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Investigaciones

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Por Rocío Carpio

El término prófugo de la justicia puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de qué lado esté la balanza. Mientras Pedro Delgado, sentenciado por peculado, gasta sus días en Miami, varios indígenas y campesinos han tenido que pasar en la clandestinidad, lejos de sus familias y en condiciones difíciles. ¿Por qué? Por protestar.

La aplicación discrecional de la justicia durante el régimen anterior no solo generó acusaciones insólitas como aquella de terrorismo y sabotaje a un grupo de defensores de sus derechos, sino que avaló la utilización de instrumentos legales para criminalizar a quienes disentían con el poder.

Los recientes indultos entregados por el presidente Lenín Moreno a cinco luchadores sociales del caso “Los siete de Pastaza” sientan un precedente, sin duda. Pero hay que recordar que en el 2008 —durante el proceso constituyente— fueron amnistiadas e indultadas 357 personas procesadas por defender los derechos humanos. Sin embargo, el régimen que entonces empezaba volvió a criminalizar de forma aún más agresiva a por lo menos 700 personas durante los restantes nueve años, según datos de la CONAIE.

Uno de los casos que recibieron el indulto en ese año, fue el de Dayuma, Orellana, comunidad que en 2007 había paralizado la vía principal de acceso en demanda de obras básicas como agua potable, alcantarillado y electrificación. Por los enfrentamientos que se dieron debido a la represión de la fuerza pública, fueron procesadas 25 personas por terrorismo y sabotaje. No obstante, a la prefecta de la provincia de ese entonces, Guadalupe Llori, se le negó el indulto por haber sido acusada de peculado, según dijo ella, como parte de una persecución política.

Peculado. Este fue justamente el delito por el cual el 16 de mayo pasado, el ex presidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, ex presidente del banco estatal COFIEC, quien fuera hallado por la justicia como uno de los responsables directos de la entrega en diciembre de 2011 de un crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, pese a que no contaba con las garantías necesarias y en medio de varias irregularidades.

Este es de uno de los mayores entramados de corrupción durante el régimen anterior, por el que Buñay junto a cinco personas más —entre ellas, Pedro Delgado, primo del expresidente y hoy prófugo— fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor por el delito de peculado.

Delito que le fue indultado por el ex mandatario, por haber demostrado un “arrepentimiento profundo”, ocho días antes de que entregara el mando. Curioso resulta que el mismo Correa firmaba el 23 de mayo el Decreto 1440 para indulto presidencial con rebaja de pena, en el que establecía que quienes hubiesen cometido peculado no podrían acogerse al beneficio.

Una semana después, y ya posesionada la nueva Asamblea, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, presentaba un proyecto de resolución para rechazar dicho indulto, pues según dijo, con ello se estaba “generando un lamentable antecedente de impunidad en el Ecuador, un país en donde se indulta a la corrupción y se persigue a quienes la denuncian”. La moción fue negada por la mayoría oficialista con 71 votos en contra, versus 58 afirmativos y dos abstenciones.

Entre los decretos que Correa firmó días antes de terminar su mandato estuvo también el 1430, en el cual indultaba a Stalin Jiménez, el primero de “Los siete de Pastaza” favorecidos con esta disposición, quienes fueron sentenciados a seis meses de prisión por el delito de ataque y resistencia. Esto por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015. No obstante, el perdón llegó tarde: le faltaba menos de un mes para cumplir la pena.

Ataque y resistencia. Por este delito, de reiterada utilización en la criminalización de la protesta social, también fue indultado en mayo pasado bajo decreto presidencial Adrián Morocho Palta, campesino del Azuay sentenciado a 10 meses de prisión por protestar en 2015, junto a su comunidad, por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar la tasa solidaria de los requisitos para la matriculación vehicular, la cual se invertía en el mejoramiento de las vías rurales.

Hasta fines de mayo eran 194 los casos que esperaban el indulto o la amnistía por delitos relacionados con la protesta y la defensa de los derechos humanos. Hoy el número ha disminuido en cinco, pues Patricio Meza, quien fuera detenido el pasado 6 de junio, recibió el indulto por parte de Lenin Moreno ocho días después. Lo propio sucedió con Elvis Guamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón, quienes fueron indultados el pasado 23 de junio. Todos pertenecientes al caso de «Los siete de Pastaza».

Kathy Betancourt, esposa de Meza y coordinadora de CONAIE Mujeres, cree que un indulto no es suficiente. “El Estado a través de sus autoridades debe rectificar y reconocer que hubo un abuso en la aplicación de las normas, que los jueces no debieron actuar sobre esos delitos porque eran improcedentes, menos aún las sentencias”.

Y es que el recurso del indulto es, según quienes consideran injusta su pena, una forma de aceptar la culpabilidad y pedir disculpas por un delito que no cometieron. Con ello coincide Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE, quien cree que el Estado no debería perdonar, sino que “debe dar una indemnización a los afectados y reconocer públicamente su inocencia”.

Pero va aún más allá: “el nuevo gobierno quiere mostrar lo benevolente que es sin reconocer lo que se ha cometido los últimos 10 años. El Estado debe reconocer la falta de independencia de justicia en este país, la indebida utilización del derecho penal para criminalizar defensores de derechos humanos, la política de criminalización que se ha desarrollado y fortalecido los últimos 10 años, los abusos por parte de la fuerza pública a las poblaciones campesinas, rurales, mestizas, indígenas, y que se han iniciado juicios infundados y se ha sentenciado a personas inocentes”.

Y es que con la solicitud de perdón presidencial se reconoce la culpa. Así como Buñay tuvo que demostrar su profundo arrepentimiento por el delito cometido, los criminalizados por la protesta social han tenido que hacer lo mismo, pues el arrepentimiento expreso es un requisito para obtener el indulto, según señala el Decreto 461 de septiembre de 2014, el cual establece el reglamento para otorgamiento del indulto presidencial. Este decreto, a diferencia del 1440, no incluye como impedimento el peculado, sino varios delitos de lesa humanidad.

El indulto inconstitucional

Cuando se conoció la noticia de que Antonio Buñay había sido indultado por el expresidente Correa, la opinión pública se preguntaba ¿cómo se mide el arrepentimiento profundo en un sentenciado por peculado? Es probable que la pregunta quede inconclusa pues el artículo 147.18  de la Constitución que establece las atribuciones del Presidente de la República, señala que este puede “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” y no establece ninguna excepción.

Ello en contraste con el artículo 120.3, en el que se señalan las atribuciones de la Asamblea Nacional y en lo referente a indultos establece que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. El peculado está tipificado como un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, según el art. 278 del Código Orgánico Penal (COIP).

El jurista Joffre Campaña cree que si se hace una interpretación sistémica de la ley, “¿cómo es que la Asamblea no puede otorgar indultos por delitos contra la administración pública y el presidente sí? La Constitución debe ser entendida de manera global”. Para el abogado, existe una evidente contradicción, por lo cual, el Presidente no está facultado para conceder indultos por peculado.

Según Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es que haya una contradicción entre estos dos artículos, “simplemente que si ya está delimitado el indulto en el artículo 120 no podemos decir que el artículo 147 es una institución diferente, por lo tanto está sometido a las mismas limitaciones”.

Y por ello es que considera que el indulto otorgado a Buñay es inconstitucional.

Para el jurista Juan Pablo Albán, este indulto es inconstitucional pero por otros motivos. Al no existir una ley que establezca las condiciones del indulto presidencial, sino que está regulado vía acto administrativo, como lo es un decreto, esto vulnera el principio de reserva legal, incluido en la Constitución. “Cuando se trata del ejercicio de derechos, en este caso el derecho al indulto por motivos fundados, la reglamentación del ejercicio de derechos debe hacerse por ley”, explica.

Sin embargo, Albán cree que pese a que el indulto es una potestad presidencial y que en teoría puede otorgársela a cualquier persona que haya cometido un delito, el tema no es justificable dentro de otros puntos de vista, más allá de lo jurídico.

“Algún tipo de explicación debería existir para otorgar un perdón a alguien, ahí es donde la cuestión se complica, pues si usted otorga un indulto por razones humanitarias, por razones de persecución política, es una cosa, pero si usted otorga un indulto en razón de que un amigo está en la cárcel por haber cometido alguna trapacería, ya políticamente y moralmente no es justificable”, explica.

Para García Falconí, los decretos presidenciales para aplicación de indulto “desconocen las limitaciones que establece la Constitución y eso nos demuestra que el poder manejado arbitrariamente hace lo que le da la gana”.

Similares observaciones hizo el asambleísta Esteban Bernal durante su intervención en la Asamblea para rechazar tal indulto. “A esta Asamblea la Constitución nos limita, y qué bien que lo haga, a que el indulto sea solo para casos humanitarios y no para casos de corrupción, pero le da al Presidente todas las libertades”. Por ello, dijo, presentará un proyecto de enmienda del artículo 147 numeral 18 de la Constitución “para que en el Ecuador del futuro nunca más un presidente indulte la corrupción”.

Respecto a la solicitud de indulto de Antonio Buñay, se hizo una petición de información al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que entregue dicha solicitud y el informe que, según el reglamento para otorgar indultos, detallado en el Decreto 461, debe ser realizado por tal ministerio pues es el encargado de recibir la petición y de emitir una recomendación acerca de la pertinencia del otorgamiento del indulto presidencial. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

También se consultó con el abogado de Buñay, Juan Carlos León, quien dijo desconocer el documento, pues aseguró que su defensa llegó hasta el pedido de casación en la Corte Nacional de Justicia, y que se enteró del indulto a través de los medios. Ello pese a que anteriormente dio declaraciones sobre los detalles de la salida de Buñay de la cárcel, en las que aseguraba que se había reunido con la familia del beneficiado para resolver el pago de la sanción pecuniaria que no le fue perdonada.

El expresidente Correa ya había otorgado con anterioridad otro indulto a un sentenciado por peculado, en septiembre de 2016. Se trata de Luis Xavier García Blandín, quien fue acusado de perjudicar al Estado por 702 dólares, y haberse beneficiado con 120 dólares del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Por este delito fue sentenciado a ocho años de reclusión mayor en 2012.

El COIP como instrumento de criminalización

Por la misma fecha en la que se concedió el indulto a Buñay, organizaciones como la CONAIE e Inredh iniciaron una campaña pública a modo de petición de indulto para 20 personas con sentencias en su mayoría por delitos asociados a protesta social y defensa de sus derechos, y la amnistía para 174 con procesos penales por causas similares.

“La mayoría han sido procesadas por defender sus derechos de educación, como el libre ingreso a la universidad, o sus derechos territoriales, pidiendo que se realice consulta previa libre e informada en sus comunidades antes del inicio de actividades extractivas, o exigiendo que no se cierren sus organizaciones”, explica Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE.

Ordoñez añade que no han podido abarcar todos los casos, pues se trata de  un proceso tan amplio que les ha desbordado en logística. No obstante, aunque están los casos del ex asambleísta Cléver Jiménez, acusado de divulgar documentos protegidos, y el de varios miembros de una comunidad del Cañar que fueron sentenciados por secuestro extorsivo por, según dijo su defensa, haber impartido justicia al interior de su comunidad, la mayoría de esa lista son indígenas y campesinos procesados por delitos relacionados con la protesta social.

Estas figuras penales, en su mayoría, están establecidas en el COIP como “Delitos en contra la estructura del Estado constitucional”, tipificados dentro las reformas que se hicieron al Código Penal en 2014. Entre ellos están las figuras de paralización de servicio público, asociación ilícita, sabotaje, terrorismo, rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, e incitación a discordia entre ciudadanos.

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Una de las figuras más utilizadas desde la aprobación de tales reformas es la de ataque y resistencia, tipificada en el artículo 283 del COIP, la cual está dentro de los “Delitos en contra de la eficiencia de la administración pública”, el mismo grupo en el que se encuentra el peculado.

Se trata de una figura ambigua que básicamente dice que la persona que se resista o ataque con violencias o amenazas a un empleado público será sancionada con prisión de mínimo seis meses. Además, describe varias agravantes que van aumentando la pena hasta llegar a los 26 años, si se produce la muerte.

Para Ordóñez, se trata de un tipo penal demasiado amplio, que deja abierta la interpretación. “Cualquier persona que se resista o se oponga es un delincuente, cuando sabemos que es un derecho oponerte a algo que te perjudica”. También cree que su tipificación dentro de los delitos en contra de la administración pública fue parte de una estrategia de criminalización bastante pensada, pues, como se explicó anteriormente, la Asamblea está vetada para otorgar indultos para este tipo de delitos.

La otra figura más utilizada es la paralización de servicio público, lo cual, según Ordoñez, es una forma de quitarle a los indígenas su principal forma de protesta: la toma de carreteras. “Con ello, formas históricas culturales de manifestación se convierten en delitos penales”.

Según Juan Pablo Albán, “lo más fácil en un contexto en el que se busca silenciar al que piensa diferente y enviar un mensaje disuasivo al resto de personas que podrían ejercer su derecho a protestar, es utilizar los instrumentos del derecho penal y convertir esos actos legítimos de protesta en actos ilícitos, y caracterizarlos como terrorismo, sabotaje, desobediencia a la autoridad, etc.”.

Antes de que se reformara el Código Penal, el delito de sabotaje y terrorismo fue la figura utilizada para perseguir a los defensores de sus derechos. En 2011, la revista Vanguardia informaba citando a la fiscalía que en ese año “se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año (2012), ya se presentaron 128 denuncias similares».

Los  célebres casos de Mery Zamora, ex presidenta de la UNE y “Los 10 de Luluncoto” fueron precisamente procesados o sentenciados –en el caso de los últimos- por esta polémica figura penal que, supuestamente, fue cambiada debido a presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).

En noviembre de 2012, durante la audiencia temática de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, la delegación de Ecuador aseguró que las reformas legales incluirían la eliminación del Código Penal la tipificación de terrorismo y sabotaje.

Aunque este artículo en efecto fue desechado, ambas figuras no fueron eliminadas del COIP, sino que se tipificaron por separado y además, se incluyeron nuevos delitos como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos, varios de los cuales han sido usados desde 2014 para perseguir y criminalizar a activistas de DDHH y de la naturaleza.

Esto a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, el cual incluye también el derecho a la protesta:

Art. 98: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Tanto Ordoñez como Albán señalan que el derecho a la protesta es, además, el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, los cuales han sido vulnerados durante el pasado régimen, como una forma sistemática de acallar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales.

Organismos internacionales como la CIDH recomendaron al Estado ecuatoriano que “se archiven los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos” (CIDH 2015, 163).

Así también lo hizo el Consejo de DDHH de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en mayo pasado, donde se emitieron 20 recomendaciones a Ecuador sobre evitar la  criminalización de  la protesta social, el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones indígenas y el enjuiciamiento a sus líderes y organizaciones de base.

