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veeduría

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Este lunes, 4 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, envió cartas solicitando acciones a las distintas autoridades del Estado. Las cartas desde noviembre de 2020 no han tenido respuesta alguna.

De la reunión mantenida con la Fiscalía General del Estado, se constató que la razón principal para los avances fue la falta de colaboración por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, que forman parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado-COSEPE, cuya autoridad que lidera es el Presidente de la República, Lenín Moreno; por lo que esta Veeduría Ciudadana señaló en estas cartas la obligación de desclasificar esta información por tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

Asimismo, se enviaron cartas de insistencia de actuaciones a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo, instituciones que hasta la fecha actual no han dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta Veeduría. Esta falta de acción por parte de cada una de estas instituciones se encuentra detallada en el Primer Informe de Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE, que fue publicado el pasado 11 de diciembre de 2020, después de un año del lanzamiento del Informe elaborado por este organismo internacional. 

Estas acciones realizadas por la Veeduría se encuentran acompañadas por la Resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Pleno 061 el 02 de diciembre de 2020, en la que exhortan a estas instituciones a cumplir las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, además de solicitar las comparecencias de las entonces autoridades que formaron parte del Comité de Crisis entonces conformado para el manejo del secuestro de Javier, Paúl y Efraín. 

 

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Ecuador, 11 de diciembre del 2020. La veeduría ciudadana Nos Faltan Tres realizó el Foro: A un año del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Ha cunplido el Estado? con el propósito de analizar las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) presentadas el 12 de diciembre del 2019 y que involucran a múltiples instituciones del Estado ecuatoriano.

El 26 de marzo de 2018, a la medianoche, los medios de comunicación del país difundieron la noticia del secuestro de quienes integraban el equipo periodístico de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Días más tarde, luego de fallidas negociaciones, se confirmó el asesinato de los mismos.

Frente a estos hechos surgieron varios reclamos e interrogantes acerca de la actuación del gobierno frente al secuestro del equipo periodístico. Por esta razón, el Estado Ecuatoriano conjuntamente con los familiares de las víctimas solicitaron a la CIDH su intervención en el esclarecimiento de los hechos desarrollados en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

De esta manera la CIDH conformó el ESE, quienes remitieron el Informe que analiza las omisiones del Estado y la Fiscalía, en torno a la investigación de los hechos que llevaron al secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que un año después, el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH. Explicó además el trabajo realizado desde la Veeduría Nos Faltan Tres como una serie de acciones para que los Estados asuman su responsabilidad en este crimen y luego acojan las recomendaciones.

Entre las principales recomendaciones está:

  1. Revisión de procedimientos internos para mejorar la cooperación internacional.
  2. Analizar el material decomisado en investigaciones, y las pruebas relacionadas con el funcionamiento de la organización criminal mediante un plan de investigación. 
  3. Reexaminar la información que reposa en las extracciones forenses de telefonía móvil y computación.
  4. Evitar la revictimización de Javier, Paúl y Efraín en las investigaciones debido a su trabajo periodístico
  5. Examinar las descoordinaciones y omisiones del Estado.
  6. Desclasificar la información en poder de las F.A.  de Ecuador.
  7. Designar una comisión especial que garantice a las familias acceso a la información en manos de entidades. 
  8. Crear mecanismos de reparación integral a los familiares
  9. Crear un Comité de Protección de Periodistas, y crear un protocolo de intercambio de información con Colombia

Otras acciones de la veeduría fueron envío de solicitud de información e insistencia de cumplimiento de recomendaciones  a entidades como la Fiscalía General del Estado, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio Defensa, Asamblea Nacional, Comité de Protección de Periodistas; Consejo de Participación Ciudadana 

