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Reformas a la LOC

El futuro de la distribución del espectro radioeléctrico, la pertinencia para eliminar la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), o figuras como el linchamiento mediático, así como el tema de la autorregulación de los medios se siguen discutiendo en el interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Este 11 de julio de 2018, Guillermo León Santacruz, ministro de Telecomunicaciones aseguró que no es necesario hacer un concurso de frecuencias para todo el país y propuso manejar el espectro radioeléctrico de forma técnica. Para el funcionario, lo ideal sería no hacer un concurso salvo en casos excepcionales.

Al respecto, mencionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) realizó un estudio de la distribución para la asignación de frecuencias, al precisar que existen 22 zonas del país que pueden dar servicios de radio y televisión y que se podrían adjudicar 100 frecuencias en esas zonas. También aseguró que están estudiando la manera para que los medios comunitarios no tengan que concursar.

En cuanto a las reformas a la LOC sugirió trasladar todos los aspectos técnicos de radiodifusión del actual título sexto de la Ley vigente de Comunicación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

De su lado, la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Palmira Charvero insistió en que la autorregulación de los medios no funciona y que estos, al ser empresas mediáticas, van a proteger sus intereses y no los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que la Ley debería facilitar los trámites burocráticos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos como el de réplica y rectificación. “Hace falta una instancia administrativa que regule el derecho a la comunicación porque, sino, caemos en la autorregulación y en la voluntad de las empresas mediáticas”.

Charvero también defendió la distribución por tercios del espectro radioeléctrico que a su criterio, ayuda a la desoligopolización de los medios, pero cree que hay que avanzar más en los temas de medios comunitarios.

Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, se refirió a la corresponsabilidad de los medios para temas de prevención de riesgos en eventos peligrosos y aseveró que en la normativa se debe tomar en cuenta la gestión de riesgos, en particular, el adecuado manejo de la comunicación en situaciones de crisis en los niveles 4, 5 y de alerta roja, en los cuales se activan los protocolos pertinentes.

Al respecto planteó un manejo adecuado de la comunicación desde las fuentes oficiales, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y promover una cultura de prevención.

También sugirió que en casos de crisis o emergencia, los medios audiovisuales se enlacen sin que medie una declaratoria de estado de excepción.

Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) recordó, durante su intervención, que Ecuador se convirtió en uno de los países más represivos en materia de libertad de expresión y que esta situación empeoró con la aprobación de la Ley de Comunicación.

En ese sentido, aseguró que es necesario que las reformas a la Ley estén alineadas a los estándares y tratados internacionales sobre la materia. Para ella, es urgente eliminar figuras como el linchamiento mediático, que ha limitado el periodismo de investigación y entidades administrativas como la SUPERCOM que ha actuado como un ente sancionador y sin independencia.

Southwick aplaudió las transformaciones y el cambio de política antiprensa, por una mayor apertura y voluntad por parte del gobierno. Sin embargo, aseguró que la retórica no sirve de mucho mientras las estructuras represivas siguen intactas y añadió que se deben crear mecanismos para que se garantice la vida de los trabajadores de los medios, desde el Estado.

La asambleísta alineada al Correísmo, Soledad Buendía, defendió la actual Ley de Comunicación y aseguró que los cambios propuestos por el ejecutivo, en el proyecto de reformas significan un retroceso para los derechos de los ciudadanos.

A Buendía le preocupa que se pierda la acción administrativa y la facultad para controlar a los medios, así como el estatus de “servicio público” que actualmente tiene la comunicación.

La asambleísta correísta tampoco considera oportuno eliminar la figura de linchamiento mediático o los consejos consultivos. Para ella todo esto representaría retroceder en derechos y avances logrados.

El asambleísta de Alianza- Tsáchila, Ángel Gende, aseguró que la actual Ley de Comunicación es una ley sancionadora que limita la libertad de expresión y controla a los medios, por lo que a su criterio se debería eliminar la SUPERCOM y que su rol pase al CORDICOM en el marco de regular, pero no de sancionar.

Gende cree que también se debe eliminar el linchamiento mediático ya que esta figura dio paso a abusos y a limitaciones del derecho.

También se refirió al tema de democratizar el espectro radioeléctrico y comentó que hoy no se cumple con la equidad y pluralidad que se prometió cuando se estableció un porcentaje para medios comunitarios, públicos y privados.

Finalmente, la asambleísta Verónica Arias, simpatizante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y miembro de esa misma comisión defendió a la actual Ley de comunicación y la existencia de la SUPERCOM. A su criterio, no se puede eliminar esta entidad administrativa sin antes reformar la Constitución.

