadoras.

“La voz vuelve al pueblo a través del trabajo de esta Comisión”, dijo Corozo. El Legislador enviará el informe a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien deberá poner en agenda la realización del primer debate que podría darse en los próximos días.

En este primer informe se elimina la Supercom y con esta las sanciones pecuniarias a los medios. De igual forma desaparece la figura de linchamiento mediático. También destaca la venta de los medios incautados en el régimen anterior y la legislación para la protección a periodistas; así como un nuevo mecanismo para la adjudicación de concesiones.

INFORME PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

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Temas como la protección de periodistas, cadenas nacionales, el régimen de sanciones y reparaciones son los últimos puntos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH) observó al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Respecto a protección de periodistas, el organismo internacional sugirió modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, el artículo 42 de la LOC vigente que exige que las actividades periodísticas de carácter permanente, en cualquier nivel o cargo en un medio de comunicación, sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación.

La Relatoría recordó que, en carta enviada al Gobierno de Ecuador el 28 de junio de 2013, expresó que esta restricción legal es análoga a una “colegiación obligatoria” de periodistas; hecho que resulta incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana.

En cuanto a las cadenas nacionales, la Relatoría sugirió definir con precisión los supuestos que justifican la utilización de cadenas nacionales para transmitir mensajes de interés público, y remitirlos solamente a casos de necesidad o urgencia, debidamente motivados.

Sobre la asignación de publicidad oficial, la CIDH saludó las limitaciones establecidas para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, así como los criterios alineados con los estándares internacionales.

El régimen de sanciones también fue observado por la Relatoría que sugirió que el proyecto establezca un régimen sancionatorio progresivo y proporcional siguiendo los principios y estándares internacionales.

Finalmente, sobre las reparaciones, el organismo internacional recomendó que la Asamblea Nacional sea más específica en la aprobación de la norma y que habilite un proceso para revisar la aplicación de sanciones en virtud de la aplicación de la Ley de Comunicación durante los últimos años. También aseguró que se promueva la creación de un mecanismo ad hoc integrado por expertos nacionales e internacionales para la completa revisión de aquellos casos en los que se han aplicado sanciones graves.

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La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.

Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.

“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.

En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.

Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.

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Los medios comunitarios y la necesidad de reservarles parte del espacio radioeléctrico es el noveno punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El organismo también se refirió a la realización de concursos diferenciados para estos.

La Relatoría saludó las medidas positivas adoptadas en el proyecto de Ley para los medios comunitarios, pues considera que estos cumplen un rol esencial en el ejercicio de la libertad de expresión en pos de asegurar la inclusión de distintos sectores de la población.

Sin embargo, se observó que, si bien el artículo 75 mantiene los concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y comunitarios en la concesión o autorización de frecuencias, dichos procesos pueden no resultar eficaces, si no se reservan frecuencias específicamente para el uso de los comunitarios.

La CIDH destacó que los artículos 61 y 62 del proyecto establezcan medidas de fomento para asegurar la sustentabilidad del sector comunitario.

 

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El diseño institucional es el séptimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo internacional destacó que el proyecto del Ejecutivo elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) por considerar que la entidad incumplía con los estándares internacionales en su conformación y atribuciones; por el impacto negativo y la afectación que esta figura produjo en la aplicación de sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación en Ecuador.

La Relatoría recordó que es fundamental que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión esté protegida de injerencias del Gobierno y del sector privado, vinculado a la radiodifusión. Sobre este punto, reiteró que en 2013 hizo una advertencia temprana respecto a que «la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias (SUPERCOM, CORDICOM y ARCOTEL) puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de estas».

En cuanto al papel del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, CORDICOM, la Relatoría señaló que en el proyecto de reformas tampoco se asegura la independencia del gobierno de este organismo. “De hecho, se propone sumar un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado y que el representante de la Función Ejecutiva que lo preside tenga ‘voto dirimente’, dándole un voto de calidad que antes no tenía”, apunta.

Sobre la intención de traspasar las atribuciones de la SUPERCOM a la Defensoría del Pueblo, la Relatoría recomendó, a la luz de la doctrina internacional, que los órganos de aplicación en materia de regulación de medios de comunicación sean especializados y reúnan requisitos de independencia y autonomía.

En conclusión, sugirió que se examine la reforma planteada en lo que respecta al marco institucional y se estudie la creación de un organismo acorde a los estándares internacionales, con amplia participación de todos los interesados.

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El Derecho de Respuesta es el quinto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El organismo internacional aseguró que, ante eventuales abusos de la libertad de expresión que perjudiquen derechos ajenos, el Estado debe imponer las medidas menos restrictivas para el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, apuntó que el derecho de rectificación o respuesta, consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana, es recomendado como una medida adecuada para la protección de la reputación y la reparación ante un posible daño, como un posible agravio o una inexactitud.

