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Reformas LOC

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Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real.

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.

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Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

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La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada el 23 de junio de 2013, fue el dispositivo más sofisticado que tuvo el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de dominar y someter a los medios de comunicación independientes y al periodismo libre del país.

¿Cuál es el balance de la vigencia de la LOC para la libertad de Expresión? Más de 800 procesos en contra de periodistas y medios. Más de 500 sanciones para tratar de disciplinar a los medios y controlar no solo lo que decían, sino lo que no decían o lo que decían terceras personas que se expresaban a través de la prensa.

Ningún demócrata puede defender un instrumento de esta naturaleza. Los caminos para su desmontaje, eso sí, han marcado diferencias: algunos han planteado la derogatoria. Respetable punto de vista. Desde nuestra perspectiva, era mucho más apegado a la realidad intentar una reforma profunda y, creemos, que lo aprobado este 14 de febrero en la Asamblea Nacional va en esa línea, aunque no nos satisface del todo.

La brújula, lo dijimos, son los estándares internacionales y todavía quedan puntos en los cuales las reformas quedan debiendo. Por eso, llamamos a plantearnos desde ya una segunda generación de reformas que terminen por desmontar la estructura institucional y legal del correísmo y signifiquen avances significativos en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nos congratulamos de que hayan existido sectores para quienes la Ley Orgánica de Comunicación significó ganancias y avances, como el de la industria audiovisual. Esta realidad, no la debemos desconocer. Sin embargo, invitamos a los ganadores de todos estos años para que piensen en el país de largo plazo y planteen alternativas a un proteccionismo total del sector.

No creemos lo mismo del sector comunitario. Pese a la lírica incluida en la Ley y en los discursos oficiales, el sector comunitario fue uno de los perdedores de la vigencia de la LOC. Por lo tanto, es difícil entender, más allá de factores ideológicos, la defensa a ultranza de la situación creada por el correísmo. Quedan para la valoración histórica el respaldo a la aprobación de la LOC en 2013 y su oposición a las reformas de 2019.

En todo caso, invitamos abiertamente a todos los sectores a despojarse de intereses y caretas ideológicas para pensar en el Ecuador del mañana y avanzar en las reformas legales e institucionales necesarias para recuperar plenamente la libertad de expresión y que implican leyes como:

Código de la Democracia
Ley de Participación Ciudadana
Ley Antimonopolio
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Creación de la Ley del Sistema de Medios de Servicio Público
Creación de la Ley de Publicidad Oficial

Así mismo, creemos que se debe dar pasos decisivos para la creación de mecanismos de protección al trabajo periodístico, dónde se refleja la responsabilidad estatal, la colaboración de la sociedad civil y la corresponsabilidad de medios de comunicación y periodistas.

En definitiva, hoy se ha dado un gran paso, pero aún debemos dar muchos más en el camino para que en el Ecuador tengan plena vigencia las libertades de expresión y prensa.

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Este 24 de enero, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea analizó y se pronunció en torno al veto del presidente Lenín Moreno a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con cinco votos a favor y dos abstinencias se aprobó el informe sobre la objeción parcial a las modificaciones del Ejecutivo. La Comisión se allanó a 20 artículos y pidió ratificar el texto original en el pleno sobre seis objeciones restantes.  

La ratificación se pide en los artículos sobre:

  • Integración, designación y atribuciones del CORDICOM, donde el Ejecutivo sugiere que los funcionarios sean designados directamente y donde existirían representantes de: Función Ejecutiva, Consejos Nacionales de Igualdad, Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, Gobiernos autónomos Descentralizados y un Defensor del Pueblo.
  • Responsabilidad solidaria de medios de comunicación
  • Acciones afirmativas para medios comunitarios
  • No derogación del Artículo.98, sobre producción audiovisual nacional

Esta última ha generado un debate fuerte al interior de la Comisión y entre la ciudadanía. En ese contexto, el asambleísta Jorge Corozo sostuvo que “es importante la preocupación de arte de medios audiovisuales. Tenemos dos opciones, allanarnos o votar en contra. En el Pleno tendremos nuevamente la oportunidad de discutir”. César Carrión expresó que es una necesidad apoyar, incentivar y defender la producción nacional. “Este proyecto tiene que defender las empresas nacionales, no basta con un articulado”, acotó Jeannine Cruz. Durante la votación del Artículo.98 hubo seis votos en contra y tres a favor.

Los Legisladores solicitaron que, cuando se presente el informe no vinculante ante el Pleno, se mocione que la votación sea artículo por artículo o en dos bloques: allanamientos y ratificaciones.

 

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrollaron un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, abogados, asambleístas, representantes de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios para aportar e incidir en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional tuvo por objetivo recoger las reflexiones de distintos sectores de la sociedad para sumar a la construcción de un cuerpo legal que garantice el principio fundamental de la libertad de expresión.

