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El Internet Governance Forum (IGF), organizado por Naciones Unidas (ONU), reúne en un espacio libre y horizontal a los implicados en el desarrollo de un Internet libre, democrático, incluyente y abierto. Este 2019, se lleva a cabo en Berlín – Alemania del 25 al 29 de noviembre. 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la reunión preparatoria local, donde se sentaron las bases para la constitución de un IGF que, una vez institucionalizado, funcione como herramienta para lograr acuerdos en torno a políticas públicas dirigidas a la utilización de la red como un factor de construcción democrática y desarrollo socioeconómico. Este espacio fue coordinado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Fundamedios. 

Internet y Derechos Humanos, Gobernanza Digital, Ciberseguridad, Alfabetización Digital e Internet abierto fueron los ejes para plantear recomendaciones y sugerencias. Más de 50 participantes de los distintos sectores pertenecientes al sector público, privado, sociedad civil, academia, comunidades técnicas, periodistas y medios de comunicación colaboraron en el desarrollo de los aspectos clave para encaminar al país a un proceso de transparencia y gobernanza en Internet. 

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¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.

En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.

¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.

¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.

El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.

¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.

Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.

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Periodismo, transparencia y democracia son los ejes del foro que se desarrollará el próximo jueves 13 de diciembre, en el Auditorio UdlaPark, de la Universidad de las Américas (Udla). FUNDAMEDIOS y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) coorganizan un encuentro que reunirá a periodistas, sociedad civil y autoridades para reflexionar en torno al ejercicio periodístico y su incidencia en un sistema democrático.

El evento estará dividido en dos paneles. En el primero, denominado ‘Periodismo, una herramienta para combatir la corrupción’, participarán Juan Carlos Calderón, director de la revista PLAN V; Christian Zurita, de Fundación Mil Hojas; y Mónica Almeida, coordinadora de la Unidad de Investigación de diario El Universo. Algunos de los temas que se abordarán son estrategias para investigar: caso Panamá Papers; investigar al correísmo con una ley que obstaculiza. El periodista Iván Flores será el moderador de este espacio.

Después, la interrogante de la discusión girará en torno a ¿las reformas a la Ley de Comunicación garantizan nuestros derechos? En este panel aportarán la asambleísta Jeaninne Cruz; Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Jijón, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas; y César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS.

Esta actividad gratuita iniciará a las 17:00 del jueves. Se desarrolla en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. El foro está destinado a periodistas, líderes de opinión, estudiantes de periodismo y sociedad en general.

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EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 2018, organizaciones de la sociedad civil, gremios, periodistas y representantes de medios de comunicación denunciamos las restricciones crecientes para el acceso a la información. Consideramos que las mismas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción, por lo cual declaramos lo siguiente:

  1. El libre acceso a la información pública es mandato constitucional establecido en el artículo 91 que dice: La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
  2. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.
  3. Resulta preocupante que, en ese contexto y con base en la normativa vigente, en las últimas semanas se haya reportado una serie de trabas y violaciones para el ejercicio y cumplimiento de dicho derecho:

El pasado 9 de noviembre la jueza Ruth Jacqueline Quevedo Perez falló en contra de la acción de acceso a la información pública interpuesta por la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas en contra de la Fiscalía de la Provincia del Guayas. La organización solicitó la entrega de 37 informes de Contraloría que determinan indicios de responsabilidad penal en contra del prefecto Jimmy Jairala.

Cuatro días después, el 13 de noviembre, varios periodistas denunciaron la restricción de acceso e ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Quito. Los comunicadores señalaron a Robert Carrera, director de Comunicación de la institución, como responsable de los impedimentos.

El reporte más reciente se dio el 19 de noviembre, cuando Luis Muñoz, periodista de Cotopaxi Noticias, informó sobre el impedimento de la Policía Nacional para realizar coberturas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga. Esta sería una constante desde que Jorge Glas está recluido en la institución.

