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Relatoria Especial para la Libertad de Expresión

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Ecuador, 24 de noviembre del 2020. FUNDAMEDIOS solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares a favor del periodista Juan Sarmiento, que fue sentenciado a 10 días de prisión, al pago del 25% de una Remuneración Básica Unificada (USD 100) y a pedir disculpas públicas por daño moral como resultado de una querella impulsada por el exgobernador de Napo, Patricio Espíndola.

A través del formulario respectivo, un escrito específico y 5 documentos anexos, Fundamedios argumentó que en este caso se cumplen los tres criterios de consideración en torno a las medidas cautelares, los cuales son: la gravedad de la situación; urgencia de la situación y el daño irreparable.

En el documento se detalla que, desde abril de 2020, el periodista Juan Sarmiento publicó varias críticas mediante redes sociales referentes al mal manejo por parte del ahora exgobernador Jorge Patricio Espíndola respecto a la pandemia COVID19. Estas críticas se relacionan con la ineficiencia del funcionario al dotar de protección de bioseguridad a los médicos del sistema de salud en la provincia, al coordinar acciones con el COE Provincial y al comunicar a la ciudadanía acerca de la situación de la provincia frente a la crisis sanitaria.

Entre las críticas mencionadas se señala la expuesta el 29 de mayo de 2020 en su cuenta de Facebook, en dicha publicación se encuentra un vídeo en el cual el Gobernador de Napo señaló que si la ciudadanía quería hacerse una prueba rápida de COVID19 hagan lo que él hizo, acudir a un laboratorio privado, a lo que Sarmiento señaló “¿Es en serio Gobernador? ¿A ese nivel de miseria humana le llevó el puesto? ¿Qué pasará con las personas que viven con 1 dólar diario?”

El 30 de julio del 2020, el entonces Gobernador presentó una querella en contra del periodista Juan Modesto Sarmiento Loja, por daño moral, daño a la dignidad del hombre y daño emocional por la emisión de críticas mediante redes sociales, relacionadas con la ineficiencia en la respuesta a la crisis sanitaria por el número real de contagiados y la gestión para dotar capacidad de respuesta al sistema de salud en la provincia.

El 12 de octubre de 2020, la Unidad Judicial Penal de Garantías Penales de Napo declaró  la responsabilidad penal del periodista Juan Sarmiento en la Contravención de cuarta clase, establecida en el art. 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo establece lo siguiente: “Art. 396.- Contravenciones de cuarta clase. – Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Esta sentencia fue apelada por el periodista Sarmiento ante la Corte Provincial de Justicia de Napo, el 14 de octubre de 2020. Este recurso fue rechazado y se procedió a ratificar la sentencia emitida el 12 de octubre de 2020 condenando al periodista a 10 días de prisión, al pago del 25% de una Remuneración Básica Unificada y a pedir disculpas públicas al Gobernador.

Entre los argumentos establecidos en dicha sentencia se establece que “la libertad de expresión no puede constituirse de modo alguno como un medio para vulnerar otros derechos fundamentales de las personas, al margen del cargo, dignidad o puesto que ocupe una persona en la sociedad, como efectivamente ha sucedido en la presente causa”; 

Fundamedios señaló que está en riesgo la libertad de pensamiento y expresión, un derecho establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la postura de Fundamedios, estas sanciones penales pueden utilizarse como método para suprimir los cuestionamientos, al proteger a los funcionarios y últimamente al propio gobierno de las críticas, sobre todo en medio de la crisis existente, en la que a nivel mundial los distintos gobiernos se han visto severamente expuestos por un mal manejo de la pandemia.

En el contexto del COVID19, una serie de derechos relativos a la libertad de expresión y el acceso a la información han sido vulnerados, lo que ha desencadenado una criminalización a los periodistas, en muchas ocasiones por emitir una crítica hacia la gestión de funcionarios públicos, como el caso del periodista Sarmiento.

Fundamedios señaló en su comunicado ante la CIDH que, en muchos casos, los periodistas fueron detenidos o arrestados luego de plantear preguntas acerca de las limitaciones de las estadísticas oficiales o por facilitar el debate acerca del suministro de equipos médicos. De acuerdo al Instituto de Prensa Internacional al menos 38 periodistas han sido detenidos y/o arrestados.

