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Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla en el que gobiernistas y opositores pelean por conseguir los primeros lugares en los Trending Topics de Twitter, lo cual no es más que la medición de las tendencias con temáticas específicas expresadas a manera de hashtags. Esto determinaría si tal o cual tema tiene mayor popularidad y se constituiría en una agenda digital de opinión pública que hoy por hoy se ha convertido en uno de los mayores medidores del pulso ciudadano de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, es una batalla en desigualdad de condiciones. Veamos por qué.

Desde que Twitter empieza a tener popularidad creciente a nivel local, aproximadamente en 2010, empieza a conocerse el fenómeno denominado cuentas troll, que no son más que cuentas falsas manejadas por gente con intereses que pueden ir desde el simple hecho de acosar o molestar a gente en redes, hasta mecanismos finamente elaborados para combatir lo que se considera una opinión molesta o cuestionadora del poder.

La primera investigación documentada sobre el tema se publica en octubre de 2014, cuando Fundamedios y Plan V destapan la conexión entre la Empresa Ximah Digital, representante de IMS Social Twitter en Ecuador para el pautaje de publicidad, y el Gobierno. En esta investigación se desentrañaban las conexiones directas de esta empresa con funcionarios del Gobierno y los contratos millonarios a dedo en publicidad, así como varias irregularidades en la consecución de los mismos.

Todo ello dentro de un marco de diversas denuncias de tuiteros producidas en julio de 2014, según descubrió Fundamedios y recogió Plan V: “después de que varias cuentas de Twitter críticas con el Gobierno fueron cerradas sin mayor explicación, el activista opositor Carlos Vera, @carlosverareal, confrontó a Juan Carlos Vázconez (socio de Ximah Digital) e interrogó sobre los nexos de Ximah con cuentas troll identificadas con el Gobierno como @elpatriota. El 5 y 6 de septiembre, un hacker destapó que Vásconez y personal de Ximah eran los administradores en Facebook de la cuenta El Patriota. Vásconez admitió a través de su cuenta de Twitter (@JCVascones) que Ximah creó la fan page y justificó esta acción, al tiempo que llamaba a denunciar a los trolls”.

Empieza entonces a destaparse la modalidad troll center oficialista, desde la cual, a través de un bien organizado aparataje comunicacional auspiciado y controlado por el Gobierno, se interviene en las redes sociales mediante un bastión de trolls, los cuales se dedican a amplificar y difundir los mensajes derivados de la estrategia de contradiscurso en redes, valiéndose de la respuesta masiva, el ataque, e incluso la difamación, dirigidos a lo que consideran la oposición. Y aunque actualmente se ha visibilizado una mayor agresividad con la que operan estos centros de generación de contenidos, muchas veces falsos, esto no es algo nuevo.

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Tras continuas denuncias de tuiteros acerca de cierres arbitrarios de cuentas y la masiva entrada de cuentas troll en el debate público en redes, el Portal Mil Hojas presenta en marzo de 2015 una investigación en la que por primera vez se mostraban fotografías y datos sobre el troll center ubicado en un edificio en la zona de negocios de Quito. Se destapan entonces los contratos millonarios con dos empresas pertenecientes al consultor de comunicación estratégica Amauri Chamorro, a quien se le demostró vínculos estrechos con el presidente, además de darse a conocer su relación cercana con Vinicio y Fernando Alvarado.

La forma de operar de los troll center gobiernistas desde entonces es ampliamente conocida, y a la investigación de Mil Hojas se añaden otros testimonios de gente que ha trabajado dentro de dichos lugares y que piden anonimato, quienes aseguran que todo el aparataje de los troll center es manejado desde la Secretaría de Comunicación, bajo el mando de quien fuera Secretario de Comunicación hasta 2015, Fernando Alvarado. También mencionan a Roberto Wohlgemuth conocido en Twitter como @MashiRoberto, quien según su perfil de Facebook consta como consejero de Gobierno en la Presidencia, y hasta 2014 fue delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

Entonces, en la creación, manejo y conceptualización de los troll center, estos serían los nombres clave: Fernando Alvarado, Mashi Roberto y Amauri Chamorro, no obstante, un velo de oscuridad se teje sobre estos tres personajes en relación a su vinculación directa con el manejo de dichos lugares. Lo que sí está claro es que la forma de operar -que se ha visto exacerbada en los últimos meses debido a la campaña presidencial- utiliza actualmente mecanismos usados a nivel global para posicionar hashtags, es decir, para conseguir constantemente Trending Topics (tendencias que reflejan lo que la gente está tuiteando más) en Twitter, además del uso de estos recursos tecnológicos para lo que el mismo Presidente Correa definiría en 2016 como “una batalla en redes que deben ganar”.

El llamado del Presidente a lo que posteriormente los tuiteros denominaron #GuerraEnTwitter, simplemente develó una política de ataque sistemático e indiscriminado en redes a toda persona o cuenta de Twitter que sea considerada cuestionadora del régimen. Las cartas estaban echadas. Era una guerra declarada y sus mecanismos sucios, revelados.

Posteriormente, las estrategias se perfeccionaron y lo que un día fue un batallón de trolls anónimos convocados para atacar cuentas críticas del régimen, hoy se ha convertido en un centro de comunicación y promoción digital desde redes, cuyo objetivo máximo es el de posicionar como Trending Topics (TT) diversos hashtags (HT) que no solo alaban la gestión del actual gobierno e instituciones públicas, sino que agravian constantemente a gente de oposición y actualmente, al candidato finalista de la oposición, Guillermo Lasso. Todo ello a través de la difusión de rumores, noticias falsas, injurias y demás ataques, con lo que se estaría gestando la mayor campaña sucia hasta ahora vista a través de redes durante tiempos electorales.

Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales, cree que hay una clara manipulación política en la creación de estos TT:  “desde el 2009, sobre todo en Twitter, ha existido el crecimiento de cuentas que claramente son manipuladas con el fin de apoyar a un político o desprestigiar a un oponente. El secreto a voces de la existencia de troll centers ha golpeado fuertemente el debate que se tenía en internet y sobre todo en redes sociales”.

Según María José Calderón, investigadora en temas digitales de la Universidad Internacional, ello sería un cuestionable modo de generar cambios en la intención de voto: “hay una clara vinculación entre el afecto que las personas tienen y una idea que se puede propagar de manera masiva en internet. Entonces, internet logra amplificar los sentimientos hacia tal o cual tema; los distorsiona, los destruye. Esto se ve por ejemplo cuando se enfrenta a procesos políticos que suceden en la vida real. Y eso ha influido en los últimos resultados electorales en todas partes del mundo”.

Pero, ¿cómo funciona este tipo de campaña sucia en Twitter?

