Authors Posts by Contenidos

Contenidos

851 POSTS 0 COMMENTS

8

Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

152

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

47

Ecuador, 7 de agosto de 2020.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este viernes el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020 a más de 100 periodistas y trabajadores que perdieron la vida en el ejercicio de la profesión como consecuencia de la pandemia. El reconocimiento incluye a personas de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Omar Salvatierra, Augusto Itúrburu, Luis Alberto Flores, Omar Paredes, Ángel Sánchez, Manuel Adolfo Varas, Víctor Hugo Peña, Olmedo Méndez Tacuri, Paúl Tobar, Carlos Loor, Rosendo Escobar Cárdenas, Roberto Román, Guido Castro, Fernando Asencio Baquerizo, Julio Rodríguez, Carlos Pangol son los nombres de los ecuatorianos reconocidos por la SIP

Desde el inicio de la emergencia en Ecuador, a fines de febrero pasado, Fundamedios ha hecho un seguimiento de cómo la situación afectó a quienes están en primera línea, es decir, reporteras, reporteros, camarógrafos, chóferes, entre otros trabajadores de la prensa. La organización ha registrado hasta el 26 de julio 19 víctimas del nuevo coronavirus.   

Como parte del anuncio del reconocimiento, Christopher Barnes agradeció a todas las organizaciones del continente y a los socios de la SIP que colaboraron proveyendo información sobre las víctimas. «Esta pandemia está lejos de haber terminado», indicó. Además, instó a los periodistas y trabajadores de medios y, en especial, a los medios de comunicación «a fortalecer los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el impacto en la profesión».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

En marzo pasado Fundamedios se hizo eco de ese pronunciamiento. La organización exigió al Gobierno Nacional a comprometerse a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas.

311

Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

2399

 

 

Ecuador, 3 de mayo de 2020

Sr. Licenciado

Lenín Moreno

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 

Sr. Ingeniero

César Litardo

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador

Presente.-

Carta abierta de Fundamedios a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ecuatoriano 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 decenas de medios de comunicación pueden extinguirse 

 

La situación de los medios de comunicación ecuatorianos es crítica. La pandemia de la COVID-19 supone una paradoja: hay un consumo elevado de información indispensable, pero el periodismo enfrenta un presente y futuro precarios. Durante las últimas semanas, Ecuador es un escenario donde se tornan comunes los despidos masivos de las redacciones e, incluso, el final de las operaciones: la prensa deja de imprimirse. 

Este problema no tiene únicamente dimensiones empresariales. Tampoco se reduce a la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se trata de Derechos Humanos que impactan en la libertad de expresión, pues el silenciamiento de voces atenta contra el pluralismo y la circulación de ideas, indispensables en una sociedad democrática. 

Las complicaciones de las empresas mediáticas no nacen con el nuevo coronavirus. Pero sí se agudizan. La economía débil del país se agravó con la emergencia sanitaria y precipitó la crisis. Para ponerlo en números, desde la declaratoria del estado de excepción el pasado 16 de marzo: por lo menos siete periódicos dejaron de circular en su versión impresa y decenas de trabajadores han sido separados de los medios. 

La alerta se encendió el 21 de abril, cuando Diario El Universo notificó la reducción de personal de las distintas áreas. Más de 150 colaboradores pasaron a estar desempleados. El periódico, que desde 1921 circula a escala nacional, anunció que en mayo modificará el tamaño de su edición impresa.

Un día después, el 22, se supo de la situación de Canal UNO, que ya estaba golpeada. Quince de sus trabajadores fueron despedidos telefónicamente. Personal que no había recibido su salario desde junio de 2019 y que actualmente denuncia una serie de irregularidades ante este acto intempestivo: ni siquiera se le ha permitido el paso a las instalaciones de la televisora para dialogar con los directivos y mediar las indemnizaciones. 

Mientras esto ocurre, las imprentas se detienen -literalmente-. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reconoce que el sector más impactado son los impresos que no se aventuraron a la transformación digital, pues comprar insumos implica un costo. Además, la circulación y venta de los ejemplares se limitan por las condiciones del estado de excepción. En Ecuador, los efectos son claros. 

Desde diciembre de 2009, en el país se gravó al papel periódico con el 12 % de IVA. Y desde mediados de marzo de 2020 está en vigencia un toque de queda que impide que voceadores puedan expender los rotativos en las calles.  