Para Arias, se tienen que tomar en cuenta dos aspectos: regulación para que no exista censura previa y control para hacer efectiva la responsabilidad ulterior. “Está establecido que en casos de responsabilidad ulterior se necesita una institución que haga cumplir esas disposiciones constitucionales.

 

 

“Libertad: la limitaron pero jamás nos la quitaron”. Bajo esta consigna de desarrolló el segundo foro sobre las reformas la Ley Orgánica de Comunicación, que se llevó a cabo el 25 de junio, en el auditorio Vicente Rocafuerte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil.

A este segundo conversatorio -organizado por el Grupo Democrático para las Reformas a la LOC, el Grupo Parlamentario por la Defensa de la Libertad de Expresión, la asambleísta Cristina Reyes y FUNDAMEDIOS- asistieron: el periodista y activista Carlos Vera, la ex entrevistadora de Teleamazonas y abogada especializada en Derechos Humanos María Josefa Coronel, el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS César Ricaurte, y la periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa, Tania Tinoco.

Tras un minuto de silencio en memoria de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyos cadáveres fueron recientemente hallados e identificados tras más de 90 días de su secuestro, la asambleísta Reyes dio inicio al foro como un espacio para reflexionar lo que pasó con la aplicación de la LOC y pensar cómo queremos que el futuro.

Bajo ese marco, la periodista Tania Tinoco recordó los años del Correísmo, en donde “a vista y paciencia de autoridades” se atacó a la prensa y a los periodistas con la emisión de cadenas en donde sacaban temas personales para quitar la credibilidad de los comunicadores, sanciones a medios y otros mecanismos que significaron una carrera de resistencia en donde muchos quedaron fuera. “Nos dejaron heridos, sedientos de justicia (…) Nos hicieron ver como traficantes de mentiras o de verdades a medias”, recordó Tinoco, quien cree que lo que ocurrió en la década correista no puede volver a pasar, pero que el riesgo persiste si no aprendemos de los errores y horrores, sobretodo, tras la aplicación de una Ley de Comunicación que, a su criterio, debe ser reformada, entendiendo al periodismo como un pilar de la democracia.

“Somos obreros de las palabras, contadores de historia que muchos quieren enterrar para que estas no vean la luz. No somos micrófonos de delincuentes ni relacionistas públicos de las autoridades, ellos no son nuestros jefes sino ustedes, el público (…) La carrera de resistencia que tuvimos que emprender en la época correísta ha terminado, pero no hemos podido cruzar la meta. La reformas la Ley de Comunicación es lo que viene y lo que necesitamos ”, concluyó la periodista de Ecuavisa.

Carlos Vera, quien fue entrevistador en ese canal y ahora mantiene un programa de entrevistas en un medio digital recordó que debemos entender que la Ley de Comunicación actual representa la traición de un gobierno como el de Rafael Correa que se caracterizó justamente por eso. “Nos engañaron y nos usaron a medios y periodistas que creímos en una alternativa mejor, para implantar un sistema totalitario. Ese es el origen remoto de esta Ley y es necesario entenderlo y recordarlo, para entender sus futuras reformas”, apuntó Vera.

Al respecto, cuestionó al actual gobierno de Lenín Moreno por considerar necesaria una Ley de Comunicación y no haberla eliminado mediante consulta popular. Sin embargo dijo que no hay nada de relativizar y que cada periodista y caca medio debe tener en cuenta los principios éticos, ejercer una libertad con responsabilidad y entender que ese derecho que tenemos es la piedra angular de la democracia.

María Josefa Coronel se despojó de su condición de ex entrevistadora de televisión y se centró más en el derecho y sus principios generales como:  igualdad, equidad, justicia. Para ella, es necesario entender estos principios para poder analizar lo que considera fue una “deformación del derecho”, con la aplicación de la  LOC y que se haya considerado y degradado a la comunicación como un servicio público.

“Tenemos una Ley de Comunicación que debe ser derogada de pies a cabeza, yo aplaudo que exista apertura para las reformas, pero mi formación no me permite decir otra cosa que castigar esta ley con la derogación total”, dijo.

“Un servicio público debe ser general y para todos. Concebir la comunicación como servicio público es una atrocidad. Es como pensar que todos los medios tendrían que decir lo mismo bajo principio de igualdad y generalidad que es el principio básico de un servicio público. Llamar a la comunicación como tal resulta como querer meter una pieza forzada en un rompecabezas”, apuntó Coronel para quien se debe derogar la LOC y devolver la dignidad a la comunicación ya que no puede haber reforma o norma jurídica que restrinja derechos.