Según cálculos de expertos que se pudieron recabar para este artículo, el Troll center está compuesto aproximadamente de 150 mil cuentas de Facebook y Twitter. Existen 70 mil cuentas que tienen vida propia de más de 5 años, 50 mil entre 2 y 3 años y las restantes menores de 2 años. Estos perfiles están creados para todas las audiencias, las fotos generalmente son de personas que viven en otros países. El tiempo de respuesta de un centro de este tipo frente a un comentario en contra del gobierno es de 10-15 minutos, durante las 24 horas del día.

Estos troll center maneja una estrategia denominada “Lobo”, esto quiere decir que no atacan solos sino siempre lo hacen en grupo, buscando mantener un proporcional 3 a 1. Tomando en cuenta que los troll center tienen amigos y seguidores que son reales, ya que muchos de los perfiles son de gente real, el alcance total llega aproximadamente a 6.2 millones de personas de Facebook y 1.3 millones en Twitter, lo cual comprende el 68% del total de la red de Facebook y 41% de Twitter. Por lo que su verdadero impacto está en Facebook. Desde el mes de  diciembre la participación activa de activistas de oposición ha logrado que la relación se reduzca a 2 a 1.  

Esta descripción de cuántas y cómo funcionan las cuentas troll, es posible gracias al rastreo que se puede hacer de cuentas gestionadas a través de la aplicación Tweetdeck, que permite que desde una sola computadora se pueda manejar varias decenas de cuentas.

Ahora, ¿cómo se logra posicionar un hashtag?

El posicionamiento de una Tendencia (Trending Topic TT) en Twitter no es ningún misterio, según María José Calderón, lo puede hacer cualquier persona y no hace falta tener más de diez cuentas. Como explica la tuitera alias Shababaty, quien investiga este tema, “para que un Hashtag (HT) sea tendencia, el truco es que muchas cuentas retuiteen ese HT a la misma hora exacta. Si manejas un troll center es mucho más fácil de hacer”.

Esto es porque el algoritmo de Twitter para generar TT toma en cuenta el número de HT’s retuiteados en un mismo minuto. Como explica la tuitera, “esto quiere decir si 300 personas retuitean #Loco entre 8PM y 8:30PM, ese HT tendrá menos posibilidades que si 50 cuentas retuitean #Flaco a las 8:04. Esta es una de las razones por las que un troll center posiciona más fácilmente Hashtags como TT”.

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Para Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales, el tema del algoritmo es un secreto propio de Twitter para que no se abuse del mismo. Sin embargo, aclara que se pueden citar algunos elementos para conseguir TT como “cantidad de tweets en poco tiempo que generan una tendencia, que las cuentas que tuiteen sobre la tendencia tengan influencia (interacciones, cantidad de seguidores, entre otros), y que no existan otras tendencias que hagan competencia. Es más fácil posicionar un día en el cual no existen tendencias apoyadas fuertemente”.

Pese a que en teoría cualquier persona puede generar un TT, este puede durar segundos, pues hace falta sostenerlo en el tiempo y es ahí en donde entra la mano de los troll center.  Según Velazco, “los mejores TT definitivamente son los orgánicos, creados de manera natural en base a un evento. Generalmente los «prefabricados» usados por troll centers duran en tanto y en cuanto les asignen sostenerlos”.

¿Cómo logran, entonces, sostenerlos en el tiempo? Allí es en donde entran las herramientas de automatización de generación de contenidos digitales, trasladadas actualmente a una estrategia de comunicación política que se conoce como propaganda computacional.

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Esta estrategia es algo que se aplica ya en el mundo entero. Existen agencias de marketing y comunicación que se dedican a ello, o bien vendiendo sus servicios, o bien instalando softwares que generan bots, es decir robots, usuarios no humanos que en Twitter funcionan como cuentas automatizadas, las cuales producen contenidos automáticamente a través de una simple programación que puede ser manejada por cualquier persona. Esta es una tendencia en crecimiento a nivel mundial y actualmente se utiliza para incidir sobre la opinión pública en temas políticos y en campañas electorales.

Según un artículo de los investigadores estadounidenses expertos en el tema, Samuel C. Woolley y Phillip N. Howard, “se discute mucho el potencial democrático positivo y de amplio alcance de los social media, pero existe otro lado más propagandístico de esta nueva tecnología (…) Los Bots -programas de computadora impulsados ​​por algoritmos diseñados para realizar tareas específicas en línea- han invadido conversaciones políticas en todo el mundo. Los bots representan casi el 50% de todo el tráfico online y representan una porción significativa de usuarios activos en las plataformas de medios sociales más populares (…). En Twitter, por ejemplo, aproximadamente 30 millones de cuentas activas son impulsadas por robots: imitan a los usuarios humanos y producen abundante información”.

Ambos investigadores realizaron un monitoreo en las pasadas elecciones de EEUU en el que descubrieron que el tráfico mayor en Twitter era a favor de Trump. Cerca de un tercio del mismo estuvo generado por bots y cuentas automatizadas, comparado con un quinto en el caso de Clinton. También determinaron que los bots publican información en Twitter al menos 50 veces al día, una norma que establecieron tras analizar la últimas elecciones en Venezuela y la campaña del Brexit en Reino Unido, según recoge un artículo de la BBC.

El caso Ecuador y la campaña sucia

A diario en Twitter se observan TT oficialistas que atacan constantemente al candidato de oposición, y que logran lugares estelares en la tendencias por encima de los TT equivalentes de la oposición. Una forma simple de darse cuenta de cuándo un hashtag en Twitter en gran parte ha sido posicionado como TT a través de bots, es observar si existen varias cuentas replicando al mismo tiempo un mismo comentario. Para este artículo se observaron tres hashtags convertidos en TT entre el 17 y el 23 de marzo: #LassoDevuelveLaPlata #LassoPrivatizador y #LassoFalsso, y se encontraron patrones similares. Cientos de cuentas tuiteando cada cierto tiempo a la misma hora -en sincronización- las mismas publicaciones, como observa en estas capturas de pantalla:

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A su vez, otra forma de comprobar que la consecución de estos TT no es totalmente orgánica, sino que gran parte es generada por un software automatizado y por un troll center que maneja varias cuentas falsas, es el análisis que publica Trendinalia, servicio global de tendencias en Twitter, en el que claramente se observa que el mayor porcentaje desde donde ha sido tuiteado, por ejemplo, el hashtag #LassoDevuelveLaPlata ha sido desde la aplicación Tweetdeck con un 81%, la cual, como aclaramos anteriormente, sirve para manejar varias cuentas automatizadas a la vez y en sincronía:

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Por otro lado, cuando se ingresa a una de estas cuentas de Twitter, se determina inmediatamente que son bots, pues no tienen seguidores mayormente, y además están enteramente relacionadas con el Gobierno, pues en general siguen a cuentas de entidades estatales y funcionarios, y han retuiteado exactamente los mismos contenidos que provienen de cuentas gobiernistas. Esto se da porque estos robots están programados para dar retuits automáticos a las cuentas seleccionadas. Además, en los ejemplos a continuación, se observa que han sido creadas en marzo de este año, con lo cual se probaría que son cuentas robots. Se puede observar también que las tres cuentas son prácticamente gemelas, las tres tuitean el mismo mensaje con el hashtag #LassoPrivatizador y retuitean una publicación de la cuenta oficial del IESS:

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Esto explica en gran medida el por qué hay constantemente TT gobiernistas o de tendencia oficialista en los primeros lugares de las tendencias de Twitter. Para Humberto Arthos, experto en temas digitales, la razón única de este posicionamiento es el aparataje de los troll centers: “tienen cientos de cuentas bots que constante y automatizadamente están haciendo hashtags cada minuto. En los servidores de Twitter, a través de sus algoritmos, esos tuits suman como tuits de verdad, y por eso es que llegan a ser trendings”.   

