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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Una campaña que acusa a periodistas y políticos de oposición ecuatorianos de tener nexos con la CIA para desestabilizar al gobierno del presidente Correa e incluso insinuar la preparación de un magnicidio, fue activada por la cadena Telesur a partir del  6 de junio de 2016 e inmediatamente replicada en los medios estatales y gobiernistas como El Telégrafo, Ecuador TV, Agencia Andes y El Ciudadano. La campaña tuvo dos nuevas entregas el 7 y 8 de junio, y anuncia un total de 5 capítulos. Ha sido seguida por acusaciones públicas de altos funcionarios de gobierno y legisladores oficialistas, así como por descalificaciones en las cuentas oficiales de redes sociales del partido de gobierno y de simpatizantes del presidente Rafael Correa.

El “documental” presentado por Telesur, cadena internacional financiada por los gobiernos del ALBA, realizó un burdo montaje mezclando momentos históricos como la guerra fría con acontecimientos actuales, relaciona personas y personajes históricos que nada tienen que ver entre sí, utiliza documentos obtenidos ilegalmente a través del hackeo de cuentas de correo de periodistas, divulga fotografías obtenidas por seguimientos de inteligencia, posiblemente ilegales, a periodistas, activistas, directivos de organizaciones defensoras de DDHH y ciudadanos.

Sin citar fuentes, se aseveró en las dos entregas que existe una plataforma de medios de comunicación y ONGs que buscan desestabilizar el gobierno con el financiamiento de Estados Unidos y de organismos como la USAID y NED, que a criterio del “reportaje” son lo mismo que la CIA. A pesar de no mostrar fuentes, la cadena sostiene su aseveración con la divulgación de varias fotografías de reuniones privadas y eventos mantenidos por algunos periodistas y políticos de oposición, sin dar explicación alguna de cómo fueron obtenidas.

En esa línea se acusó a los periodistas Juan Carlos Calderón, de la revista Plan V; a Martín Pallares, José Hernández, Roberto Aguilar, al administrador de Crudo Ecuador, Gabriel González, del portal 4 Pelagatos; a la exasambleísta de oposición Martha Roldós, del portal MilHojas; a Fernando Villavicencio del portal Focus Ecuador y al director de Fundamedios, César Ricaurte, como parte de esta supuesta red desestabilizadora. De Fundamedios se dijo además, que es “una organización que se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero en realidad es un instrumento de las acciones psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidense en Ecuador”.

En total se ha tratado de involucrar a 34 personas en las supuestas actividades de conspiración, desestabilización y espionaje para un gobierno extranjero.

Estas acusaciones empezaron a replicarse desde la noche del mismo 6 de junio en los medios estatales como diario El Telégrafo, en sus notas tituladas: “La CIA en Ecuador operaría con políticos y periodistas y con fondos de varias ONG” , Políticos y periodistas aparecen en investigación que revela injerencia de la CIA en Ecuador  y “La CIA: ¿nuevas técnicas, la misma estrategia?”

Lo mismo ocurrió con la agencia de noticias Andes, en sus notas tituladas: “Inicio Investigación del canal regional TeleSur devela injerencismo de la CIA en Ecuador” y “Denuncian en Ecuador existencia de una ‘guerra sucia’ por parte de medios de comunicación opositores” y con el medio de gobierno El Ciudadano y su nota: “Telesur alerta de la injerencia de la CIA para desestabilizar a la Revolución Ciudadana (VIDEO)”.

Medios para-oficiales, como Ecuadorinmediato, también replicaron las acusaciones bajo el título: Telesur denuncia injerencia de la CIA en Ecuador así como la agencia oficial cubana Prensa Latina, la cual publicó: Canal multinacional Telesur denuncia injerencia de la CIA en Ecuador.

El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, en entrevista para TeleSur afirmó que los medios digitales detallados arriba desinforman con el objetivo de lograr derrotas políticas y psicológicas, mientras el origen de los recursos que reciben evidencian los “claros objetivos de desestabilización a gobiernos progresistas” y de “legitimar a aquellos con una política que viene de derecha”. Para el Secretario de Comunicación, se debe investigar a estos portales por cuanto sus colaboradores son, por ejemplo, ex militares, supuestos activistas políticos y sociales «que abrazan cada uno de ellos un único objetivo: denostar al gobierno progresista de Ecuador”.