“La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para imponer trabas al periodismo independiente”, reconoce Juan Manuel Yépez, editor de Contenidos de Gráficos Nacionales S.A (Granasa) que edita Extra y Expreso. Esto quiere decir el panorama ya era pantanoso. Sin embargo, la pandemia supuso una oportunidad para que esas marcas históricamente posicionadas defiendan su rol en una sociedad democrática, garanticen el derecho al acceso a la información y combatan en primera línea el fenómeno de desinfodemia que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como otro de los peligros que acechan: las epidemias nocivas de rumores e información engañosa. 

“La difusión de contenidos falsos ha apuntalado la credibilidad de quienes nos hemos preocupado por contrastar y verificar los datos que circulan, reportamos desde hospitales, morgues, barrios. Estamos empeñados en no bajar los brazos: en el papel y en el digital”, describe el periodista. Aunque Granasa todavía no ha recortado personal en su redacción, sí asumió una caída en el tiraje de sus productos. 

Extra, conocido por ser el de mayor circulación nacional, bajó su impresión en un 71 %. Y Expreso en 55 %.

Desde la Unesco se advierte que si ante esta crisis económica y de seguridad sanitaria no se hace algo, se asiste a un “evento de extinción de los medios”. Así de alarmante y real. 

El viernes 24 de abril, la editorial Minotauro, responsable de Diario La Hora, empezó un proceso de suspensión de la circulación total de sus ediciones. En la carta con que notifica a sus colaboradores expone que “las condiciones de evidente fuerza mayor provocaron la paralización de toda venta e ingreso, por lo que imposibilita completamente la continuidad normal de nuestras actividades y lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales”. Así terminó la historia de un periódico que se fundó en 1982 y que destacó por su enfoque en la cobertura local y provincial.

Guilherme Canela, Consejero de la Unesco en Comunicación e Información, insiste en la necesidad de generar mecanismos que funcionen como salvaguardia en este naufragio, pero que no limiten la autonomía editorial. Desde el Gobierno de Lenín Moreno hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre posibles incentivos que permitan sostener la actividad periodística. ¿Es su responsabilidad? El artículo 17 de la Constitución reza que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Pero en la situación actual, ni siquiera se los considera para acceder a préstamos bancarios.

Ese es el caso de Diario El Norte, de Ibarra, que no ha podido ser sujeto de crédito porque “la prensa está en el grupo de riesgo”. Sus ingresos por venta de ejemplares y publicidad se desplomaron, puesto que ya no se imprime y se entrega virtualmente a través de Telegram. “No se ha dejado de informar, seguimos con el digital de 24 páginas y con un canal en línea en Facebook; pero en estos momentos es más difícil  monetizar porque las prioridades de la gente y de las empresas son otras”, reconoce Patricio Pérez, director del rotativo.

Instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) adeudan cientos de miles de dólares a varios medios por pauta electoral correspondiente a 2018 y 2019. “Desde hace un año, el Estado debe una cantidad importante y no nos paga. Si lo hiciera, sería una gran ayuda”, revela Pedro Zambrano, director de Ediasa, responsable de los periódicos El Diario y La Marea (Manabí), Centro (Santo Domingo), el canal Manavisión y la radio Amiga. Actualmente su objetivo es encontrar un modelo que permita operar ante la coyuntura donde la web duplicó en visitas pero no en ventas como para mantener al personal que la actualiza. 

La situación se replica en las redacciones locales. Lucy Freire, vocera de la Asociación de Editores de Periódicos de Provincia, señala que, a pesar de las limitaciones, se trabaja más. Ahora enfrentan la imposibilidad de reponer insumos -como el papel-, la dificultad para llegar a tiempo con los salarios y la necesidad de cumplir con los lectores que demandan información. “Hay un exceso de trabajo, disminución de suministros, al no haber ingreso se complica hacer nuevos pedidos. Es una situación calamitosa”, confirma.

En la organización que representa también dan seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía que no pueden reponer sus reservas para imprimir. “Trabajan a través de Facebook, en una zona donde apenas el 18% tiene acceso a Internet”, comenta. 

Los porcentajes en la baja de los ingresos y circulación coincide con las cifras globales. Los datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apuntan a caídas bastante homogéneas en el mundo que van del 60 % al 80 % en ingresos publicitarios y del 20 % al 25 % en el tiraje de periódicos. Los medios privados resultan especialmente castigados. Los ingresos han mermado entre el 70 % y el 80 %.