Esta estrategia develada no es nueva para varios tuiteros que desde hace tiempo se encuentran monitoreando y denunciando a través del mismo Twitter la censura, la manipulación de contenidos y la creación de falsas tendencias. Fundamedios conversó con algunos que prefieren el anonimato como @shababaty y @mi_rinkon, quienes se han dedicado a monitorear y observar este fenómeno a nivel local.

A diferencia de Arthos, @mi_rinkon cree que hay una manipulación más profunda de los TT y asegura que tras un monitoreo que realizó mediante este software: https://tags.hawksey.info/, llegó a la conclusión, a través de los datos obtenidos, de que se estarían perjudicando a los TT de oposición, pues según sus cuadros demostrativos, habría una inexplicable caída o desaparición de tuits en momentos en los que la gente está tuiteando continuamente.

En este gráfico se observa el monitoreo realizado al hashtag #FueraParaSiempre. La primera columna corresponde a la fecha y hora, la segunda al número de tuits registrados hasta la hora señalada en la columna 1, y la última columna corresponde a la cantidad de tuits publicados por hora, lo cual se convierte en una tendencia. Según explica @mi_rinkon, este gráfico nos indica la alteración de la velocidad de tuits/hr que es un indicativo de la alteración de tuits totalizados por el software. Es decir, aquí se detecta la desaparición de tuits en un momento determinado. En el gráfico resalta dos momentos que desaparecen tuits: De 18:37 (162 tuits) a las 18:46 (152 tuits) DISMINUYE 10 el número de tuits. De 20:45 (1190 tuits) a las 21:00 (1071 tuits) DISMINUYE 119 el número de tuis.
En este gráfico se observa el monitoreo realizado al hashtag #FueraParaSiempre. La primera columna corresponde a la fecha y hora, la segunda al número de tuits registrados hasta la hora señalada en la columna 1, y la última columna corresponde a la cantidad de tuits publicados por hora, lo cual se convierte en una tendencia. Según explica @mi_rinkon, este gráfico nos indica la alteración de la velocidad de tuits/hr que es un indicativo de la alteración de tuits totalizados por el software. Es decir, aquí se detecta la desaparición de tuits en un momento determinado. En el gráfico resalta dos momentos que desaparecen tuits: De 18:37 (162 tuits) a las 18:46 (152 tuits) DISMINUYE 10 el número de tuits. De 20:45 (1190 tuits) a las 21:00 (1071 tuits) DISMINUYE 119 el número de tuis.

Al respecto, el tuitero expresa: “¿cómo se explica que mientras los tuiteros están mandando tuits permanentemente, en vez de incrementar el número de tuits (como es la tendencia general) haya momentos que disminuyan los tuits? La única explicación lógica es que alguien interviene de tal forma que son eliminados del HT y no son contabilizados. Ese alguien, no podría asegurar quién o quiénes son, pero debe ser a los que no les conviene que un HT de oposición ocupe posiciones estelares en TT”.

De los tres expertos consultados por Fundamedios, ninguno pudo asegurar que este tipo de desaparición arbitraria de tuits en verdad ocurra o exista un mecanismo claro para hacerlo. “De poder, se puede hacer, pero eso ya implica un hacker que se meta a los servidores y ese tipo de cosas, pero no ha habido el caso en Ecuador por lo pronto, ni en la red social tampoco se lo ha denunciado”, explica Humberto Arthos.

No obstante, Alfredo Velazco, al conocer del software usado, expresó lo siguiente: “la herramienta veo que es bastante buena y almacena las tendencias, pero el análisis se debe hacer en base a los reportes que pudo generar el usuario”. Respecto al tema, Velazco también agregó que “una cosa es bloquear un contenido y otra cosa es borrarlo. Mientras no exista evidencia técnica de eliminación directamente desde el gobierno de tuits (eso implicaría un convenio secreto con Twitter o hackeo del Gobierno a los servidores de la empresa), el proceso de Twitter para eliminar contenido es básicamente en base a notificaciones apelando a sus políticas de uso (violaciones por copyright, datos personales, información delincuencial, entre otros). En cuanto a bloqueo de acceso a redes sociales o a parte de las funciones de las mismas, sí se han dado casos, incluso son casos de estudio a nivel internacional”.

Uno de estos casos se dio precisamente en Ecuador y la denuncia fue reportada por Freedom House, organización que defiende los derechos políticos y libertades civiles. Se produjo durante los disturbios sociales a través de redes por las reformas constitucionales, el 3 de diciembre de 2015, cuando varios usuarios reportaron el bloqueo de acceso a varias imágenes en Twitter. El problema fue inicialmente descartado como un fallo técnico de Twitter.

Según recoge el reporte de Freedom House, “Aldo Cassola, investigador de seguridad de red, declaró que si el performance de Twitter no estaba comprometido, esto podría ser un caso de problemas de enrutamiento o el efecto de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) a Twitter Content Delivery Network”, es decir, un ataque en el que múltiples sistemas informáticos atacan a un objetivo, como un servidor, un sitio web u otro recurso de red y provocan una denegación de servicio para los usuarios del recurso de destino. Este tipo de ataques han sido llevados a cabo por diversos actores, que van desde hackers individuales hasta crimen organizado y agencias gubernamentales. Es decir, la posibilidad de un ataque informático desde el Gobierno está abierta.

No obstante, lo que más preocupa a la investigadora María José Calderón de toda esta manipulación a través de redes es la generación de contenidos falsos,  “porque construyes información y la gente siente que ese contenido es real. Se triplica la hipótesis de que cuando uno dice algo se convierte en realidad, según la lingüística, el efecto performativo de la palabra, el cual en internet se potencia. Y esto tiene un efecto político terrible. Actualmente se observa un aumento de campaña sucia brutal y puede ser que aquello se esté reflejando en una intención de voto”.

Pero incluso quedan interrogantes sobre el uso de dineros del presupuesto estatal o incluso si se tratan de gastos de campaña (también financiadas por el Estado, se supone), que se reportan o no, pero que al final conducen a lo mismo: ¿Es lícito, es ético y es moral utilizar recursos públicos para campañas sucias?

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César Ricaurte durante la presentación del estudio.

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Fundamedios lanzó el estudio “Tuitómetro: La batalla en 140 caracteres”, un monitoreo del discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado que fue realizado por el Observatorio de Medios del Ecuador (OME) de la organización. El evento se desarrolló el martes 17 de mayo, Día del Internet, en el auditorio Granados de la Universidad de las Américas (UDLA), a donde asistieron estudiantes, profesores y expertos en Comunicación.

El evento fue inaugurado por Iria Puyosa, directora de la Maestría en Periodismo Digital de la UDLA, quien afirmó que el estudio de Fundamedios es importante porque muestra cómo los funcionarios públicos se enfrentan a los medios de comunicación en redes sociales. Destacó que Twitter puede ser una pieza clave en el control político de la información.

El expositor de los hallazgos fue César Ricaurte, director de Fundamedios. El estudio −el primero de este tipo en Ecuador y segundo en la región− disponible en un portal multimedia y en formato pdf, analizó 1.384 tuits de desacreditación contra la prensa y 3.108 contra políticos de oposición y la sociedad civil, emitidos entre 2012 y 2015.

El estudio evidenció que el funcionario que lidera este ranking negativo de agravios contra la prensa es el exsecretario de Comunicación y actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado, con 449 tuits. En segundo lugar está el exrepresentante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Roberto Wohlgemuth, con 166 tuits. Justamente, ambos funcionarios ocuparon cargos en las políticas públicas de comunicación del gobierno de Rafael Correa.

César Ricaurte durante la presentación del estudio.
César Ricaurte durante la presentación del estudio.

Más allá de lo cuantitativo, el estudio profundiza en el análisis de las estrategias discursivas que aplican los funcionarios en sus tuits contra periodistas y medios. Es así que se encontraron cuatro recursos. El 74% de los tuits y retuits registrados busca desmentir noticias, atacar y criticar los contenidos de los medios de comunicación, recurso que hemos denominado “verdad absoluta, verdad oficial”. El recurso de la “doble moral” está presente en el 12% de tuits donde se asegura que la prensa utiliza un doble discurso en la información que difunde; un 8% son “agravios puros y duros” contra medios privados; finalmente, en un 1,08% de tuits se utiliza el recurso del “dónde están, qué dirán” con el cual se ironiza sobre las reacciones de organismos y organizaciones sociales sobre el trabajo de la prensa.

Durante la presentación, María José Calderón, miembro de Usuarios Digitales y catedrática de la UDLA, también analizó el comportamiento comunicacional de las autoridades  gubernamentales en las redes sociales. Calderón aseguró que en la actualidad la realidad analógica y la realidad virtual son utilizadas sistemáticamente por los gobiernos para desprestigiar el trabajo de los medios. “Los funcionarios no deben obedecer a sus emociones sino que se deben a un comportamiento ético para con la ciudadanía sobre todo por el poder que ellos ejercen”, señaló y agregó que existe ya toda una generación que no tiene ninguna confianza en los medios, pues lo único que conoce son las descalificaciones constantes en contra del periodismo.

Documentos asociados

INFORME

 

Ginebra / Washington, D.C. – Un grupo de relatores* de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron hoy su grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.

“Miembros de asociaciones, particularmente aquellos dedicados a defender los derechos humanos, deberían gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y, en particular, la libertad de ser abiertamente críticos con políticas y prácticas gubernamentales”, resaltaron los expertos.

La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (SECOM) notificó el 8 de septiembre de 2015 a Fundamedios de su procedimiento de disolución sobre la base de que presuntamente difunde mensajes con ‘tintes políticos’. La resolución del Gobierno otorgó un período de 10 días para que la organización pudiera presentar su defensa. El 14 de septiembre de 2015, Fundamedios solicitó que se garantice el debido proceso, pruebas de las presuntas actividades, y –de acuerdo al artículo 98 de la Constitución– declaró su derecho a resistir ‘acciones u omisiones del poder público’ que socaven sus derechos constitucionales.

“Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado”, dijeron los expertos. “El discurso no puede ser reprimido simplemente porque pueda ser interpretado como que ‘es político’”.

Los relatores destacan que el papel de la libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de derechos humanos, quienes pueden lograr de manera colectiva un mayor efecto para los integrantes de un grupo o sociedad en avanzar y obtener fines lícitos.

“La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”, explicaron los expertos.

El grupo de expertos denunció las normas nacionales invocadas en el proceso contra Fundamedios y aplicadas previamente en el cierre de otra importante organización no gubernamental a fines de 2013, y pidió su revisión a la luz de los estándares internacionales. “El Decreto Ejecutivo No. 16 establece restricciones inaceptables a la libertad de expresión y asociación en el país, dándole poder a las autoridades estatales para cerrar organizaciones basadas en condiciones muy amplias y ambiguas”, dijeron.

“Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

La documentación de la SECOM incluye imágenes de tuits publicados por Fundamedios con enlaces a columnas de opinión en otros sitios. También anexa como parte de la prueba imágenes de tuits publicados por terceros que Fundamedios retuiteó.

“Los derechos humanos no cesan cuando una persona o asociación actúa en internet”, señalaron los expertos en relación a las pruebas presentadas por la SECOM. “Los derechos a la libertad de expresión y asociación existen tanto fuera de línea como en internet”.

“Instamos a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y, en general, a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país”, dijeron. “Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica a las autoridades en esta materia”.

(*) Los expertos: Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michael Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, y Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, durante la rueda de prensa.

Fundamedios continuará firme con su labor de emitir alertas sobre los ataques a la libertad de expresión y de asociación en el Ecuador. Así lo anunció hoy César Ricaurte, su director ejecutivo, quien en rueda de prensa respondió a la carta enviada ayer en la que la Secom conmina a Fundamedios a no emitir alertas y amenaza a la organización con disolverla.

Ricaurte, acompañado de Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, explicó que la organización desde el 2007 difunde alertas, un mecanismo que usa las organizaciones de DDHH  en todo el mundo para denunciar violaciones a los derechos humanos. “Lo hemos hecho con absoluta rigurosidad, verificando la información. Hemos emitido más de 1.000 alertas”, afirmó.

Se informó además que hoy se ha enviado a la SECOM, una carta de respuesta, donde se cuestiona la potestad que tiene este organismo para «comminar» pues esta figura no figura en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

El director de Fundamedios afirmó que no es la primera amenaza. El pasado 16 de enero de 2014, la organización denunció su traspaso administrativo a la Secom, su principal agresor, y hacia varias semanas llegó otra carta de la Secom en la que solicitaba que no se use su logotipo en las publicaciones de Fundamedios en redes sociales.

