Foto: Portal La República
El líder político, ex parlamentario por las Islas Galápagos, Eduardo Veliz inició una huelga de hambre el día de ayer, luego que el 14 de octubre fue condenado, en primera instancia, a 2 años de prisión acusado por el supuesto delito de incitar a la ciudadanía a la paralización de un servicio público contemplado en el Art. 346 del Código Integral Penal (COIP).
El abogado Milton Castillo, defensor de Veliz, calificó a su defendido como preso político e informó que esperan la notificación oficial para pedir la nulidad de “todo lo actuado”.
Esta sentencia se da tras cuatro meses de la detención de Veliz, el pasado 12 de junio de 2015, durante las protestas de los habitantes de la Isla San Cristóbal en Galápagos en contra la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, que contempla una reducción al esquema salarial del sector público y privado en las islas. Esta Ley, además, permite que el parque pueda ser redefinido en sus límites por una decisión administrativa, lo que amenaza su supervivencia y la de las especies que acoge.
Según un parte policial (que se basó en declaraciones de policías y militares que estuvieron en el lugar) Veliz incitó el supuesto bloqueo temporal del acceso al aeropuerto de la isla San Cristóbal. El 19 de junio se le fue negado el recurso de Habeas Corpus por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La Plataforma de Defensa de DDHH del Ecuador condena la aplicación de este tipo de sanción penal, que viola el principio del debido proceso: “No hay delito sin ley anterior que lo establezca como tal” (Nullum crimen sine praevia lege). El supuesto delito de incitación a la paralización de un servicio público, no cumple con los estándares internacionales por ser abierto, excesivo y arbitrario. En este caso, es claro el castigo a la expresión del pensamiento y la vulneración del legítimo derecho a la protesta social.
Más de 20 organizaciones, colectivos, movimientos sociales y ciudadanos ecuatorianos conforman la Plataforma de Defensa de los DDHH del Ecuador como el mecanismo de denuncia, defensa y promoción de los derechos civiles y políticos severamente vulnerados durante el actual régimen político, vigente desde 2007.
Firman:
Andrés Valdivieso, Asamblea de Quito
Carlos Hurtado, Confederación Ecuatoriana de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC)
César Ricaurte, Fundamedios
David Rosero, Comisión Nacional Anticorrupción
Emilia Abdo, Mujeres Políticas REMPE
Grace Guerra, Mujeres Políticas REMPE
Henry Izurieta, Unión Nacional de Educadores (UNE)
Isabel Proaño, Asamblea de Quito
Javier Gutiérrez, Asociación Red de ONG de Guayaquil (AROG)
Jorge Alvear, Asamblea de Quito
José Valenzuela Rosero, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Julio Echeverría, Instituto de la Ciudad de Quito (ICQ)
Mauricio Alarcón, Fundamedios
Manuel Torres, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE)
Martha Roldós, Mil Hojas
Pablo Dávalos, Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Pablo Piedra, Yasunidos
Pamela Troya, Matrimonio Civil Igualitario
Rosana Palacios, Unión Nacional de Educadores (UNE)
Rosario Utreras, Mujeres Políticas REMPE
Ruth Hidalgo, Corporación Participación Ciudadana
Santiago Guarderas, Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Susana Piedra, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
Verónica Albuja, Politóloga