En las últimas horas, el mandatario Rafael Correa hizo suyas las denuncias y afirmó en un encuentro con prensa extranjera que “están en lo correcto, nosotros ya lo sabíamos”, respecto a las vinculaciones con periodistas, medios y políticos con el objetivo de desestabilizar a su Gobierno. Y añadió: “National Endowment for Democracy (NED) es el brazo financiero de la CIA como en Venezuela, como en Bolivia, financia, ya no a la Cruz Roja; no, financia grupos para educación en democracia, léase desestabilizar al gobierno”.

Fundamedios rechaza esta nueva escalada y alerta a la comunidad internacional sobre la gravedad de las acusaciones que, sin fundamento alguno, ha lanzado la burda campaña liderada por Telesur. Una acción a esta escala sólo puede tener el objetivo de crear el clima de opinión para justificar acciones represivas e incrementar los niveles de persecución en contra de periodistas, medios y organizaciones que han tomado como bandera la defensa de los DDHH y la denuncia de actos de corrupción que implican a altos funcionarios de gobierno.

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Juan Carlos Calderón (izq.) y Juan Carlos Solines durante el evento.

Este martes, 25 de noviembre, expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los “Derechos Digitales y censura en la era de Internet”, evento organizado por Fundamedios, con el apoyo de Usuarios Digitales de Ecuador, Derechos Digitales de Chile y la Fundación Karisma de Colombia. Se realizó en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador.

El primer expositor fue Juan Carlos Lara, director de investigaciones de la ONG Derechos Digitales de Chile, quien abordó los derechos humanos en Internet y cuáles son los desafíos en la región sobre esta materia. “Los mismo derechos que tenemos como personas fuera de internet son válidos en internet. El hecho que tenga libertad de expresión fuera del internet significa que en internet tengo exactamente las mismas libertades”, expresó.

Para el experto, Latinoamérica es una región donde los Derechos Humanos están en constante entredicho y existen grandes brechas de conectividad, de idiomas y de contenidos.

Otra de las participantes fue María Juliana Soto, de la Fundación Karisma de Colombia. Ella se enfocó en el acceso al conocimiento que en la era de internet, en su opinión “desborda los viejos cimientos de la propiedad intelectual”. “No se trata únicamente el poder leer un artículo sino de tener las herramientas para escribir uno y publicarlo en Internet. Pasamos del universo del consumo de conocimiento, que es el modelo tradicional, al de creación de conocimiento”.

Sin embargo, según la expositora, esta circulación de conocimiento no es tan «fácil» y por eso hay movimientos que trabajan para que la propiedad intelectual sea más flexible. Expuso el caso de Diego Gómez, estudiante colombiano de maestría en biodiversidad, a quien se le abrió un proceso penal por compartir un artículo de investigación.

Juan Carlos Solines, abogado y experto en Telecomunicaciones, explicó el caso ecuatoriano y habló de los riesgos que existen sobre todo respecto a la libertad de expresión, que en el contexto actual ha adquirido una gran importancia. Este derecho “se ha convertido en la piedra angular de las sociedad y eso incomoda a los gobiernos”.

Solines cuestionó la Ley de Comunicación por afectar la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero también al proyecto de ley de Telecomunicaciones que se debate en la Asamblea Nacional. “Esa ley, que todavía no ha sido aprobada, y su proceso de aprobación va a ser la última batalla que podemos y debemos librar para proteger la libertad de expresión no de los medios y periodistas sino de cada uno de nosotros. Porque esa ley se orienta a la plataforma donde los ciudadanos ejercen esa libertad de expresión: en las redes y las plataformas tecnológicas”.

Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan V, contó los casos de censura de información por pedidos de la firma española Ares Right. Esta empresa ha solicitado en varias ocasiones se elimine los contenidos que incomodan al Gobierno, sobre todo, alegando derechos de autor.

También mencionó los recientes cierres de cuentas de tuiteros opositores del Gobierno y del intento de censura en la revista Plan V, por parte de Ares Right, por usar el logo de esa firma en una publicación periodística.

Los paneles fueron moderados por Fernando Larenas, exeditor general de diaro El Comercio, y Fabián Aúz, miembro fundador de Usuarios Digitales.