¿Por qué? Por protestar

Según los decretos 32 y 51 firmados por Lenín Moreno, se otorgan los indultos por “la herencia histórica de las luchas de liberación”. De las 19 solicitudes de indulto enviadas, 12 están directamente relacionadas con la protesta social. De estas, las de los hoy indultados Siete de Pastaza estaban en estatus urgente pues eran las únicas con sentencias ejecutoriadas y orden de prisión, por lo cual los imputados estuvieron en la clandestinidad desde septiembre de 2016, cuando la Corte Nacional de Justicia les negó el recurso de casación. No obstante, venían de un proceso de dos años, en el que algunos ya estuvieron detenidos ilegalmente, afirmaron sus abogados.

Estos ciudadanos fueron sentenciados por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015, el cual dejó un saldo de 98 procesados penalmente por delitos como ataque y resistencia, sabotaje, paralización de servicio público, e incitación a la discordia ciudadana, según un informe de la CONAIE e INREDH.

La agenda política de estas movilizaciones incluía demandas al gobierno sobre temas laborales, reformas al Código del Trabajo, enmiendas constitucionales, derogatoria de la Ley de Aguas, Decreto 16, archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista en los territorios, entre otros.

Varias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso fueron denunciadas por diversos organismos sociales y de DDHH; ello no impidió que se sentenciaran 27 personas de las provincias de Pastaza, Cañar, Cotopaxi, Azuay Orellana, Morona Santiago y Loja (Saraguro). Este último reconocido como uno de los casos en los que hubo más abusos por la violenta y desproporcionada represión de la fuerza pública. Por el caso Saraguro hoy esperan el indulto cinco personas, a quienes les dieron 4 años de prisión, pese a que el delito de paralización de servicios públicos tiene una pena máxima de tres. Sus sentencias se encuentran a la espera de casación en la Corte Nacional.

Otro de los casos más cuestionados fue el desalojo forzoso en agosto de 2016 de Nankints, poblado shuar en Morona Santiago, para darcriminalización de líderes y dirigentes indígenas está el del ex asambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado por supuestamente ser el responsable de la muerte del indígena shuar Bosco Wisum en 2008, durante la toma del Río Upano en Morona Santiago, en el que la policía reprimió violentamente la manifestación por la Ley de Minería y la Ley de Aguas.

También están los tres procesos del presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, acusado por los delitos de paralización de servicio público, ataque y resistencia, e incitación a la discordia entre ciudadanos, en el marco del levantamiento indígena de 2015, así como el caso de  El Pambilar en Esmeraldas, en el que varios pobladores están acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por sus lucha de varios años en contra de la maderera Botrosa.

Estos son apenas una parte de los casos con procesos penales que hoy buscan la amnistía de la Asamblea o el indulto presidencial.

¿Por qué? Por malversar fondos públicos

La respuesta al por qué fue indultado Antonio Buñay por el caso Duzac la dio el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a los pocos días de conocida la noticia: “Fue un tonto útil”. Y agregó que el verdadero culpable es Pedro Delgado, quien lleva prófugo desde diciembre de 2012, y cuya extradición fue solicitada el 29 de mayo pasado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno pese a haber sido sentenciado a ocho  años de prisión por la Corte Nacional de Justicia, junto con los otros cinco imputados, en abril de 2015.

Como presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Delgado presionó para el otorgamiento del crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, según determinaron las investigaciones. Para los jueces de la Corte Nacional que llevaron el proceso, Delgado “generó la idea criminal y convenció deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos”.

No obstante, según la justicia, la responsabilidad de Buñay estaría al mismo nivel que la de Delgado, pues como presidente ejecutivo de Cofiec “dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo para Duzac sin cumplir con la normativa interna del banco. El fiscal Galo Chiriboga demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad a sus subalternos, a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal, y cuando las ex gerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las sumilló en su lugar”, reza un boletín de la Fiscalía.

Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jackeline Jiménez, exgerente de riesgos de Cofiec declararon, en efecto, haber recibido presiones del expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, Antonio Buñay y de Francisco Endara, representante del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. No obstante, ambos aseguraron haber sido presionados a su vez por Delgado.

El caso se dio a conocer en el 2012 cuando se iniciaron las indagaciones por la mora en el pago de dicho crédito que tenía como plazo seis meses. Por entonces, una investigación de revista Vanguardia destapó toda la trama de corrupción dentro de la entidad financiera estatal. Se supo de toda la serie de irregularidades que iniciaron con la aprobación en 24 horas del crédito que Duzac había solicitado para un proyecto de billetera móvil, una especie de plataforma de dinero electrónico para pagos de servicios.

La solicitud de crédito se había hecho antes de que Duzac abriera una cuenta en dicha entidad. Luego se supo que las garantías que presentó eran de Seguros Rocafuerte, una empresa administrada por el Estado. Dos días antes de que venciera el plazo de pago, se cambiaron esas garantías por las de Agrícola Las Mercedes, administrada por el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.

El dinero fue transferido a dos cuentas en los EEUU, a nombre de dos ciudadanos argentinos a quienes nunca se investigó, pese a que nunca fue cancelado el préstamo en su totalidad. Antes de que se venciera el plazo de pago, Duzac salió del país y desde entonces está prófugo en su natal Argentina. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 2013, se hicieron dos pagos en agosto y diciembre de 2012 por $90.000, a través del abogado de Duzac, pero, según la propia UAF, “sin explicación razonable del origen de los fondos”. Es decir, no se sabe quién canceló ese dinero.

En el 2014 se hace otro abono con un cheque por 380.908,50 dólares, el cual sumado al anterior, dan 470.908,50 dólares. Ese fue el último pago que se hizo, y no se conoce que se haya buscado la cancelación del resto del dinero en todo este tiempo. El entonces fiscal Galo Chiriboga declaró que inició una investigación para conocer el origen de los fondos, por un posible lavado de activos, pero nunca se conoció el resultado.  Ese mismo año se había iniciado el proceso de extradición de Duzac, el cual nunca se llevó a término.

Según la investigación del exasambleísta Andrés Páez, detallada en el libro Duzac: Atraco e impunidad, el argentino habría llegado al país por las gestiones de su compatriota Pedro Elosegui, antiguo compañero de la Universidad de Ilinois del expresidente Correa. “Elosegui comenzó a moverse en Ecuador para concretar algunos negocios, como la instauración de la billetera móvil y varias propuestas para el banco incautado Cofiec”, vinculación que el exmandatario siempre ha negado.

En el 2014, Delgado enviaba una carta desde Miami en la que responsabilizaba a su primo de todo: “Como lo indiqué en el escrito presentado a la Fiscalía, nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros empresarios argentinos, ya que dicho pedido correspondía a instrucciones directas que recibí del Presidente de la República, a partir de la visita de un grupo de empresarios argentinos a Ecuador, los cuales tenían varios proyectos, solicitándome atenderlos”. Posteriormente en una entrevista dada en marzo de este año, lo calificó de traidor.

Correa al respecto dijo que su primo es un “delincuente y farsante” que busca hacerle daño y rechazó cualquier tipo de responsabilidad. En otra ocasión calificó a la entrega del crédito como simples “pillerías”.

Además de Buñay, fueron declarados culpables por el delito de peculado y sentenciados a ocho años de reclusión, Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado y exsecretario técnico del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien fue capturado en marzo del 2014, y hoy en día el único que cumple la sentencia. Pedro Delgado y el argentino Gastón Duzac, que están prófugos. Los otros dos inculpados, Marcelo Ordoñez, ex gerente de finanzas de COFIEC y Pedro Zápac, expresidente de Seguros Rocafuerte, interpusieron una acción extraordinaria de protección, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta, por lo que continúan libres.

Según Juan Carlos León, abogado de Buñay, existió una mala aplicación del artículo 257 del COIP que refiere al peculado, pues según él, su defendido no tenía la capacidad de autor. “En algún momento increpé al Fiscal General y le dije que me indique en qué momento Antonio Buñay otorgó el crédito, pero aquella circunstancia jamás se determinó. Entonces, de alguna u otra forma el caso resultó un tanto político y a la final los resultados son evidentes, que concluyeron incluso con un indulto”. Para León, los verdaderos culpables son los miembros del directorio de COFIEC, por lo que Buñay sería una especie de cómplice. No obstante, pese a que fueron llamados a juicio, los cuatro miembros del directorio fueron sobreseídos.

Antonio Buñay, quien fuera detenido en noviembre de 2015, en total pagó un año y medio de su pena. Se intentó conseguir una entrevista con él, sin embargo, su abogado aclaró que él no quería dar declaraciones y que quería disfrutar de su libertad y mantenerse bajo perfil.

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alexis mera

La administración anterior nos dejó una serie de perlas que pelean entre sí por el puesto de la más insensata. Sin embargo, una de las frases más desatinadas, no solo por lo fuera de lugar, sino por la vulneración de derechos básicos que suponía, fue la del entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien con todo el desconocimiento del caso aseguró en una entrevista en Diario El Comercio, en marzo de 2015, que “el Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”.

Las voces críticas desde la sociedad civil no tardaron en levantarse frente a tan desafortunadas declaraciones, las cuales no eran aisladas: en diciembre de 2014, mediante el Decreto Ejecutivo 491 se disolvía la Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar –ENIPLA- para ser reemplazada por el Plan Familia, proyecto comandado por una miembro del Opus Dei y manejado desde el Ejecutivo con la venia y apoyo de Mera, quien con aquellas declaraciones demostró el tamaño de su visión sobre derechos reproductivos conocimiento sobre prevención de embarazo adolescente y planificación familiar.

Esta es apenas una muestra del criterio aplicado por este abogado nacido en Bahía de Caráquez en 1966, en la elaboración de los marcos jurídicos con los que se ha gobernado el país desde 2007. Criterio que pese a que, según Correa, provendría de uno de los “jóvenes revolucionarios de izquierda” que formó parte de su gobierno desde el día uno hasta el final, lo cierto es que ciertas herramientas legales salidas desde la Secretaría dirigida por Mera junto al despacho presidencial son más que nada regresivas.

Este sería uno de los motivos por los que organizaciones de DDHH de Washington han alertado sobre la candidatura de Mera al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional dedicado al impulso de reformas en los sistemas de justicia de los países miembros, los cuales son integrantes activos de la OEA. Esta paradójica designación genera preocupación de cara a las próximas elecciones se llevarán a cabo en la próxima Asamblea General de la OEA,  entre el 19 y el 22 de junio.

Alexis Mera saltó a la vida pública como un joven y brillante abogado que se convirtió en el asesor jurídico de León Febres Cordero, cuando ejerció como alcalde de Guayaquil, a lo cual se refirió en una entrevista como “un honor”. Recordemos que León Febres Cordero fue Presidente de la República, entre 1984 y 1988, y entre los mayores cuestionamientos que se ha hecho a su ejercicio del poder fue su autoritarismo y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En los 10 años de Mera en la primera línea de la Revolución Ciudadana, aplicó una doctrina por la cual se construyó un Estado todopoderoso aún a costa de los derechos individuales. Así por ejemplo, la principal herramienta punitiva que tiene el Estado, el Código Orgánico Penal –COIP-, ha sido utilizado para juzgar a defensores de DDHH quienes, vulnerados en su derecho fundamental a la protesta social, han sido acusados de sabotaje y terrorismo; delitos que luego fueron modificados en las reformas al COIP y se englobaron en los llamados “delitos contra la estructura del Estado Constitucional”, por los que hoy esperan la amnistía 177 personas y el indulto 20 ciudadanos, criminalizados por protestar.

Según recogía un artículo de diario El Universo en 2011, Gustavo Larrea, exministro de Gobierno de Correa, señaló que tal tipificación de delitos en el COIP eran “consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León. Es absurdo usar el Código Penal para enjuiciar a dirigentes sociales. Hay más de 180 ciudadanos acusados por terrorismo. ¿Podemos decir que en Ecuador hay terrorismo? No. Eso es ‘acomodar’ el derecho y las circunstancias a tipificaciones penales que no calzan en la realidad”.

Es así que, acomodando el derecho para fines discrecionales, este ex compañero de Correa en los grupos apostólicos del colegio Cristóbal Colón ha dejado su huella visible en diversos instrumentos legales como la Ley Orgánica de Comunicación LOC, la cual ha sido usada como herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones expedidas desde su aprobación en 2013.

Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”.

Asimismo, refiriéndose a las críticas de instancias internacionales, dijo que “se habla mucho de las opiniones consultivas de las relatorías de las libertades de expresión, que no tienen ningún valor vinculante para el Gobierno nacional porque no hay ningún tratado internacional que diga que la opinión de una señora, que obedece a intereses internacionales, sea vinculante para el Ecuador”. Ello pese a que la acción de inconstitucionalidad atacaba 64 artículos que atentaban contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por tales declaraciones, parecería que este profesional del derecho que empezó su carrera en el estudio jurídico Romero & Menéndez, del cual es accionista en la actualidad, desconoce las herramientas del derecho internacional, pues varias leyes y normativas que se han expedido bajo su venia o consejo, violan directamente los estándares internacionales.

Entre ellas están los decretos presidenciales 16 y 739, los cuales fueron puestos en vigencia supuestamente para sistematizar en una misma plataforma los procesos de registro de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, han sido utilizados como un instrumento de silenciamiento y persecución de aquellas organizaciones que presentan críticas incómodas al poder, sobre todo aquellas que promocionan la defensa de derechos fundamentales.

Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores – el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.

Lo mismo sucede con el Decreto Ejecutivo 1247 sobre consulta previa, libre e informada respecto a explotación petrolera en áreas de comunidades indígenas, el cual fue concebido básicamente como “un instrumento de carácter informativo del proceso de consulta, reduciéndolo a un proceso formal no garantista, que desvirtúa el espíritu y propósitos de la consulta”, según se detalla en un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. No obstante, este carácter informativo tampoco contempla los riesgos potenciales a las comunidades y al entorno natural, sino simplemente los beneficios de la explotación.

Este decreto, además, tampoco cumpliría con los estándares de varios instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las observaciones del Comité (de la ONU) para la eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, pues estos dicen que no sólo debería existir consulta previa sino consentimiento previo, lo cual no consta en dicho reglamento. Además, la decisión final según tal decreto la tendría la autoridad de hidrocarburos y no las poblaciones consultadas.

Frente a ello, el abogado Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pregunta: “¿Cómo es que un abogado y secretario jurídico de la presidencia permite que se regulen por decreto dos derechos, el de libertad de asociación y de consulta previa a pueblos indígenas, si esto es inconstitucional y va en contra de los estándares de instrumentos jurídicos internacionales?”.

La respuesta está justamente en el uso acomodaticio que Mera ha hecho no solo de los instrumentos legales, sino de la justicia. Como hombre de confianza de Héctor Romero Parducci, adquirió experiencia en el sistema judicial cuando fue su asesor mientras éste presidió la llamada Corte Suprema de Justicia durante tres años, desde 1997. Esto quizás explique de algún modo la ventaja de conocimiento que tendría sobre el funcionamiento de la justicia en el país.

No es un secreto, por tanto, la intromisión en este poder del Estado que se ha develado en diversas ocasiones, como cuando salieron a la luz pública dos comunicados advirtiendo a los jueces con sancionarlos si  resolvían favorablemente acciones de protección en contra del Estado. El autor de los mismos fue Alexis Mera, quien en noviembre del 2010 alertó en un oficio sobre el “abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares”.

