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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al nuevo coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. En ese contexto, la mañana de este 30 de abril se desarrolló un webinar enfocado en las buenas prácticas periodísticas y la seguridad de quienes reportan en primera línea. 

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) coorganizaron un taller virtual dirigido por César Ricaurte. El espacio, que contó con la participación de 24 inscritos sirvió para repasar los distintos mecanismos y protocolos que garantizan el ejercicio periodístico en el país.

En Ecuador, la cobertura de la COVID-19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Paralelamente, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluye que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria esas necesidades no se han visto cubiertas y por eso resulta relevante insistir en la autoprotección de los reporteros.

Además, en el momento de armar las piezas periodística se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

 

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El 16 de abril de 2020, Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) organizaron un taller virtual sobre seguridad digital. En un contexto marcado por el trabajo remoto y la conexión permanente a Internet, la iniciativa contó con la participación de 68 personas, entre periodistas, activistas, estudiantes y comunicadores institucionales.

El taller fue dictado por Humberto Arthos, especialista en seguridad digital. El foro fue una oportunidad para reflexionar y aprender sobre elementos que garantizarán la actividad de los internautas en plena pandemia de COVID-19. En ese contexto, el tallerista ofreció consejos y buenas prácticas para la creación y mantención de contraseñas en plataformas como redes sociales, banca en línea… 

En este encuentro virtual se concluyó la importancia de utilizar generadores de contraseñas seguras que pueden ser encontrados en Internet. También se recomendó mantener tres tipos de pines para su uso frecuente y cambiarlas de habitualmente.  

Se expuso información relevante sobre diferentes tipos de aplicaciones seguras para chat, como Telegram y Signal, cuya característica es que los mensajes están encriptados y son difícil de decodificar o descifrar por personas externas. Esto garantiza la destrucción de información en caso de un cambio de dispositivo. 

Otro de los temas fue cómo navegar en Internet de manera segura, tomando en cuenta la dirección de páginas, el tipo de motores de búsqueda y la eliminiación de los distintos historiales. Esto protege la privacidad del usuario. 

Uno de los aspectos más relevantes fue cómo evitar que las compras en línea se conviertan en potenciales oportunidades de estafas y ‘phishing’ (robo de información). Los participantes pudieron intercambiar sus inquietudes y aprender sobre situaciones que ya son cotidianas. 

El próximo jueves 23 de abril Fundamedios ofrecerá otra sesión de aprendizaje virtual. En esta ocasión, el tema serán las nuevas regulaciones para hacer periodismo y cómo combatir la desinformación. El encuentro se realizará a partir de las 10:00, y puede registrarse gratuitamente aquí.

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Este 31 de octubre se desarrolló el segundo de una serie de encuentros con medios para aportar al debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional reúne a FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La mañana de este miércoles, periodistas, líderes de opinión, gremios y representantes de medios públicos tomaron la palabra.

“En este espacio, sociedad civil, Estado, periodistas y academia podemos conversar, discrepar y enriquecer el debate”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, al dar la bienvenida al encuentro. Y añadió que en las reformas a la LOC referenciales a los medios públicos hay aspectos que deben mejorar para cumplir con los estándares internacionales de independencia, autonomía, pluralidad y transparencia. Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom, destacó que a través de este diálogo es posible conocer las inquietudes, criterios y aportar en la construcción de una ley que represente realmente a los periodistas y a los ciudadanos.

La asambleísta Jeannine Cruz participó como ponente en el encuentro. La Legisladora que integra la Comisión de Derechos Colectivos apuntó como una reforma positiva al cuerpo legal el establecimiento de los objetivos de los medios públicos, hecho que limita la discrecionalidad en su uso. Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), acotó que la Unesco insta a que los Estados creen estatutos claros que definan naturaleza y objetivo de esos medios. “No son de propiedad gubernamental”, enfatizó.

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, intervino en el debate. El funcionario defiende que se construya una Ley de Comunicación que se sostenga en la promoción y desarrollo de este derecho. “Hay que mirar con sinceridad a medios y periodistas para mejorar la calidad de la comunicación”, dijo.

Finalmente, Cruz se comprometió a presentar en los próximos meses una Ley de Medios Públicos. “Hay que dialogar con las organizaciones sociales, gremios, Fundamedios para garantizar que los medios públicos defiendan los derechos ciudadanos”, aseguró.

Próximamente este espacio de diálogo convocará también a medios comunitarios. Este ejercicio colectivo se replicará en otras ciudades del país.

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Los ecuatorianos se interesan por conocer cómo los gobiernos autoritarios atentan contra la libertad de expresión y se manifiestan decididos a defenderla permanentemente. Eso se notó en Riobamba, a donde acudieron periodistas y ciudadanos de Chimborazo y varias provincias del país, para participar en el foro “La libertad de Expresión” organizado por el Diario La Prensa y Fundamedios. El acto coincidió con la celebración de los 25 años de existencia del periódico riobambeño.

