Entre 2009 y 2013 se realizó un intenso debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el cual participaron absolutamente todos los sectores. Al final, la Ley fue aprobada en junio de 2013 en los términos que le dio la gana a la aplanadora de Alianza PAIS que había arrasado en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año: más de 60 artículos que nunca se debatieron, entre ellos la creación de la Supercom y el régimen de sanciones se lo introdujo entre gallos y medianoche. El héroe de la jornada fue el inefable ‘Chato’ Castillo, dispuesto a hacer el trabajo sucio a cambio de que le aguantaran todos sus excesos autoritarios.

La LOC, en esos términos, no fue más que una colcha de retazos, una mezcla de agendas particulares cercanas a lo delirante y disfrazadas de promoción de derechos o de actividades artísticas, pero que en realidad tenía un solo esqueleto que le daba algo de coherencia: el régimen represivo de sanciones.

Si uno le quita eso, la LOC es una masa gelatinosa, sin ninguna forma.

Y ahora que se reabre el debate y participan los más diversos sectores, nuevamente, la discusión se convierte en un diálogo de sordos, donde cada sector y cada actor van a tratar de colocar sus agendas y visiones particulares. Pocos aportes se tienen desde la generosidad, el desinterés genuino y lo que debería ser la columna vertebral de la nueva Ley de Comunicación: el cumplimiento de los estándares internacionales. Allí el papel de actores como Unesco y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) han sido voces que claman en el desierto. Será determinante la presencia del relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.

En la sesión de este lunes 16 de julio, lo vimos en toda la dimensión. Se alternaron expertos, dirigentes empresariales, gremiales (también de algún gremio desconocido), académicos. Lamentablemente, nadie de los periodistas.

No hay espacio para unos mínimos con los cuales buscar consensos. Un directivo de ALER sostiene que no deberían existir empresas privadas de comunicación. Secundado el grito de los malditos intereses corporativos de académicos y alucinados. Van empresarios y dirigentes gremiales y hablan de que los medios pequeños no pueden pagar los salarios sectoriales mínimos a los periodistas y arde Troya, aunque este punto no esté ni lejanamente considerada en las reformas (ya hablaré de esto en otra columna). Pero no importa, el conflicto, la confrontación están instalados a flor de piel.

El lunes 16, hay quienes sostienen -y puede haber razones técnicas- que la repartición del espectro radioeléctrico es un disparate. En respuesta a la posición del otro sector que en cambio, a toda costa quiere una división del espectro en tercios rígidos, pese a todas las evidencias de que lo necesario es una reserva para medios comunitarios y de ninguna forma un 33% para medios en manos de los gobiernos nacionales, regionales o locales, que han convertido esta disposición legal en el marco legal de pequeños imperios mediáticos con los que los caudillos parroquiales intentan dominar sus territorios.

Podremos encontrar un lugar dónde encontrarnos. Valga el juego de palabras. A estas alturas, me parece que hay poco espacio para ello. Quienes fueron abusados durante 10 años no han tenido espacio para desfogar el vapor atrapado en la olla de presión. Los correístas desembozados, tapiñados o bloqueados, no han hecho ningún gesto para buscar la redención. Y así seguimos buscando una Ley justa, en medio de un clima hostil.