Dos años después, el 19 de julio del 2012, Mera informó en un memorándum dirigido a los directores provinciales de la Judicatura de Transición que se aplicarían sanciones y la destitución de los jueces que resolvieron favorablemente esta figura. Esto pese a que limitar o impedir las acciones de protección en contra del Estado estaría violando las garantías constitucionales.

Ello es consecuente con unas declaraciones que dio en 2011, en las que aseguró que desde la creación del Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ- “las cosas mejoraron en alguna forma”, siendo que él mismo fue asesor de dicha entidad desde su inicio hasta 2003. “¿Cuántas veces botaron a un juez antes de tener un CNJ? Me acuerdo que tramitaba las quejas cuando estaba en ahí. No decidía, solo tramitaba”, aclaró en la misma ocasión.

Una de las mayores muestras de su metida de mano en la justicia ha sido la presión e intimidación a jueces, como fue el caso del juez Wilfrido Erazo, quien rechazó una acción de protección de los trabajadores de casinos legales de hoteles de primera categoría, debido a las amenazas de destitución y de acciones penales en su contra contenidas en una carta enviada por Mera.

Al parecer, las cartas intimidatorias o de presión son el modus operandi de dicho ex funcionario, como lo denunció en 2015 el ex juez primero de Garantías Penales de Cuenca, Miguel Antonio Arias, quien renunció por haber recibido presiones para cambiar sentencias y porque, según declaró, la justicia estaba cooptada por el poder político. En las declaraciones que dio al respecto, también se refirió al caso de los profesores jubilados de Manabí que interpusieron en 2011 una acción de protección por considerar que no recibieron el pago que les correspondía por sus jubilaciones:

“Hemos visto estos atropellos como la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia de que no admitan acciones constitucionales a favor de los profesores, que por situaciones de jubilación tenían necesidad de una respuesta constitucional”, expuso Arias.

Dicha carta, que fue remitida a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, está escrita y firmada por Mera, y dice textualmente: “De persistir la tramitación de tales juicios contenciosos administrativos en esta sede judicial (…), me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, ésta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los precedentes jurisprudenciales constitucionales”.

La carta completa se puede leer en este enlace:

 https://www.fundamedios.org.ec/wp-content/uploads/2017/06/Memorándum-Alexis-Mera-jubilados-Manabí.pdf

Las amenazas de destitución de jueces no cayeron en terreno baldío. En 2015, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, se enorgullecía de la cantidad de jueces destituidos en un año: 110.

No obstante, el caso más sonado de manipulación de la justicia fue la histórica sentencia a Diario el Universo en 2011, que condenó al pago de 40 millones de dólares por un artículo de opinión publicado por el entonces columnista del diario Emilio Palacio, además de la    prisión de tres años para el periodista y los directivos del rotativo. Se descubrió que dicha sentencia no fue redactada por el Juez Paredes, quien llevaba la causa, sino por Gutemberg Vera abogado del demandante, Rafael Correa, bajo la batuta de Alexis Mera. Más tarde los sentenciados fueron perdonados por el expresidente, aunque el Juez Paredes fue denunciado por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica, por parte de dicho diario. Nunca pasó nada con tal denuncia.

Otra muestra de la fácil forma de desechar procesos judiciales con solo una palabra de Mera, fue el caso de la ex Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga y la compra sobrepreciada de terrenos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) para la construcción del Parque Samanes, ubicado en Guayaquil. Bastó con que Mera dijera que se trató de “un error de buena fe”, para que el juez dejara de investigar y se cerrara el caso.

Toda esta manipulación de la justicia e influencia en la elaboración de leyes no será, sin duda, ninguna sorpresa para quienes fueron parte del proceso constituyente del 2008, pues era de conocimiento general que Mera se paseaba por las mesas sugiriendo y revisando los artículos, lo cual generó molestia entre los asambleístas, sobre todo en la redacción del texto final, cuando algunos aseguran que planteó observaciones y correcciones que él mismo redactó en la Carta Magna.

Tampoco es novedoso que un día antes de que concluya su mandato, el Presidente Correa haya enviado a la Asamblea el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, tomando en cuenta que Alexis Mera, propuso ya en 2013 la regulación a las redes sociales en los casos de injuria y calumnia. “He propuesto que se regule mejor todo lo que es procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser un instrumento de impunidad”, declaró en esa época.

Como se ve, espacio faltaría para exponer todos los casos en los que Mera ha tenido injerencia directa o indirecta tanto en la elaboración de instrumentos legales, como en el manejo de la justicia. Sin duda, estamos frente a uno de los grandes responsables de la vulneración de derechos básicos, y del quiebre del aparato democrático y de la institucionalidad del país en los últimos diez años.

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El pasado 12 de mayo de 2017, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) decidió remover a la Ingeniera Ana Proaño del cargo de sus funciones como Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien estuvo a cargo del concurso de frecuencias llevado a cabo desde abril de 2016.   

Como su reemplazo fue designado el Economista Pablo Yánez, quien fue Viceministro de Gestión Turística hasta el segundo semestre de 2016, y trabajó por varios años de la mano del exministro de Turismo, Vinicio Alvarado. Según el art. 145 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), el Director de Arcotel entre otros requisitos debe “tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector de las telecomunicaciones”, experiencia que Yánez no la tiene.  

Otro cambio muy significativo es el nombramiento de Christian Hernández Yunda como asesor jurídico de la Dirección de dicha entidad estatal. Quien no solo es funcionario cercano a los Alvarado Espinel, familia que había sido propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo”, sino también es primo de Jorge Yunda, y pese a su condición de funcionario público ha seguido siendo la mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela. Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida del Conartel y hasta abril de 2017 trabajaba en la SECOM, desde donde operaba para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo. 

Esos estrechos nexos ya fueron revelados por Fundamedios en una serie de investigaciones publicadas a finales de marzo de 2017, en el cual se contó varios episodios que revelan la cercanía de Christian Hernández con Jorge Yunda:

“Con el mismo desparpajo reaccionó otro funcionario público que, veremos más adelante, es una pieza clave de toda la trama: el Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), dependencia de la Presidencia de la República, Christian Alberto Hernández Yunda. Hernández, primo de Yunda, escribió en la cuenta de Facebook de un comunicador que compartió la investigación: “Les falta Canela Quevedo”. En otro de sus comentarios aseguró que el problema “no es la concentración de medios, sino que el problema es el monopolio de audiencia”  y hasta amenazó a la usuaria que había compartido la información: “Yo no sé si a Hermel le gustaría. Saludos pero deje de sufrir que le hace mal a su salud”.

Christian Hernández es un funcionario cercano a los ministros Fernando y Vinicio Alvarado Espinel. La familia de estos funcionarios fue propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo” e históricamente fue Ondas Quevedeñas. Además, a pesar de ser funcionario público, se ha mantenido como mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela.

Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel, cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida de esta institución comenzó a trabajar en la Secom y desde esa entidad que ejerce un gran poder público sigue operando para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo.

Existe un episodio que retrata bien cómo Christian Hernández Yunda sigue operando para su primo desde la función pública: en 2011 manda un mail a todos los directores de las Canelas que operan en casi todas las provincias del país, para ordenarles que no se adhieran a las cadenas nacionales del gobierno, pues eso les quita rating: “Según uds, y no lo dudo, no se enganchan nadie más que Canela y Radio Pública en donde hay cobertura de esta, entonces, aunque resulte un tanto riesgoso, por proteger nuestra audiencia es necesario dejar de transmitir las cadenas, salvo el caso en el que logre detectar que existe monitoreo certero de la SUPERTEL y les comunique vía correo “ESTA VEZ TENEMOS QUE ENGANCHARNOS VAN A MONITOREAR”.

Nótese como Christian Hernández Yunda, funcionario de la SECOM, habla en primera persona y les da instrucciones concretas a los directores de los medios de su primo que desobedezcan a la SECOM y la forma de hacerlo. Esto fue denunciado a la Presidencia de la República, Sin ninguna consecuencia.

Las investigaciones completas pueden ser leídas en estos tres links:

Hernández se desempeñó como secretario del extinto Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), cuando su primo era presidente del mismo. En el gobierno de Rafael Correa, fue asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).  

Hernández, siendo abogado personal de Jorge Yunda, sería quien redactó los proyectos comunicacionales de las frecuencias que lidera su primo -requisito principal para participar en el concurso de frecuencias -y los presentó en junio de 2016.

Como Coordinador del Control Técnico de los Servicios de Telecomunicaciones se nombró al Ing. Rodrigo Jarrín Arboleda, quien es accionista de la empresa Sistemas de Radiofrecuencias Jarcom Cía. Ltda., de propiedad de su padre Rodrigo Jarrín Jarrín. Esta empresa es una de las principales proveedoras de sistemas y equipos de radiodifusión y televisión.

Como se ve, los conflictos de intereses parecen no ser la excepción en los nuevos nombramientos del Conartel.

Respecto a los motivos de destitución de Proaño, fuentes cercanas al Arcotel que pidieron la reserva aseguran que fue por pedido del en ese entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, por “no cumplir ciertas disposiciones directas”, entre ellas, el no haber resuelto el tema de Radio Canela antes de la posesión del nuevo Gobierno. Proaño no habría aceptado cumplir tales disposiciones porque los errores cometidos no eran reparables, como es el caso de las vinculaciones de parentesco en las empresas que participaron, lo cual está prohibido por la Ley de Comunicación y significa la descalificación inmediata.

Entre las últimas medidas que Ana Proaño tomó al frente de Arcotel y que pudieron haberle costado el puesto, está la resolución 332 contra Televicentro -TVC- del 27 de abril, en la que se resolvió la revocatoria de las autorizaciones temporales de dos repetidoras de la estación abierta denominada ‘Telesistema’, actualmente ‘Televicentro -TVC-,’ con matriz en Quito, y dos repetidoras para Guayaquil. Es necesario recordar que en febrero de 2016,  Ángel González sumó un medio más a su grupo de medios en Ecuador: Televicentro, avalado en la marca del diario El Comercio, medio que compró en 2015. Dichas frecuencias fueron otorgadas temporalmente, sin concurso, en contra de lo que la Constitución y la Ley de Comunicación establecen.

El concurso público de frecuencias ha sido afectado por varias denuncias de irregularidades que fueron reportadas desde el inicio del mismo, convocado en abril de 2016 por el Arcotel. Con los resultados de la primera fase del concurso, se conoció que justamente habían grandes favorecidos como el mismo Ángel González, quien, a través de una trama de 18 empresas, fue calificado para obtener 104 concesiones.

La noticia de la remoción de Ana Proaño se conoció de un día para el otro  sin mayor explicación y cuando diversos sectores sociales, organizaciones y radioescuchas han solicitado públicamente la suspensión del concurso, no solo por las irregularidades sino también por los casos de corrupción que salieron a la luz a lo largo del proceso.

Justamente, el caso del asambleísta Jorge Yunda quien participó por aproximadamente 50 frecuencias a través de terceras personas es uno de los emblemáticos. No obstante, varias frecuencias del conglomerado Canela habían sido descalificadas y en especial, está el caso de CanelaTV. Las presiones sobre Ana Proaño y la llegada de Christian Hernández son movidas de piezas que señalan que las cosas para el actual asambleísta del partido en el Gobierno estarían por “solucionarse”.

Frecuencias  de Jorge Yunda descalificadas:

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¿Qué tienen las organizaciones de la sociedad civil que molestan tanto al poder? Bueno, al menos al saliente, ya que lo registrado en los últimos cuatro años es insólito. La respuesta viene del lado de los cuestionamientos incómodos al poder en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos frente a las políticas de Estado.

En 2013 se disolvió a la Fundación Pachamama y en 2016, a la Unión Nacional de Educadores –UNE-. Esto es bien conocido por todos. También se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, pero no han sido casos aislados. Cuando Correa firmó los decretos 16 y 739 nos metió gato por liebre: estos supuestamente estaban hechos para organizar mejor al sector civil. Pero no fue así. Estas disoluciones son la punta del iceberg de un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, vulnerando el derecho fundamental a la libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución.

Las alarmas saltaron por tres causales de disolución incluidas en tales decretos:  desviarse de los fines para los que fueron constituidas; dedicarse a actividades políticas partidistas; y atentar en contra de la seguridad del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas instrumentalizadas para tal propósito. A la UNE la disolvieron por “no registrar la directiva”, pese a que lo hizo. Y lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar valiéndose de un sinsentido legal kafkiano.

Estos absurdos no son patrimonio de los procesos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al ser disueltas. Obtener un dato exacto acerca de cuántas OSC realmente han sido disueltas desde 2013 es como entrar a un laberinto sin salida. Tratar de levantar datos a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS- se convierte en una tarea ingrata. Quién diría que fue creado para organizar en una sola plataforma la información y los procesos relacionados a las organizaciones, y que fue la razón de ser de los Decretos 16 y 739:

Decreto-16

 

Según estos decretos/reglamentos, el sistema debía contar con una plataforma de registro de las organizaciones -RUOS por sus siglas- a través de un portal web. El portal existe, sí, y  supuestamente tiene los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Pero cuando uno entra se entera de que no hay criterios de búsqueda, por lo que para determinar cuántas son las organizaciones que se hallan en estatus de “disueltas” habría que hacer una búsqueda manual, siendo que son nada más que 9mil páginas. A cincuenta páginas por día, hagan las cuentas.

Digamos que si algún día lográsemos terminar tal labor, lo lógico sería tener datos fidedignos acerca del número de organizaciones sociales registradas a nivel nacional. Pues no. La investigación realizada por Fundamedios dice lo contrario: la información que arroja el sistema es inexacta y no es de fácil acceso público. Entonces, si los decretos 16 y 739 no han servido para establecer el correcto funcionamiento del SUIOS, como consta en el reglamento, ¿para qué han servido en realidad? ¿Estamos frente a un despropósito?

Para responder esta pregunta primero hay que analizar los datos cotejados para esta investigación. Como ya sabemos, el proceso de obtener datos a través de la plataforma SUIOS pone a prueba la paciencia de cualquiera, y por eso se enviaron oficios solicitando información a varios ministerios y a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que es la entidad encargada de manejar el sistema de registro. Aquí empiezan las imprecisiones.

Según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al 27 de abril de 2017, el número de organizaciones de la sociedad civil registradas en el SUIOS es de 91.034. No obstante, la cifra arrojada por la plataforma web en una fecha cercana era de 90.148. Casi mil menos. A fecha actual aún no se equiparan esas cifras… y se supone que la información pertenece a la misma plataforma. Que alguien lo explique.