Participaron en el evento Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); Mariana Neira, presidenta de Fundamedios; Miriam Murillo, directora de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH); y Guillermo Haro, exdiputado del Congreso Nacional, actualmente abogado en libre ejercicio.

Mariana Neira, presidenta de Fundamedios y periodista de investigación, manifestó que nunca, en el tiempo de su ejercicio profesional, vio un nivel de corrupción tan alto, masivo, organizado, como en la “década correísta”. “Tampoco vi tanta persecución a los periodistas por denunciar la corrupción”, señaló. En su exposición hizo un recuento de casos de corrupción desde 2007. “El tiempo nos ha dado la razón”, dijo con respecto a esos casos que fueron señalados por los periodistas de investigación. Neira agregó que hubo una parte del público que aplaudió que el gobierno correísta nos pusiera “un bozal con una ley tan represiva”. “Hubo silencio de la academia, de las facultades de periodismo y de algunas ONG. El afán de Correa no fue solamente callar a los medios privados de comunicación, sino eliminarlos. Lo consiguió con el Diario Hoy, la Revista Vanguardia y con regionales de La Hora”, dijo.

Guadalupe Fierro dijo que una “tramposa enmienda consagró la aberración jurídica” de considerar a la comunicación no como un derecho sino como un servicio público. Este cambio tenía un fin muy concreto: “controlar la opinión pública para ponerla al servicio de un régimen”.

Francisco Rocha dijo que los diez años del pasado régimen significaron un trabajo constante para limitar el pensamiento. “Necesitamos una Ley de Comunicación, pero que promueva derechos, la libertad de comunicación, no una ley que persiga o sancione cuando los periodistas ejercemos la denuncia pública”.

Guillermo Haro hizo un análisis de la Ley de Comunicación. “En los últimos años se activaron varios procesos penales que han terminado, en algunos casos, con la detención de valientes periodistas que fueron perseguidos, como es el caso de Fernando Villavicencio”, dijo.

Entre los actos del foro estuvo, precisamente, un homenaje al periodista más acosado por sus denuncias.

Miriam Murillo dijo que la LOC supuestamente se creó con los actores que hacían comunicación, pero “parece que nos faltó un poco más de voluntad para una ley más enriquecedora y que defienda los derechos de libertad”.

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Viernes, 20 de enero de 2012   

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, presentó ante el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha un escrito en apoyo al pedido de medidas cautelares presentado, previamente, por la Unión Nacional de Periodistas contra el veto del Ejecutivo a las reformas electorales.

Para Fundamedios este pedido tiene como objetivo impedir la inminente violación de derechos, que se produciría  si entrara en vigencia el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia.

En el escrito se explica que las reformas contenidas en el texto amenazan, de modo inminente y grave, con violar los derechos, garantías y libertades constitucionales de igualdad ante la ley, de no discriminación, de opinión, de expresión, de comunicación, de información, de seguridad jurídica, de promoción electoral, de los derechos políticos y pureza del sufragio.

Así como contraviene las prohibiciones constitucionales de publicidad estatal y uso de recursos e infraestructura del Estado.

El escrito señala, además, que el veto  introduce severas limitaciones al derecho de los ecuatorianos a informar y ser informados sin censura previa, tal como nos garantiza la Constitución, en su artículo 18.

De darse las medidas cautelares, se pide que el Presidente de la República retire la objeción parcial y se abstenga de continuar con el proceso de aprobación de la reforma en materia electoral hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya oficializado el cambio de fecha de las elecciones generales de 2013, así como deberá abstenerse de enviar al Registro Oficial para publicación el texto de reformas que incluyan sus sugerencias actuales de textos alternativos.

Así como que el  Presidente de la Asamblea Nacional, en caso de que el Presidente de la República no retire su objeción parcial, proceda a incluir el tratamiento de dicha objeción en el orden del día de alguna las sesiones de la Asamblea para que sus miembros procedan a votar y adopten una decisión ANTES del 4 de febrero de 2012, fecha en que vence el plazo para el pronunciamiento del legislativo.

La Fundación para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS, tiene como mandato promover y proteger el respeto de los derechos y libertades de expresión, prensa, acceso a la información y asociación, así como el periodismo independiente y de calidad. Descargue Aquí

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Monitoreo de libertades

FUNDAMEDIOS ENTREGA CARTA DE APOYO A MEDIDAS CAUTELARES PRESENTADAS POR LA UNP  


Viernes, 20 de enero de 2012

A las 10:30 de hoy, Fundamedios presentará ante el juzgado Segundo de Garantías Penales un escrito de apoyo el pedido de medidas cautelares presentado por la Unión Nacional de Periodistas contra el veto del Ejecutivo a las reformas electorales.

El pedido tiene como objetivo impedir la inminente violación de derechos  que se produciría  si entrara en vigencia el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia.