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Relatoría libertad de expresión ONU

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Al finalizar su visita a Ecuador, el relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Nacionales Unidas, David Kaye, emitió sus observaciones sobre la evaluación realizada a la situación en el país.

El experto saludó la intención del Gobierno de garantizar la libertad de expresión y de prensa, al haber analizado la visión que tienen el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sobre este derecho y qué están haciendo para promoverlo y protegerlo. Sin embargo, señaló que este solo es el inicio de una reforma integral en aspectos civiles y legales.

Para ello, destacó áreas específicas en que se debe trabajar. Entre ellas sobresalen el eliminar las barreras que existen en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP) que menoscaban la libertad de expresión como por ejemplo el linchamiento mediático, la Supercom y la criminalización del insulto y la difamación.

“Es importante que el Gobierno esté pendiente respecto a la legislación que involucre a la libertad de expresión y debe fomentar el pluralismo en los medios de comunicación del país”, resaltó.

Kaye manifestó que se deben promover las radios comunitarias, asegurar que los concursos de frecuencias sean transparentes, estén disponibles para los diferentes tipos de medios con criterios específicos y diferenciados para cada uno. “Al entregar frecuencias a los medios comunitarios estas deben ser sustentables, eso significa que se debe contar con entrenamiento y respaldo económico”.

Respecto a la división de las frecuencias del espectro radioeléctrico, el Relator resaltó que es necesario tener en cuenta que el concepto de medios públicos no es el mismo que medios oficiales o estatales. “Se debe realizar una división del espectro que se ajuste al interés de la gente”.

Otra de las áreas se centra en el acceso a la información pública. Kaye aseguró estar consciente de que no es fácil para los periodistas obtener información desde el Gobierno. Indicó que el Ejecutivo está dispuesto a cambiar esta situación. “Sabe que hay problemas con los medios de comunicación y están haciendo lo posible para solucionarlos, esto es esencial para los periodistas que investigan corrupción”.

En referencia a la seguridad de periodistas, resaltó que el Gobierno debe garantizar protección a los comunicadores, que tengan acceso a la información, enfatizar el rol que cumplen en la sociedad al brindar información y hacer que personas en posición de poder rindan cuentas.

Por último, se refirió a la seguridad digital. El Relator indicó que es imprescindible que los periodistas cuenten con herramientas de encriptación de datos y se trabaje en una ley de protección personal de datos.

 

Ginebra / Washington, D.C. – Un grupo de relatores* de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron hoy su grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.

“Miembros de asociaciones, particularmente aquellos dedicados a defender los derechos humanos, deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales”, resaltaron los expertos.

La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (SECOM) notificó el 8 de septiembre de 2015 a Fundamedios de su procedimiento de disolución sobre la base de que presuntamente difunde mensajes con ‘tintes políticos’. La resolución del Gobierno otorgó un período de 10 días para que la organización pudiera presentar su defensa. El 14 de septiembre de 2015, Fundamedios solicitó que se garantice el debido proceso, pruebas de las presuntas actividades, y –de acuerdo al artículo 98 de la Constitución– declaró su derecho a resistir ‘acciones u omisiones del poder público’ que socaven sus derechos constitucionales.

“Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado”, dijeron los expertos. “El discurso no puede ser reprimido simplemente porque pueda ser interpretado como que ‘es político’”.

Los relatores destacan que el papel de la libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de derechos humanos, quienes pueden lograr de manera colectiva un mayor efecto para los integrantes de un grupo o sociedad en avanzar y obtener fines lícitos.

“La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”, explicaron los expertos.

El grupo de expertos denunció las normas nacionales invocadas en el proceso contra Fundamedios y aplicadas previamente en el cierre de otra importante organización no gubernamental a fines de 2013, y pidió su revisión a la luz de los estándares internacionales. “El Decreto Ejecutivo No. 16 establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, dándole poder a las autoridades estatales para cerrar organizaciones basadas en condiciones muy amplias y ambiguas”, dijeron.

“Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

La documentación de la SECOM incluye imágenes de tuits publicados por Fundamedios con enlaces a columnas de opinión en otros sitios. También anexa como parte de la prueba imágenes de tuits publicados por terceros que Fundamedios retuiteó.

“Los derechos humanos no cesan cuando una persona o asociación actúa en internet”, señalaron los expertos en relación a las pruebas presentadas por la SECOM. “Los derechos a la libertad de expresión y asociación existen tanto fuera de línea como en internet”.

“Instamos a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país”, dijeron. “Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica a las autoridades en esta materia”.

(*) Los expertos: Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michael Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Frank La Rue, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas, presentó días atrás el «Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión». En su introducción destaca que el periodismo debe ser visto como una actividad y profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad, por cuanto provee a los individuos y a la sociedad en su conjunto, de toda la información necesaria para permitirle desarrollar sus propias ideas y para libremente sacar sus propias conclusiones y opiniones. Recalca que a través del ejercicio libre de la búsqueda y recepción de información, los individuos pueden tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones libremente y participar de manera activa en los sistemas democráticos.

En el informe, el relator especial destaca que la mayoría de violaciones de derechos humanos contra periodistas ocurren fuera de las situaciones de conflicto armado. Señala que diariamente los comunicadores se enfrentan a varias formas de intimidación, ataques físicos (secuestros y asesinatos), detenciones arbitrarias, así como impunidad y el uso de leyes penales para amedrentar y aprisionar periodistas. Se recalca además que la presencia de estos riesgos disuade a los periodistas de continuar con su trabajo o genera autocensura frente al tratamiento de temas sensibles.

La Rue dedica buena parte de su informe a tratar las leyes que criminalizan la expresión. Menciona que en el mundo aún varios Estados utilizan estas normas para apresar a periodistas que difunden información «inconveniente», y expresa además su profunda preocupación porque actualmente el número de periodistas apresados es el más alto desde 1996. Señala además que la aplicación de estas normas por parte de funcionarios públicos silencia las voces críticas con respecto a actividades públicas donde se han denunciado hechos de corrupción, y genera un clima de miedo que anima a la autocensura.

En este sentido el relator especial mira con preocupación que en varios países la calumnia siga siendo considerada un delito, y que en aquellos donde se la trata civilmente, las sanciones pecuniarias sean elevadas y desproporcionadas. Ante ello, llama a todos los Estados a derogar las disposiciones penales sobre difamación que permitan el enjuiciamiento de los periodistas, así como limitar las sanciones por la vía civil y que estas sean proporcionales al daño causado. En el informe además se hace énfasis en que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a un mayor grado de escrutinio que el ciudadano común, y su protección debe ser menor frente a las declaraciones difamatorias en los medios de comunicación.

La Rue señala que un ataque contra un periodista constituye no sólo una violación de su derecho a difundir información, sino que también quebranta el derecho de la sociedad en general a buscar y recibir información, y consecuentemente a no participar en los debates públicos, que son esenciales para la democracia. Cualquier restricción o límite a la libertad de expresión debe estar en concordancia con lo establecido en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que sin respeto a la libertad de expresión, y en particular a la libertad de la prensa, una ciudadanía informada, activa y comprometida es imposible.

El relator concluye que la precaria situación de los periodistas se ve agravada por una cultura de impunidad que no permite llevar a cabo investigaciones efectivas ni ubicar a los responsables de los ataques contra periodistas. Recomienda a los Estados adoptar medidas para facilitar la sensibilización del poder judicial, los periodistas y la sociedad civil con respecto a las normas internacionales pertinentes y la voluntad de aplicar estas medidas, así como condenar públicamente todos los ataques perpetrados contra periodistas y medios de comunicación. La Rue recuerda que la responsabilidad de proteger a los periodistas e investigar dichas vulneraciones recae en los gobiernos y las instituciones del Estado, así como el asegurar que sus sistemas jurídicos nacionales no permitan que se quede en la impunidad tales violaciones. En cuanto a la sociedad civil, recomienda a las organizaciones trabajar en la concienciación sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y promover la aplicación de las normas nacionales e internacionales que los protegen.

Para leer el informe completo en inglés entre AQUÍ 

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De un total de 134 recomendaciones que recibió el Ecuador en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), 24 están directamente relacionadas con libertad de expresión. Las cifras son claras. Si bien estas 134 observaciones están agrupadas en 67 «paquetes», la redacción del documento no ha podido ocultar la realidad, de que existe una enorme preocupación internacional sobre el deterioro de la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de prensa en el Ecuador.

Frente a ello, el Gobierno respondió señalando que «el 97%» del total de observaciones, incluyendo 22 sobre libertad de expresión, están «implementadas o en proceso de implementación». Esta fórmula ha sido asimilada por los estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, como una aceptación del Estado ecuatoriano a las recomendaciones formuladas.

La primera lectura, entonces, es positiva. El Gobierno ecuatoriano se ha comprometido ante la comunidad internacional ha implementar medidas que des penalicen la opinión, garanticen el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, se abstendrá de cualquiera medida o pronunciamiento que los ponga en riesgo, etc. Al final de este comunicado, reproducimos exactamente las 22 recomendaciones de este tipo, con su original en inglés y la propuesta de traducción que hace Fundamedios.

Creemos en la buena fe de las autoridades y por lo tanto, desde Fundamedios valoramos y celebramos estos compromisos que podrían señalar un nuevo camino hacia la garantía plena de los derechos a la libre expresión, así como el respeto al trabajo de los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier sector crítico o que piense distinto al partido en el poder.

Debemos recordar que En el caso de los derechos políticos y civiles, las observaciones se refieren al otorgamiento de las debidas garantías y protección para el ejercicio de la libertad de expresión, criminalización de la opinión y la protesta social; leyes que penalizan la opinión; reformas que afectan la independencia judicial, entre otros. En lo que tiene que ver con libertad de expresión, los criterios de Bélgica, Canadá, Costa Rica, Estonia, Francia, Estados Unidos, India, Lituania, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Holanda (país que presentó sus observaciones por escrito) y otros coinciden respecto a la necesidad de que el Estado ecuatoriano garantice este derecho fundamental, que las leyes no criminalicen la opinión y se den garantías para el trabajo de los periodistas.

Sin embargo, debemos recordar que el gobierno ecuatoriano se ha negado a aceptar dos recomendaciones claves para mejorar las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión, la una planteada por Suiza y la otra por Estados Unidos.

La primera negativa se da sobre lo planteado por Suiza respecto a que se debe ajustar la legislación ecuatoriana en materia de libertad de expresión, conforme a lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esto, el gobierno ha respondido que lo planteado «no puede aceptarse», puesto que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, dónde se señala la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, y por lo tanto, las resoluciones y pronunciamientos de la Comisión, no tienen valor mandatorio.

Dado que la recomendación suiza se refiere a que la «legislación» se ajuste a los estándares desarrollados por la CIDH en materia de libertad de expresión, la negativa del Gobierno nos está dando indicios, de que no hay la voluntad política para aprobar la nueva Ley de Comunicación y otras leyes similares, respetando los estándares mínimos sobre los cuales se ha desarrollado el derecho a la libre expresión en el continente. Esta posición es por demás preocupante, pues abre las puertas a la aprobación de una legislación restrictiva e incluso atentatoria a los derechos fundamentales.

La segunda negativa se da sobre la recomendación que planteó Estados Unidos respecto a la eliminación de las leyes que criminalizan la opinión y la aceptación del pedido de visita de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA.