César Ricaurte cerró la jornada recordando las agresiones a la prensa y las sanciones a los medios en aplicación de la LOC. así como casos emblemáticos como el juicio de 80 millones del expresidente Correa contra diario El Universo, o la demanda de un millón contra los periodistas de investigación Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, entre más de dos mil casos.

Para Ricaurte, hubo tres etapas claves que definieron el gobierno de Correa en su persecución contra la prensa. La primera inició con agresiones verbales, la segunda con juicios como los casos citados y la tercera, que fue la “cereza de este pastel”,  con la construcción de un aparataje legal estatal para esa persecución que tuvo su punto crítico con la aprobación de la LOC.

En esa línea, el director de FUNDAMEDIOS aseguró que así como la LOC, hay al menos nueve cuerpos legales que afectan directamente a la libertad de expresión, por lo que considera que hay una agenda pendiente con aspectos a mejorar y la importancia de empezar con las reformas a este cuerpo legal que permita tener  una ley de comunicación que se ajuste a los estándares internacionales y garantice los derechos. “Debería quedar como ley marco, simple, escueta que reconozca las libertades y luego plantear otras leyes necesarias para diferenciar los distintos aspecto de la comunicación”, propuso Ricaurte.

 

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César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS fue recibido la mañana de este 20 de junio de 2018 por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, en el marco de las audiencias que mantiene esa Comisión con miras a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). A la cita también acudieron Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de periodistas (FENAPE) y Gisela Dávila, Directora del centro de estudios CIESPAL.

Durante su intervención Ricaurte aseguró que una ley es siempre una construcción social. En ese sentido, recordó que se deben evaluar los pocos o nulos avances que se han visto en el desarrollo de los medios y los resultados negativos tras cinco años de aplicación de una Ley de Comunicación que pretendió regular un derecho humano fundamental.

Según Ricaurte, hay dos principios que se tienen que aplicar en la discusión de las reformas a la LOC. El primero, el respeto a los estándares internacionales, y el segundo, que se construya una ley sencilla, simple y comprensible. “Mi sugerencia es que sea una ley marco y que, como país, nos impongamos el tratamiento de una agenda mucho más amplia de legislación sobre el derecho a la libertad de expresión (…) Necesitamos una ley de medios públicos; la Ley de Acceso a la Información tendría que ser reformada y, como una tarea importantísima, plantearnos una ley específica de radio y televisión”, apuntó el director de FUNDAMEDIOS.

Otro aspecto al que se refirió Ricaurte fue la creación de un sistema de regulación y autorregulación de los medios, ajustados a las mejores prácticas internacionales. Al respecto aseguró que debe existir un organismo regulador que tiene que ser el CORDICOM, pero que cumpla con las característica que señalan los estándares internacionales de independencia y alto nivel técnico.

En cuanto a los mecanismos de autorregulación, Ricaurte citó casos de éxito en latinoamérica, como el de Chile, en donde funciona un consejo de ética de medios, en Perú, Uruguay y Colombia. Dijo que en Ecuador podría funcionar muy bien un consejo de prensa con la inclusión de la academia y los sectores comunitarios. “En el  Ecuador no se ha hecho un esfuerzo serio todavía por autorregularse”, apuntó el directivo de FUNDAMEDIOS.

Entre las sugerencias expuestas por Ricaurte también figura la implementación de otros mecanismos de autorregulación como un sistema de defensores de la audiencias, promovidos desde los mismos medios de comunicación y no como una imposición desde el Estado, así como contar con códigos de ética desarrollados al interior de los medios.

Finalmente, Ricaurte pidió que para las reformas a la Ley se considere el tema de la seguridad para periodistas, con el desarrollo de un mecanismo sencillo y concertado y la implementación de una mesa de coordinación de seguridad, en donde se acuerden manuales y las mejores prácticas para medios y periodistas, así como la implementación de mecanismos colectivos de aseguramiento para periodistas, ante la dificultad de los medios pequeños de poder pagar un seguro para sus trabajadores.

 

Derogar la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), eliminar la figura del linchamiento mediático, vender los medios incautados, defender a la libertad de expresión -vista como un derecho humano fundamental- y adecuar la nueva Ley de Comunicación a estándares internacionales fueron las coincidencias expresadas por asambleístas, sociedad civil, periodistas y autoridades del sector de la comunicación, durante el primer foro sobre reformas a la LOC.

