La autocensura, abusos de réplicas y otras preocupaciones sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fueron compartidas por la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco; la abogada y exentrevistadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel, y el periodista Gustavo Cortez. Ellos comparecieron este 1 de agosto de 2018, en la sesión Nro. 178 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar las reformas al cuerpo legal.

La primera en intervenir fue Coronel. Ella fue enfática en señalar que la Ley de Comunicación vigente fue creada con el ánimo de arrastrar los derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales, y arrancar del poder judicial ciertas atribuciones para sancionar a los medios. En ese sentido, aseguró que debe ser derogada absolutamente y diseñarse una normativa nueva.

A la columnista de Diario Expreso le preocupa que el proyecto de Ley mantenga el concepto de información de interés público. A su criterio, es una de las definiciones más complicadas, ya que se trata de una palabra jurídicamente subjetiva que podría resultar peligrosa.

Coronel también calificó como una “vergüenza” el que se haya calificado a la información como un servicio público, pues considera que este es un derecho que no le pertenece al Estado. Pidió se revise. En cuanto a la reparación por afectación a un tercero a través de un medio, la abogada comentó que en Ecuador hay normas que pueden reparar dicho daño y que eso lo debe determinar un juez y no una entidad administrativa como la Supercom.

La periodista Tania Tinoco compartió la misma preocupación de su colega, respecto a que se mantenga el concepto de información de relevancia pública, veraz o de calidad. Se preguntó quién podría determinar esto, ya que es un tema subjetivo que podría derivar en discrecionalidades.

También se refirió a la responsabilidad ulterior y a la imposibilidad de que un periodista pueda ser responsable de lo que diga un entrevistado dentro de una transmisión en vivo, o en la imposibilidad de adelantarse al criterio de un invitado para evitar ser sancionado. Tinoco cuestionó que el proyecto presentado por el Ejecutivo mantenga intacto el derecho a la rectificación y réplica que contempla la Ley actual y que permitió una serie de “errores y horrores”, como la imposición de videos de rectificación de más de 13 minutos en el programa que dirige, Visión 360, sin que se haya emitido el supuesto error.

Gustavo Cortez, exeditor general de Diario El Universo, coincidió en que las réplicas y rectificaciones plasmadas en la LOC derivaron en abusos. “Los periodistas que de verdad creemos en el oficio y hacemos un periodismo independiente hemos sido víctimas de la Ley que instaló en las redacciones la autocensura ya que muchos de nosotros dejamos de publicar cosas por temor a sanciones, muchas veces injustificadas, y que ponían en riesgo la estabilidad económica del medio”, apuntó.

Cortez pidió a la Comisión que se revise de manera exhaustiva este tema. “Cuando vemos el proyecto de reformas, nos encontramos con que estas figuras siguen teniendo los mismos parámetros Sugerimos que se revise y se defina en qué momento aplicarlo para que se cumpla bien este derecho sin llegar al abuso”, mencionó.

En su experiencia como Editor General de El Universo, comentó que han sido víctimas del exceso de estos mecanismos que, a su criterio, han resultado como puertas de escape para muchas personas involucradas en procesos de corrupción que, en lugar de dar entrevistas, han preferido evadirlas para luego reclamar un espacio e imponer contenido. “Se llegó a los excesos de que se enviaron réplicas diagramadas con una posición textual intocada de lo que la persona quería decir y que se podía tomar una página entera, pese a haber sido nombrada en apenas dos líneas”.

En la Comisión también participó el asambleísta de Pachakutik, Elio Peña, quien presentó un proyecto de reformas enfocado en los medios comunitarios. El Legislador aseguró que ese sector ha estado relegado y que el Estado debería garantizar los recursos para que las comunidades puedan ejercer sus derechos de comunicación y acceso a estos medios.

En cuanto a su definición y naturaleza, comentó que hay asuntos que se han querido tergiversar. Por ejemplo, que los medios comunitarios no son indigenistas, ya que el concepto es más amplio y abarca desde colectivos, comunas pueblos y nacionalidades, hasta comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Para el asambleísta, los medios comunitarios se diferencian de los otros porque no tienen fines de lucro y deben contar con un plan para servir a la comunidad y una programación pluralista, entre otras cosas.

Respecto a la concesión de estos medios, Peña aseguró que se debe reflexionar en el tema de concentración de la propiedad y adoptar medidas para revertir frecuencias ilegales y combatir monopolios, entre otras cosas, para alcanzar el 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. En ese sentido, propuso que se reconozcan acciones afirmativas con un puntaje del 30% en caso de ir a un concurso; y que se destine un fondo del 20% de publicidad estatal para la supervivencia de estos medios. “Si no hay esta acción afirmativa, quedarían rezagados”, concluyó.