Además rechazó que en el oficio enviado ayer se citen las causales de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 16, y se amenace a Fundamedios por su “clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia”, y se ordene cumplir con “la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como expresamente lo dispone (…) su estatuto vigente”.

Esto implica “secuestrar la participación ciudadana en los asuntos de interés público”, afirmó Ricaurte. “Fundamedios no es una organización partidista a favor o en contra de un movimiento político. Eso lo rechazamos. Pero sí hacemos un trabajo que tiene un interés público evidente”, contestó.

“Vamos a seguir emitiendo alertas le guste o no les guste a la Secom, así nos cierren. Seguiremos trabajando desde nuestras casas. Si vienen con la Policía a cerrar nuestras oficinas estaremos aquí, aquí nos van a encontrar”, concluyó Ricaurte.

AUDIO COMPLETO DE LA RUEDA DE PRENSA:


CARTA DE RESPUESTA A LA SECOM

Señor
Fernando Alvarado Espinel
Secretario Nacional de Comunicación

Presente.-

De nuestra consideración:

En atención al oficio No. SNC-CGAJ-2015-0061-O, firmado por Paúl Mena Zapata en calidad de Coordinador General de Asesoría Jurídica, y recibido el día de ayer en nuestras oficinas, tenemos a bien comunicar a Usted que dicho documento carece de valor jurídico alguno, pues dentro de las atribuciones legales de su Secretaría, no está la de CONMINAR a ciudadano alguno por consideraciones subjetivas de sus actuaciones. Si su dependencia tiene intención, como parecería ser, de disolver nuestra organización bajo alguna de las causales mencionadas en el artículo 26 del inconstitucional Decreto Ejecutivo No. 2013-0016, esperamos, que en respeto a las normas internacionales y constitucionales, se inicie un proceso en el que se respeten las garantías básicas y nuestro derecho a la legítima defensa.

Finalmente tenemos a bien informar a Usted que la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios – Fundamedios, cumple irrestrictamente con la Constitución, la ley y sus disposiciones estatutarias.

Atentamente,

César Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo de Fundamedios

 

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PEDIDOS DE RÉPLICAS 2016

PEDIDOS DE RÉPLICAS 2015

Artículos de diario El Telégrafo a raíz del intento de cerrar Fundamedios por parte de la SECOM el 10, 12, 13, 17 y 18 de septiembre de 2015 . No hay respuesta hasta el momento. 

Al programa Desenmascarando de Ecuador TV por el caso Fundamedios de los días 9, 16 y 23 de septiembre de 2015 tras la notificación de la SECOM de disolver a la organización.

PEDIDOS DE RÉPLICAS 2014

Al comunicado de la SECOM publicado por medios oficiales y titulado «La Secretaría de Comunicación de Ecuador refuta rumores difundidos por ONG Fundamedios». 

A informaciones difundidas sobre el financiamiento de la organización con la finalidad de desacreditar el trabajo de Fundamedios, publicada originalmente por El Telégrafo y replicada en medios oficiales. 

PEDIDOS DE RÉPLICAS 2013

Publicación sobre financiamiento de Fundamedios realizada por Andes el 16 de marzo de 2013

Nota de El Telégrafo sobre financiamiento de Fundamedios, del 17 de marzo de 2013

Cadena emitida el día viernes 10 de mayo de 2013

Enlace Ciudadano N.320 de 11 de mayo de 2013

Publicación realizada por Andes el 16 de mayo de 2013

Emisión de una cadena nacional ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación el pasado 17 de julio de 2013, donde se habla acerca del trabajo que realiza Fundamedios.

A la publicación de la nota de El Telégrafo titulada «Medios hicieron lobby en Colombia para rechazar norma» del 16 de junio de 2013. 

PEDIDOS DE RÉPLICAS 2012

A los enlaces sabatinos del presidente Rafael Correa en los que menciona que Fundamedios es supuesto informante del gobierno de EEUU.

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La Secretaria de Comunicación centra sus criticas en un avance del programa Visión 360, que se trasmite por la cadena televisiva Ecuavisa, y en un titular de la revista Vistazo. No muestra una sola estadística o dato que desmienta a los reportajes que ellos señalan. Revisa una nota sobre el tema http://bit.ly/caso360

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Cuatro ONG locales captaron 263.272 dólares de la NED” es el titular del artículo publicado por El Telégrafo el pasado 03 de abril de 2014. Allí se hacen por lo menos cuatro afirmaciones falsas que se corresponden a otros tantos párrafos de la nota. Es decir, prácticamente el 100% de lo afirmado sobre el financiamiento de NED a Fundamedios es inexacto o abiertamente mentiroso. Vamos a puntualizarlo:

 

1. Lo primero que llama la atención es que la mencionada nota no cita o contienen a ninguna fuente. Simplemente, la nota se acompaña por las capturas de pantalla de la página web de NED, como toda la prueba de las afirmaciones realizadas. A la falta de fuentes, se suma otra falta ética y (ahora) legal imperdonable: No se contrasta la información de forma alguna. Se citan cuatro organizaciones y no hay una sola voz que haya sido consultado. Por lo menos, en Fundamedios no recibimos ninguna pregunta, ni antes, ni después de esta publicación “periodística”. Es más, el silencio de El Telégrafo y sus directivos ha sido su única respuesta ante el pedido de rectificación y respuesta que presentamos el pasado 16 de abril del 2014. Segunda violación legal.

 

2. Probablemente, la falta más grave de esta nota es la falta de mínima verificación de la información publicada. Nueva falta ética y bajo la Ley de Comunicación, tercera violación legal.

 

3. Se dice, en la nota: “El 2013 fue un año de mucha “generosidad” por parte de la National Endowment for Democracy (NED), (think tank que promueve los ‘valores’ del Gobierno de EE.UU. en el mundo). Solo entre cuatro organizaciones no gubernamentales ecuatorianas repartió 263.272 dólares”. No obstante, esto no es verdad. Y para demostrarlo solo es necesario recurrir a la misma fuente que, al parece, usó El Telégrafo: http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/ecuador. Es fácil ver que allí no se menciona a ninguna de las cuatro organizaciones señaladas en la nota.

 

4. Dice El Telégrafo: “La ONG que más dinero recibió fue Fundamedios (Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios), según un reporte de la misma NED. Fundamedios accedió a 84.734 dólares para proteger y defender la libertad de expresión de los periodistas ecuatorianos”. Esto es falso absolutamente. Es fácil ver, una vez más que la NED en su informe 2013 no menciona siquiera a Fundamedios. Hay un rubro que corresponde a la tarea que pública, legal y legítimamente hace Fundamedios: “Monitoreo de la Libertad de Expresión y Prensa con un monto de 75.000 dólares”.