Ricaurte destacó que ha existido falta de cooperación por parte de las entidades del Ejecutivo en la desclasificación de la información ya que las entidades del Estado no entregan la información a pesar que en casos de DD.HH no se puede clasificar la información y dificulta que se llegue a la verdad y a la justicia y hace que los casos queden en la impunidad.  Destacó la inoperancia en la Fiscalía General del Estado en el desarrollo de las investigaciones y estamos frente a un caso que se podrá prolongar por años hasta que exista voluntad política para desclasificar la información, una clara falta de actuación por parte de esta entidades.   Además la falta de actuación política por parte de entidades que tienen facultades fiscalizadoras e investigativas con una ausencia total de la Defensoría del Pueblo en este caso y la falta de acompañamiento y actuación por parte de instituciones nacionales de Derechos Humanos. “No vamos a parar hasta que exista una reparación y se conozca la verdad” aseguró. 

Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH aseguró que hay un insumo producido con estándares técnicos con el liderazgo de su predecesor, Edison Lanza, y que este es un informe inédito en la historia de organismos e instrumentos internacionales con una investigación del asesinato a periodista y es un insumo valioso y util para los Estados es su obligación  de  sancionar:  “tras un año estas recomendaciones siguen siendo vigentes”  

Dentro del Foro, Soraya Constante de Periodistas Sin Cadena dijo que hubo omisiones por parte del Estado y la más importante fue la descoordinación entre las instituciones y tres años después no hay resultado de las investigaciones. Tampoco tomarse en serio la protección para periodistas en zonas de riesgo. Sobre el Comité de Protección de Periodistas sostuvo que no ha tenido resultados concretos y fue una solución parche. 

Angela Caro de la Fundación para la libertad de prensa aseguró que en 2018 ambos Estados anunciaron varias acciones pero ha sido un camino que se va alargando en busca de la verdad y la justicia. Sostuvo que el Estado no ha asumido compromisos en la investigación del caso y el Estado Colombiano no ha aclarado muchos temas pendientes y la zona de frontera sigue siendo una zona de riesgo para el trabajo periodístico. 

En representación del Colectivo Nos Faltan Tres habló Ricardo Rivas quien recordó que a los estados de Ecuador ni Colombia no les interesa seguir investigando ya que se ha priorizado la imagen porque saben que una verdadera investigación afectará la imagen de los gobiernos. “Colombia  no quiere investigar más allá de quien jaló el gatillo y Ecuador está a la espera de la información de las entidades”. 

La Veeduría Ciudadana Nos Faltes Tres continuará realizando acciones para evitar la impunidad en este caso . 

INFORME ESE 2020

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Ecuador 9 de diciembre del 2020. La veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creada para dar seguimiento al Proceso Público Competitivo de Adjudicación de Frecuencias de Radio, presentó el 2 de diciembre el primer informe sin alertar de mayores novedades.

Este documento de 10 páginas, sin numerar, incluye tres capítulos en los que aborda el Informe Sobre la evaluación de solicitudes, el Informe sobre denuncias y el Informe sobre nueva norma técnica para Radio FM. 

Sobre la evaluación de las solicitudes la Veeduría sostiene que el medio de verificación de la “declaración responsable” crea una base de inseguridad jurídica puesto que alguien que no cumple con los requerimientos establecidos en las bases puede verse afectado en las posibles inversiones que esa persona haga.

El capítulo referente a las denuncias destaca que al consultar la base de datos de peticionarios de frecuencias se encuentran los siguientes registros bajo el nombre comercial CANELA. Se refiere a KOMUNIKEST COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A (94.5), LESOTHO S.A (90.5).,CANELA CENTRAL SIERRA SIENPALTI S. A. (94.5) y RADIOEVENTOS S.A. (89.3).  

El 18 de noviembre del 2020 Fundamedios ratificó en rueda de prensa que luego de la nueva verificación ofrecida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) no se detectó la concentración de frecuencias de Angel Gonzalez y de Jorge Yunda.  

