Análisis

288

Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

80

¿Por qué el manejo de las frecuencias es una papa caliente de la cual nadie quiere hacerse cargo?

La historia arranca así: en Ecuador, el desarrollo de la radiodifusión es temprana, pero su regulación es tardía. Las dictaduras militares de los años 70 son las que dictan la primera Ley de Radio y Televisión. Ley que, acorde al espíritu de una dictadura, vuelve al espectro de difícil acceso, otorga al Estado un papel central y no toma en cuenta la existencia de un sector comunitario, al cual se le da un carácter de clandestino e ilegal, como en la canción de Manu Chao.

En los años 90 se produce una reforma profunda de esta norma y se abre el espectro a todos los  que tengan el dinero o las influencias políticas para tomar una frecuencia. La situación se agrava cuando un funcionario corrupto y avivado amplía el espectro vía el truco técnico de estrechar la distancia entre cada emisora de radio (algo similar a lo que se planteó hace pocas semanas en la Asamblea). El espectro se multiplicó y se inició lo que se llamó la primera “Feria de Frecuencias”, pues la situación era la de un mercado persa en día de feria.

Así las frecuencias fueron capturadas por diputados, empresarios honestos; y de los otros, líderes gremiales con rabos de paja gigantescos, hombres públicos e influyentes. Luego muchos procedían a “engordar” esas frecuencias para después venderlas a precios estratosféricos.

El espectro es propiedad de la humanidad y es administrado por los Estados, por lo tanto su venta es un delito. Pero, eso no importaba, se inventaron las más infames y grotescas mañas para “legalizar” el robo.

Al inicio del Gobierno de Rafael Correa parecía que la situación iba a llegar a su fin. Se encargaron auditorías a la Feria de frecuencias, se señalaron culpables, se hicieron anuncios grandilocuentes. Luego el silencio y la nada. O más bien el arreglo bajo la mesa y la consolidación de los nuevos amigos del Régimen como los zares de las frecuencias.

Así y todo se anunció la democratización de la comunicación y una nueva Ley que iba a arreglar todos los males. Hubo ingenuos que se lo creyeron. Quienes ya veíamos la agresividad del caudillo contra la prensa sabíamos que el discurso era un atrapamoscas.

Así sucedió. La Ley de Comunicación contenía artículos que supuestamente democratizaban el espectro. Hubo un avance sustancial con la reserva del espectro para comunitarios del 34% que fue acompañado por una absurda reserva de 33% para los gobiernos. Al final, todo esto solo sirvió como otro ladrillo más en la pared del control y chantaje contra los medios radiales y televisivos.

El clímax llegó con la convocatoria a un gigantesco concurso de 1.472 frecuencias de radio y TV en vísperas de una campaña electoral. Era el golpe maestro para tomar el control de los medios.

Las bases y reglamentos lo decían gritos, pero ya se sabe: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos vieron la oportunidad de obtener las frecuencias tantas veces anhelada. Y el objeto del deseo ocultó la trampa oculta: el concurso estaba diseñado para favorecer la opacidad y a los amigos.

En el medio quedó atrapado un sector comunitario que creyó (¿ingenua o políticamente?) que por primera vez iba a tener acceso a frecuencias para todos y todas… Al final, sucedió lo que era previsible y que había pasado antes en Venezuela y Bolivia: los comunitarios históricos fueron desplazados por “comunitarios” creados a última hora en las oficinas públicas o al calor de los compadrazgos que genera cantar “aleluyas” hombro con hombro.

La jugada fue tan sucia que ya en el nuevo gobierno, después de un examen del Tribunal de Cuentas de la República, léase la Contraloría, se tuvo que dar de baja al infame concurso.

¿Y ahora?

Pues el Estado tenía que dar respuestas rápidas y justas. No lo ha hecho. Los “dueños” del concurso, es decir quienes lo convocaron, léase Arcotel, no quieren dar la cara y meten la cabeza en la arena. Evaden la papa caliente de presiones e intereses cruzados: los antiguos beneficiarios de frecuencias que con vocación de oportunismo plantean la renovación automática, empresarios honestos que piden se reconozca la vigencia plena de contratos con el Estado que nunca fueron dados de baja por vías legales, el sector comunitario que tiene el cuchillo en los dientes y dispuesto dar batalla por sus derechos, los “comunitarios” de última hora y oficina pública que ahora se las dan de virginales y honestos…

Ante esto, solo queda dejarse de negociar con agendas particulares y sentarse a dialogar todos, de forma frontal y transparente para tratar de llegar a acuerdos que destraben estos nudos. La línea roja que todos debemos comprometernos a respetar debe ser el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

¿Quién tomará el toro por los cuernos de una vez por todas? Lo cierto es que no se puede esperar más para dar soluciones integrales.