¿Qué tienen el Gobierno y la Asamblea Nacional en sus manos? La posibilidad de aliviar la situación de quienes defienden el derecho de la ciudadanía a estar informada. ¿Cómo?

  • Exención de IVA 
  • Líneas de crédito específicas
  • Revisión de las directrices de ejecución presupuestaria para el segundo trimestre de 2020 del sector público que impide la contratación de pauta
  • Que el crédito fiscal a favor de la empresa de medios de comunicación sea utilizado para pagar cualquier tributo estatal. Quienes accedan al incentivo deben mantener la nómina bajo acuerdos laborales.
  • Que el gasto en publicidad de las empresas, de cualquier tamaño, en medios sea deducible al pago del Impuesto a la Renta.
  • Que el Gobierno mantenga el gasto programado en medios de comunicación.

La situación es tan alarmante que el mismo Diario El Telégrafo, a cargo de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, abandonó su versión física desde mediados de marzo.

El 3 de mayo de 2018, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, usted, señor presidente Lenín Moreno, afirmó que “es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura» y estos son una “piedra angular de la democracia”. 

Entonces, señores presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino de un país que asiste en silencio al entierro de sus medios?

Atentamente,

Fundamedios

200

El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al nuevo coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. En ese contexto, la mañana de este 30 de abril se desarrolló un webinar enfocado en las buenas prácticas periodísticas y la seguridad de quienes reportan en primera línea. 

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) coorganizaron un taller virtual dirigido por César Ricaurte. El espacio, que contó con la participación de 24 inscritos sirvió para repasar los distintos mecanismos y protocolos que garantizan el ejercicio periodístico en el país.

En Ecuador, la cobertura de la COVID-19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Paralelamente, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) incluye que el Estado y los medios de comunicación son responsables de proteger a los trabajadores. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará las acciones necesarias. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria esas necesidades no se han visto cubiertas y por eso resulta relevante insistir en la autoprotección de los reporteros.

Además, en el momento de armar las piezas periodística se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

 

206

Ecuador, 23 de abril.- Paralelamente a la expansión del nuevo coronavirus a escala global, hay otra crisis que supone un peligro: la infodemia. Se trata de la distribución de contenidos falsos que incitan a la ciudadanía al pánico y a la toma de decisiones con base en información imprecisa. Ante ese contexto, la mañana de este 23 de abril Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) organizaron un taller virtual sobre COVID-19 y desinformación.

La Constitución ecuatoriana garantiza que todas las personas tienen derecho a: buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. Así lo enfatizó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara. La evolución del brote de la enfermedad dependerá de la medida en que se haga llegar la información correcta a la gente que la necesita. Es por eso que la posibilidad de diferenciar los contenidos ciertos de los falsos resulta determinante. En época de emergencia sanitaria, la viralización de falsedades tiene un efecto nocivo pues pone en riesgo la vida.

30 asistentes recibieron información de contexto sobre el comportamiento de la desinformación ante la pandemia. Además, repasaron herramientas gratuitas que ayudan en la tarea de verificación. Para eso, Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios/Ecuador Chequea; y Gabriel Narváez, editor del portal de fact checking, compartieron los insumos obtenidos a partir de su experiencia en este proceso periodístico.

Desde febrero de 2020, Ecuador Chequea, miembro de la International Fact Checking Network (IFCN), es parte de coaliciones internacionales que trabajan para combatir la desinformación que se genera sobre la COVID-19. Su trabajo alimenta la red global Coronavirus Alliance; y la regional Latamchequea, que cuenta con el apoyo de Google News Initiative.    

De ahí se desprende que actualmente hay 4 ejes en torno a los cuales giran los engaños que se difunden en las plataformas digitales: teorías de la conspiración, formas de contagio, curas y tratamientos, medidas impuestas por las autoridades. Sucede que las redes sociales son un espacio vulnerable, susceptible a la manipulación, donde la información engañosa encontró un espacio de creación y difusión.

¿Cómo determinar si una foto fue alterada? ¿Es posible conocer el origen de un video? ¿Cómo reconozco un mensaje sospechoso? Fueron algunas de las interrogantes que se resolvieron en este encuentro gratuito. 