Sin embargo, la Relatoría advirtió que el derecho de respuesta podría implicar una forma de restricción a la libertad de expresión, si existe una reglamentación del mecanismo inadecuada, o la imposición de cargas o sanciones exorbitantes a los medios de comunicación en el ejercicio de este derecho, lo que puede derivar en abusos o formas de afectación desproporcionadas a la libertad de expresión.

Según la Relatoría, la LOC vigente otorgó una amplia discrecionalidad a la Supercom para imponer rectificaciones y réplicas a los medios de comunicación, disponiendo del espacio y estableciendo sanciones económicas desproporcionadas que amenazaron la sustentabilidad financiera de los medios.

La Relatoría sugirió revisar de manera integral la redacción de los artículos 16 al 21 del proyecto de reformas entregado por el Ejecutivo, así como un repaso cuidadoso de los términos en que se reglamenta el derecho de rectificación y respuesta.

La Relatoría recordó que el artículo 14 de la Convención Americana en forma taxativa admite el derecho de respuesta, pero únicamente para responder a «informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio» de la persona afectada a través de medios legalmente reglamentados. Por lo tanto, el solicitante no tiene la posibilidad de responder o pedir la rectificación ante cualquier información que lo involucre, sino cuando pueda acreditar que hay una inexactitud o un agravio en la información publicada y que ese error le afecta.

Por otra parte, advirtió que la imposición de condicionamientos previos, como la veracidad, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

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La tarde de este 8 de agosto se realizó en Asamblea Nacional el foro ‘Pluralidad de voces para la libertad de expresión: Aportes desde los medios comunitarios para la Ley de Comunicación’. En el encuentro participaron Jorge Guachamín, director de la  Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape); y Gissela Dávila, directora general de Ciespal. En ambas exposiciones se concluyó que “el 33% de las frecuencias del espectro para medios comunitarios es un derecho que no se puede perder, porque sería un retroceso”.

Para Guachamín, “estamos hablando de espacios, que los medios sean un puente con las autoridades para resolver problemas, contar con la información de primera mano, espacios de construcción ciudadana y democracia. Pero el Estado ha priorizado la asignación de frecuencias hacia el sector privado, los comunitarios no han sido tomados en cuenta y esto atenta contra la democratización de la información”.

A criterio de Guamachín, el sector privado “usufructúa el mismo espacio y no se han asignado frecuencias a quienes somos el Estado y que formamos parte de sectores organizados que están solicitando esas frecuencias”. El Director de Corape destacó que “falta mucho por hacer para lograr el 34% del espectro, pero es un derecho que no podemos dar marcha atrás. El principio de pluralidad debe garantizarse para que se democratice el espectro, cuando podamos encontrar varios contenidos y no unos solo, en ese momento podríamos hablar de una verdadera democratización de la comunicación”.

La representante de Ciespal afirmó que con la distribución que formula la LOC, darle el 34% a los medios comunitarios, uno por ciento por encima del 33% de medios públicos y el otro 33% de medios privados, “el Estado estaría pagando una deuda por haber desatendido a este sector durante años. Por ello hoy el 95% de las frecuencias está en manos privadas”.

Dávila insistió en que la “democratización del espectro no tiene nada que ver con factores tecnológicos o técnicos. Durante 50 años nos dijeron que el espectro estaba saturado y era imposible redistribuirlo, luego se demostró que con disposición y la voluntad política se puede redistribuir y por ello no se garantiza el derecho de tener más información, más voces”.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la responsabilidad ulterior, dentro de las observaciones hechas al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

De acuerdo a los estándares internacionales, la Relatoría fue enfática en señalar que, pese a que el Código Penal ecuatoriano establece responsabilidades ulteriores por eventuales abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la Convención Americana estableció que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios y asuntos de interés público resulta incompatible.

El Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En esa línea, el Principio 10 establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles…”. En cuanto a una eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana establece que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionales de manera que no causen un efecto inhibitorio. Se debe tener presente que si la reparación civil es elevada, puede jugar un efecto tan inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión como el de una sanción penal, y tener un efecto de autocensura.

Respecto al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la Relatoría observó el artículo 15 y recomendó revisarlo a la luz de los estándares señalados. Dicho artículo   establece la posibilidad de atribuir responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de información cuando no esté debidamente identificado el autor de la misma. Sobre este punto, la Relatoría Especial recordó que la difusión de información, sin identificación del autor por parte de los medios de comunicación, forma parte de la dinámica comunicacional y de la protección del derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes de información.

Otro aspecto que fue observado es el de mantener una regulación de los comentarios del público en los medios de comunicación. “Si bien constituye una buena práctica que los medios de comunicación social tengan normas transparentes para moderar los comentarios del público, una regulación con base en sanciones podría llevar a los medios de comunicación a prescindir de estos espacios, lo que podría causar un efecto inhibitorio en la deliberación sobre asuntos de interés público”, concluyó la Relatoría.

El pasado 25 de julio de 2018, el relator especial para la libertad de expresión, Édison Lanza, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para dar su visión y entregar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que presentó el presidente Lenín Moreno.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.