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Una situación de profunda crisis en la democracia retrata la sociedad ecuatoriana en sus informes para el EPU

Abr 27, 2022 | Informes EPU

Quito, 27 de abril de 2022· Una coalición de la sociedad civil presentó el informe sobre la situación de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU), del sistema de Naciones Unidas.  Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres, Fundación Mil Hojas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación IR (Iniciativas para la Reinserción), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Fundación Desafío y Diálogo Diverso se unieron con el objetivo de realizar y presentar un informe general sobre la situación actual de los Derechos Humanos en Ecuador, acompañados por informes temáticos realizados por cada organización. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, fue el encargado de presentar el informe general (revíselo aquí: Informe), que se trabajó con los datos proporcionados por las distintas organizaciones participantes y fue construido por la académica e investigadora boliviana Gloria Ardaya. Ricaurte comentó que uno de los ejes transversales que guió a la elaboración de este trabajo colaborativo fue el análisis acerca del estado de la democracia en Ecuador, sumida en una profunda crisis desde varias perspectivas. “La sociedad ecuatoriana se ha complejizado y a los viejos actores acompañan nuevas problemáticas y demandas”. Para las organizaciones de la sociedad civil, “resortes de la nueva realidad” son necesarios para garantizar los Derechos Humanos y promover políticas que valoricen la vida, el bien común, el espíritu liberal republicano de la política y los derechos. Esta crisis social “obliga a resignificar nuevamente la democracia, la política, la visión sobre libertad de expresión y de los Derechos Humanos…”, dijo Ricaurte. 

Las temáticas que se abordaron en el informe general fueron: libertad de expresión, derechos digitales, derecho a la privacidad, desaparecidos, situación carcelaria, derechos de las mujeres, derechos LGBTI, migraciones, anticorrupción.

En cuanto a los hallazgos identificados, por temática, en la rueda de prensa las organizaciones participantes de la coalición intervinieron y rescataron, entre algunos puntos, lo siguiente:

 

LGBTI

Jorge Medranda, coordinador de Promoción de Derechos de Diálogo Diverso, comentó que la población LGBTI es un grupo humano abandonado por el Estado. La ausencia de datos por parte del Estado impide que se pueda informar y representar la situación concreta de la comunidad LGBTI, por lo que las organizaciones sociales han tratado de suplir este vacío. De los datos recopilados por Diálogo Diverso, la situación más compleja la viven las personas trans, especialmente mujeres; las mujeres en todas sus diversidades; y las personas LGBTI en situación de movilidad humana, quienes sufren también atentados por ser de otra nacionalidad. 

Medranda también comentó que las conductas de la población en cuanto a la discriminación a personas LGBTI no han mejorado y más bien se han enmascarado.  El sistema de educación no incluye Derechos Humanos en su pensum, y los docentes tampoco son capacitados, por lo que muchos patrones sociales y culturales no han cambiado. 

 

Situación carcelaria

Ramiro Ávila, quien asumió la vocería de la Fundación Iniciativas para la Reinserción, resaltó que la situación carcelaria es un problema estructural y las diversas entidades del Estado no asumen su responsabilidad. A la fecha, no hay ningún pronunciamiento oficial sobre las investigaciones llevadas adelante, la determinación de responsabilidades, la imposición de sanciones, ni la reparación integral a las víctimas directas e indirectas de las masacres. 

Ávila resaltó que el enfoque “securitista” del Estado es dañino, pues hace pensar a la población que “las cárceles están llenas de sicarios y narcotraficantes, cuando en el fondo la cárcel está llena de gente marginal, excluida y tremendamente pobre”. 

 

Corrupción

Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción resaltó que la corrupción está íntimamente vinculada a la situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Sin embargo, ha sido tratada como un tema “residual”. Esto es tan evidente, que la ciudadanía no es considerada como víctima de la corrupción y, por lo tanto, no puede ser acusadora particular en los procesos judiciales. En este contexto, se han solicitado reformas a la Ley, pero la Comisión de Justicia se rehúsa a dar trámite al proyecto.

Guarderas también mencionó, con preocupación, que la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19 contiene una amnistía fiscal, el ‘Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal para Regularización de Activos en el Exterior’, que podría ser utilizada como mecanismo de blanqueamiento y repatriación de capitales de la corrupción. La Fundación recomienda impulsar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

 

Videovigilancia

Dagmar Thiel, Directora de Fundamedios Regional, señaló que después de una profunda investigación se estableció que Ecuador no cuenta con legislación específica que garantice los derechos ciudadanos ante la videovigilancia. Señaló que los organismos de DD.HH. de Naciones Unidas han pedido una moratoria universal frente a las tecnologías de reconocimiento facial, porque significan prácticas masivas violatorias de Derechos Humanos.

