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Veeduría al concurso de frecuencias está integrada por exfuncionarios del Régimen

por | Jun 8, 2016 | Comunicados | 0 Comentarios

El concurso público para la adjudicación de 1.472 frecuencias se convocó sin que en sus bases y reglamentos se contemple la creación de una veeduría oficial, convocada a través del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que se encargue de hacer el seguimiento y control de todo este proceso.

El Reglamento General de Veedurías contempla tres tipos: por iniciativa ciudadana en forma colectiva, de las organizaciones de la sociedad o del CPCCS. Tradicionalmente en todos los concursos públicos se cumple con este requisito a través del Consejo, pues existe un mandato constitucional, aunque no hay una obligación expresa que obligue a hacerlo. Así, el art. 96 se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

En aras de la transparencia, Arcotel y Cordicom debían solicitar a esta entidad que se convoque la constitución de una veeduría o, a su vez, el Consejo podía convocar por su propia iniciativa, más aún si se considera la magnitud e importancia de un concurso que comprende el destino del 65% de todos los medios radiales y televisivos del país.

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” anunció la constitución de una veeduría y la presentó el pasado 1 de junio. Se identifican como “independientes, ad honorem y pro bono”. Se inscribieron en el CPCCS, como les faculta numeral 5 del artículo 100 de la Constitución de la República.

Según la Ley de Participación Ciudadana (art. 8, numeral 3), “las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos en general”.

El coordinador de la veeduría del concurso, Roberto Guerrero, señala que actúan dentro de las potestades que les da la Constitución y que lo hicieron pues están preocupados por este concurso, y señaló que los veedores tienen experiencia en los campos de la comunicación  y las telecomunicaciones.

Entre las inhabilidades para participar como veedor, establecidas en el artículo 16 del Reglamento, está el tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. Sin embargo, durante la etapa de conformación de la veeduría de iniciativa ciudadana, según el Reglamento, no se abre una etapa de impugnación.

En este caso, cuatro de los seis veedores “autoconvocados” podrían entrar en esta inhabilidad. Lo que cuatro de ellos presentan como experiencia son vínculos con el actual Gobierno o funcionarios de éste.

Estos son sus perfiles:

Paúl Rojas acredita en su hoja de vida que tiene 32 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Entre 2007 y 2008, durante un año y medio, fue Superintendente de Telecomunicaciones, cuando ya gobernaba el país Rafael Correa. Su paso por esa entidad estuvo llena de críticas, según lo señala la prensa de la época:

Una nota de El Universo reseña que, al día siguiente de su posesión, duplicó su salario. También fue cuestionado por tener una empresa que ofrecía servicios de telecomunicaciones y era contratista del Estado, según otra nota de El Universo. Finalmente, su nombramiento recibió críticas por haber designado como Intendente General y segundo al mando de la Superintendencia a Ricardo Rivera Arauz, quien era concesionario de una frecuencia, en un claro caso de conflicto de intereses. Este nombramiento se detalló en una nota del portal digital Plan V.

Rivera Arauz es tío en segundo grado del vicepresidente Jorge Glas Espinel, dado que es primo de su madre, Norma Espinel Arauz. Según narra la nota de Plan V, se conoció en los días del nombramiento de Rojas que fue Glas quien hizo las gestiones en el Congreso para que se lo nombrara Superintendente. En ese entonces, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. Rojas también es cuñado de Marcelo Vélez Arízaga, quien fue uno funcionario y uno de los principales técnicos durante la puesta en marcha del canal estatal Ecuador TV, según detalla Plan V.

Mientras se desempeñó como gerente de Advicom, Rojas suscribió varios contratos con el Estado. Por ejemplo, se encargó de la “provisión e instalación de equipos para la operación emergente de la Radio Legislativa”, por USD 37.790; el “servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la Radio de la Asamblea”, por USD 89.008; y el “sistema de transmisión para la estación de televisión análoga de la Asamblea”, por USD 115.700.

La empresa también tuvo contratos con el Ministerio de Educación,  USD 389.700, y recientemente, en 2015, con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por USD 1.785, para provisión de equipos.

Sebastián Muñoz Vélez es abogado, cuencano, y trabajó como asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta agosto del 2015, según los registros de esa entidad. Esta entidad luego se transformó en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que ahora convoca al concurso de frecuencias.

Además, Muñoz tiene un vínculo directo con Rojas. Es sobrino de su esposa, Maribel Vélez Arízaga. Pero también es socio de Rojas en la firma Lex Solutions Ecuador, que funciona en Quito en el tercer piso de un edificio en la calle París y Emilio Solá, en el sector de El Batán Bajo. En su página web, señalan que entre sus clientes está la Vicepresidencia de la República y la Arcotel.

En esa misma dirección funcionan dos empresas más, cuyos accionistas son los hijos de Rojas y primos de Muñoz: Advicom y Teratelecom. Las direcciones están registradas en la Superintendencia de Compañías.

Estas tres empresas han tenido contratos importantes con el Gobierno. Advicom, por ejemplo, ha tenido contratos con la Radio Pública y Ecuador TV, e instaló los equipos de la radio de la  Asamblea Nacional.|

Guillermina Molina tiene otro tipo de vinculaciones. Según ella mismo contó el día de la presentación de la veeduría, su experiencia se da en el ámbito comunicacional, pues fue parte del equipo de asesores de Alianza País que trabajaron en la elaboración de la Ley de Comunicación. Específicamente, fue asesora del entonces legislador Humberto Alvarado Correa y, después de su muerte, de su alterna, Maruja Jaramillo. Alvarado Correa es padre de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, quienes han ocupado diferentes cargos de alto nivel en el actual Gobierno, al punto que son considerados parte del grupo más íntimo del poder.

Jorge Saade es violinista, pero es también docente de la Universidad de las Artes, es decir, funcionario público.

Estas vinculaciones transgreden lo establecido entre las inhabilidades para participar como veedor, pues van en contra del principio de de independencia que la veeduría debería tener. Por esto, la veeduría anunciada la semana pasada no cumple los requisitos de idoneidad e independencia y por lo tanto está muy lejos de ser un aval para la transparencia e integridad del concurso de 1472 frecuencias de radio y TV.

Desde Fundamedios volvemos a hacer un llamado para la suspensión inmediata del concurso con el fin de que se vuelva a convocar a un proceso donde se cumpla con los estándares internacionales para el desarrollo de medios radiales y televisivos libres, independientes, plurales, democráticos y participativos. De llevarse adelante el proceso bajo las actuales condiciones, existe el riesgo inminente de que se entablen multitud de demandas contra el Estado ecuatoriano.

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