En este caso, el gobierno ha respondido que en el país no se encuentra vigentes leyes que criminalizan la opinión, y por lo tanto no se puede eliminar leyes que no existen. Sin embargo hacemos notar que existe que existe una clara contradicción entre esta afirmación y el hecho de que aún se encuentre vigente un Código Penal que consagra las figuras del desacato, la injuria y la calumnia. Además el proyecto de Código Orgánico Integral Penal aún mantiene dos de las tres figuras antes mencionadas que criminalizan la expresión y la opinión, así como un capítulo relacionado a los «delitos cometidos a través de los medios de comunicación».

En cuanto a la visita de los Relatores Especiales, se debe recordar al Gobierno que debe extender una invitación formal fijando fechas para las visitas, de lo contrario la figura de la «invitación abierta» parece ser más bien una coartada para no oficializar la venida al país del Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, e incluso de la Relatora Especial sobre la situación de defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya.

Finalmente, queremos resaltar las abundantes recomendaciones que se han hecho al Gobierno solicitando la protección al trabajo de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, basados en el derecho humano fundamental a la libre asociación.

Esperamos que el Gobierno ecuatoriano asuma sus compromisos en este sentido, derogando decretos claramente restrictivos y absteniéndose de legislar sobre un derecho fundamental en base a iniciativas que no pasan por una discusión en la Asamblea Nacional.

ANEXO

RECOMENDACIONES REFERENTES A LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN Y ASOCIACIÓN

i.              Accept the request of the Special Rapporteur on freedom of expression to visit the country which had been requested in 2004 (Belgium);

Aceptar la solicitud del Relator Especial para la libertad de expresión, quien había hecho un pedido en 2004, para que pueda visitar el país.(Bélgica);

ii.             Accept the request made by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, which has been awaiting a response since 2004 (Latvia)

Aceptar la solicitud del Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, quien ha estado esperando una respuesta desde.(Latvia)

iii.            Ensure that community activists and indigenous leaders can exercise their right to peaceful assembly and protest and that anti-terrorist legislation is not misused to inappropriately censure such activities (Canada)

Asegurarse que los activistas comunitarios y líderes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica y la protesta y que la legislación antiterrorista no se utilice indebidamente para censurar a los activistas. (Canadá)

iv.           Undertake a review of existing and proposed legislation relating to freedom of expression and media freedom to ensure its alignment with international standards, and more specifically, eliminate any existing criminal defamation provisions, also known as desacato laws (Canada)

Revisar la legislación existente y propuesta en materia de libertad de expresión y libertad de medios, para garantizar que esta esté alineada de acuerdo con las normas internacionales y, de manera más específica, para que se eliminen todas las disposiciones existentes de criminalización de la difamación, también conocidas como leyes de desacato (Canadá)

v.            Decriminalize defamation and make the necessary amendments in this regard, in line with Inter-American and international standards (Norway);

 Despenalizar la difamación y hacer las modificaciones necesarias al respecto para alinearse de acuerdo con los estándares interamericanos e  internacionales(Noruega);

vi.           Repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws and all norms that criminalize defamation of public officials and institutions (Latvia)

Derogar todas las disposiciones legales que contravienen las normas internacionales sobre libertad de expresión, en especial, todas las leyes de desacato y normas  que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones (Letonia)

vii.          Align criminal legislation on insult and defamation with international standards governing freedom of expression. It hoped that these important elements would be taken into account in the on-going reform of the Penal Code (Belgium)

Adaptar o alinear la legislación penal respecto al insulto y la difamación, con las normas internacionales que rigen sobre libertad de expresión. Se espera que estos elementos importantes sean tomados en cuenta en la reforma del Código Penal en curso. (Bélgica)

viii.         Guarantee in all circumstances the independence of the media and take the necessary measures in order that domestic legislation on the offense against honour and defamation does not undermine the freedom of expression (France)

 Garantizar la independencia de los medios de comunicación, en todas las circunstancias y tomar las medidas necesarias  para que la legislación nacional referente a delito contra el honor y la difamación no menoscabe a la libertad de expresión (Francia)

ix.           Respect the right to freedom of expression and peaceful demonstration, and restrict to the absolute minimum the use of criminal prosecutions against people who exercise these rights (Belgium)