En Ecuador, Fundamedios ha generado 105 alertas por agresiones y ataques contra periodistas desde el inicio de la pandemia. Este tipo de violencia contra periodistas además de vulnerar el derecho a expresar opiniones e información, genera un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura. La gestión pública es objeto de control por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación son parte esencial para promover la discusión acerca de asuntos de interés público además de ser un medio de control a la gestión gubernamental. Esta crisis ha evidenciado que la libertad de expresión “es fundamental para enfrentar los desafíos de la pandemia, toda vez que combate la desinformación, por esta razón es importante que los medios de comunicación sean capaces de informar sobre la pandemia sin temor o censura”.

Para Fundamedios, se vuelve urgente la necesidad de la medida cautelar toda vez que se han agotado los recursos disponibles de acuerdo a la normativa legal vigente para apelar la sentencia, lo que implicaría la privación de libertad del periodista de forma inmediata, generando una vulneración grave a sus derechos humanos, a su libertad de expresión, a su libertad personal, a la imposición de sanciones pecuniarias afectando de forma grave sus derechos humanos, su integridad personal y su dignidad.

Después de exponer estos hechos y fundamentos, se solicitó a la CIDH que se emitan las medidas cautelares que signifique la suspensión de los efectos de la sentencia, en especial se suspenda la pena privativa de libertad de 10 días en cárcel impuesta en aplicación del Artículo 396 Numeral 1 del Código Orgánica Integral Penal para el beneficiario Juan Modesto Sarmiento Loja, toda vez que las consecuencias del proceso penal, la imposición de la sanción pecuniaria, los antecedentes penales generados, la pérdida de la libertad personal, representan una grave afectación a los Derechos Humanos del beneficiario, resultando extremadamente desproporcionadas, al tratarse de una crítica respecto a actos oficiales de una autoridad pública en el desempeño de su cargo, lo cual no puede ser objeto de sanción, pues es contrario al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos e instrumentos internacionales en materia de libertad de expresión.

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Ecuador, 6 de octubre del 2020. Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA agradecemos públicamente a Edison Lanza, quien durante los últimos 6 años fue el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiempo en el cual demostró su interés por precautelar este derecho fundamental, así como una actuación permanente y crítica contra aquellos que pretenden menoscabar esta Libertad.

En Ecuador, Edison Lanza desempeñó un papel importante en varios momentos claves. En el caso del secuestró y asesinato de los periodistas de El Comercio, encabezó el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH que emitió recomendaciones y se formó con el objetivo de vigilar de cerca las investigaciones para que el hecho no quede en la impunidad.

A finales de octubre, en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al combustible, Lanza llegó al Ecuador en una visita oficial para que la CIDH investigue lo ocurrido durante los once días de manifestaciones masivas y disturbios. En ese tiempo el ex Relator cuestionó las agresiones físicas a medios de comunicación que fueron atacados y aseguró que serán investigados.

El 25 de julio de 2018, Lanza fue recibido por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramitó las reformas a la Ley de Comunicación. Al respecto presentó un análisis del proyecto de reformas del ejecutivo y aseguró que, si bien el texto muestra algunos avances, hay otros que sugiere ser observados para adecuarse a los estándares antes mencionados.

A inicios de octubre, Lanza aseguró que mira con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias  en el concurso público, después de que estas se hayan entregado

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. Por lo que damos la bienvenida a Pedro Vaca, quien fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio.

Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde Fundamedios Ecuador y Fundamedios USA acompañaremos al nuevo relator en su camino de defensa de la Libertad de Expresión y le auguramos los mejores deseos.

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Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes felicitan a Pedro Vaca y le dan la bienvenida como nuevo relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.

Agradecemos, además, el trabajo comprometido de Edison Lanza, quien hasta el día de ayer fue titular de dicha Relatoría, así como los notables avances logrados en materia de libertad de expresión durante sus seis años de mandato.

Pedro Vaca fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio. Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. La RELE ha sido fundamental en el desarrollo de doctrina, jurisprudencia y estándares interamericanos en esta materia. Su labor ha sido crucial en la reforma de legislaciones nacionales y su adecuación a los estándares del Sistema Interamericano. En resumen, el trabajo de la Relatoría ha sido fundamental para responder de forma efectiva a los desafíos cada vez más complejos que se presentan para la libertad de expresión y el acceso a la información en las Américas.