El próximo jueves 30 de abril Fundamedios ofrecerá otra sesión de aprendizaje virtual. Desde las 10:00 se abrirá un taller gratuito para analizar cómo enfrentar esta cobertura: seguridad para periodistas

163

El 16 de abril de 2020, Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) organizaron un taller virtual sobre seguridad digital. En un contexto marcado por el trabajo remoto y la conexión permanente a Internet, la iniciativa contó con la participación de 68 personas, entre periodistas, activistas, estudiantes y comunicadores institucionales.

El taller fue dictado por Humberto Arthos, especialista en seguridad digital. El foro fue una oportunidad para reflexionar y aprender sobre elementos que garantizarán la actividad de los internautas en plena pandemia de COVID-19. En ese contexto, el tallerista ofreció consejos y buenas prácticas para la creación y mantención de contraseñas en plataformas como redes sociales, banca en línea… 

En este encuentro virtual se concluyó la importancia de utilizar generadores de contraseñas seguras que pueden ser encontrados en Internet. También se recomendó mantener tres tipos de pines para su uso frecuente y cambiarlas de habitualmente.  

Se expuso información relevante sobre diferentes tipos de aplicaciones seguras para chat, como Telegram y Signal, cuya característica es que los mensajes están encriptados y son difícil de decodificar o descifrar por personas externas. Esto garantiza la destrucción de información en caso de un cambio de dispositivo. 

Otro de los temas fue cómo navegar en Internet de manera segura, tomando en cuenta la dirección de páginas, el tipo de motores de búsqueda y la eliminiación de los distintos historiales. Esto protege la privacidad del usuario. 

Uno de los aspectos más relevantes fue cómo evitar que las compras en línea se conviertan en potenciales oportunidades de estafas y ‘phishing’ (robo de información). Los participantes pudieron intercambiar sus inquietudes y aprender sobre situaciones que ya son cotidianas. 

El próximo jueves 23 de abril Fundamedios ofrecerá otra sesión de aprendizaje virtual. En esta ocasión, el tema serán las nuevas regulaciones para hacer periodismo y cómo combatir la desinformación. El encuentro se realizará a partir de las 10:00, y puede registrarse gratuitamente aquí.

297

El 1 de abril de 2020, la revista digital La Barra Espaciadora lanzó el proyecto  Memorias Vivas. Pocos días después del estado de excepción declarado en Ecuador, las cifras inexactas emitidas a través de boletines oficiales no daban cuenta de las vidas perdidas por el COVID-19. Entonces, un grupo de periodistas se unió para construir obituarios y rendir homenaje a los fallecidos durante la emergencia, cuyos familiares están imposibilitados de realizar funerales.

Al día de hoy, en Memorias Vivas, que cuenta con el apoyo de Fundamedios, se han publicado 73 obituarios, y en el registro están pendientes casi 600 nombres. Amigos, familiares y gremios han contactado al equipo porque quieren inmortalizar el recuerdo de quienes amaron y que no sean olvidados detrás de un balance general de la pandemia.

“Una cosa desgarradora del momento que vivimos es que nuestros seres queridos no pueden recibir el homenaje colectivo que merecen. Este proyecto intenta reparar de algún modo esa imposibilidad. Porque todas las vidas perdidas son importantes”, resalta la periodista Alina Manrique. Cada día, ella y los periodistas Diego Cazar, Thalíe Ponce, José Miguel Cabrera, Jackeline Beltrán, Eddie Paucar y Karla Armas, verifican nombres, edades, profesiones e historias.

“Detrás de los números hay vida. Mucha vida”, apunta Diego Cazar, quien destaca la potencia del periodismo colaborativo en tiempos de emergencia nacional. Sin duda, Memorias Vivas, de La Barra Espaciadora, servirá como fuente de consulta para establecer la dimensión de la tragedia y sus múltiples matices.

“Se pretende ganarle al olvido, darle rostro a las cifras, poner nombre a esas personas que no están y que no pudimos abrazar”, subraya Thalíe Ponce. Recordarlas en este memorial colectivo es un ejercicio para buscar la verdad y hacerle frente al dolor.

736

Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada de la COVID- 19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 13 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución.  En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del Gobierno. 

Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:

  1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen de sus casos.
  2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de discriminación a datos precisos y oportunos.
  3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
  4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones, gremios, facultades de comunicación y medios: