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Supercom

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Durante 2015 y 2016, el exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se valió de la adulteración de la Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a 11 radios a nivel nacional.

Excusándose en su supuesto desconocimiento sobre el error en la transcripción de la Transitoria Sexta, Ochoa evadió un debido proceso y arbitrariamente ordenó reimprimir 300.000 ejemplares de la Ley. Luego, basándose en ese texto, impuso las sanciones y otorgó 72 horas a las radiodifusoras multadas para cancelar la deuda.

El error en la Transitoria tiene que ver con el artículo 102, cuando lo correcto es que cite al artículo 103.

FUNDAMEDIOS y el Colegio de Abogados de Pichincha, plantearon una demanda en contra de Ochoa por uso doloso de la Ley.

Aquí el caso ampliado.

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Desde hace 44 años, Diario Extra se ha caracterizado por un estilo sensacionalista e impactante. Desde hace más de cuatro décadas, ha cumplido con su objetivo de informar; y se ha diferenciado de otros medios de comunicación por el uso de textos irónicos, sarcásticos y titulares con doble sentido…

Desde 2013, cuando Carlos Ochoa asumió la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), se ejecutó una persecución sistemática que tuvo por objetivo castigar al periódico a través de sanciones económicas y administrativas. Gráficos Nacionales (Granasa), empresa que edita Extra y Expreso, fue sentenciada a pagar más de un millón de dólares, como suma de las en distintas multas impulsadas por el exfuncionario, hoy prófugo de la justicia.

Esta es la historia:

Este 8 de noviembre la tercera jornada para aportar al debate de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), organizada por FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), fue dedicada a los medios comunitarios.

Este diálogo interinstitucional tuvo en su panel a Édison Toro, superintendente de Información y Comunicación; Vladimir Andocilla, asesor principal de la asambleísta Jeannine Cruz; Ana Acosta, coordinadora ejecutiva de la Fundación El Churo; y el abogado Fred Larreátegui, profesor de la PUCE.

“La libertad de expresión es para todos, no es únicamente para comunicadores y medios. Es la garantía de las personas. Si una ley tiene una garantía de ser plena para todos, ese es el verdadero beneficio”, indicó el titular de la Supercom. Además, destacó la importancia de estos espacios para los medios comunitarios y su trabajo para pluralizar las voces.

Ana Acosta, representante de los medios comunitarios, expuso propuestas para las reformas de la LOC. “Así como el agua y el techo, la comunicación es nuestro derecho”, comentó. Expuso datos y cifras sobre la asignación de frecuencias y la distribución del espectro radioeléctrico entre entre privados, públicos y comunitarios.

Larreátegui aportó al diálogo con información sobre estándares de radiodifusión comunitaria. En su exposición abordó la libertad de expresión como piedra angular en un sistema democrático, así como las problemáticas en torno a los derechos de los medios comunitarios.

Periodistas de medios comunitarios, así como voceros de gremios, intervinieron en la discusión de la jornada. El objetivo es que de estos diálogos se desprendan insumos que sirvan de guía en el proceso de reforma de la Ley que ahora se discute en la Asamblea. El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo una jornada de debate en Guayaquil, a la cual periodistas de medios públicos, privados y comunitarios estarán convocados.

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El contralor Pablo Celi participó en la sesión 177 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se discuten las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este 30 de julio sugirió a los asambleístas que las funciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) pasen al Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

Para Celi, la Cordicom, desde un punto legal y técnico, es «el organismo que mejor puede representar el principio legal. Pensamos que en la conformación de Cordicom se incluyan a gremios relacionados profesionales y de la academia especializados que hoy conforman el consejo consultivo y que podrían ampliar el debate y el análisis».

El Contralor sugirió que se realicen concursos separados para la adjudicación de frecuencias, una para medios privados y otro para públicos. Y, en ese contexto, que se defina en la ley el rol y el concepto de los públicos.