  1. Los hechos descritos configuran un retroceso en la política de transparencia, impulsada por el presidente Lenín Moreno, que ha llevado que incluso el Ecuador haya pedido su ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto. De hecho, el pasado 13 de noviembre, el Jefe de Estado publicó en Twitter que «transparencia y libertad de expresión» son «las mejores armas contra la corrupción».
  2. Rechazamos todas las prácticas de funcionarios, jueces y fiscales destinadas a preservar una cultura del silencio y de la opacidad. Algo así, es inadmisible en una sociedad democrática moderna.
  3. Recordamos que los funcionarios no son los dueños de la información, sino sus custodios. Por lo tanto, conminamos a los servidores de las distintas instituciones públicas a respetar los pedidos de acceso y garantizar el cumplimiento de la ley, la misma que a su vez garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos.
  4.  Es importante rescatar la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas y absolver las dudas ciudadanas sobre su gestión. Es inadmisible que se ofrezcan ruedas de prensa sin que se admitan preguntas. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado, en el caso Luisana Ríos y Otros, que “(…) En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público”.
  5. Exhortamos a Jueces, Fiscales y Autoridades Judiciales para que protejan debidamente el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público, como un valor central de los sistemas democráticos y a eliminar cualquier restricción indebida de acceso a expedientes judiciales que ya no están protegidos por el secreto del sumario. En sus manos descansa, en gran medida, el derecho de la Sociedad a Saber.
  6. Pedimos a la Función Legislativa que establezca como una de sus prioridades una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia, en particular, con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos.
  7. Los ciudadanos debemos convertirnos en vigilantes activos de que la información pública circule debidamente entre sus legítimos dueños, que somos todos.

Suscribimos

César Ricaurte Pérez

Fundamedios

Juan Carlos Calderón

Plan V

Guadalupe Fierro

Unión Nacional de Periodistas

Mauricio Alarcón Salvador

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Susana Piedra

Federación Nacional de Periodistas

María Dolores Miño,

Observatorio de Derechos y Justicia

Martha Roldós,

Fundación Mil Hojas

Pablo A. de la Vega M.,

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J.

Rosanna Palacios

Unión Nacional de Educadores

Manuela Picq,

Académica y Activista

Marcelo Espinel

Abogado

Efrén Guerrero

Académico

Soraya Constante

Periodista

Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE

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El acceso a la información pública garantiza un verdadero control social y facilita una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones. En ese sentido, se celebra la Semana de la Transparencia y la Defensoría del Pueblo impulsa, entre este este 27 y 28 de noviembre, una agenda de jornadas académicas para abordar ‘El Derecho de Acceso a la Información Pública como herramienta de las y los defensores para el ejercicio de otros Derechos Humanos y los de la naturaleza’.

FUNDAMEDIOS coorganiza el panel: ‘Acceso a la información y libertad de expresión’. Desde las 12:30 de este 28 de noviembre, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional (Quito), se analizarán a través de tres enfoques lo determinante de este derecho en el ejercicio de la comunicación y el periodismo.

Desirée Yépez, directora de Contenidos de FUNDAMEDIOS, expondrá los resultados del informe ‘Acceso a la información pública en América Latina: Muchas respuestas, pocos detalles’, en el cual participaron 13 países de la región. El periodista Paúl Mena, de la unidad de Investigación de El Universo, analizará la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en el periodismo. Luis Saavedra, coordinador de Inredh, reflexionará en torno a los estándares internacionales que rigen sobre este tema.

Dentro de las jornadas planificadas, Gina Benavides, defensora del Pueblo (e), presentará y entregará a la Asamblea Nacional el informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. El análisis corresponde al período 2017.

 

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La mañana de este miércoles, 21 de marzo, en Washington D.C., se realizó la conferencia Medios y Democracia en las Américas que fue promovida y organizada por Fundamedios USA y el Diálogo Interamericano. El director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte,  explicó que “este espacio consiste en abrir un diálogo entre periodistas y medios de América Latina con periodistas y medios de habla hispana en Estados Unidos” para fortalecer todos los retos que representa la libertad de expresión.

Ricaurte señaló también que “la idea es que podamos tener un espacio de encuentro y de diálogo” donde los periodistas de América Latina que hacen vida en América del Sur y Estados Unidos “podamos tener un debate bajo dos esquemas: acceso a la información y retos comunes.