De las nueve frecuencias que forman parte del imperio mediático de González, solamente RIDALTO RIDALTOSA S.A no cumpliría los requerimientos, según el nuevo informe jurídico, mientras que 8 empresas sí cumplirían todos los parámetros. En el caso de las 9  frecuencias vinculadas a las Familia del alcalde Jorge Yunda, 8 han sido calificadas con informe jurídico favorable, con excepción de Ecuaenlace.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-arcotel-concurso-frecuencias-concentracion/

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-reincorporacion-mashiroberto-veeduria-frecuencias/

Luego de Ricaurte renunciaron los veedores María José Ramírez Campos y Raúl Fernando Cabrera también presentaron su renuncia irrevocable dentro del proceso. 

https://www.fundamedios.org.ec/veedores-concurso-frecuencias-renuncian/

Finalmente dentro del informe sobre la nueva norma técnica para Radio FM se pone en conocimiento general las dificultades e inconvenientes que se están ya presentando y podrían seguirse generando con la aplicación de la Nueva Norma Técnica para Radio FM, en virtud de la Ampliación de la banda de frecuencias que antes era de 88 a 108 MHz. Y ahora es de 76 a 108 MHz.

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 24 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3, que fue conformada el pasado el pasado 25 de septiembre del presente año, ha realizado distintas acciones a partir de su conformación. Una de estas acciones fue el envío de nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer tanto su conformación como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE. 

En este sentido, la Veeduría envió cartas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional. 

Es así que, la Fiscalía General del Estado se reunirá con la Veeduría Ciudadana el próximo lunes 30 de noviembre, con la finalidad de dialogar acerca del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, respecto a la investigación del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín; y que hasta la fecha actual sigue en etapa de investigación previa. 

Luego de una negativa inicial de Fiscalía, valoramos que se haya reconocido está Veeduría Ciudadana como expresión legítima del Derecho Humano fundamental que tenemos a asociarnos y participar de los temas de alto interés público.  

Esta veeduría conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS, Nos Faltan 3, Periodistas Sin Cadena, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, continuará dando seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones por parte de las instituciones responsables de esclarecer los hechos en torno a este caso. 

Por Javier, Paúl y Efraín nadie se cansa.

Veeduría Caso Nos faltan 3

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Ecuador, 11 de noviembre del 2020. La Veeduría Ciudadana que se conformó por el caso Nos Faltan 3 envió nueve cartas a diversos organismos de las Funciones del Estado con el objetivo de dar a conocer su creación y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó, el 11 de mayo del 2018, un equipo de seguimiento para el caso del asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana en abril, tras recibir una solicitud del Estado ecuatoriano y de los representantes de las familias de las víctimas con respecto a la investigación del equipo periodístico de Diario El Comercio.

Este equipo emitió una serie de recomendaciones para los diversos organismos del Estado que incluyen a las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  

Así, las cartas de la Veeduría fueron enviadas a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Comunicación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional. En cada una de ellas se recogen las recomendaciones específicas dirigidas a la institución y sobre las cuales se realizará el respectivo seguimiento. 

Carta Presidencia

Carta a la Asamblea Nacional

Carta Ministerio de Gobierno

Carta a Ministerio de Defensa

Carta Consejo de la Judicatura

Carta CPCCS

Carta Defensoría del Pueblo

Carta Fiscalía

Carta Comité de Protección

Esta Veeduría Ciudadana está conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC. 

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Ecuador, 4 de septiembre de 2020.- La Secretaría Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mediante la Resolución Nro. CPCCS-STPCS-2020-0002-RES de 31 de agosto, ratificó la participación de Roberto Wohlgemuth Jarrín, alias @mashiroberto, con lo cual esa veeduría perdió los últimos resquicios de legitimidad que pudo haber tenido en algún momento. 