Ministerios-2Fig. 1

En la infografía se observa el número de organizaciones registradas en cada ministerio o secretaría, y hay un apartado para las organizaciones registradas -se sobreentiende- directamente en la plataforma, las cuales estarían en proceso de actualización. Según el reglamento, todas las organizaciones deberían registrarse directamente en la plataforma.  ¿Duplicidad de acciones? Sí. Y recursos desperdiciados, también. El 70% de organizaciones estarían a la cola en el proceso de registro:

Fig.-3Fig. 2

Aunque los datos que proporcionó la Secretaría acerca del número de organizaciones disueltas y liquidadas desde 2013 estuvieron firmados, sellados y sumillados por varios funcionarios que, tras varias llamadas en espera y derivaciones a uno y otro departamento, aseguraron formalmente que estos eran, vamos a tener que olvidarnos de ellos más adelante. Ya entenderán por qué:

Fig.-2

Fig. 3

Cuarenta y ocho organizaciones disueltas por ahora no suena a mucho, más si la mayoría serían disoluciones voluntarias (40), según los acuerdos ministeriales que adjuntó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De las cuatro restantes no se conoce la causa de disolución pues “no se dispone el acuerdo ministerial en razón de que el ministerio o secretaría correspondiente actualizó el estado jurídico a disuelta”, según el oficio enviado por dicha cartera.

Es el mismo caso con las organizaciones liquidadas: tres serían  voluntarias, y la última no tendría el acuerdo ministerial, pues “el ministerio o secretaría está en proceso de carga de información al sistema”. Como se aprecia, un sistema bastante efectivo y funcional.

Se trató de rastrear a las organizaciones sin causa conocida de disolución, pero no se obtuvo mayor información que la proporcionada por el SRI. Todas constan con su RUC pasivo y el local registrado como cerrado. Tres de estas organizaciones se dedicaban a actividades de carácter social, una era una asociación de profesores y la última realizaba actividades de enseñanza post universitaria.

En la lista proporcionada por dicha secretaría, no consta ni la UNE ni la fundación Pachamama. Pero, ¿no fueron estas las primeras organizaciones disueltas? ¿Desapareció su registro entre las pilas de archivos ministeriales? Nunca lo sabremos.

Pese a lo engorroso del proceso, en Fundamedios insistimos en hacer un análisis manual de datos al 35% de las organizaciones enlistadas en la página web del RUOS (imposible hacerlo al 100% sin perder la paciencia). Encontramos 27 organizaciones disueltas, la mayoría registradas en el MIES y domiciliadas en la provincia del Guayas. No obstante, solo diez de ellas constan en la lista de organizaciones disueltas enviada por la Secretaría de Gestión de la Política. Se supone que ambos datos salen del mismo SUIOS. Insólito.

Por otro lado, el motivo de disolución no está disponible en la web del sistema, pero existe un antecedente: en julio de 2016 el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la UNE y el Comité Central de Padres de Familia del Colegio Montúfar, ambas con posiciones críticas frente al Gobierno. Salvo la UNE, al resto se las iba a disolver por hallarse supuestamente inactivas.

Estos datos se cotejaron con la lista actualizada de organizaciones disueltas que se solicitó al Ministerio de Educación, y en efecto constan como disueltas ocho de esas nueve organizaciones, menos el Comité de Padres de Familia del Montúfar, que a día de hoy consta en estatus de registrado en la página del RUOS, pero su hoja de registro está vacía y no existe el acuerdo ministerial. En el SRI su estado es pasivo y el estado del establecimiento consta como cerrado, por lo que parecería que tal comité existe y no existe a la vez.

En busca de una respuesta a tanta inconsistencia, conversamos con un funcionario de la Secretaría de Gestión de la Política, quien señaló que la razón principal de disolución de las OSC, además de la voluntaria, es la inactividad o el no haber presentado toda la documentación requerida para su registro o actualización. Pero, como ya imaginábamos, no hay información total levantada al respecto.

La mayor respuesta a estos misterios numéricos vino de coincidencia, cuando una funcionaria del Ministerio de Agricultura -MAGAP- comentó que el SUIOS no funciona adecuadamente, y que desde la aplicación del decreto 16, los trámites y requisitos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron una traba.

“La funcionalidad del SUIOS era importante en el Decreto 16, pero con el 739 le quitaron importancia al sistema. Antes era requisito que las organizaciones se registren en él, pero por las complicaciones que hubo, en una reunión se llegó a un acuerdo en el que cada ministerio se comprometía a subir en el sistema la información de las organizaciones que se registren en cada entidad”, explicó.

Pero esto no quedó ahí. La misma funcionaria fue más allá y de plano dio a entender que la plataforma SUIOS es un fracaso. En el ministerio en el que labora, por ejemplo, no se ha dado seguimiento a la actualización del sistema. “No ha habido el interés ni se ha puesto empeño en ello”, agregó de la forma más tranquila. Lo curioso, por decir lo menos, es que tal Ministerio desarrolló su propio sistema, el Registro de Organizaciones del Multisector –ROM-, que pese a tener un registro completo de las organizaciones inactivas, no posee datos consolidados acerca de las organizaciones disueltas por el MAGAP. ¿Un sistema paralelo? Más recursos públicos.

El MAGAP fue uno de los seis ministerios a los que se solicitó información acerca de las organizaciones registradas y disueltas, de los cuales solo tres respondieron con la información completa. El resto o acudió a leguleyadas para no dar la información, o simplemente declaró no tenerla levantada.

Ahora sí, veamos por qué debíamos olvidarnos de las 44 organizaciones disueltas que nos había dicho la Secretaría de Gestión de la Política. Son muchas más:

Cifras-Ministerios (1)Fig. 4

Si se hace una comparación entre los datos de la Fig. 1 proporcionados por la Secretaría de Gestión de la Política y los datos de la Fig. 4, claramente se aprecia que las cifras no coinciden ni en el número de organizaciones registradas, ni en el número de disueltas. Respecto a esto último, sólo en los tres ministerios que respondieron a la petición de información, la cifra total (445) es diez veces mayor a la proporcionada por el SUIOS (44).

¿Más explicaciones? Según el funcionario de la Secretaría de la Gestión de la Política que consultamos para esta investigación, la diferencia entre los datos subidos al SUIOS y los que poseen los ministerios es porque, en efecto, cada ministerio está encargado de actualizar esta información y que se demoran en hacerlo… si es que lo hacen. Recordemos lo dicho por la funcionaria del MAGAP.

Ahora, vamos a lo preocupante. Si tanto el decreto 16 como el 739 fueron creados para crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales (de hecho, así se llama dicho reglamento), y este claramente no cumple su objetivo, ¿para qué se busca convertirlo en ley? En la entrega anterior de este reportaje se consultaron varios expertos que coincidieron en que se trata de una ley que busca limitar, perseguir y anular a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que su propósito inicial era el de organizar un sistema que a las claras mal funciona.

Como se mencionó anteriormente, la funcionaria del MAGAP consultada reveló que los procesos y requisitos impuestos por los decretos 16 y 739 se volvieron tan engorrosos e imposibles para el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ellos simplemente decidieron pasarlos por alto y crear su propio sistema, lo cual suena absurdo por donde se lo mire.

Con todo los datos analizados, podemos concluir que, si de las aproximadamente 90mil organizaciones registradas en el SUIOS, la mayoría están en proceso de registro y son solo 18mil las realmente registradas, y de ellas, hay que determinar las que están en estado activo (solo en el MAGAP hay más de 1.900 inactivas), la cifra de 445 organizaciones disueltas cobra gran relevancia, y eso que solo pertenecen a 3 de los 28 ministerios en los que se registran las OSC.

Estaríamos entonces frente a dos decretos que hoy están próximos a convertirse en el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, los cuales básicamente han desvirtuado su supuesta razón de ser original para convertirse en un mecanismo de disolución de organizaciones de la sociedad civil, ya que, como pudimos constatar, es lo único que realmente funciona y se aplica de tales reglamentos.

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libertad de asociacion en jaque

“Tenemos en nuestro país una sociedad civil muy vibrante y grande. Tenemos más de 90mil organizaciones registradas. Y a veces -yo que como canciller viajó de un espacio multilateral a otro- vemos siempre las tres o cuatro mismas organizaciones de la sociedad civil financiadas por países, que expresan las mismas quejas que luego se exponen de manera sistemática en espacios como este”. Estas eran las palabras del Canciller Guillaume Long, el pasado 1 de Mayo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada 5 años la ONU a los países miembros para determinar la situación de los DDHH en cada nación.

Durante dicho examen, el Ecuador recibió recomendaciones de 27 países en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Respecto a este último tópico, fueron 16 las naciones que hicieron referencia a la vulneración de ese derecho básico, y en específico, varias se refirieron a los Decretos Presidenciales 16 y 739, los cuales fueron creados para registrar y regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, no fueron aceptadas por el Ecuador las recomendaciones de cuatro países (Bélgica, Costa Rica, EEUU y República Checa) que abogaban por la libertad de asociación y por la revisión o derogación de tales decretos.

Infografía 27 países-01

Ello porque los decretos en cuestión contemplan, entre otras causales, la disolución de las organizaciones por “desviarse de los fines para los que fueron constituidas” y por “dedicarse a actividades de política partidista, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”, lo cual contraviene el derecho fundamental de la  libre asociación contemplado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales.

Pero, ¿qué hay detrás de todo este cercamiento y blindaje legal a las organizaciones de la sociedad civil? Y, además, ¿cuáles son los riesgos de que dichos decretos sean transformados en ley, como se pretende hacer con el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de aprobarse para ser debatido en la Asamblea?

Empecemos por partes. Según información del SUIOS (Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales) en efecto existen más de 90 mil organizaciones de la sociedad civil registradas en el RUOS, es decir, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil. Al momento, para ser exactos, 90.566 y dicha cifra va en aumento constantemente. Por ejemplo, a fecha del 18 de abril, el número registrado en la página del RUOS era de 90.148.

De este número de organizaciones, la mayoría están en estatus de registradas y el resto constan como activas, disueltas o liquidadas. Según información publicada en diario El Comercio en marzo pasado, serían 26.081 las organizaciones registradas en el SUIOS  y el resto estarían en proceso de registro. Esta información no ha podido ser refrendada por Fundamedios, pues, pese a haberse solicitado por varios medios y haber enviado oficios a la Secretaría de Gestión de la Política, que es en donde se registran todas las organizaciones, no recibimos respuesta alguna, lo cual contraviene el derecho al acceso a la información pública contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, información proporcionada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) recoge que en el país existirían 46mil organizaciones, dato proporcionado por comunicados oficiales desde el Estado, según indicó la CEOSC. No obstante, a decir de Galo Toapanta, comunicador de tal organismo, este dato no lo pueden verificar, pero la referencia que pueden proporcionar es las cerca de 2000 organizaciones que lograron mapear: “muchas de estas requieren de una comprobación. Luego de una verificación una por una, tenemos un mapeo de cerca de 400 organizaciones”. Por otro lado, son 64 las organizaciones miembros de la CEOSC a nivel nacional.

Pese a que en la página web del RUOS está subido el registro y el acuerdo ministerial (no en todos los casos) de cada una de las 90mil organizaciones registradas, incluyendo su objetivo principal y su ámbito de acción, no existe un mapeo general de qué tipo de actividad realizan y es imposible determinar si son partícipes activas del ámbito público y social. Por ello, es impreciso asegurar que aquellas organizaciones representan en su totalidad a una “vibrante y grande sociedad civil”.

Respecto a eso, Ivonne Yánez, miembro de Acción Ecológica y una de las personas que elaboró uno de los informes sobre libertad de asociación presentado a los países miembros de la ONU para el EPU, opina que “efectivamente podría haber un número elevado de organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas tienen solamente un nombre o pueden ser simplemente asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Digamos que, probablemente, en términos de cantidad sí es elevado, sin embargo, el que sea vibrante y que efectivamente tenga las mejores condiciones posibles para poder trabajar, es otra cosa”.

Con ello coincide Mauricio Alarcón, ‎director (E) de Fundamedios, quien cree que la sociedad civil siempre ha sido grande, “como tercer sector ha sido uno de los elementos fundamentales del país; lo que cuestionaría es el término de vibrante, pues justamente la política del Gobierno respecto de la sociedad civil ha creado un sistema de premios y castigos que a muchas organizaciones ha silenciado, a algunas ha anulado y a otras que han logrado sobrevivir, se les ha estigmatizado, perseguido y hostigado como ha ocurrido en los últimos años”.

¿Se trata de las cuatro organizaciones de siempre?

Aunque la posición oficial del gobierno acusa de hacer un lobbying parcializado a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil en el marco del EPU, lo cierto es que es imposible trazar una línea de proporcionalidad entre las más de 90mil organizaciones que constan en el RUOS y las que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH, pues, como se dijo anteriormente, además de la inexactitud de aquellos datos, muchas de esas organizaciones registradas tienen actividades que distan de tener una incidencia en la esfera pública y social en el tema de derechos.

Según Alexandra Almeida, directora de Acción Ecológica, no es cierto que simplemente se trate de tres o cuatro organizaciones: “ha existido una amplia participación para hacer estos informes sombra que incluso se hicieron individualmente y también en conjunto, dependiendo de los temas. También en el cabildeo que se hizo en embajadas esta vez hubo muchas más organizaciones participando”.

Según la información oficial del EPU, las organizaciones de la sociedad civil presentaron 47 informes, 26 de los cuales fueron realizados por coaliciones de varias entidades en temas diversos como derechos sexuales y reproductivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, género, medioambiente, derechos territoriales, reunión pacífica, entre otros; además de los ya mencionados: derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Esto en contraste con los 19 informes que se presentaron durante la evaluación anterior en 2012, por lo que la participación de la sociedad civil se incrementó este año en más del doble.

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Es por ello que Mauricio Alarcón considera que los dichos del canciller denotan “una terrible ignorancia, pues ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer los informes que presentó la sociedad civil”. También explicó que en ellos “se abordan todos los derechos fundamentales, no únicamente dos o tres temas, y precisamente de ahí parten los cuestionamientos”.

Con ello coincide Ivonne Yánez, y resalta que los países realizan sus recomendaciones a través de serias investigaciones, por lo cual considera “una grosería del canciller Long decir que los países se limitan a tomar esos informes”. También explica que los mismos se realizan de forma individual y luego colectiva con varias organizaciones en diversos temas. Posteriormente algunas organizaciones de derechos humanos hicieron un trabajo de incidencia ante las embajadas, y también se hizo  una visita en los períodos de apreciación en el mes de abril en Ginebra, previo al Examen Periódico Universal.

Una de las agrupaciones de la sociedad civil que presentó un informe conjunto para el EPU fue la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, misma que agrupa a 25 organizaciones de diversa índole, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP-, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la ECUARUNARI, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, la Federación de Médicos del Ecuador, la Fundación DESAFÍO, entre otras, cuyo informe incluye el análisis de la situación de ocho derechos básicos en el país.

De acuerdo a la información incluida en el resumen de los comunicados de las 50 partes interesadas para el EPU Ecuador, serían más de 80 organizaciones de la sociedad civil las que presentaron informes en el marco de dicho examen.

¿Cuál es el riesgo de que los decretos 16 y 739 se conviertan en Ley?