El evento, que tuvo lugar este 5 de junio de 2018 en la Asamblea Nacional, fue convocado por el Grupo Democrático para las Reformas a la LOC, el Grupo Parlamentario por la Defensa de la Libertad de Expresión, la asambleísta Cristina Reyes, y FUNDAMEDIOS y contó con la participación del presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, Danilo Silva; el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo; la asambleísta Lourdes Cuesta; el presidente de los Canales Comunitarios Regionales Asociados del Ecuador y de la AER-Pichincha, Roberto Manciati; el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, y del periodista de diario La Hora, Miguel Molina.

Además de las coincidencias, en el encuentro se expresaron las principales preocupaciones sobre las reformas a la LOC. A la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta le inquieta el artículo 5 del proyecto reformatorio enviado por el Ejecutivo, el cual define a los medios como mecanismos aptos para difundir o divulgar información. “Cuidado nos quieran regular redes o internet”, advirtió Cuesta, a quien también le preocupa la confirmación del Cordicom y el hecho de que se ponga a un representante del Gobierno.

Otro tema que preocupa es el de las atribuciones que tendría la Defensoría del Pueblo tras la desaparición de la SUPERCOM. “Que no vayan a parar a ningún lado y que la defensora del pueblo siga con las atribuciones que tiene por constitución”, apuntó la legisladora, quien es proponente de un proyecto derogatorio de la LOC, por considerar que “lo que nace torcido es muy difícil de enderezar y todos sabemos cómo nació esa Ley; para perseguir, amedrentar a los medios y para que los casos de corrupción que hoy están saliendo no se investiguen y queden en la impunidad”.

Roberto Manciati compartió la preocupación de Cuesta sobre el papel que tendría la Defensoría del Pueblo y aseguró que, tras la experiencia vivida con la SUPERCOM, en donde se generó un proceso inquisitivo para sancionar a los medios, no se debería desvirtuar el papel de la Defensoría.

En otro tema, a Manciati también le preocupa la distribución de frecuencias del 33, 33, 34, del porcentaje destinado para medios públicos, privados y comunitarios que fue planteado en la actual Ley de Comunicación y que, a su criterio, implica el retiro de frecuencias de medios que han invertido años en esta actividad, por lo que es vital respetar el derecho adquirido.

A Manciati le inquieta la imposición de porcentajes para la difusión de contenidos musicales como el llamado 1X1, que obliga a las radios a difundir música producida en Ecuador. Para él, estas imposiciones son difíciles de cumpir y en el caso del 1X1, cree que en la práctica se ha afectado la presencia del medio en el mercado, por lo que propuso que a las radios comerciales no se les imponga dicho porcentaje, o se fije un porcentaje menor que podría ser suplido con los medios públicos. “Es muy difícil que las radios cumplan el 1×1 porque no siempre hay grupos musicales ecuatorianos especializados en música clásica, salsa, tango, etc”.

Por su parte, al abogado y periodista Miguel Molina le preocupan varios aspectos. Uno de ellos es el lenguaje ambiguo que está presente, al menos en el proyecto enviado por Presidente Moreno, y que genera espacios de discrecionalidad como el uso de criterios de veracidad, calidad o nivel de morbosidad, interés público que difícilmente pueden ser definidos o establecidos.

Al igual que el resto de panelistas, Molina coincidió en que la SUPERCOM y el linchamiento mediático deben desaparecer y respecto al papel de la Defensoría del Pueblo, aseguró que el mencionarla en una ley sería redundar en las facultades que ya tiene.

A su criterio, es un tema crítico a analizar, sobretodo, en su facultad de dictar medidas de protección, ya que podría incurrir en censura previa. “El gran desafío que tiene la asamblea es adecuar todos los proyectos a los estándares interamericanos”, dijo Molina, quien también defendió que no se debería exigir la titulación obligatoria para ejercer la libertad de expresión.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS enfatizó en la necesidad de  generar espacios de debate, desde la sociedad en su conjunto, para sostener un proceso de reformas a la LOC y evitar que suceda lo ocurrido en 2013, cuando en una noche se aprobó una Ley con más de 60 artículos, algunos introducidos a última hora y sin un debate previo. “La sociedad tiene que debatir ampliamente una ley de este tipo porque, cuando llegue al legislativo, tiene que hacer capital social para sostener el proceso (…) Cuando se debata la Ley, todos los legisladores tienen que recoger espíritu que está en la sociedad”, apuntó.