Fundamedios señaló que “@mashiroberto fue y sigue siendo uno de los operadores más agresivos del aparato de propaganda del correismo, especializado en el manejo distorsionado de redes sociales y la generación desinformación”, tal como lo detectó una investigación académica que sirvió de base para que Facebook diera de baja 41 cuentas, 77 páginas, y 56 cuentas de Instagram por coordinar comportamientos “no auténticos” a nombre una institución extranjera o gubernamental, las actividades tenían origen en la empresa Estraterra, fundada por Roberto Wohlgemuth.

El 15 de julio Paola Ivonne Pacheco solicitó al CPCCS se revisen los requisitos y prohibiciones de Wohlgemuth, ya que sostenía que tenía conflictos de interés con el objeto observado.  Ella mencionó dentro de su sustentación la nota de prensa del Portal Primicias del 8 de julio del 2020 que informó que Facebook eliminó cuentas de una red de contenido falso que funcionaba en Ecuador.

El reportaje menciona que las investigaciones internas de la Red Social encontraron vínculos entre las personas detrás de esta red y consultores políticos y exfuncionarios de Ecuador y Estraterra que tiene base  en Canadá y que tiene entre sus exaccionistas a @mashiroberto. “El CPCCS se basa en un tecnicismo para devolver la calidad de veedor a @mashiroberto, el hecho de que la denunciante hace uso de una fuente indirecta, cuando perfectamente el CPCCS pudo haber pedido información directa a Facebook o a los autores de la investigación que es el laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council”, señaló César Ricaurte de Fundamedios. “no ha existido ninguna voluntad real de investigar y eso demuestra que la veeduría ha intentado ser manipulado desde el principio con lo cual pierde toda legitimidad”, añadío el vocero de la organización.

El 3 de agosto Wohlgemuth fue notificado con la suspensión como miembro de la veeduría, solicitándole a la vez remitir en el término de 10 días sus pruebas de descargo, que fueron presentadas el 17 de agosto de 2020. Entonces explicó que los datos acreditados sobre su participación como socio fundador de la compañía Estraterra S.A. se realizaron hace más de 4 años y “nada tienen que ver con la condición de veedor ciudadano; y por sí mismo, el hecho de fundar esta empresa, no constituye un hecho ilegal y menos aún violatorio”. Recordó además que desde 2018 ya no es accionista de la empresa, pues transfirió sus acciones.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

 El primer coordinador de la veeduría fue Héctor Velazco, quien en el concurso del 2016 tramitaba ante el vicepresidente de esa  época y actual reo por cohecho, una frecuencia de radio FM.

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Ecuador, 18 de agosto de 2020.- Han pasado 42 días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de los medios de comunicación y las novedades continúan.

A través del oficio CPCCS-SNCS-2020-0236-OF, el CPCCS informó el 14 de agosto a Rodrigo Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel); y a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la renuncia de un veedor y la incorporación de cuatro nuevos integrantes.

Se trata de María José Ramírez Campos, quien conformó dicha veeduría desde sus inicios, y presentó su renuncia irrevocable el pasado 10 de agosto. En el comunicado no consta la salida de Raúl Fernando Cabrera, que fue confirmada a FUNDAMEDIOS por el ahora exveedor. 

Cabrera sostiene que el trabajo de la entidad fue poco significativo y apunta hacia funcionarios de Acortel quienes habrían excluido a los veedores de las etapas del concurso. “Han asumido como que la veeduría solo debe firmar lo que ellos hagan al final de cada etapa para avalar, sin la posibilidad de haber examinado o participado en los procesos”, aseguró.

La lista de los vigilantes actuales del proceso es: Carlos Alberto Larrea Naranjo, Patricio Xavier Villacís Villafuerte, Katia Beatriz Murrieta Wong y Dixan Sánchez Blanco, quienes se incorporaron el 14 de agosto. Además, están Bernardo Francisco Cañizares, Washington Oswaldo Dután, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo Emilio, Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín, Lenin Eduardo Saguay Sanaguano y Xavier Olmedo Barragán Martínez.