Que la posición oficial deslegitime a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos básicos es bastante decidor respecto al derecho que justamente se está vulnerando con la aplicación de tales decretos: el de la libre asociación. Es por ello que varias organizaciones denunciaron la situación en la coyuntura del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente acaba de entrar a la Asamblea mediante avocación de conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana para su posterior primer debate.

Ello pese a la acción de protección en contra del trámite de dicho proyecto presentada en abril por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la cual fue denegada.

Este proyecto busca, entre otras cosas, convertir en ley a los Decretos 16 y 739, con lo cual, según Juan Auz, abogado de la organización Terra Mater, “se perdería el principal argumento que tenemos desde la sociedad civil para rechazarlos, que consiste en que se está regulando un derecho fundamental -el de la libre asociación- mediante una norma de jerarquía menor, entonces eso viola el principio de legalidad”.

De hecho, esa es una de las mayores críticas de los organismos internacionales, tal como se recoge en el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27, de 2012, que en su párrafo 16 dice que “toda restricción (a derechos fundamentales) debe… estar prescrita por la ley, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión”. Asimismo, el Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, señala que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley (mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa”.

“Cuando elevas un decreto a ley orgánica, ya tienes la legitimidad y la legalidad; además de que es más difícil derogar una ley que un decreto, de hecho, un nuevo gobierno puede derogar un decreto pero no una ley”, explica Auz.

Alexandra Almeida por su parte, cree que el proyecto de ley “es nefasto, dado que eso da pie a que se cierren otras organizaciones”. Cree además que es una “violación total a los derechos que tenemos como ciudadanos y también para las organizaciones”. En ese sentido, Mauricio Alarcón expresa que “si no hubiera la intención de seguir controlando a las organizaciones a través de restricciones, ¿por qué elevar a categoría de ley una norma que, dicho por los relatores, no cumple con los estándares internacionales? Pues para dejar un blindaje que sea una suerte de amenaza a ciertas organizaciones, para que el nuevo gobierno la aplique quizá de manera selectiva”.

Según Marcelo Espinel, Director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “es necesario que las organizaciones de la sociedad civil planteen ante los legisladores que el proyecto no cumple con los estándares internacionales y que el informe que debería emitir la comisión encargada es su inmediato archivo”.

Una de las críticas respecto al incumplimiento de los estándares internacionales es que el hoy proyecto de ley contempla causales de disolución que son poco claras y se prestan a interpretación discrecional. Según el informe emitido por el Comité de DDHH de la ONU en junio pasado, “al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica, con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.

Para Ivonne Yánez, las causales de disolución “no son sólo subjetivas sino que están a discrecionalidad de los funcionarios públicos que son los que deciden cuándo las organizaciones están cumpliendo con sus objetivos, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado. Lo que buscan es amedrentar a las organizaciones, evitar que se denuncie las posibles violaciones a derechos, cuando en realidad ese es nuestro trabajo”.

Desde 2013, año en el que fue aprobado el Decreto 16, se han disuelto dos organizaciones de manera arbitraria y polémica basándose en tales disposiciones: la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores UNE. La primera acusada de atentar en contra de la seguridad interna del Estado y la paz pública, y la segunda por supuesto incumplimiento del registro de su directiva.

Otras dos organizaciones que también estuvieron a punto de ser disueltas por la aplicación de dicho decreto fueron Fundamedios, por supuestamente alejarse de sus fines estatutarios al evidenciar posiciones de carácter político;  y Acción Ecológica, la más reciente, por desviarse de los fines para los cuales fue constituida, y por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado y afectar a la paz pública.  

No obstante, estas cuatro organizaciones no son las únicas disueltas o amenazadas por la aplicación de tales decretos. En una próxima entrega Fundamedios presentará una investigación sobre cuántas organizaciones de la sociedad civil realmente han sido disueltas en el país.

 

 

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Del proceso electoral del pasado 2 de abril hay más dudas que certezas. Una serie de irregularidades manifiestas lo deslegitiman frente a una ciudadanía que reclama transparencia. Pese a que la petición general y del movimiento CREO es el reconteo de votos que toma en cuenta la dimensión física del proceso, hay cuestionamientos que derivan del plano digital e informático y que deben ser resueltos por las autoridades competentes.

Estas dudas surgen debido a la caída de la página del CNE durante media hora, entre las 18:50 y las 19:20, según reportó el monitoreo de Usuarios Digitales, contrario a la versión oficial que maneja el CNE de que solo fueron 15 minutos.

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Fuente: Usuarios Digitales.

Asimismo, los nombres de dominio de dicha página cambiaron tres veces. Aquello generó todo tipo de especulaciones que iniciaron con la idea de un apagón digital hasta las declaraciones del Presidente Rafael Correa, en las que aseguraba que la página habría sufrido un hackeo desde los EEUU, como parte de una conspiración de la derecha.

Frente a esta ola de supuestos hay que hacer varias precisiones. Expertos consultados por Fundamedios explican que la página web del CNE que muestra los resultados electorales es solo un front, es decir, es tan solo un sitio web que recibe información para el acceso público a la misma y no tiene nada que ver con el sistema que estaría generando dicha información, es decir, no tiene acceso a la base de datos generada por el CNE. Según precisaron estas fuentes, el sistema en sí funciona a través de una VPN (Red Privada Virtual), que es una red cerrada a la cual no se puede acceder por Internet públicamente.

Esta VPN es la que se usa para el sistema del centro de cómputo del CNE, y es por ello que no son erradas las declaraciones de Juan Pablo Pozo y del Presidente Correa acerca de que el sistema de conteo de votos no tiene que ver con la página web. No obstante, y pese a que Pozo declara que el conteo siguió realizándose normalmente en el Hotel Marriott, en una entrevista realizada por el portal Gkillcity a Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral, éste asegura que “no había forma de conocer qué sucedía, hasta que salieron a dar una rueda de prensa. Yo estaba en el Hotel Marriott donde instalaron el centro de transmisión de resultados y ni nosotros —ni los partidos, ni la prensa nacional e internacional— pudimos conocer qué resultados habían, peor ejercer el derecho a la defensa o al control social y político que dice la Constitución y la ley, que pueden hacer los partidos”.

Lo cierto es que hubo un vacío de información durante varias horas que debe aclararse de una forma sustentada y con pruebas. Por otro lado, algunas personas expresaban en relación al cambio de nombres de dominio que ello sería parte del fraude informático que supuestamente se habría fraguado, pues denotaría un cambio de servidor. Para alias NEO, hacker y experto informático, ello no significa per sé un cambio de servidores pero “es un indicio que se presta a dudar”. No obstante, para comprobar aquello, según Humberto Arthos, de Usuarios Digitales, se debería tener acceso a los logs, es decir, los historiales de los servidores del CNE, lo cual obviamente no se puede obtener pues no es accesible públicamente. A través de eso se puede rastrear si hubo un cambio de servidor o no. “¿Por qué cambiarían los links de acceso a la página si eso ya debía estar predefinido?”, se pregunta el experto.

Según Arthos, lo que Usuarios Digitales comprobaron es que en efecto un cambio de nombres de dominio, lo cual establecería la primera exigencia al CNE en temas digitales referentes al proceso electoral: que abra al público el historial de sus servidores y que explique el porqué del cambio de nombres de dominio en la web. Todo ello acogiéndonos al derecho a la información y al acceso a la información pública que ampara la Constitución y contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La segunda duda que debe ser resuelta por el CNE es justamente la caída de la página. Y en este aspecto hay varias inquietudes, pues cierto es que las declaraciones de Pozo acerca de la inaccesibilidad a la página del CNE debido al tráfico excesivo no son del todo erradas. Según explica Arthos, la página del CNE –al igual que varias páginas a las que no se pudo acceder ese día- usa un servicio de rendimiento y seguridad web llamado Cloudflare, el cual sirve para alivianar la carga por el tráfico de red y que el internet sea más rápido. Este servicio reportó problemas de desempeño de la red en Quito, Ecuador, el 2 de abril.

Para Arthos, ello podría deberse a que “la empresa instaló recientemente en Quito un data center, con lo cual Ecuador se convertiría en un punto concentrador de Internet”, no obstante aquello no termina de explicar la caída de la página, pues una cosa son los problemas de tráfico y otra la inaccesibilidad que se presentó desde ciertas ISP locales (proveedores de servicio de internet), ya que la página sí tenía acceso desde Claro y TvCable, y más no desde Movistar, CNT y Netlife. Además, también se podía acceder a través de VPNs (redes privadas virtuales), las cuales son redes a las que el usuario se conecta desde otra ubicación geográfica, no localmente.

Si hubiese sido netamente un problema de tráfico, como aseguró Juan Pablo Pozo, al menos todas las ISP locales hubiesen presentado la misma inaccesibilidad. Para María José Calderón, investigadora de la Universidad Internacional, lo que pasó en este caso no es un apagón digital masivo, sino que se trata de una forma sutil de bloqueo al acceso que se llama selective shutdown, en la cual solo se inhabilitan ciertas IPs: “lo hacen selectivamente. Lo han hecho países como Rusia, los países mediterráneo-árabes después de la primavera árabe, por ejemplo. Desde que empezaron hace unos cuatro años este tipo de manifestaciones a través de internet a nivel global, los gobiernos han empezado a abusar de los apagones digitales o bloqueos”.

Esto se traduce en una violación de derechos, ya que la conectividad es un derecho humano reconocido por la ONU en un informe emitido en 2011: “cortar el acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación, incluida la violación de las leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, por tanto, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

En este sentido, Calderón cree que se trata de un tema de transparencia y de gobernanza digital y esto es por lo que varias organizaciones luchan actualmente, por la garantía de la conectividad, que también está contemplada en la Constitución. “No se puede saber lo que pasó sin que nos digan dónde estaban sus servidores y para ello es necesaria una auditoría informática”, explica.

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Otro punto que llama la atención y que para el hacker Neo es fundamental, es que durante la primera vuelta, los observadores internacionales recomendaron ampliar el ancho de banda usado en la transmisión de datos por internet; sugerencia que fue acogida por el CNE, que amplió hasta cuatro gigabytes el ancho de banda, lo cual debilitaría la tesis de la caída de la web por exceso de tráfico, pues según el experto, la página estaba preparada.

Pero incluso si este argumento tuviera algo de cierto, se contradice completamente con la teoría conspirativa que presentó el Presidente Correa, cuando, a través de Twitter y varias declaraciones, incluido el enlace ciudadano del sábado 9 de abril, aseguró que la página del CNE se cayó durante el conteo de votos porque fue hackeada desde los EEUU.

Y esto asegura Neo tajantemente que es errado, pues como hacker experto, explica que es imposible detectar un país exacto de donde provienen este tipo de ataques que se llaman DDoS, los cuales buscan inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura a través de saturarlos de peticiones. Este mecanismo es usado tanto por organizaciones criminales, hackers como por gobiernos.  

La explicación es que este tipo de ataque se basa en el envío simultáneo de multitud de solicitudes para abrir la página, lo cual se consigue ya sea a través de la instalación de malwares que convierten a varias máquinas en computadores zombies que envían las peticiones, o través de lo que se conoce como Hacktivistas, que es el mecanismo que utiliza Anonimous, en el cual se centraliza el software de ataque, por ejemplo el LOIC, el cual sirve para realizar las peticiones simultáneas a través de un botnet (grupo de robots informáticos automatizados).

Este tipo de software es similar a los webhive que usan los hackers para lograr lo mismo, y que  se conectan a una red VPN, es decir una red privada que no puede rastrearse de dónde proviene. Por otro lado, los hackers se conectan al webhive desde direcciones IP que provienen de todo el mundo. El webhive puede estar alojado en un servidor en determinado país pero este simplemente replica los ataques que provienen de varios lugares, por lo que es prácticamente imposible detectar un sitio específico del que se originan.

Igualmente, si este hubiese sido el caso, tampoco se logra explicar el por qué desde ciertos ISP locales y VPN sí había acceso a la página, ya que un ataque DDoS impediría el acceso desde cualquier red o proveedor de servicio de internet.

Entonces, según Neo, la única forma comprobar las afirmaciones del Presidente, es mostrar los logs, es decir, los registros del ataque. Con lo que una vez más, se repite el requerimiento de la auditoría digital. Pero él incluso va más allá, pues cree que los datos son volátiles y pueden haber sido borrados. Para ello sugiere que se realice una auditoría forense de todo el proceso, similar a la que se hace en el caso de delitos digitales, y con auditores independientes. “Si todo está guardado y no se abre, nos perjudica a todos”, concluye.

Transparentar el proceso electoral, no solo a través de un reconteo de votos sino mediante una auditoría digital es una obligación del Gobierno y el acceso a esa información es un derecho ciudadano. Durante el último enlace ciudadano, el Presidente Correa manifestó que “si quieren una auditoría informática, entonces que la pidan”. No obstante, ello debería garantizarse con total independencia y autonomía, pues a través de ese proceso se puede legitimar los resultados de las votaciones y aclararse todas las inconsistencias surgidas a raíz de las diferencias entre los resultados presentados por el CNE, los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica, y las encuestas de CEDATOS y Perfiles de Opinión.

Caso contrario se estaría incurriendo en una violación de derechos, pues la Constitución en su Art. 18 numeral 2 establece que “en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.

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Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla en el que gobiernistas y opositores pelean por conseguir los primeros lugares en los Trending Topics de Twitter, lo cual no es más que la medición de las tendencias con temáticas específicas expresadas a manera de hashtags. Esto determinaría si tal o cual tema tiene mayor popularidad y se constituiría en una agenda digital de opinión pública que hoy por hoy se ha convertido en uno de los mayores medidores del pulso ciudadano de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, es una batalla en desigualdad de condiciones. Veamos por qué.

Desde que Twitter empieza a tener popularidad creciente a nivel local, aproximadamente en 2010, empieza a conocerse el fenómeno denominado cuentas troll, que no son más que cuentas falsas manejadas por gente con intereses que pueden ir desde el simple hecho de acosar o molestar a gente en redes, hasta mecanismos finamente elaborados para combatir lo que se considera una opinión molesta o cuestionadora del poder.

La primera investigación documentada sobre el tema se publica en octubre de 2014, cuando Fundamedios y Plan V destapan la conexión entre la Empresa Ximah Digital, representante de IMS Social Twitter en Ecuador para el pautaje de publicidad, y el Gobierno. En esta investigación se desentrañaban las conexiones directas de esta empresa con funcionarios del Gobierno y los contratos millonarios a dedo en publicidad, así como varias irregularidades en la consecución de los mismos.

Todo ello dentro de un marco de diversas denuncias de tuiteros producidas en julio de 2014, según descubrió Fundamedios y recogió Plan V: “después de que varias cuentas de Twitter críticas con el Gobierno fueron cerradas sin mayor explicación, el activista opositor Carlos Vera, @carlosverareal, confrontó a Juan Carlos Vázconez (socio de Ximah Digital) e interrogó sobre los nexos de Ximah con cuentas troll identificadas con el Gobierno como @elpatriota. El 5 y 6 de septiembre, un hacker destapó que Vásconez y personal de Ximah eran los administradores en Facebook de la cuenta El Patriota. Vásconez admitió a través de su cuenta de Twitter (@JCVascones) que Ximah creó la fan page y justificó esta acción, al tiempo que llamaba a denunciar a los trolls”.

