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El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.

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Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada de la COVID- 19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 13 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución.  En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del Gobierno. 

Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:

  1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen de sus casos.
  2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de discriminación a datos precisos y oportunos.
  3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
  4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones, gremios, facultades de comunicación y medios:

 

 

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.

 

 

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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. Así lo han expresado las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y el Instituto Poynter

En Ecuador, la cobertura del Covid19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

Fundamedios, como parte de su objetivo de capacitar periodistas y promocionar un periodismo de calidad, desagrega elementos a tomar en cuenta en la cobertura: Periodismo en tiempos de COVID19.

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Durante un taller coorganizado por Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el Colegio de Periodistas de Tungurahua y la Universidad Indoamérica el pasado 7 de marzo, 40 personas vinculadas al mundo de la comunicación discutieron temas ligados al marco legal del ejercicio periodístico en Ecuador, uso del lenguaje inclusivo y desinformación. Los asistentes participaron de una jornada de trabajo en la Universidad Tecnológica Indoamericana, en Ambato, provincia de Tungurahua.

El encuentro convocó a docentes, estudiantes, periodistas y funcionarios con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos en la lucha contra la desinformación, la protección legal del oficio y el desarrollo de narrativas no estigmatizantes. El objetivo fue complementar la capacitación de los comunicadores con miras a desarrollar más y mejor periodismo.

En el auditorio de la Universidad Indoamérica los asistentes se preguntaron por las posibilidades de construir medios de comunicación que no respondan a intereses personales y sí a una metodología profesional responsable. Por ello, la discusión giró en torno a los deberes y derechos de los periodistas consagrados en la reformada Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Además, desde el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación se propuso a los presentes construir mensajes incluyentes a partir de contenidos considerados discriminatorios. A través de este ejercicio, y tras una charla en torno al uso adecuado del lenguaje, se busca minar los espacios mediáticos que emplean estereotipos negativos.

Finalmente, Fundamedios compartió una serie de herramientas digitales para verificar información engañosa. A través de la exposición de la búsqueda inversa de imágenes en Google o la búsqueda avanzada de Twitter se socializaron consejos para identificar mentiras en Internet. Los instrumentos son gratuitos, abiertos e intuitivos.

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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.

 

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Desinformación, marco legal, Derechos Humanos y nuevas narrativas fueron los temas que se analizaron el pasado 8 de febrero, en Ibarra (Imbabura), durante un taller coorganizado por Fundamedios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Imán Transmedia, Diario El Norte y el Colegio de Periodistas de Imbabura. Hasta la Pontificia Universidad Católica (Pucesi) llegaron 40 personas interesadas en reflexionar en torno a los retos nuevos que enfrenta la profesión.

Durante la jornada, periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes se capacitaron para combatir la difusión de contenidos falsos que actualmente representa un reto para responder con rapidez y precisión ante las audiencias; el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019; las buenas prácticas periodísticas y las posibilidades que ofrece la realidad virtual en el momento de contar historias de la mano con la tecnología. 

El objetivo de este encuentro fue sensibilizar ante la optimización de la calidad de los contenidos y generar interés de las audiencias

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

También se sintieron atraídos por las herramientas inmersivas y su impacto social. Juan Pablo Urgilés y Caridian Niama, de Imán Transmedia, presentaron ‘Cruzar’, un proyecto realizado entre periodistas de Ecuador y Venezuela que narra la historia de una mujer migrante a través de cámaras 360.

 

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El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.