 Respetar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y restringir al mínimo necesario, el uso de acciones penales en contra de las personas que ejercen estos derechos (Bélgica)

x.            Consider taking measures to guarantee freedom of expression, particularly the freedom of the press and to harmonize national legislation in this area with international norms (Costa Rica)

 Considerar la posibilidad de tomar medidas para garantizar la libertad de expresión, particularmente, la libertad de prensa y armonizar la legislación nacional en este ámbito con las normas internacionales (Costa Rica)

xi.           Stick to its international commitments, particularly to article 19 of  the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia)

Adherir a sus compromisos internacionales, en particular al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia);

xii.          Ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise their rights to freedom of expression, assembly and association and that appropriate authorities reconsider the cases of those arrested and prosecuted (Germany)

Asegurarse de que las normas penales no se mal utilicen para frenar la capacidad de los defensores de los derechos humanos, o de otros manifestantes, a ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes reconsideren los casos de los detenidos y procesados (Alemania)

xiii.         Facilitate that different civil society actors express their views and opinions with responsibility and objectivity (Holy See)

 Facilitar que los diferentes actores de la sociedad civil puedan expresar sus puntos de vista y opiniones con responsabilidad y objetividad. (Santa Sede)

xiv.         Protect human rights defenders and journalists against harassment and attacks and to fully ensure freedom of assembly (Latvia)

Proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas contra el acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión(Letonia)

xv.          Guarantee to everyone, including journalists and human rights defenders, enjoyment of freedom of expression (Luxembourg)

 Garantizar a todos, incluyendo a los periodistas y a defensores de derechos humanos, el disfrute de la libertad de expresión (Luxemburgo)

xvi.         Protect the right to freedom of expression for journalists (Australia)

Proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas(Australia);

xvii.        Develop mechanisms to improve the safety of journalists and ensure that all cases of attacks are investigated by independent and impartial bodies (Austria)

 Desarrollar mecanismos para mejorar la seguridad de los periodistas y garantizar que, en  casos de ataques, estos sean investigados por órganos independientes e imparciales (Austria)

xviii.       Promote, protect and respect the right to freedom of expression, assembly and association in compliance with country’s international HR obligations (Slovakia)

Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación en cumplimiento con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. (Eslovaquia);

xix.         Engage in a constructive dialogue with the media, NGOs and international bodies to promote freedom of expression in Ecuador (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Fomentar un diálogo constructivo con los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, para promover la libertad de expresión en el Ecuador (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

xx.          Promote and protect the right to freedom of opinion and expression, in accordance with what is stated in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (Sweden)

Promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Suecia)

xxi.         Reform legislation regarding freedom of expression with a view to bringing it in conformity with international standards and those of the Inter-American Commission on Human Rights (Switzerland)

Reformar la legislación en materia de libertad de expresión en conformidad con las normas internacionales y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Suiza)

xxii.        Eliminate laws that criminalize opinion and accept visit requests from the OAS and the United Nations Special Rapporteurs on Freedom of Expression (United States of America)

 Eliminar las leyes que penalizan la opinión y aceptar las solicitud de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, para que visiten el país. (Estados Unidos de América)

xxiii.       Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Peru)

Continuar realizando esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la libre comunicación intercultural, diversa y participativa en todos los ambientes y medios, así como  el derecho a buscar, recibir, intercambiar producir y circular información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú).

xxiv.       Examine recent restrictive legislation on NGOs with a view to prevent that legitimate demonstrations and protests by civil society can be taken to Court or criminalized under the penal definition of «terrorism» or «sabotage» (Spain)

Examinar la legislación reciente y restrictiva con las ONGs para evitar que las manifestaciones legítimas y las protestas de la sociedad civil puedan ser trasladadas a los tribunales o tipificadas como delitos bajo las figuras de «terrorismo» o «sabotaje» (España).