Empieza entonces a destaparse la modalidad troll center oficialista, desde la cual, a través de un bien organizado aparataje comunicacional auspiciado y controlado por el Gobierno, se interviene en las redes sociales mediante un bastión de trolls, los cuales se dedican a amplificar y difundir los mensajes derivados de la estrategia de contradiscurso en redes, valiéndose de la respuesta masiva, el ataque, e incluso la difamación, dirigidos a lo que consideran la oposición. Y aunque actualmente se ha visibilizado una mayor agresividad con la que operan estos centros de generación de contenidos, muchas veces falsos, esto no es algo nuevo.

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Tras continuas denuncias de tuiteros acerca de cierres arbitrarios de cuentas y la masiva entrada de cuentas troll en el debate público en redes, el Portal Mil Hojas presenta en marzo de 2015 una investigación en la que por primera vez se mostraban fotografías y datos sobre el troll center ubicado en un edificio en la zona de negocios de Quito. Se destapan entonces los contratos millonarios con dos empresas pertenecientes al consultor de comunicación estratégica Amauri Chamorro, a quien se le demostró vínculos estrechos con el presidente, además de darse a conocer su relación cercana con Vinicio y Fernando Alvarado.

La forma de operar de los troll center gobiernistas desde entonces es ampliamente conocida, y a la investigación de Mil Hojas se añaden otros testimonios de gente que ha trabajado dentro de dichos lugares y que piden anonimato, quienes aseguran que todo el aparataje de los troll center es manejado desde la Secretaría de Comunicación, bajo el mando de quien fuera Secretario de Comunicación hasta 2015, Fernando Alvarado. También mencionan a Roberto Wohlgemuth conocido en Twitter como @MashiRoberto, quien según su perfil de Facebook consta como consejero de Gobierno en la Presidencia, y hasta 2014 fue delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

Entonces, en la creación, manejo y conceptualización de los troll center, estos serían los nombres clave: Fernando Alvarado, Mashi Roberto y Amauri Chamorro, no obstante, un velo de oscuridad se teje sobre estos tres personajes en relación a su vinculación directa con el manejo de dichos lugares. Lo que sí está claro es que la forma de operar -que se ha visto exacerbada en los últimos meses debido a la campaña presidencial- utiliza actualmente mecanismos usados a nivel global para posicionar hashtags, es decir, para conseguir constantemente Trending Topics (tendencias que reflejan lo que la gente está tuiteando más) en Twitter, además del uso de estos recursos tecnológicos para lo que el mismo Presidente Correa definiría en 2016 como “una batalla en redes que deben ganar”.

El llamado del Presidente a lo que posteriormente los tuiteros denominaron #GuerraEnTwitter, simplemente develó una política de ataque sistemático e indiscriminado en redes a toda persona o cuenta de Twitter que sea considerada cuestionadora del régimen. Las cartas estaban echadas. Era una guerra declarada y sus mecanismos sucios, revelados.

Posteriormente, las estrategias se perfeccionaron y lo que un día fue un batallón de trolls anónimos convocados para atacar cuentas críticas del régimen, hoy se ha convertido en un centro de comunicación y promoción digital desde redes, cuyo objetivo máximo es el de posicionar como Trending Topics (TT) diversos hashtags (HT) que no solo alaban la gestión del actual gobierno e instituciones públicas, sino que agravian constantemente a gente de oposición y actualmente, al candidato finalista de la oposición, Guillermo Lasso. Todo ello a través de la difusión de rumores, noticias falsas, injurias y demás ataques, con lo que se estaría gestando la mayor campaña sucia hasta ahora vista a través de redes durante tiempos electorales.

Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales, cree que hay una clara manipulación política en la creación de estos TT:  “desde el 2009, sobre todo en Twitter, ha existido el crecimiento de cuentas que claramente son manipuladas con el fin de apoyar a un político o desprestigiar a un oponente. El secreto a voces de la existencia de troll centers ha golpeado fuertemente el debate que se tenía en internet y sobre todo en redes sociales”.

Según María José Calderón, investigadora en temas digitales de la Universidad Internacional, ello sería un cuestionable modo de generar cambios en la intención de voto: “hay una clara vinculación entre el afecto que las personas tienen y una idea que se puede propagar de manera masiva en internet. Entonces, internet logra amplificar los sentimientos hacia tal o cual tema; los distorsiona, los destruye. Esto se ve por ejemplo cuando se enfrenta a procesos políticos que suceden en la vida real. Y eso ha influido en los últimos resultados electorales en todas partes del mundo”.

Pero, ¿cómo funciona este tipo de campaña sucia en Twitter?

Según cálculos de expertos que se pudieron recabar para este artículo, el Troll center está compuesto aproximadamente de 150 mil cuentas de Facebook y Twitter. Existen 70 mil cuentas que tienen vida propia de más de 5 años, 50 mil entre 2 y 3 años y las restantes menores de 2 años. Estos perfiles están creados para todas las audiencias, las fotos generalmente son de personas que viven en otros países. El tiempo de respuesta de un centro de este tipo frente a un comentario en contra del gobierno es de 10-15 minutos, durante las 24 horas del día.

Estos troll center maneja una estrategia denominada “Lobo”, esto quiere decir que no atacan solos sino siempre lo hacen en grupo, buscando mantener un proporcional 3 a 1. Tomando en cuenta que los troll center tienen amigos y seguidores que son reales, ya que muchos de los perfiles son de gente real, el alcance total llega aproximadamente a 6.2 millones de personas de Facebook y 1.3 millones en Twitter, lo cual comprende el 68% del total de la red de Facebook y 41% de Twitter. Por lo que su verdadero impacto está en Facebook. Desde el mes de  diciembre la participación activa de activistas de oposición ha logrado que la relación se reduzca a 2 a 1.  

Esta descripción de cuántas y cómo funcionan las cuentas troll, es posible gracias al rastreo que se puede hacer de cuentas gestionadas a través de la aplicación Tweetdeck, que permite que desde una sola computadora se pueda manejar varias decenas de cuentas.

Ahora, ¿cómo se logra posicionar un hashtag?

El posicionamiento de una Tendencia (Trending Topic TT) en Twitter no es ningún misterio, según María José Calderón, lo puede hacer cualquier persona y no hace falta tener más de diez cuentas. Como explica la tuitera alias Shababaty, quien investiga este tema, “para que un Hashtag (HT) sea tendencia, el truco es que muchas cuentas retuiteen ese HT a la misma hora exacta. Si manejas un troll center es mucho más fácil de hacer”.

Esto es porque el algoritmo de Twitter para generar TT toma en cuenta el número de HT’s retuiteados en un mismo minuto. Como explica la tuitera, “esto quiere decir si 300 personas retuitean #Loco entre 8PM y 8:30PM, ese HT tendrá menos posibilidades que si 50 cuentas retuitean #Flaco a las 8:04. Esta es una de las razones por las que un troll center posiciona más fácilmente Hashtags como TT”.

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Para Alfredo Velazco, director de Usuarios Digitales, el tema del algoritmo es un secreto propio de Twitter para que no se abuse del mismo. Sin embargo, aclara que se pueden citar algunos elementos para conseguir TT como “cantidad de tweets en poco tiempo que generan una tendencia, que las cuentas que tuiteen sobre la tendencia tengan influencia (interacciones, cantidad de seguidores, entre otros), y que no existan otras tendencias que hagan competencia. Es más fácil posicionar un día en el cual no existen tendencias apoyadas fuertemente”.

Pese a que en teoría cualquier persona puede generar un TT, este puede durar segundos, pues hace falta sostenerlo en el tiempo y es ahí en donde entra la mano de los troll center.  Según Velazco, “los mejores TT definitivamente son los orgánicos, creados de manera natural en base a un evento. Generalmente los «prefabricados» usados por troll centers duran en tanto y en cuanto les asignen sostenerlos”.

¿Cómo logran, entonces, sostenerlos en el tiempo? Allí es en donde entran las herramientas de automatización de generación de contenidos digitales, trasladadas actualmente a una estrategia de comunicación política que se conoce como propaganda computacional.

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Esta estrategia es algo que se aplica ya en el mundo entero. Existen agencias de marketing y comunicación que se dedican a ello, o bien vendiendo sus servicios, o bien instalando softwares que generan bots, es decir robots, usuarios no humanos que en Twitter funcionan como cuentas automatizadas, las cuales producen contenidos automáticamente a través de una simple programación que puede ser manejada por cualquier persona. Esta es una tendencia en crecimiento a nivel mundial y actualmente se utiliza para incidir sobre la opinión pública en temas políticos y en campañas electorales.

Según un artículo de los investigadores estadounidenses expertos en el tema, Samuel C. Woolley y Phillip N. Howard, “se discute mucho el potencial democrático positivo y de amplio alcance de los social media, pero existe otro lado más propagandístico de esta nueva tecnología (…) Los Bots -programas de computadora impulsados ​​por algoritmos diseñados para realizar tareas específicas en línea- han invadido conversaciones políticas en todo el mundo. Los bots representan casi el 50% de todo el tráfico online y representan una porción significativa de usuarios activos en las plataformas de medios sociales más populares (…). En Twitter, por ejemplo, aproximadamente 30 millones de cuentas activas son impulsadas por robots: imitan a los usuarios humanos y producen abundante información”.

Ambos investigadores realizaron un monitoreo en las pasadas elecciones de EEUU en el que descubrieron que el tráfico mayor en Twitter era a favor de Trump. Cerca de un tercio del mismo estuvo generado por bots y cuentas automatizadas, comparado con un quinto en el caso de Clinton. También determinaron que los bots publican información en Twitter al menos 50 veces al día, una norma que establecieron tras analizar la últimas elecciones en Venezuela y la campaña del Brexit en Reino Unido, según recoge un artículo de la BBC.

El caso Ecuador y la campaña sucia

A diario en Twitter se observan TT oficialistas que atacan constantemente al candidato de oposición, y que logran lugares estelares en la tendencias por encima de los TT equivalentes de la oposición. Una forma simple de darse cuenta de cuándo un hashtag en Twitter en gran parte ha sido posicionado como TT a través de bots, es observar si existen varias cuentas replicando al mismo tiempo un mismo comentario. Para este artículo se observaron tres hashtags convertidos en TT entre el 17 y el 23 de marzo: #LassoDevuelveLaPlata #LassoPrivatizador y #LassoFalsso, y se encontraron patrones similares. Cientos de cuentas tuiteando cada cierto tiempo a la misma hora -en sincronización- las mismas publicaciones, como observa en estas capturas de pantalla:

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A su vez, otra forma de comprobar que la consecución de estos TT no es totalmente orgánica, sino que gran parte es generada por un software automatizado y por un troll center que maneja varias cuentas falsas, es el análisis que publica Trendinalia, servicio global de tendencias en Twitter, en el que claramente se observa que el mayor porcentaje desde donde ha sido tuiteado, por ejemplo, el hashtag #LassoDevuelveLaPlata ha sido desde la aplicación Tweetdeck con un 81%, la cual, como aclaramos anteriormente, sirve para manejar varias cuentas automatizadas a la vez y en sincronía:

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Por otro lado, cuando se ingresa a una de estas cuentas de Twitter, se determina inmediatamente que son bots, pues no tienen seguidores mayormente, y además están enteramente relacionadas con el Gobierno, pues en general siguen a cuentas de entidades estatales y funcionarios, y han retuiteado exactamente los mismos contenidos que provienen de cuentas gobiernistas. Esto se da porque estos robots están programados para dar retuits automáticos a las cuentas seleccionadas. Además, en los ejemplos a continuación, se observa que han sido creadas en marzo de este año, con lo cual se probaría que son cuentas robots. Se puede observar también que las tres cuentas son prácticamente gemelas, las tres tuitean el mismo mensaje con el hashtag #LassoPrivatizador y retuitean una publicación de la cuenta oficial del IESS:

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Esto explica en gran medida el por qué hay constantemente TT gobiernistas o de tendencia oficialista en los primeros lugares de las tendencias de Twitter. Para Humberto Arthos, experto en temas digitales, la razón única de este posicionamiento es el aparataje de los troll centers: “tienen cientos de cuentas bots que constante y automatizadamente están haciendo hashtags cada minuto. En los servidores de Twitter, a través de sus algoritmos, esos tuits suman como tuits de verdad, y por eso es que llegan a ser trendings”.   

Esta estrategia develada no es nueva para varios tuiteros que desde hace tiempo se encuentran monitoreando y denunciando a través del mismo Twitter la censura, la manipulación de contenidos y la creación de falsas tendencias. Fundamedios conversó con algunos que prefieren el anonimato como @shababaty y @mi_rinkon, quienes se han dedicado a monitorear y observar este fenómeno a nivel local.

A diferencia de Arthos, @mi_rinkon cree que hay una manipulación más profunda de los TT y asegura que tras un monitoreo que realizó mediante este software: https://tags.hawksey.info/, llegó a la conclusión, a través de los datos obtenidos, de que se estarían perjudicando a los TT de oposición, pues según sus cuadros demostrativos, habría una inexplicable caída o desaparición de tuits en momentos en los que la gente está tuiteando continuamente.

En este gráfico se observa el monitoreo realizado al hashtag #FueraParaSiempre. La primera columna corresponde a la fecha y hora, la segunda al número de tuits registrados hasta la hora señalada en la columna 1, y la última columna corresponde a la cantidad de tuits publicados por hora, lo cual se convierte en una tendencia. Según explica @mi_rinkon, este gráfico nos indica la alteración de la velocidad de tuits/hr que es un indicativo de la alteración de tuits totalizados por el software. Es decir, aquí se detecta la desaparición de tuits en un momento determinado. En el gráfico resalta dos momentos que desaparecen tuits: De 18:37 (162 tuits) a las 18:46 (152 tuits) DISMINUYE 10 el número de tuits. De 20:45 (1190 tuits) a las 21:00 (1071 tuits) DISMINUYE 119 el número de tuis.
En este gráfico se observa el monitoreo realizado al hashtag #FueraParaSiempre. La primera columna corresponde a la fecha y hora, la segunda al número de tuits registrados hasta la hora señalada en la columna 1, y la última columna corresponde a la cantidad de tuits publicados por hora, lo cual se convierte en una tendencia. Según explica @mi_rinkon, este gráfico nos indica la alteración de la velocidad de tuits/hr que es un indicativo de la alteración de tuits totalizados por el software. Es decir, aquí se detecta la desaparición de tuits en un momento determinado. En el gráfico resalta dos momentos que desaparecen tuits: De 18:37 (162 tuits) a las 18:46 (152 tuits) DISMINUYE 10 el número de tuits. De 20:45 (1190 tuits) a las 21:00 (1071 tuits) DISMINUYE 119 el número de tuis.

