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Tensiones en la concepción de la comunicación como servicio público

por | Nov 28, 2014 | Informes

La propuesta del oficialismo de convertir a la comunicación en servicio público puede leerse desde una serie de antiguas fricciones, conceptuales y prácticas, a las que se pretende darles una solución desde una concepción política que pone en evidencia las contradicciones de la Revolución del siglo XXI. El propósito aquí será navegar algunas de estas discordancias, que en modo alguno deben ser entendidas a manera de dicotomías, sino como elementos que caracterizan una gama de grises que la propaganda oficial no refleja con transparencia.

Estado vs. Mercado

En una declaración relacionada a la propuesta de convertir la comunicación en servicio público Paulina Magrovejo, miembro del Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información (CORDICOM), sostuvo en junio pasado que “Ecuador avanza en la construcción de un nuevo orden en la comunicación y de la información en el que no se privilegien las necesidades del mercado sino las del ser humano [1]”.

A través de esta declaración, que viene de una funcionaria de alto rango de una dependencia oficial que es punta de lanza de la regulación de la comunicación, se entiende que en las condiciones que caracterizan a la sociedad de mercado en el Ecuador no hay modo alguno de que se atiendan los requerimientos de los individuos -sicológicos, emocionales, físicos y de derechos fundamentales-; en tanto que la alternativa consiste en un orden social diferente, construido por la revolución, en el que eso sí ocurriría.

 Lo contradictorio a este nivel es el hecho de que el Gobierno se hizo de un apoyo masivo del electorado, entre otros factores, por haber contribuido a fortalecer y expandir a la clase media, al tiempo que subió a la sociedad ecuatoriana en un tren consumista. Estas dinámicas se explican por la inyección de los excedentes petroleros vía obras de infraestructura y agrandamiento del aparato burocrático del Estado.

 Huelga decir que los reflejos de este fenómeno, que se pueden apreciar de forma notoria en la ciudad de Quito, son: la apresurada construcción de nuevos centros comerciales; la profundización de la apropiación de referencias culturales de países hegemónicos, vía consumos de marcas originadas en los Estados Unidos; y el consecuente aumento en la salida de dólares del país por el compra de bienes importados, un problema que ha tratado de frenar el Gobierno a través de distintos mecanismos[2].

¿Entonces es el mercado no solo el punto de partida, sino también de llegada de la revolución ecuatoriana? Sin emitir conclusiones definitivas, es al menos factible indicar que salir de las dinámicas del mercado de forma absoluta luce como un objetivo arduo al menos en el mediano plazo. Lo que cabe esperar, en cambio, es una adaptación de esas dinámicas a las condiciones políticas reinantes, es decir una versión del capitalismo ajustada a condiciones de erosión de la democracia, lo cual no es excepción en el contexto internacional, si pensamos en China. Eso se explica porque la expansión de la lógica del mercado tiene un excelente rendimiento electoral, favorece a grupos económicos cercanos al régimen, y además la exacerbación de algunos de sus rasgos, como el consumo a gran escala, desactiva la participación política de la sociedad, ya que canaliza sus capacidades en expectativas de compra, y consecución de diversos estilos de vida con fines de ascenso social.

Esta formula aplicada a la comunicación se manifiesta, por un lado, en propaganda oficial que opera de acuerdos a los estándares y concepciones de la publicidad en su esquema neoliberal, y, por otro lado, medios de comunicación públicos e incautados, alineados con la agenda del Gobierno, que producen contenido con la infraestructura, personal y altos costos de cualquier industria de cultural capitalista. En estas condiciones los ecuatorianos no son interpelados como ciudadanos, con derechos y obligaciones, sino como consumidores de mensajes ‘revolucionarios’. Una propuesta híbrida a todo nivel.

Vistas así las cosas, cabe plantearse la hipótesis de que en el fondo el “nuevo orden en la comunicación y de la información”, del que habla Paulina Magrovejo, podría ser uno en el que el mercado haga su retorno triunfal, pero afinado a los requerimientos del aparato de propaganda oficial, que a su vez crearía discursos mediáticos en los que las “necesidades” del “ser humano” serían el leitmotiv. Asimismo, hablar de “necesidades” entendidas como derechos ciudadanos de libre asociación y protesta no cabe dentro de los esquemas oficiales como evidenció la represión policial a propósito de las marchas del 17 de septiembre de 2014, lo cual nos lleva al siguiente punto.

Democracia vs. Libertades restringidas

¿En términos prácticos a que se parecerá, de darse su implementación, la alternativa al mercado, la que está al otro lado de la orilla? La evidencia histórica apunta no exclusiva o necesariamente a lo que se podría etiquetar como comunismo, sino a un orden político dictatorial, incluso de cuño fascista. El antecedente emblemático es la ley emitida el 2 de abril de 1938 durante la dictadura de Francisco Franco en España. Al respecto la periodista Guadalupe Fierro manifestó lo siguiente en una entrevista[3]:

“Él (Francisco Franco) creía que la comunicación tiene que cumplir un papel dentro de un Estado y repetía que no podía perdurar un sistema que tolerara la existencia de la prensa como un cuarto poder. Eso es, más o menos, lo que suele repetir el Presidente (Rafael Correa). Esa ley además decía que, siendo la prensa un órgano popular y sobre todo fundamental en la creación de la conciencia colectiva, no se podía admitir que el periodismo continúe viviendo al margen del Estado en ese país.”

Vistas las cosas así una hipótesis obvia y probable es que la intención del Gobierno es anular la diversidad de voces que pudieran entrar en discusión en la esfera pública ecuatoriana. La premisa para que esto suceda es que exista un solo discurso, el oficial, que a su vez encapsule y readapte otros discursos provenientes de la sociedad.

Mucho de esto ya se ha visto en la plataforma supuestamente progresista de la Revolución Ciudadana que invoca causas al nivel del medio ambiente, los grupos indígenas y la soberanía alimentaria, por nombrar algunos asuntos emblemáticos. Sin embargo, tal diversidad es ilusoria en la medida en la que los temas se traen a colación y son ajustados de acuerdo a las coyunturas políticas y económicas que le corresponde navegar al Gobierno. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.

Asimismo, ciertos valores que han caracterizado a la izquierda, como la actitud rebelde y de búsqueda de cambios por parte de la juventud, son admitidos cuando forman parte de las alocuciones presidenciales, es decir la verdad oficial. Sin embargo, cuando organizaciones estudiantiles de la sociedad expresan su divergencia con las interpretaciones del Gobierno, terminan estigmatizadas en la propaganda oficial.

Por último, no hay que perder de vista que la cultura y las dinámicas sociales están fundamentadas en procesos comunicativos que suceden en la vida diaria y no necesariamente a través de canales oficiales, empresas mediáticas o telefónicas. Transformar la comunicación en servicio público podría abrir la puerta a justificar controles oficiales que llegarían a los niveles más íntimos de la vida diaria. Esto equivale a un ánimo de controlar lo que dice y piensa la sociedad a través de la lógica de los servicios de inteligencia estatales, situación que se puede ver en países como Venezuela y Cuba.

  1. http://www.andes.info.ec/es/noticias/nuevo-orden-plantea-ecuador-poner-debate-comunicacion-servicio-publico.html
  2. http://www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-consumos-nocivos-comida-chatarra.html y http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/05/nota/3322986/tasa-42-seria-fija-envios-4×4
  3. http://observacom.org/clipping/la-prensa-como-servicio-publico-fue-idea-de-franco-y-mussolini/

Por Christian Oquendo.

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