«Es necesario que se unifique el concepto de medios públicos. En el artículo 83 se habla de medios públicos oficiales y en el artículo 78 la ley se refiere a medios públicos en general. Esta ambigüedad permite confusiones para determinar la cualidad, naturaleza y  pertinencia de un medio público para establecer restricciones y así evitar proliferación de medios que no guardan relación con las entidades titulares de esos medios», explicó.

El titular de la Contraloría indicó que la naturaleza y funciones de los medios públicos y privados son distintas. «Eso es motivo de conflictos. Pensamos que lo más saludable es que se especifique en la ley las regulaciones y directrices atendiendo a las diferentes naturalezas de cada tipo de medio y vayan a concurso por separado», concluyó. 

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Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.

La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.

Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.

Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.

En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.

No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.

El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.

Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.

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FUNDAMEDIOS respalda la decisión que tomó el pleno de la Asamblea Nacional este 12 de marzo de 2018, al censurar, con 119 votos, al exsuperintende de la Información y Comunicación Carlos Ochoa. Esta decisión, no solo refleja que hubo coincidencias respecto a que el  exfuncionario se extralimitó en sus funciones, sino que también aplicó de manera arbitraria, abusiva y fraudulenta la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y hasta la usó en beneficio propio, desde que asumió ese puesto hace casi cinco años.

Ochoa, además, deberá rendir cuentas ante la Justicia por la falsificación y uso de la Ley de Comunicación falsificada para sancionar a una docena de medios.

Cabe recordar que en medio del debate en el interior del Pleno, no solo se cuestionó de manera unánime la actuación de Ochoa y la necesidad de su destitución y censura, sino también la legitimidad de la LOC y la necesidad de reformarla o derogarla. Nos congratulamos que la gran mayoría de Asambleístas de las distintas bancadas legislativas hayan expresado la voluntad para avanzar en el proceso para cambiar profundamente la Ley.

El asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento CREO-SUMA y uno de los interpelantes en el juicio político aseguró que Ochoa implementó un modelo restrictivo de derechos y amedrentó a los medios por pensar diferente. En esa línea, el asambleísta Homero Castanier, de CREO y que acudió en reemplazo de Lourdes Cuesta afirmó que Ochoa irrespetó normas constitucionales y de derechos humanos, y también logró beneficios a título personal. Criterio que fue compartido por la asambleísta María Mercedes Cuesta, de FE y excompañera de trabajo de Ochoa.

Asambleístas como Mae Montaño, de CREO y el socialcristiano Luis Fernando Torres fueron más allá y cuestionaron la legalidad de la misma Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y el hecho de que su figura fue incluida a último momento y sin debate, al igual que algunos artículos de esa Ley, como el linchamiento mediático.

Por esta razón, FUNDAMEDIOS exhorta a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de nombrar a un nuevo Superintendente y, en su lugar, invita a dar pasos acelerados para las reformas a la LOC.

Lo ocurrido la noche del 12 de marzo en el seno de la Asamblea Nacional demuestra el descontento generalizado en la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por no alinearse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. No lo dijeron solamente los 119 legisladores que votaron en favor de la censura a Ochoa, sino las coincidencias respecto a que la aplicación de esta Ley que ha generado censura, miedo y abuso de derechos.

Los periodistas y editores de medios de comunicación, académicos, políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, expresamos la necesidad de realizar de manera urgente dicha reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM.

La Constitución muy bien señala que, la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Además, de que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal y, no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Los derechos garantizados a los particulares en la Constitución, se resumen en el concepto de igualdad ante la ley y de libertad. Tales principios aplicados al derecho judicial, constituyen la base del procedimiento civil; la igualdad jurídica da lugar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica, fundamental en un estado de derecho.

Es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados.

Lo cual infringe los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, inició procesos administrativos, en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno.

Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral.

Rechazamos la persecución efectuada por la Superintendencia de Comunicación, en contra de los medios de comunicación.

Es necesario recalcar que la SUPERCOM infringió varios artículos de: La Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor Presidente de las República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país.

 

Quito, 5 de marzo de 2018.

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.