 

5. Vuelve a mentir El Telégrafo diciendo que: “En el reporte, la NED aclara que con ese dinero “Fundamedios expandirá su red de vigilancia de 11 a 14 monitores, con lo que visibilizará su trabajo”. La NED divide los 84.734 dólares para dos tareas diferentes: 34.320 fueron destinados a la “defensa de los derechos humanos” y 50.414 dólares para “elevar las capacidades técnicas, administrativas y políticas de las mujeres electas a cargos locales”. Nada de esto consta en el informe 2013 de NED. Se trata de una falsificación total de la verdad.

 

Pero hay una pregunta que se debe formular frente a todo este montaje, ¿por qué El Telégrafo le preocupa tanto el dinero privado que puedan recibir organizaciones privadas de la sociedad civil ecuatoriana? ¿Acaso 263.000 dólares o 75.000 dólares son cantidades exageradas que demuestran alguna irregularidad o ilegalidad?

 

Es claro que tras estos montajes existen operaciones políticas y no razones periodísticas. Lo decía Moises Naim en un artículo “La Gran Conspiración”, publicado en Diario El País de España el 08 de marzo de este año: “Vladímir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Bachar el Asad, Nicolás Maduro y Robert Mugabe la han denunciado: una gran conspiración internacional está en marcha… Son las fundaciones filantrópicas y los activistas que promueven la democracia, documentan las violaciones a los derechos humanos u observan elecciones para detectar y denunciar trampas. Para los gobiernos propensos a socavar la democracia, encarcelar opositores, perseguir periodistas y trampear elecciones, los nobles objetivos de estas organizaciones son una hipócrita máscara que oculta su verdadera misión desestabilizadora. Por eso las prohíben o les hacen la vida imposible”.

 

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Los ciudadanos agraviados por opiniones o informaciones vertidas a través de los habituales enlaces sabatinos del Presidente de la República, o cadenas nacionales ordenadas por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) no tienen posibilidad de pedir un espacio para dar su versión a través de una réplica.

Esto se ha evidenciado en la negativa a los pedidos hechos en distintas ocasiones por la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán; la docente y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mariana Pallasco; Fundamedios, y el caso más reciente de Blasco Peñaherrera Solah -director de la encuestadora Market y presidente de la Cámara de Comercio de Quito- ocurrido hace un par de semanas.

Las respuestas dadas por la Presidencia de la República o la SECOM, a quienes solicitaron una réplica han tenido un denominador común: nuevas descalificaciones para quienes se «atreven» a solicitar un derecho constitucional, que paradójicamente el Gobierno reclama constantemente a los medios independientes para sí y para sus funcionarios.

A la hora  pedir un espacio de réplica por una cadena nacional se insiste en el argumento de que, según la Ley de Radio y Televisión, solo se pueden transmitir en cadena, mensajes e informes de autoridades como el Presidente de la República, el titular de la Asamblea o de la Función Judicial y Ministros de Estado. Por lo que un ciudadano común no tiene esta posibilidad.

En tanto, en casos de que el solicitante haya pedido su réplica por agravios sufridos en un Enlace Ciudadano, las respuestas se enmarcan bajo el argumente de que dicho Enlace es un espacio de rendición de cuentas del Primer Mandatario y si alguien requiere hablar en él, debe ganar las elecciones- como lo dijo el Vicepresidente Jorge Glas durante el Enlace No 347, tras solicitud de Pallasco-.

Lo mismo ocurre cuando el agraviado solicita una réplica a la estación televisiva del Estado, Ecuador TV, encargada de transmitir dicho Enlace. Este medio deslinda su responsabilidad y pide que se trate el caso en la SECOM, entidad que tampoco dice tener potestad para obligar a un medio a dar ese espacio, como efectivamente ocurrió con la respuesta dada a Peñaherrera que se detallará más adelante.

Estas negativas se dan, pese a que el artículo 66, literal 7 de la Constitución“reconoce y garantiza a las personas el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.

De igual manera, la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 24  dice que: «Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita».

El caso de Blasco Peñaherrera y las negativas del Estado

En esta época la ley no es para todos. La Ley de Comunicación no sirve, pues solamente es aplicada para perseguir a las personas que somos incómodos al poder, más no como un instrumento de protección de los derechos de los ciudadanos”, afirma Peñaherrera.

A esta conclusión llegó luego de un mes de negativas al intentar conseguir un espacio de réplica tras el envío de infructuosas cartas, primero a Ecuador TV, luego a la SECOM y finalmente a la Superintendencia de la Información y Comunicación.

En su caso, el agravio se originó el pasado 22 de febrero, durante el Enlace Ciudadano No 362 que se desarrolló en la Plaza de la Independencia de Quito.

Según Peñaherrera, el presidente Rafael Correa arremetió contra él y la encuestadora Market con alusiones que afectan los derechos a la dignidad, honra y reputación. “El presidente calificó a mi empresa de chimba que se vende al mejor postor que el trabajo no sirve. Después Me calificó de fascista¿Si es que eso no atenta contra la dignidad, la honra, la reputación de las personas naturales y jurídicas, entonces qué atenta?, se pregunta Peñaherrera, para quien lo dicho por el Jefe de Estado configura un motivo suficiente para invocar su derecho a la réplica que, hasta ahora, le ha sido negado.

Estas alusiones se dieron un día antes de las elecciones seccionales en donde el Presidente culpó a Peñaherrera de haber violado la Ley Orgánica Electoral por el hecho de haber difundido en su cuenta personal de Twitter resultados de encuestas en tiempo de silencio electoral. Tras esto arremetió en contra de la empresa que dirige, y contra él.

El primer intento de Peñaherrera para conseguir un espacio de réplica se dio el 6 de marzo de 2014 a través del envío de una carta a Enrique Arosemena, gerente de Ecuador TV, canal que funciona como matriz del Enlace Ciudadano del Presidente.

Peñaherrera pidió su réplica por cuanto las informaciones difundidas en ese medio «descalifican sin prueba y de forma inexacta» a Market y a su representante, y para ello se amparó en la Constitución.

Dos días después recibió una respuesta por parte del gerente general subrogante del canal, Santiago Cordovez Dávalos. El oficio RTV-GG-043-2014 decía lo siguiente: «… En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, me permito informarle que este medio de comunicación no podría atender su solicitud de réplica (…) puesto que el contenido del Enlace Ciudadano al que usted hace referencia no es responsabilidad de RTVEcuador. Dicho espacio, como conoce la opinión pública nacional, corresponde a la rendición de cuentas semanal realizada por el Presidente de la República a los ciudadanos y RTVEcuador realiza únicamente la transmisión televisiva de ese producto mediático a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación«.