El director ejecutivo de FUNDAMEDIOS expresó también la importancia de “examinar el estado de la libertad de expresión en la región, los nuevos y los viejos retos, si bien hay nuevos retos para la misma, el cuidar de los puntos básicos para la libertad de expresión es uno constante, hay que cuidar todavía los principios de la libertad de expresión en la región y destacar el periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción, donde el periodismo ha jugado un papel fundamental para descubrir la corrupción que es un fenómeno a nivel global”.

El inicio del diálogo contó con la presencia de César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Claudia Uceda, periodista de origen peruano y que labora en la cadena Univisión en Estados Unidos; María Peña, corresponsal en Washington D.C. del grupo Impremedia; y John Dinges, periodista estadounidense y docente de periodismo en la Universidad de Columbia. En este, se debatió el acceso a la información pública y su legislación por parte de los gobiernos, además, los nuevos retos para fortalecer la libertad de expresión.

Ricaurte habló sobre el inicio, en el año 2000, de las legislaciones restrictivas a la libertad de expresión en Sudamérica y señaló que fueron las mismas tecnologías las que jugaron un papel importante para revertir tal situación.

También, calificó de “muy saludable” que un gobierno tenga leyes que permitan el acceso a la información y dio como el ejemplo contrario en América del Sur a países como Cuba, Bolivia y Venezuela que no tienen ley de acceso a la información y por consiguiente son evaluados como los estados más restrictivos de la región. “Hay mucha presión para el acceso a la información en América Latina, más allá de los avances legales, tiene que ver mucho con los rasgos autoritarios de cada gobierno”.

Como respuesta al bloqueo de la información por parte de los gobiernos en América Latina Ricaurte alegó que “ha funcionado denunciar constantemente que se está coartando el derecho a la información, no del periodista sino de la sociedad, y que tiene que convertirse en un problema no de uno, sino un tema regional, si amenazan a uno, la amenaza es contra todos”.

En el evento hubo una comparación constante de los avances al acceso a la información y a la libertad de expresión entre Estados Unidos y los países de América Latina. Allí, María Peña, corresponsal en Washington D.C. del grupo Impremedia, explicó: “cuando estamos hablando de libertad de expresión no hablamos de algo abstracto, hablamos de algo que nos afecta todos los días a los periodistas”.

Además, calificó de “paradójico que Estados Unidos, quien pretende dar clases de democracia y de libertad de expresión, apenas ocupa el puesto 43 en el ranking mundial de respeto a la libertad de expresión, y fuimos superados por países como Costa Rica y Jamaica, esto es sencillamente muy grave”.

Peña señaló a la CIA, oficina de inteligencia estadounidense, como ser ejemplo para obstaculizar el acceso a la  información en los Estados Unidos y el incumplimiento de la Ley FOIA. “La CIA es la que más alergia tiene a la divulgación de información y el año pasado dio 126 razones para no cumplir con la FOIA (La Freedom of Information Act, abreviado FOIA y traducido como Ley por la Libertad de la Información)”.

“Ya llevamos 14 meses con la administración Trump y la situación no va a mejor en relación al acceso a la información y por ello tenemos que seguir corroborando información y lo hemos dicho todos de la campaña activa que hay contra los periodistas en Estados Unidos, nuestro slogan debe ser recuperar la grandeza del periodista, hay demasiado en juego para agachar la cabeza”, culminó Peña.

Finalmente, John Dinges explicó que existen muchas leyes sobre todo en América Latina, que restringen el acceso a la información que incluso condenan la solicitud de información. “Desde mi experiencia de Chile, que yo conozco bastante bien, los periodistas tuvieron muy poca participación en impulsar las leyes de transparencia y es una falencia en los medios de América Latina y de la región”.

Asimismo, se refirió a su país y afirmó que Estados Unidos está viviendo una crisis de estado de derecho eso es sin duda, por todos los problemas que hemos tenido con la transparencia y el uso de la Ley FOIA. La CIA es la que menos cumple con la Ley y cuando las leyes no se cumplen el sistema de justicia no actúa, yo lo veo muy serio”.