Al respecto, el tuitero expresa: “¿cómo se explica que mientras los tuiteros están mandando tuits permanentemente, en vez de incrementar el número de tuits (como es la tendencia general) haya momentos que disminuyan los tuits? La única explicación lógica es que alguien interviene de tal forma que son eliminados del HT y no son contabilizados. Ese alguien, no podría asegurar quién o quiénes son, pero debe ser a los que no les conviene que un HT de oposición ocupe posiciones estelares en TT”.

De los tres expertos consultados por Fundamedios, ninguno pudo asegurar que este tipo de desaparición arbitraria de tuits en verdad ocurra o exista un mecanismo claro para hacerlo. “De poder, se puede hacer, pero eso ya implica un hacker que se meta a los servidores y ese tipo de cosas, pero no ha habido el caso en Ecuador por lo pronto, ni en la red social tampoco se lo ha denunciado”, explica Humberto Arthos.

No obstante, Alfredo Velazco, al conocer del software usado, expresó lo siguiente: “la herramienta veo que es bastante buena y almacena las tendencias, pero el análisis se debe hacer en base a los reportes que pudo generar el usuario”. Respecto al tema, Velazco también agregó que “una cosa es bloquear un contenido y otra cosa es borrarlo. Mientras no exista evidencia técnica de eliminación directamente desde el gobierno de tuits (eso implicaría un convenio secreto con Twitter o hackeo del Gobierno a los servidores de la empresa), el proceso de Twitter para eliminar contenido es básicamente en base a notificaciones apelando a sus políticas de uso (violaciones por copyright, datos personales, información delincuencial, entre otros). En cuanto a bloqueo de acceso a redes sociales o a parte de las funciones de las mismas, sí se han dado casos, incluso son casos de estudio a nivel internacional”.

Uno de estos casos se dio precisamente en Ecuador y la denuncia fue reportada por Freedom House, organización que defiende los derechos políticos y libertades civiles. Se produjo durante los disturbios sociales a través de redes por las reformas constitucionales, el 3 de diciembre de 2015, cuando varios usuarios reportaron el bloqueo de acceso a varias imágenes en Twitter. El problema fue inicialmente descartado como un fallo técnico de Twitter.

Según recoge el reporte de Freedom House, “Aldo Cassola, investigador de seguridad de red, declaró que si el performance de Twitter no estaba comprometido, esto podría ser un caso de problemas de enrutamiento o el efecto de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) a Twitter Content Delivery Network”, es decir, un ataque en el que múltiples sistemas informáticos atacan a un objetivo, como un servidor, un sitio web u otro recurso de red y provocan una denegación de servicio para los usuarios del recurso de destino. Este tipo de ataques han sido llevados a cabo por diversos actores, que van desde hackers individuales hasta crimen organizado y agencias gubernamentales. Es decir, la posibilidad de un ataque informático desde el Gobierno está abierta.

No obstante, lo que más preocupa a la investigadora María José Calderón de toda esta manipulación a través de redes es la generación de contenidos falsos,  “porque construyes información y la gente siente que ese contenido es real. Se triplica la hipótesis de que cuando uno dice algo se convierte en realidad, según la lingüística, el efecto performativo de la palabra, el cual en internet se potencia. Y esto tiene un efecto político terrible. Actualmente se observa un aumento de campaña sucia brutal y puede ser que aquello se esté reflejando en una intención de voto”.

Pero incluso quedan interrogantes sobre el uso de dineros del presupuesto estatal o incluso si se tratan de gastos de campaña (también financiadas por el Estado, se supone), que se reportan o no, pero que al final conducen a lo mismo: ¿Es lícito, es ético y es moral utilizar recursos públicos para campañas sucias?

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La operación se fue construyendo poco a poco. Desde 2001, adquirió algunas frecuencias que eran repetidoras (no matrices), es decir que su manejo tenía ciertas prohibiciones y limitaciones en cuanto al alcance del espectro.

Cuando fue presidente del Conartel se aprobó en 2007, las normas para aplicar el mecanismo de devolución de concesión y para hacer los cambios de repetidora a matriz o de matriz a repetidora. Para cambiar de propietario una frecuencia, se debía solicitar por oficio devolver la frecuencia al Estado y señalar a quién debía ser concesionada porque el nuevo concesionario le había comprado los equipos. De la misma manera, el nuevo concesionario debía solicitar que se le dé determinada frecuencia porque había comprado los equipos.

Lo mismo se debía hacer para cambiar de repetidora a matriz, ya que no se puede adquirir en partes un sistema completo, es decir matriz sin repetidoras. Sin embargo, aplicando el mismo proceso de devolución de concesión, se hacía una solicitud al Conartel y la frecuencia se convertía en matriz cuando se independiza del sistema original.

Tan escandalosa fue esta conducta que la misma Comisión Anticorrupción de la Presidencia de la República lo denunció:

El 27 de abril del 2004, se firma el contrato a favor de Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda… Como se puede observar en la resolución anterior el Consejo calificó al comprador del Equipo como prioritario, al momento de aplicar el mecanismo de Devolución Concesión; el Comprador se convirtió, de hecho, en el beneficiario de las frecuencias devueltas, situación que deja al margen a los peticionarios que solicitaron frecuencias tiempo atrás.

El Art. 247 de la Constitución Política del Estado de 1998, dice:

“Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio y televisión y otros medios. Se garantiza la igualdad de condiciones de la concesión de dichas frecuencias. Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier de forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por particulares de los medios de expresión y de comunicación social”.

En una segunda resolución signada con el Nº2702-CONARTEL-03 del 28 de agosto del 2003, en su parte pertinente señala:

“Art.2.- Autorizar a favor de la Compañía Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda. Representada por el Sr (…) la concesión de la frecuencia 93.7 para operar una estación a denominarse Bonita FM en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua y repetidoras de acuerdo al siguiente detalle…”

Con fecha 05 de mayo del 2004, el representante de la Compañía Gamboa Comunicación Total, solicitó la independización de las estaciones repetidoras de Radio Bonita FM correspondientes a las ciudades de Quito, Santo Domingo, Esmeraldas; para formar una nueva cadena como matriz en la ciudad de Quito.

El 18 de mayo de 2004 presentó un alcance en el cual solicitó que las frecuencias repetidoras de Quito, Santo Domingo, Esmeraldas, Nueva Loja, Macas y Tena, se conviertan en estaciones matrices a favor de la Compañía Gamboa Comunicación Total.

Estos cambios de matriz a repetidora y de repetidora a matriz, como ha quedado expresado anteriormente en el informe, son ilegales pues no son contemplados dentro de la Ley de Radiodifusión y Televisión y peor aún los mecanismos de Devolución Concesión que fueron calificados en las varias consultas realizadas al Procurador General del Estado.

Entre los documentos que pueden demostrar los verdaderos objetivos que motivaron estas transgresiones a la Ley, que no son otros que la venta de frecuencias, y el incremento patrimonial personal en base a la negociación de bienes de propiedad del Estado, en el caso de Radio Bonita, hemos de referirnos a un documento oferta remitido por el Sr. Luís A. Gamboa Tello, Gerente Propietario de Bonita Stereo, a la Iglesia Universal del Reino de Dios, en la que pone a consideración y venta todas las frecuencias de Radio Bonita FM, el texto se refiere a traspasar las frecuencias y los equipos, así:

“…con su matriz en la ciudad de Ambato y sus respectivas frecuencias en las provincias en los siguientes puntos del Dial, Tungurahua Cotopaxi 93.7, Chimborazo Bolívar 93.7; 106.5 Pichincha Imbabura, 106.5 Santo Domingo de los Colorados y parte de Manabí, 99.5 Esmeraldas, 102.3 Pastaza, 91.7 Morona Santiago, 106.1 Napo Tena, 106.1 Valle de Quijos El Chaco, 94.5 Sucumbíos Francisco de Orellana y 102.5 Baños Puyo.

De llegar a una negociación de esta cadena de emisoras bien organizada hace 35 años y con prestigio nacional que incluye la instalación de terrenos propios, torres con antenas, equipos modernos, etc.; el costo total del sistema Gamboa Comunicacion Total es 1 800.000 dólares americanos, (MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS) o por las tres frecuencias Quito, Ibarra, Santo Domingo, parte de Manabí y Esmeraldas el costo es de 850.000 dólares americanos, debo aclarar que la estación matriz se puede cambiar a la ciudad de Quito, lugar de su residencia, previa la autorización y aprobación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del CONARTEL, cuyas gestiones se pueden adelantar en el momento de firmar el compromiso de compra venta de las emisoras en mención.

Para cualquier información adicional y consulta sobre el particular se puede hacer con el Sr. José Luís Bolaños, persona que me representa en Quito con mi autorización y confianza”

Pese a la denuncia de clara corrupción y actuación ilegal de un alto funcionario, no se hizo nada ni administrativamente ni en cortes. Hoy por hoy Gamboa Comunicaciones es ahora parte del imperio mediático de Jorge Yunda.

EL MODUS OPERANDI

Jorge Yunda pasa fácilmente de la arrogancia y del “sí son mías y ¿qué?” a la negación de que tenga frecuencias a su nombre y asegura que sólo es un “generador de contenidos” . Lo cierto es que todas las evidencias apuntan a que se podría estar configurando el delito de testaferrismo como se ha demostrado a lo largo de estos artículos.

En las entrevistas que Fundamedios le ha realizado, el mismo Yunda ha admitido que ha ido adquiriendo frecuencias desde el 2000 y asegura (en su fase de cinismo) que se ha ido “ajustando a la ley y ha actuado de acuerdo a la temporalidad de la misma”. El señala que “antes del 2013 y de que entre en vigencia la Ley de Comunicación, podía tener si él quería y veía rentable, 24 frecuencias”. Pero como la Ley cambió, le ha tocado “ajustarse” a la misma.

En sus declaraciones, sostiene que la construcción de su emporio de frecuencias empezó con la compra de equipos, ya que la Ley de ese tiempo así lo permitía. Pero actualmente, como la ley no lo permite, ha optado por ceder sus paquetes accionarios de las empresas que maneja el grupo Canela. Ecuador Chequea verificó que Jorge Yunda aún es accionista de esta empresa junto con su madre, Beatriz Enriqueta Machado Orozco y su hermana Lilia Narciza Yunda Machado, cada una con un capital inversor de 36.947 dólares.

Dentro del grupo Canela se encuentran las siguientes empresas:

  • Lesotho S.A, Radioeventos S.A
  • Canela Business Corp
  • Radio Canela S.A
  • Telecanela S.A
  • Sonido y Energía “Sonoenergia” Cia Ltda
  • Komunikest Comunicación estratégica S.A
  • Canela Piel del Ecuador Aspengtas S.A
  • Radio Ibarra Factualti S.A
  • Radiodifusura Paraiso Radialpa S.A
  • Radio Colón C.A
  • JH Radio FM Pintractu S.A
  • Gamboa Comunicacion Total Cia. Ltda
  • Ecuaenalce S.A

Estas compañías son concesionarias de alrededor de 50 frecuencias de radio y televisión en todo el país. 

En los registros que tiene Fundamedios se puede ver claramente cómo se adquiere cada frecuencia, ya sea por compra de equipos o por arrendamiento de frecuencia.

El modo de operar es el mismo: Los primeros meses después de la venta, se mantiene como representante legal al concesionario original de la frecuencia. Luego, en un par de años, se hace el traspaso legal a uno de los familiares cercanos o trabajadores de confianza de Yunda.

En junio del 2013 se promulgó la Ley Comunicación, que impide “el oligopolio y monopolio, directo e indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico”. Esta ley busca la erradicación de la influencia del poder económico y del poder político sobre los medios de comunicación”.

 Por esta razón, Yunda ha debido modificar el manejo de sus frecuencias y constituyó varias compañías. Como es el caso de Canela Ibarra y Canela Riobamba. Como él mismo relata, a partir de vigencia de la Ley, tuvo que ceder sus paquetes accionarios a sus hermanos, a su madre, a sus hijos y a sus trabajadores, quienes rotan periódicamente como accionistas y administradores de este gran grupo de frecuencias.

Como bien, dice Jorge Yunda, sus acciones siempre se han movido al borde de la legalidad, lo que no dice es que lo hace, precisamente para burlar la Ley, seguro que autoridades venales nunca lo van a tocar por su relación con Rafael Correa.

CANELA MANABÍ: UN CASO EMBLEMÁTICO

En el tiempo que Yunda presidía el Cornatel, la empresa Lesotho S.A. compró Stereo Costazul 89.3 FM. El representante legal de esa firma era Daniel Gallegos, quien para esa época era el esposo de Paulina Yunda, hermana de  Jorge Yunda. Las acciones de dicha compañía luego pasaron a nombre de Beatriz Machado, madre de Yunda, y de Luis David Yunda, su hermano. Actualmente, los administradores de esta compañía son Beatriz Machado y Lilia Yunda Machado, hermana.

Así que Stereo Costazul 89.3 FM fue comprada mediante transferencias provenientes de Canela Guayaquil y el pago de estas acciones se realizan mediante cheques dirigidos directamente a Enrique Morlás Arteaga (+), dueño en ese entonces de Costa Azul. Es así que después del pago efectuado de la frecuencia Costa Azul, nace Canela Manabí.

Sin resolución previa el Conartel mediante oficio No. CONARTEL-SG-07 autoriza al Sr. Enrique Morlás  el cambio de nombre a “Canela Manabí 89.3 FM”, lo que fue notificado a la SUPERTEL el 13 de marzo de 2007, en el periodo de emisión de éste oficio Yunda era Director de Conartel.

Finalmente el cambio de nombre se hizo efectivo el 11 de julio de 2012 mediante resolución RTV 490-16- CONATEL-2012. El Conatel resolvió la autorización del cambio de nombre de la estación STEREO COSTA AZUL por CANELA MANABI 89.3 FM.

En conversación con Jorge Yunda, trata de explicar el paso de Costa azul a Canela Manabí con un argumento parecido a un ejercicio de pirueta legal: si se cambia el nombre de un medio, eso no significa nada…

La compra de Costa Azul se hizo a Kique Morlás. ¿Esa radio después se convirtió en Canela Manabí?

Nunca se compró fue un acuerdo que hicimos con un radiodifusor porque  así mismo tiene como 50 años de trayectoria, lamentablemente  el señor falleció preguntamos a sus herederos si querían seguir con nuestra franquicia y como manda la Ley, los herederos nombraron a una persona representante y evidentemente ratificamos el acuerdo de seguir produciendo contenidos en Manabí hasta el día de hoy.

Pero formó parte de la franquicia, por eso ahora es Canela Manabí.

Formó parte de la franquicia. Como antes Radio Centro 97.7 tenía 40 Principales entiendo que ya no lo tiene ahora tiene una radio 96.1 creo que es la que tiene 40 principales de otra  empresa, entonces, es un tema totalmente lícito. Antes se llamaba Gamavisión y ahora se llama Gama y después se llama Pepito TV sigue siendo la misma empresa jurídica no ha cambiado nada.