Tras esto, el 10 de marzo Peñaherrera dirigió un oficio a la SECOM, a lo que su titular, Fernando Alvarado le respondió que “El Enlace Ciudadano es un espacio semanal mediante el cual los medios de comunicación transmiten voluntariamente la rendición de cuentas del Gobierno Nacional a sus mandantes”, por lo que la SECOM “no tiene la atribución legal de ‘ordenar’ a los medios de comunicación la transmisión de rectificaciones, réplicas o respuestas como las que usted solicita”.

Esa Secretaría también le recordó que “es una entidad autónoma del sector público cuya naturaleza es distinta a la de un medio de comunicación”, por lo que dicen no hallar sustento jurídico al requerimiento y que es “improcedente atender su solicitud de réplica en un espacio de rendición de cuentas del Gobierno a los ecuatorianos”.

Antes, el titular de la SECOM también escribió en su blog personal una nota al respecto, en la que aseguró, bajo el título “Las absurdas amenazas de Peñaherrera”, que “La Secom no encuentra, en la intervención del Presidente Correa, ninguna frase o expresión que falte a la verdad o que deba ser rectificada. Todo se basó en opiniones, que suscribimos totalmente, y en críticas a su indecente forma de manejar su red social Twitter, por lo tanto no existe asidero alguno para su show recurso de réplica”. Sin embargo, Peñaherrera considera que Alvarado está confundiendo o  mezclando lo que es réplica con rectificación, pues no ha solicitado que se rectifique nada, sino simplemente un espacio para dar su versión.

Finalmente, y tras no conseguir que Ecuador TV o la SECOM atendieran su réplica, el 17 de marzo Peñaherrera dirigió un oficio a Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de Información y Comunicación para que califique la pertinencia de su reclamo. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta por parte de esa entidad.

Peñaherrera cree que la Superintendencia va a negar su réplica, puesto que si lo hacen sería un precedente negativo para ellos“El Presidente de la República todos los sábados utiliza el espacio que es pagado por los contribuyentes para insultar o descalificar, entonces si a todas las personas agraviadas nos dan el derecho a la réplica, ese espacio de tres horas se convertiría en ocho o más con las réplicas de los afectados”.

Para Peñahererra, el siguiente paso será acudir ante la Corte Constitucional y si esto no tiene cabida, no descarta denunciar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos

El caso de Peñaherrera es el más reciente ejemplo de la inmunidad que al parecer tienen los productos audiovisuales de la SECOM -entiéndase cadenas y enlaces sabatinos- frente a los pedidos de réplica o rectificación de los ciudadanos. Algo que contrasta con los diversos pedidos de parte del Estado hacia los medios de comunicación, o las cadenas que a manera de espacios de réplica impone esta Secretaria, interrumpiendo muchos de los espacios noticiosos en los medios ecuatorianos.

En un informe anterior publicado por Fundamedios bajo el título “Un abuso del derecho a la réplica es limitante a la libertad de expresión”, la abogada Daniela Salazar, exfuncionaria de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito apuntó que “el derecho a la réplica, como todos los derechos humanos, es una  facultad de la que gozamos las personas frente a la autoridad del Estado, por lo que este no goza de derechos humanos”. Sin embargo, cuando son los ciudadanos los que piden al Estado ejercer este derecho son negados, por lo que citaremos otros casos.

Desde julio de 2012, Fundamedios ha enviado cinco pedidos de réplica y respuesta a la Presidencia de la República, así como a su Secretaría de Comunicación y a los medios del Estado entre los que figura la agencia Andes y diario El Telégrafo, sin que se haya obtenido una respuesta favorable.

Fundamedios, en sus pedidos de réplica enviados al Presidente y organismos estatales, ha pedido ejercer su derecho constitucional para aclarar varias de las afirmaciones difundidas que consideramos falsas, divulgadas a través de enlaces sabatinos, cadenas y publicaciones en medios del Estado.

La primera de ellas se envió al presidente Rafael Correa el 3 de julio de 2012 en respuesta a declaraciones vertidas por el Primer Mandatario, quien acusó a la Organización de ser desestabilizadora y ser informantes de la Embajada estadounidense.

En ese entonces, la respuesta que recibió Fundamedios a su solicitud fue la recomendación de trasladar el pedido a la “embajada de los Estados Unidos cuyas comunicaciones reveladas por Wikileaks han sido usadas y publicadas por varios medios de comunicación, inclusive aquellos a los que su misma organización ha respaldado vehementemente”, en referencia a un cable publicitado en ese sentido por el medio estatal El Telégrafo, después de una orden presidencial pública realizada en el Enlace

Asimismo, el 17 de mayo de 2013 se envió dos pedidos de réplica al Presidente Correa y a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, respectivamente, con la intención de aclarar afirmaciones vertidas por el gobierno a través de una cadena emitida el 10 de mayo en el espacio noticioso de Ecuavisa, en donde se acusó a Fundamedios de una “triangulación de fondos”, así como por aseveraciones similares dichas por el Jefe de Estado durante el Enlace Ciudadano No320, del 11 de mayo y los Enlaces No 268, 269 y 270. Ambos pedidos no tuvieron respuesta por parte de las autoridades.

El argumento que dio la SECOM fue el de rechazar las “expresiones sin sustento, totalmente tergiversadas y ajenas a la realidad”, mientras que la Presidencia se limitó a responder que remitirá el pedido a la Secretaría ya mencionada.

Tras insistir en el pedido, la SECOM, en un oficio del 16 de agosto de 2013 y firmado por Paúl Alejandro Mena, asesor, respondió que la ONG “solo protege a los propietarios de imprentas que travisten sus afanes económicos y políticos en el amparo sublime de derechos” y que “su solicitud de rectificación no procede ya que la Secretaría Nacional de Comunicación como entidad de derecho público y de naturaleza distinta a un medio de comunicación, no es el órgano competente para atender su pedido y no ha cometido agravio alguno con información inexacta.

Con estos antecedentes, el 22 de agosto de 2012 Fundamedios presentó una queja ante el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, contra el Subsecretario de Comunicación, por “incurrir en un acto violatorio al derecho constitucional y fundamental de rectificación y respuesta”. Sin embargo, esta queja tampoco fue acogida por parte de este organismo, que ni siquiera emitió alguna respuesta. La Organización también solicitó réplicas a varios medios del Estado en donde tampoco se obtuvo respuesta favorable.

En otro caso, la asambleísta por Pachakutik Lourdes Tibán fue agraviada el pasado 1 de junio de 2011 por una cadena de 16 minutos que fue transmitida “exclusivamente en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo en el horario estelar de la mañana y la noche, sobre acontecimientos de interés general de la ciudadanía…”, según reza la orden de la Secretaría de Comunicación en su oficio Oficio No. SNCOM-O-11-388, del 30 de mayo del 2011.