Actualmente la libertad de expresión en el hemisferio continúa enfrentado grandes desafíos, alguno de ellos son la violencia contra quienes ejercen este derecho – especialmente periodistas – y la impunidad en esos casos; el cierre del espacio cívico; las restricciones al acceso a la información pública y la tendencia a la opacidad en temas de interés públicos o relacionados con Derechos Humanos; los nuevos desafíos que presenta la tecnología digital en el ejercicio de la libertad de expresión, en temas como vigilancia de las comunicaciones, neutralidad de red o conectividad y acceso a la información; la garantía efectiva de la participación en el debate público de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil con menor visibilidad al nivel regional – como mujeres, población LGTBI, comunidades étnicas, etc.- entre otras.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro firme apoyo a la labor que se lleva a cabo en el ejercicio de este mandato y estamos prestos a colaborar y trabajar con Pedro Vaca y su equipo para atender los problemas más acuciantes que afectan hoy a la libertad de expresión en las Américas.

Firman

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso
IFEX-ALC
REDLAD
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Voces del Sur

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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El pasado 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2018, suscrito por el relator Edison Lanza. En el documento se aplaude las medidas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno para garantizar el reconocimiento público de la importancia de la labor de la prensa y la defensa de Derechos Humanos en una sociedad democrática.

En agosto de 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH hizo una visita oficial a Ecuador para evaluar la situación de la libertad de expresión. Como parte del proceso de normalización de las relaciones del Estado con la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y organismos internacionales, el Presidente de la República extendió dicha invitación.

Tras el encuentro, la Relatoría determinó que el país atraviesa un periodo de transición, luego de una década bajo el mandato de Rafael Correa, que significó un periodo de graves amenazas y agresiones a los derechos de libertad de expresión. Se establece que las instituciones públicas están en un proceso de replantear sus políticas con el fin de  desmontar las prácticas represivas dirigidas a cerrar el espacio democrático, ejecutadas entre 2007 – 2017.

Entre las observaciones del informe se menciona que durante la última década en Ecuador se aplicó una “política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos y opositores políticos”. Se agrega que “fueron objeto de especial persecución”, periodistas y comunicadores, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y opositores que difundían opiniones, información, investigaciones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana«.

El informe hace énfasis en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su reforma, aprobada el pasado 8 enero. La RELE indicó su preocupación por este cuerpo normativo desde antes de su aprobación, sin embargo, el Estado hizo caso omiso a las mismas. En ese sentido, se enfatiza que la LOC se utilizó como un instrumento de persecución y restricción del derecho a la libertad de expresión.

La Relatoría reconoce que durante la aplicación de la Ley, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, como FUNDAMEDIOS, documentaron y denunciaron que habría tenido un efecto inhibitorio para el periodismo. Gracias a su trabajo, se planteó la reforma del cuerpo normativo, así como la supresión de la Superintendencia de la Comunicación y la Información (Supercom).

En cuanto al acceso a la información, se reconoce que es un país que trabaja constantemente para vencer “la cultura del secreto y tener un mayor acceso a la información en poder del Estado, estadísticas, cifras y datos.” Sin embargo, se reconoce que el acceso a la información sigue siendo un mecanismo poco efectivo para ejercer periodismo.

También se hace referencia al concurso de frecuencias, mismo que fue observado por el organismo en 2016 por la denunciada falta de inclusión y transparencia en el proceso; además de denuncias por presuntos actos de corrupción. Se recomienda al Estado establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados, reiterando que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes.

La RELE reconoce que durante la década correísta, el Internet fue un espacio en el que el gobierno del expresidente libró una batalla contra periodistas y personas que ejercían la crítica. Las estrategias fueron sistemáticas, incluyendo la contratación a una empresa para solicitar a las principales plataformas la bajada de cuentas y contenidos de crítica política, la denegación de servicio y  el intento por revelar la identidad de usuarios que utilizaban el anonimato.

La institución expresa que “valora que no se haya dado curso a los proyectos de ley presentadas durante los últimos años ante la Asamblea Nacional con el objetivo de ejercer un control oficial de las redes sociales”. Sin embargo, expresa su preocupación en cuanto el Proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, presentado por el expresidente Correa un día antes de su salida del mandato, no ha sido archivado de manera definitiva hasta la fecha.  

Concluye el capítulo de Ecuador señalando que el Estado tiene la obligación de “garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”. Establecen que las limitaciones al trabajo periodístico, así como la incautación y destrucción de bienes de medios violan la libertad de expresión.