Entre octubre y noviembre de 2018, en Quito y Guayaquil, se llevaron a cabo los diálogos ‘¿Qué opinan los periodistas sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación?’. Cada uno de los foros contó con un promedio de 50 asistentes.   

Además, se contó con una variada lista de expositores y facilitadores que guiaron la discusión y los aspectos más relevantes a tomar en cuenta en el proceso de modificaciones:

Academia:

  • César Carrión
    Decano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Carlos Aulestia
  • Subdecano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Efraín Luna
    Director de la carrera de Comunicación de la UCSG

Asamblea Nacional

  • Jeannine Cruz
  • Asambleísta
  • Vladimir Andocilla
    Asesor de la Comisión de Derechos Colectivos

Sector Público

  • Édison Toro
  • Superintendente de Comunicación e Información
  • Danilo Sylva
    Expresidente del Cordicom
  • Luis Holguín
  • Consejero del Cordicom. Representante por los Consejos de Igualdad
  • Rosario Utreras
  • Consejera del Cordicom. Representante por la Defensoría del Pueblo
  • Paulina Murillo
  • Delegada de la Defensoría del Pueblo
  • Marco Pacheco
    Coordinador Zonal de la Defensoría del Pueblo

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Periodistas

  • César Ricaurte
    Director Ejecutivo Fundamedios
  • Desirée Yépez
    Directora de Contenidos Fundamedios
  • Mauricio Alarcón
    Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
  • Marco Encalada
    Gerente de la Fundación Oikos
  • Fred Larreátegui
  • Abogado en libre ejercicio
  • Francisco Rocha
  • Presidente Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
  • Guadalupe Fierro
    Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
  • Carlos Rojas
    Periodista de Ecuavisa
  • Ana María Acosta
    Coordinadora de la Fundación El Churo
  • Martha Roldós  
  • Directora Fundación Mil Hojas
  • Juan Manuel Yépez
  • Director de Contenidos Gráficos Nacionales (Granasa)

Los diálogos se desarrollaron como un espacio eminentemente democrático. En el debate se determinaron roles y competencias de cada institución para garantizar el derecho a la comunicación.

El trabajo con distintos sectores de la sociedad civil, gremios periodísticos, medios de comunicación, periodistas y academia partió del objetivo de que cualquier reforma que se apruebe respete y garantice la libertad de expresión. El resultado de dichos encuentros se resumió en un documento que fue entregado a los legisladores que este 18 de diciembre debatirán la aprobación de las modificaciones que deben ajustarse a los estándares internacionales.

 

 

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El lunes 10 de diciembre, tras una sesión de cuatro horas, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Siete legisladores votaron a favor del proyecto y tres, José Chalá, Carmen García y Marcela Holguín, en contra.

Después de varias sesiones de diálogo, observaciones y votación, el informe propone cambios sobre los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y la ratificación de  la obligatoriedad de la profesionalización a los trabajadores de la comunicación, entre otros. Modificaciones hechas a última hora se tomaron en consideración como fue el artículo 79 de la ley para permitir a los medios de comunicación la difusión de publicidad de bebidas de moderación hasta cinco grados del alcohol.

El asambleísta César Carrión propuso una disposición transitoria para que las sanciones pecuniarias aplicadas para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sean revisadas. Expresó que la institución debe encargarse de las sanciones en los 180 días que tendrá de plazo para desaparecer, una vez que la reforma sea oficial. Jeannine Cruz, de CREO, expresó que cuando la Supercom deje de funcionar, parte de sus derechos  y obligaciones deberán ir al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). “Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Supercom serán asumidos por el Cordicom de acuerdo a sus atribuciones”, precisó Jorge Corozo, presidente de la Comisión.

Según el Legislativo, el texto del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación contiene 90 artículos y 6 disposiciones transitorias.Este informe será enviado este 13 de diciembre a Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea, para ponerlo a consideración del pleno.

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Este 28 de noviembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea retomó la discusión en torno al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La ministra del Interior, María Paula Romo, presentó sus observaciones. La funcionaria expresó que previamente se reunió con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y otras instancias para recopilar opiniones diversas.

“La Ley de Comunicación no solo es importante por lo que dice, sino por lo que representa”, dijo. Entre sus observaciones, Romo mencionó la eliminación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); los mecanismos de sanción, que deben ser trasladados de penales a civiles; la importancia de mantener el 1×1, así como el 5% de contenido intercultural. También hizo un llamado a proteger a los medios comunitarios, resaltando la conquista que representa mantener el 34% del espectro radioeléctrico y la posibilidad de permitir la venta de publicidad para respaldarlos.