En dicha cadena, se hizo un perfil del ascenso político de la legisladora, cuestionando su función como Secretaria del Codenpe, (Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador) en el gobierno de Lucio Gutiérrez y se mencionó además, supuestas influencias en la transportación de taxis; así como en el manejo de la Justicia Indígena.

Tras esto, el 2 de junio de ese año Tibán envió una carta al Presidente de la República para exigir su derecho a la réplica, defenderse de las acusaciones y además corregir algunos errores sobre su vida personal y actividad política que, según la Asambleísta, se mencionaron en la cadena. Sin embargo, Verónica Álvarez, secretaria de Información de la SECOM, le respondió en una carta el 8 de junio pasado, que su pedido es improcedente. El argumento es que el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión solo contempla la emisión, en cadena nacional, de los mensajes de las autoridades que menciona la ley.

En ese entonces, la legisladora aseguró públicamente que dicho espacio dirigido a una sola persona evidencia un abuso de parte del gobierno en el uso del espacio oficial, en los medios, que en esos 16 minutos “me ha hecho el honor de convertirme en acontecimiento de interés nacional” y cuestionó la negativa, pues aseguró que “la Constitución está por encima de cualquier ley”.

Finalmente, otro caso similar ocurrió en noviembre de 2013 con Mariana Pallasco, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien, al final de una entrevista en Ecuavisa demandó el derecho a la réplica tras ser mencionada en varias sabatinas como «la mentirosa de la semana» por asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante esa entrevista dijo: «estoy solicitando un minuto que me permita resarcir el daño hecho a mi nombre y a la organización que represento».

El vicepresidente Jorge Glas aseguró, en el Enlace Ciudadano No 346 que Mariana Pallasco asistió a la CIDH a “quejarse, a pedir consejos, amparos y hacer ruegos”.

Por ello, la en ese entonces dirigente de la UNE, solicitó que en el mismo espacio y en las mismas condiciones se le permita el derecho a la réplica garantizada por la nueva Ley de Comunicación por considerarse víctima de “un linchamiento mediático al ser calificada sin pruebas; esto afecta mi buen nombre, la honra en mi calidad de mujer, maestra y madre…”, expresó, en declaraciones recogidas por diario Hoy.

En respuesta a ello, Glas, en el Enlace Ciudadano No 347 dijo lo siguiente: “Esto es un informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, al mandante. De los mandatarios al mandante. En este caso el segundo mandatario. Señora Pallasco para sentarse aquí tiene que primero ganar las elecciones (…) Estos medios de comunicación aclárenles a sus mandantes cómo así van a Washington a hablar del Ecuador. Para sentarse aquí primero gane las elecciones…”apuntó el Vicepresidente.

El Derecho de Respuesta dentro del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos

Tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC7-87, donde se refirió al derecho de rectificación y respuesta, este derecho se refiere a la posibilidad de toda persona que se sienta afectada por afirmaciones inexactas a solicitar que se le permita presentar a la opinión pública su posición sobre esos mismos hechos.

Cabe mencionar que el derecho a la rectificación y respuesta puede ser solo ejercido por seres humanos y grupos humanos. Lo anterior tiene sentido tomando en cuenta que, a su vez, el derecho a la honra que pretende tutelar también es un bien jurídico que solo poseen las personas o los colectivos de personas. En ningún caso podría argumentarse que instituciones, personas jurídicas o el propio Estado o sus órganos tienen un derecho legítimo de rectificación y respuesta, pues éstos no son titulares de derecho fundamental alguno. En particular, el Estado, al ser el principal obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales y la propia Constitución, mal podría también ser titular de los mismos. Ello constituye un contrasentido que desnaturaliza el fin último de la protección internacional de los Derechos Humanos, y abre la puerta a actos de arbitrariedad estatal.

Con respecto al derecho de respuesta, cabe destacar que el fin último de éste no consiste en desmentir afirmaciones o de imponer una única verdad sobre otra. El objetivo que persigue el ejercicio de este derecho es fortalecer el debate sobre ciertos asuntos brindando a la ciudadanía la posibilidad de conocer una versión distinta sobre un mismo hecho. En este sentido, resulta irrelevante si quien solicita ejercer el derecho de rectificación y respuesta tiene la verdad de su lado o no, o si lo que propone difundir es cierto o falso. Lo que importa es que la ciudadanía conozca una posición distinta a la que originalmente fue planteada sobre una misma cuestión.







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El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Nacional de Comunicación (SECOM) negó el pedido de réplica solicitado por Fundamedios el pasado 29 de enero, luego de que lo medios estatales El Telégrafo, El Ciudadano y la Agencia Andes publicaran el comunicado de esa cartera de Estado y con notas alusivas sobre las declaraciones realizadas por los directivos de Fundamedios, respecto a que la organización tendrá como su ente regulador a la SECOM, quien es su principal agresora.

La Secom justifica la negativa al indicar que “no hay ninguna información falsa sobre la que tengamos que otorgar réplica (…) además de ser una institución de distinta naturaleza a la de un medio de comunicación”. Cabe recordar que el derecho a la réplica está definida en la misma Ley de Comunicación como: «el derecho que tiene una persona o un colectiva de personas que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que se afecte el derecho a la dignidad, honra o reputación, a replicar esas informaciones.»

En la misma respuesta la Secretaria de Comunicación asegura que no se ha configurado el silencio administrativo solicitado por Fundamedios, respecto al registro de la directiva y nuevos socios de la Organización, al no tener respuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Responsabilizan a la Fundación del retraso de ese trámite administrativo, cuando fueron los funcionarios del MIES, quienes por más de un año y medio aplazaron dicho registro.

Por otro lado, sobre las cadenas nacionales o enlaces en los que hemos sido atacados, la SECOM defiende la difusión de los mismos, argumentando que “si FUNDAMEDIOS ha sido mencionada en alguna cadena informativa o de rendición de cuentas se debe a que su organización emitió información que no se apega a la verdad”.

En realidad, por lo menos en 20 ocasiones se han difundido cadenas nacionales para descalificar y desprestigiar su trabajo, y que al menos en 36 enlaces sabatinos el Presidente de la República ha descalificado a la organización o sus directivos. La SECOM nada dice, además, de las 107 notas que han emitido los medios oficiales entre octubre de 2011 y enero de 2014 para desprestigiar la labor institucional.

Fundamedios solicitó su derecho a la réplica por las siguientes notas: El Telégrafo: “SECOM responde a las acusaciones de Fundamedios” (http://goo.gl/zAedja), Agencia Andes: “La Secretaría de Comunicación de Ecuador refuta rumores difundidos por ONG Fundamedios” (http://goo.gl/H7DvZM) y El Ciudadano difundió el comunicado de prensa de la SECOM  (http://goo.gl/CWwnxs).

Ver pedido de réplica de Fundamedios aquí.

Ver la respuesta de la Secom aquí.