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Por considerar que existen elementos y méritos suficientes para enjuiciar políticamente al superintendente de la información y comunicación, Carlos Ochoa y buscar su censura y destitución, FUNDAMEDIOS respalda la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, que este 5 de febrero admitió a trámite el pedido de juicio político liderado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar.

La organización también respalda a los 53 asambleístas que firmaron el pedido de juicio político por considerar que el Superintendente, no solo que incumplió y se arrogó funciones, sino que también violó la Constitución, los tratados internacionales sobre libertad de expresión, y hasta la misma Ley Orgánica de Comunicación (LOC), al aplicar de manera discrecional la norma a la hora de sancionar a los medios de comunicación.

Cabe anotar que, entre las pruebas presentadas por los legisladores -muchas de ellas, facilitadas por FUNDAMEDIOS- se incluye la denuncia penal que presentó la organización junto con el Colegio de Abogados de Pichincha en agosto de 2016, en donde se acusó a Carlos Ochoa de alterar una transitoria de la Ley de Comunicación. Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300 mil textos de bolsillo y con este cambio sancionó a 11 medios durante ese año, cometiendo el delito de falsificación y uso doloso de instrumento público falso, que está penado por la ley.. El cambio hecho por la Supercom se encuentra en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley, referida a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional.

Además, desde que entró en vigencia la LOC, el pasado 25 de junio de 2013, el panorama en los medios de comunicación y la forma para ejercer el periodismo cambió, marcando un antes y un después. Hasta la fecha, la Supercom, en su  más reciente informe por el cuarto aniversario de la LOC, reportó un total de 684 sanciones a los medios, de un total de 1113 procesos abiertos, de los cuales, según esa entidad, 536 se dieron de oficio y 577 por denuncias. Sin embargo, esas cifras oficiales difieren de las que ha podido contabilizar y reportar Fundamedios, que, tras varios pedidos de información, negativas e insistencias, pudo tener conocimiento de 894 procesos, que derivaron en 539 sanciones, evidenciando un subregistro de sanciones debido a la falta de transparencia de esta entidad que ha puesto trabas en la entrega de dicha información.

De ese estudio también se reveló que los medios más sancionados fueron los medios privados y se evidenció que los funcionarios públicos y la Supercom han sido los que más han utilizado a su conveniencia y favor la LOC.  El 73%de las denuncias analizadas entre octubre de 2013 y abril de 2016 fueron presentadas por estos actores.

Con todo lo expuesto, y ante la contundencia de las pruebas que evidencian los abusos de un superintendente, que desde sus inicios mostró su animadversión en contra de los medios privados no alineados al correismo, que aplicó la ley de manera discrecional y la utilizó como un instrumento de persecución, FUNDAMEDIOS apoya el juicio político calificado por el CAL de la Asamblea Nacional y exige a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde recae el juicio político en contra de Ochoa, que cumpla su función de fiscalizar y no permita que los actos denunciados queden en la impunidad.

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FUNDAMEDIOS se congratula con la decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que anula la resolución que dictó hace tres años la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) contra diario El Universo, por una caricatura de autoría de Xavier Bonilla “Bonil”, referente al allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio.

El Tribunal consideró que la SUPERCOM utilizó un argumento carente de solidez para que “surja una motivación pertinente y completa”, a la hora de imponer la sanción al medio, que consistió en el pago del equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del diario y la obligación a rectificar la caricatura titulada “Regale la Navidad”, publicada el 28 de diciembre de 2013.

Según el Tribunal, no existió “conducta jurídicamente imputable proveniente de Diario El Universo, ameritando, ser sancionada, pues no cumple con los presupuestos del literal l), numeral 7) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que la norma jurídica, debe guardar pertinencia con los antecedentes de hecho a los que haga referencia la decisión de la autoridad pública”.

Con este antecedente, que demuestra jurídicamente que las sanción impuesta a El Universo fue injusta, Fundamedios exhorta a los medios de comunicación afectados con sanciones y multas de la SUPERCOM a apelar ante esta instancia administrativa.

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Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.

Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.

Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.

“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.

Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.

De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.