La Ministra enfatizó en que las reformas deben aclarar la diferencia entre contenidos. “No se puede tratar a la opinión y a la publicidad de igual manera”, expresó. Habló también sobre el Comité de Seguridad para Periodistas y aclaró que es preciso que quienes ejercen el oficio participen como miembros. “Lo que se busca es garantizar seguridad. Al ser un comité interseccional, busca ser un espacio de diálogo para que la seguridad de periodistas y sus coberturas sean trabajadas por todas estas instancias”.

La sesión terminó con la presentación de Enrique Herrería. El asambleísta se refirió a la importancia de los porcentajes de interculturalidad en medios de comunicación y las leyes para publicidad en el país.

La mañana de este 22 de noviembre, periodistas independientes, de medios privados, públicos y comunitarios participaron en el cuarto diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por Fundamedios, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El Puerto Principal fue la sede del encuentro de este jueves.

Esta iniciativa interinstitucional tuvo en su panel a Marco Pacheco, representante de la Defensoría; Martha Roldós, directora del portal Milhojas; Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep); y Juan Manual Yépez, editor de contenidos de diario Expreso.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, dio la bienvenida a las decenas de asistentes. «La reforma a la Ley de Comunicación es una oportunidad para contar con un cuerpo legal que garantice derechos y eliminar una herramienta utilizada para la persecución», destacó la periodista. Rosario Utreras, consejera del Cordicom, explicó que las observaciones que se intercambian en el diálogo se recogen. El objetivo es entregarlas oficialmente ante la Comisión de Derechos Colectivos que discute las reformas modificaciones.

Martha Roldós, directora del portal MilHojas inició su intervención mencionando que  la LOC fue concebida como una ley de medios, para la censura y para permitir que se cometan actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos. En ese contexto, destacó la importancia de que, tal como indican los estándares internacionales, los códigos de ética de los medios se elaboren por un Consejo de Prensa y no impuestos por el Estado. «Es importante hablar de autorregularición. Hay que reformar otras leyes como el COIP, que todavía se usa para sancionar opiniones». También insistió en que debe reformarse lo que se refiere a reserva de información. «Las restricciones se mantienen en las reformas a la LOC. Este es uno de los puntos más críticos que impide u obstaculiza el ejercicio periodístico».

El representante de la Aedep sostuvo que se se quiere una Ley de Comunicación, debe ser una que promueva derechos y que se base en estándares internacionales de Derechos Humanos. Rocha aboga por la derogación de la norma. «No se puede reformar una ley que es inconstitucional, lo que es inconstitucional debe ser derogado no reformado».

Finalmente, Juan Manuel Yépez, editor de contenidos de diario Expreso, expuso que uno de los principales problemas de la Ley vigente es la subjetividad en su aplicación. Y presentó una serie de ejemplos. «En el caso de Extra teníamos en promedio cuatro audiencias al mes. Una por semana. Y debíamos presentarnos en Quito, ante la Supercom», relató ante el auditorio.

En las próximas semanas se presentará ante la Comisión de Derechos Colectivos las relatorías de estos encuentros. Próximamente también se desarrollará un foro para exponer los puntos clave de la reforma.

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Este 21 de noviembre, la Comisión de los Derechos Colectivos recibió a Lorena Abad, exreportera de Radio Pública; y Juan Salazar, exalcalde de Riobamba, como parte de la discusión que se desarrolla en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

A través de videoconferencia, Lorena Abad indicó que el pasado 31 de octubre fue despedida de la Radio Pública. La periodista sufre cáncer de tiroides y, según indicó, fue despedida junto a otros 50 otros periodistas. “¿Es posible despedir a un trabajador con enfermedad catastrófica? ¿El sistema legal no nos ampara? Necesitamos una ley para que no vuelva a pasar lo que estoy pasando”, expresó. En ese contexto, la asambleísta Marcela Holguín, de la bancada Revolución Ciudadana hizo una petición especial a que la invitación sea extienda a Martha Moncayo, gerente general de Medios Públicos EP, para que se refiera al tema.

Juan Alberto Salazar, comunicador social y exalcalde de Riobamba, dio a conocer su caso de linchamiento mediático, el que definió como una “conmoción social” durante la presidencia de Rafael Correa. Según el exfuncionario, se difundió la idea de que él, como autoridad, se llevó 13 millones de dólares y debería ir a la cárcel. Salazar pasó 1641 días encarcelado y su caso se presentó ante la Mesa por la verdad y la justicia: perseguidos políticos nunca más. “Es urgente proteger los derechos de los periodistas. Los medios de comunicación públicos se convirtieron en jueces. Comunicación pública con libertad y sin persecuciones. Después de haber conversado con varios periodistas, esto no puede volver a repetirse”, expresó.

La siguiente sesión tendrá lugar el próximo miércoles 28 de noviembre, a  las 11:00.