Según el Oficio del CPCCS, Wohlgemuth Jarrín aún figura como veedor del proceso, pese que el mismo organismo informó la suspensión de dicha nominación, a través de un boletín de prensa, el 3 de agosto. Esto luego de que el pasado 8 de julio Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. 

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Ecuador, 9 de julio 2020.- César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó este jueves 9 de julio, su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como veedor del Proceso público competitivo de otorgamiento de frecuencias. El periodista señaló  que este proceso no ha sido transparente ni riguroso.  

“Consideramos que una organización del prestigio de Fundamedios no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparente y ajena a lo que debería ser el ejercicio noble del derecho a la participación ciudadana y el control social”, enfatizó Ricaurte en una rueda de prensa virtual. 

Además, cuestionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) haya presentado un oficio donde impugna a algunos integrantes de la veeduría con argumentos “frívolos”, como que algunos integrantes no enviaron su hoja de vida cuando existen miembros con un interés político claro. Ese es el caso del actual subcoordinador, Roberto Wohlgemuth, conocido en redes sociales como @mashiroberto. 

Wohlgemuth fue uno de los operadores más agresivos en la política de acoso sistemático en contra de periodistas y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Además, Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar.

Precisamente, el 8 de julio, la plataforma eliminó más de 50 páginas detectadas como difusoras de información falsa manejada por consultores políticos y exempleados gubernamentales de Ecuador y de los socios de la empresa ecuatoriana Estraterra, establecida en Canadá y cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth.

Wohlgemuth llegó al CPCCS luego de la salida de varios de sus miembros. Esto, tras la contundente denuncia pública que hizo Fundamedios el pasado 23 de junio que reveló los intereses políticos de los veedores que, en ese momento, estaban activos y que concluyó con la renuncia de Héctor Velasco Álvarez, entonces coordinador de la veeduría y presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Dicha organización participó en el concurso pasado por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicitaba se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. Cuatro veedores más también fueron cuestionados. Ver nota.

Ricaurte reiteró que renuncia a una veeduría que desde su creación tuvo intereses políticos, pero no renuncia al derecho ciudadano de vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador se avance en materia de libertad de expresión.

“Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó. 

Descargue la carta de renuncia 

 

 

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Ecuador, 26 de junio 2020.- Con la renuncia a la veeduría del señor Héctor Velasco y de la señora María Gabriela Vargas, coordinador y subcoordinadora, respectivamente de la ‘Veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de frecuencias para los servicios de radiodifusión de señal abierta para los medios de comunicación privados y comunitarios’ se abre una gran oportunidad para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), constituya una veeduría sin sesgos políticos ni intereses ocultos y con alto nivel técnico. 

El pasado 23 de junio, el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte expuso en rueda de prensa los posibles conflictos de intereses y la clara identificación de vario veedores con un sector político que ejerció el poder por más de una década acosando a la prensa independientes y socavando seriamente la libertad de expresión en el país.

Especialmente notorio era el caso de Héctor Velasco quien como presidente de la  Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC), participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, uno de los medios de comunicación críticos al gobierno de Rafael Correa. Incluso el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho,  solicitando que se le asigne de forma directa, irregular y arbitraria dicha frecuencia. 

No obstante lo claro de la situación, en su carta de renuncia, el señor Héctor Velasco, acusa de “prácticas de violencia política, hostigamiento e intimidación” de César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, acusación que no tiene ningún asidero y que rechazamos rotundamente. En la misiva menciona que no descarta “la posibilidad de iniciar acciones legales para defender su dignidad”, amenaza que consideramos no tiene ningún fundamento.

Este 26 de junio, Fundamedios dirigió una carta al Presidente del Consejo de Participación para que se revea la composición de la veeduría ciudadana tomando en cuenta que se trata de un proceso trascendental para la libertad de expresión y la democracia en Ecuador.  

Fundamedios conoció que el CPCCS recibió tres nuevas postulaciones para integrar la veeduría. Se trata de María José Ramírez, Francesco Magnilio y Karla Sofía Ayora.