En ese sentido, dijo que la Ley actual es como un “Frankestein”, que, por un lado, prohíbe la censura previa y por otro, impone los contenidos a los medios. “Con esta ley enferma se ha tratado de regular a este derecho humano fundamental y las consecuencias han sido nefastas, no solo por los más de mil procesos iniciados contra los medios, sino porque se ha propiciado la autocensura y ha afectado el derecho de los ciudadanos a informarse “.

En ese sentido, Ricaurte hizo un llamado a los presentes para no cometer los errores del pasado y para no convertir a la nueva ley en una colcha de retazos. “Yo propongo que la nueva coherencia de la nueva Ley sean los estándares internacionales, si tenemos eso como horizonte, punto de partida y de llegada podremos hacer un buen trabajo”.  

Danilo Silva, titular del CORDICOM coincidió en la necesidad de tener un debate democrático para que la reforma de la LOC “sea la que se requiere y en respeto a las libertades”.

Para Silva, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, pero una democracia con responsabilidades. Al respecto, se refirió a la responsabilidad ulterior y aseguró que no se pueden lesionar otros derechos y que si eso ocurre, no hay mejor opción que un juez especializado e independiente para resolver y adjudicar en derecho con proporcionalidad y en base a estándares lo que corresponde.

En ese sentido cuestionó el papel que ha jugado la SUPERCOM por considerar que esta no hacía una ponderación adecuada de derechos y que en estos casos, la motivación es la clave y para ello, se necesita el adecuado análisis de un juez competente. “Más allá de los análisis, el tema central es que la libertad de expresión no debe estar sujeta a control del Estado. Es uno de los Derechos humanos esenciales, apuntó”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo anunció los pasos que seguirá la Comisión que preside para tratar las reformas. Al respecto informó que se tratarán siete proyectos de ley. Cinco proyectos reformatorios y dos derogatorios que serán agrupados y tratados en dos informes

Además, Corozo, informó que se abre las Comisiones Generales de la Comisión de Derechos Colectivos y que los primeros en ser recibidos serán el Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y el presidente del CORDICOM, Danilo Silva, convocados para el próximo lunes 11 de junio. Antes de retirarse del foro, invitó a que todos los sectores de la sociedad civil tomen parte del debate.

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FUNDAMEDIOS respalda la decisión que tomó el pleno de la Asamblea Nacional este 12 de marzo de 2018, al censurar, con 119 votos, al exsuperintende de la Información y Comunicación Carlos Ochoa. Esta decisión, no solo refleja que hubo coincidencias respecto a que el  exfuncionario se extralimitó en sus funciones, sino que también aplicó de manera arbitraria, abusiva y fraudulenta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y hasta la usó en beneficio propio, desde que asumió ese puesto hace casi cinco años.

Ochoa, además, deberá rendir cuentas ante la Justicia por la falsificación y uso de la Ley de Comunicación falsificada para sancionar a una docena de medios.

Cabe recordar que en medio del debate en el interior del Pleno, no solo se cuestionó de manera unánime la actuación de Ochoa y la necesidad de su destitución y censura, sino también la legitimidad de la LOC y la necesidad de reformarla o derogarla. Nos congratulamos que la gran mayoría de Asambleístas de las distintas bancadas legislativas hayan expresado la voluntad para avanzar en el proceso para cambiar profundamente la Ley.

El asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento CREO-SUMA y uno de los interpelantes en el juicio político aseguró que Ochoa implementó un modelo restrictivo de derechos y amedrentó a los medios por pensar diferente. En esa línea, el asambleísta Homero Castanier, de CREO y que acudió en reemplazo de Lourdes Cuesta afirmó que Ochoa irrespetó normas constitucionales y de derechos humanos, y también logró beneficios a título personal. Criterio que fue compartido por la asambleísta María Mercedes Cuesta, de FE y excompañera de trabajo de Ochoa.

Asambleístas como Mae Montaño, de CREO y el socialcristiano Luis Fernando Torres fueron más allá y cuestionaron la legalidad de la misma Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y el hecho de que su figura fue incluida a último momento y sin debate, al igual que algunos artículos de esa Ley, como el linchamiento mediático.

Por esta razón, FUNDAMEDIOS exhorta a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de nombrar a un nuevo Superintendente y, en su lugar, invita a dar pasos acelerados para las reformas a la LOC.

Lo ocurrido la noche del 12 de marzo en el seno de la Asamblea Nacional demuestra el descontento generalizado en la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por no alinearse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. No lo dijeron solamente los 119 legisladores que votaron en favor de la censura a Ochoa, sino las coincidencias respecto a que la aplicación de esta Ley que ha generado censura, miedo y abuso de derechos.