 

Encuentre aquí un informe adicional de la Fundación Mil Hojas sobre seguridad digital:

El informe de derecho a la privacidad y la seguridad digital recoge las distintas omisiones del Estado ecuatoriano respecto a la falta de instituciones y marco legal, falta de cumplimiento de las leyes que se encuentran en vigencia, las distintas vulneraciones que han existido al derecho a la privacidad, así como las brechas digitales que en la actualidad se mantienen en nuestro país.

 

Violencia contra mujeres

Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, en su intervención expuso la responsabilidad total del Estado en cuanto a la violencia feminicida y violencia sexual. Ecuador no genera, produce, construye ni promueve procesos donde las mujeres obtengan información sobre sus derechos. Gómez de la Torre también hizo hincapié en que las mujeres en Ecuador no perciben que están en riesgo de femicidio y la violencia sigue siendo naturalizada y considerada “privada”. Entre las recomendaciones, es urgente que el Estado implemente procesos de educación sexual integral. 

 

Migración 

Para Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la principal observación fue sobre la regulación de las condiciones migratorias, lo que repercute en el acceso a derechos y oportunidades, lo que genera asentamientos irregulares. En este sentido, la obligación del Estado es brindar soluciones, como vivienda alternativa. Es importante que la construcción de políticas en este sentido sea participativa para que se pueda tener un enfoque más real sobre las condiciones de las personas en movilidad humana. 

 

Libertad de Expresión

El informe de Libertad de Expresión, de Fundamedios, detalla la situación de las y los periodistas durante el 2017-2022, en los que se detectan 1151 de agresiones contra periodistas y medios de comunicación; además de los incumplimientos del Estado respecto a libertad de asociación, acceso a la información pública, libertad de expresión y libertad de prensa.

Ricardo Rivas, de Fundación Nos Faltan Tres, resaltó la importante participación de los periodistas en la denuncia de violaciones de Derechos Humanos que afectan profundamente a la sociedad y la respuesta con “silencio” por parte del Estado. En su intervención, además,  hizo un recuento sobre el caso Nos Faltan Tres, sobre el secuestro y el asesinato del equipo El Comercio y la falta de respuestas en torno a este caso, por parte del Estado. 

Para Rivas, la falta de voluntad política, un sistema judicial débil, la falta de políticas públicas en temas de seguridad periodística, la negligencia, y la corrupción permiten que la impunidad sea el único resultado frente a los atentados contra la libertad de expresión, lo que conduce a más atentados y  asesinatos. El derecho a la no repetición queda “como un simple enunciado”.

Acceda al Informe sobre la garantía, protección y defensa del derecho a las libertades de expresión del pensamiento y de la libertad de prensa AQUÏ

 

Desaparecidos 

Lidia Rueda, Presidenta de Asfadec, inició su intervención comentando que el Estado ha dejado a las personas desaparecidas, y a sus allegados, en indefensión. Destacó que desde el 2020 los grupos que más desaparecieron fueron niños y adolescentes. Así también, resaltó que la falta de fiscales y agentes investigadores capacitados en la materia sigue siendo una gran deuda en Ecuador. “Queremos que las desapariciones terminen”, dijo, y exigió mayor participación del Estado y la urgente creación de políticas públicas. Cerró su ponencia con las siguientes preguntas. “¿Quién?, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿dónde dejaron a nuestros seres queridos? … ¿dónde están los desaparecidos?”.

Las organizaciones de la sociedad civil, conscientes de la vulneración de Derechos Humanos, consideran que no basta con la ratificación de tratados internacionales. Asimismo, con la presentación de este informe para el Examen Periódico Universal, los miembros de la coalición apelan al Estado para que reconozca con sus limitaciones y la condición actual de los Derechos Humanos en Ecuador, y que posteriormente esto conlleve a la toma de acciones, de la mano de políticas públicas, para garantizarlos y promoverlos. 

La sociedad civil, está en primera línea, presta para cumplir con su aporte positivo de trabajo conjunto con el Estado, pero además  ratificó que una de sus funciones más importantes es el de vigilancia y si es necesario de cuestionamiento a las deficiencias y negligencias de los actores estatales. 

 

 

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