Al momento que se compran las acciones y empieza a formar parte el Grupo Canela, ya no es Costa Azul

Bueno no tenía acciones porque es un tema de índole personal, ahora las compañías que sí tienen acciones, también usted está en la libertad de comprar un paquete accionario si cumple con la Ley y además con la autorización  de las autoridades valga la redundancia de regulación de frecuencias, porque no es como comprar acciones en Pilsener, aquí tiene que pedir autorización al Arcotel y el Arcotel le revisa y le autoriza si usted puede ser accionista  de esta empresa. Los presidenciables acaban de anunciar las dos líneas, tanto el Sr. Lasso como el Sr. Moreno han dicho que van a vender Gama y TC, si yo me compro, ¿es un favor que hacen a mi? O estoy en la libertad y en el derecho si me conviene comprarlas o no. Pero si compra no se…

Usted está en la libertad de querer comprar, pero esa compra está prohibido por la Ley…

Pero no es un pecado, pero lo que importa es que el dinero con que usted compre es dinero bien habido o producto de alguna activida ilícita eso sí tienen que ver las autoridades

Si existen acciones en radio Costa Azul, que ahora es Canela Manabí. Están a nombre de su hermano y de su mamá. ¿La transferencia de sus acciones recién se produce cuando la Ley le obliga?

Recién el 2013 se crea la Ley hay que hablar también con la temporalidad y para que usted  pueda seguir trabajando en esta renovación de las frecuencias la Ley obligó a que se conforme una empresa porque evidentemente el Sr. Morlás ya murió, desapareció pero la ley dio 30 días si no me equivoco, el tiempo pertinente para que se conforme una empresa y puedan tener un paquete accionario desde luego que esto se hizo luego, y el paquete accionario está en libertad de poder adquirir, entiendo que adquirió alguien de los que habíamos trabajado, pero mal le podría decir ahora si sigue vigente o no ese tipo de acciones porque ahí tendría que entrevistar a esos accionistas no a mi.

Pero, ¿fue Lesotho S.A quien hizo la compra para Costa Azul?

Eso tiene que usted saber la temporalidad, antes yo como Jorge Yunda podía tener una radio en Pichincha, una Radio en Manabí, una radio en Guayas una radio en Azuay podía tener 24 estaciones de radio en todas las provincias. Viene la Ley y ya no puedo tener, entonces evidentemente que se va adquiriendo paquetes accionarios lo malo sería que al momento actual esté transgrediendo con la ley alguna de estas concesiones o compañías.

Nos hemos tenido que ir ajustando a esta situación, porque inclusive  yo tenía una cuenta de ahorros en la Mutualista Pichincha la ley fíjese que prohibieron tener cuenta de ahorros, los asambleístas iluminados de aquel entonces pero no puedo tener una cuenta de ahorros.

No puedo tener cuenta de ahorros y tener una radio, no puedo tener un restaurante y tener una radio, no puedo tener una clínica y tener una radio, entonces se ha ido cumpliendo conforme se va dando la legislación pero siempre hay que hablar con la temporalidad. Hoy por ejemplo ya no se puede comprar los equipos a una a alguien que tiene una radio a título personal, sólo se puede comprar acciones a una sociedad anónima o a una compañía limitada es decir si Gama estaría al nombre de William Isaías no lo podrían vender pero como está a nombre de una empresa si se puede vender el paquete accionario.

 

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Vínculos entre Yunda y la presidencia de la República

En los oficios emitidos por la Presidencia de la República del Ecuador de los años 2011 y 2012, se puede presenciar la disposición de la Secretaría de Comunicación (SECOM) de difundir cadenas de gobierno en la distintas frecuencias del grupo Canela, esto varía dependiendo de la provincia en la que se encuentran. Las cadenas se ven detalladas con la fecha y horario en las que serán emitidas, la duración de la misma y el tema.

 

Por otra parte, existe un documento dirigido a Fernando Alvarado Espinel, Secretario de Comunicación, de un ex funcionario de Radio Canela donde presenta incomodidad respecto a irregularidades cometidas por el Abogado Christian Hernández Yunda cuando este ejercía la Dirección General de Asesoría Jurídica de la SECOM, cargo que actualmente mantiene, en este oficio se afirma que por la posición en la que se encuentra ha tomado ventaja y se ha aprovechado de su cargo para suspender la transmisión de cadenas que se transmitirán en las estaciones radiales de Grupo Canela.

Posteriormente, y como réplica al documento, se obtiene una respuesta de Christian Hernández sobre esta afirmación, la cual él la conceptualiza como un documento “Sin valor Jurídico y fácilmente manipulable”, además acota en esta respuesta que, el ex funcionario de Radio Canela que ha hecho esta denuncia es una persona que ha sido expulsada de sus funciones por problemas de honorabilidad y honradez , lo que le define como una persona no grata y de mala calidad personal.

Finalmente y tras un memorando emitido por el Subsecretario General del Despacho Presidencial, se da a conocer que después de las investigaciones pertinentes la denuncia presentada y anteriormente detallada, concluye que no existen pruebas contundentes que determinen dicha infracción cometida por Christian Hernández. Es por esto que, al no existir una respuesta positiva que condene las ilegalidades de Hernández, el mismo ex funcionario solicita una audiencia con el Señor Presidente de la República, con el fin de tratar temas relacionados con la denuncia previa.

Así mismo, según Recepciónes de denuncias emitidos en el año 2012 por la Presidencia de la República , se conoce de algunas denuncias que se han presentado en contra de Jorge Yunda y de su primo Christian Hernández por tema de irregularidades en el manejo de las frecuencias y  por ende de las empresas de las que son representantes – Radio Canela, Lesotho S.A –  además por temas personales como despidos intempestivos.

Entrevista a Jorge Yunda: AQUÍ

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Jorge Yunda Machado fue elegido asambleísta por Alianza PAIS por el distrito electoral centro-sur de Quito. Su poder político se ha asentado en el control que ejerce de más de 50 medios de comunicación a nivel local y nacional y que sirvieron para convertirlo en una figura sumamente popular en los estratos medios y bajos de las grandes ciudades. De hecho, en su distrito, Yunda obtuvo más votación que el candidato presidencial del partido de Gobierno, Lenin Moreno.
¿De dónde nació el gran poder de Jorge Yunda quién hasta antes del gobierno de Rafael Correa era un productor de conciertos, locutor y músico con algún éxito, pero de ninguna forma el magnate de medios que es ahora mismo a escala nacional? Las fuentes apuntan a que Yunda construyó su red a través de su cercanía con Rafael Correa, a quien apoyó en la primera campaña presidencial de 2006. Para Jorge Yunda, efectivamente, esta ha sido «la década ganada». Pero vamos por partes.
LA CONFESIÓN
Fundamedios difundió el 18 de febrero las vinculaciones del entonces candidato a través de familiares y funcionarios de sus empresas con al menos 35 medios de comunicación. Esta situación significa una clara violación a la Constitución, que en su artículo 113, numeral 1, prohíbe ser candidato a una dignidad de elección popular a quien tenga contratos con el Estado en áreas como la prestación de un servicio público, como fue declarada la comunicación.
Sin embargo, Jorge Yunda se siente poderoso y actúa como alguien sabe que las leyes no lo alcanzan. Así, pocos minutos después  de la publicación de la investigación de Fundamedios que reveló sus nexos con 35 medios de comunicación, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que maneja esos medios y varios más: «Fundamedios se equivoca no son 35 son 50», «La publicación de Fundamedios está mal, les falta RTU Cuenca, le falta Canela Quevedo le falta Hoy la radio Quito, o sea está incompleta», «Quisiera que alguien diga si alguna frecuencia es mal habida o robada! Ahora ser emprendedor y generar plazas de empleo ha sido malo».
El manejo de RTU Cuenca fue desmentido por los directivos de esa cadena televisiva.
Con el mismo desparpajo reaccionó otro funcionario público que, veremos más adelante, es una pieza clave de toda la trama: el Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), dependencia de la Presidencia de la República, Christian Alberto Hernández Yunda. Hernández, primo de Yunda, escribió en la cuenta de Facebook de un comunicador que compartió la investigación: «Les falta Canela Quevedo». En otro de sus comentarios aseguró que el problema «no es la concentración de medios, sino que el problema es el monopolio de audiencia»  y hasta amenazó a la usuaria que había compartido la información: «Yo no sé si a Hermel le gustaría. Saludos pero deje de sufrir que le hace mal a su salud».
Christian Hernández es un funcionario cercano a los ministros Fernando y Vinicio Alvarado Espinel. La familia de estos funcionarios fue propietaria de la radio que ahora se hace llamar «Canela Quevedo» e históricamente fue Ondas Quevedeñas. Además, a pesar de ser funcionario público, se ha mantenido como mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela.
Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel, cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida de esta institución comenzó a trabajar en la Secom y desde esa entidad que ejerce un gran poder público sigue operando para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo.
Existe un episodio que retrata bien cómo Christian Hernández Yunda sigue operando para su primo desde la función pública: en 2011 manda un mail a todos los directores de las Canelas que operan en casi todas las provincias del país, para ordenarles que no se adhieran a las cadenas nacionales del gobierno, pues eso les quita rating: «Según uds, y no lo dudo, no se enganchan nadie más que Canela y Radio Pública en donde hay cobertura de esta, entonces, aunque resulte un tanto riesgoso, por proteger nuestra audiencia es necesario dejar de transmitir las cadenas, salvo el caso en el que logre detectar que existe monitoreo certero de la SUPERTEL y les comunique vía correo «ESTA VEZ TENEMOS QUE ENGANCHARNOS VAN A MONITOREAR».
Nótese como Christian Hernández Yunda, funcionario de la SECOM, habla en primera persona y les da instrucciones concretas a los directores de los medios de su primo que desobedezcan a la SECOM y la forma de hacerlo. Esto fue denunciado a la Presidencia de la República, Sin ninguna consecuencia, como se puede observar en el infográfico.
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EL INVIERNO YA ESTÁ AQUÍ
 
¿De dónde proviene el poder de Yunda Machado? ¿Cómo pasó de locutor y cantante de grupos de música popular a mega empresario de los medios de comunicación? La respuesta hay que buscarla al inicio de la campaña electoral que llevó al poder a Rafael Correa y Alianza País en el 2007.

Según diversos testigos y fuentes que pidieron la reserva, Rafael Correa fue a pedir ayuda en la producción de varias cuñas radiales que tuvieron alto impacto. En esos encuentros y largas jornadas de trabajo participaban Juan Carlos Toledo, Esteban Mendieta y Vinicio Alvarado Espinel y locutores como Nick the Hitman. Los resultados se pueden escuchar y ver en los siguientes links.

La relación se mantuvo y se estrechó en la campaña electoral de Alianza País para la segunda vuelta electoral, en la que Correa venció al empresario Álvaro Noboa. ¿La paga para este invaluable servicio para que la Revolución Ciudadana llegara al poder? Yunda fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel). Estuvo al frente de esa institución desde el 23 de enero de 2007 hasta el 6 de enero de 2009, cuando renunció.
En un comportamiento que se vuelve una constante, antes de hacerse cargo del Conartel, Jorge Yunda informó a esta entidad que su primo Edison Hernández Yunda se encargaría del manejo de sus radios. Una vez que dejó el Conartel, pasó a tener al menos 50 frecuencias, que maneja directa e indirectamente, según su propia confesión. Testigos afirman que la relación entre Yunda y el Presidente Correa era tan cercana que muchas veces el Mandatario llamaba al celular de Yunda cuando este dirigía el Cornatel para darle instrucciones sobre a quién debía dar frecuencias, a quién debía sancionar o a quién retirarle concesiones.
Fundamedios contactó a Jorge Yunda. En la entrevista, que reproducimos a continuación, él confirma esa relación cercana con el Mandatario y que haya trabajado en sus campañas de 2006 y del 2009.
Quisiera saber si usted colaboró en la campaña de 2006 con Rafael Correa, de alguna manera en la publicidad.
En la primera y segunda vuelta como millones de ecuatorianos, por eso tuvo la votación y el respaldo popular de ganar las elecciones.
Como usted es un generador de contenidos y eso está claro, entonces quisiera saber si aportó con contenidos para la campaña con cuñas publicitarias.
En el 2006 si, fuimos nosotros diseñadores de algunas cuñas radiales. Nosotros comenzamos al tema de la sabatina, fue hecha antes que gane las elecciones, donde hacía un programa los días sábados evidentemente con la colaboración del público con algunos segmentos con los que estábamos nosotros realizando varios artistas que colaboraron en ese entonces si era un programa que además no impedía la ley de hacer ese tipo de programas.
Spots y cuñas publicitarias, no solamente las sabatinas.
De las cuñas si, tuve la oportunidad de participar como creativo en varias cuñas publicitarias como creativo si por supuesto.
Después de esto, fue su llegada al Conartel. Se podría considerar como un pago por el aporte que usted hizo en la campaña.
No, es un pago ir a una función pública porque, en este caso yo de ganar dinero iba a perder dinero porque iba a dedicar mi tiempo que utilizo haciendo dinero como empresario a estar sirviendo al pueblo ecuatoriano. En el Conartel acepté el trabajo por que regulaba los contenidos y ahi pude eliminar la publicidad de los cigarrillos de la radio y televisión ecuatoriana, esa publicidades dañinas en mi punto de vista como médico logré erradicar. Esa fue una contribución mía por un año y once meses que estuve ahí en esa desaparecida institución llamada Conartel.
LOS HOMBRES DEL REY
 
En el equipo de campaña que se armó alrededor del naciente imperio Canela se encontraban locutores y creativos que en ese tiempo trabajaban para Jorge Yunda en el grupo Canela. Un ejemplo es Luis Florencio (+), conocido como Florencio «El Bambino». Él trabajó hasta el día de su muerte en Canela Guayaquil, donde conducía el programa «Radiación Temprana». Florencio fue la voz de todas la cuñas publicitarias de las campañas de Correa de 2006 y de 2009.
Otro de los creativos fue Javier Acurio, destacado productor, locutor, animador y humorista. Colaboró en la creación y producción de los spots para la campaña electoral de 2006.
También está relacionado el hermano de Jorge Yunda, Ney Enrique Yunda Machado (+), más conocido como «Maricontreras». Él era propietario de Radio Canela en Riobamba y se desempeñaba como director creativo nacional de corporación. Junto a su hermano aportaron con el diseño de una campaña radial para el presidente Rafael Correa en las elecciones del 2006.
El mismo equipo trabajó en 2009, en la primera reelección de Rafael Correa, para desarrollar varias cuñas publicitarias, que en su tiempo fueron reconocidas por su creatividad y alto impacto.
Según testigos, Jorge Yunda trabajó entre 2007 y 2009 con la Presidencia de la República mediante un intermediario. Realizaba los resúmenes de las sabatinas que eran transmitidos los martes. Durante este tiempo, Yunda era presidente del Cornatel.

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Varias empresas de cartón, dos televisoras, un magnate de medios y un binomio presidencial, son los componentes de un caso de corrupción que relaciona al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y al mexicano Remigio Ángel González, conocido como “El Fantasma”, dueño de cinco estaciones de TV, diez de radio y dos periódicos en Ecuador, quien habría financiado de forma ilícita las campañas del candidato por el Partido Patriota (PP) de Guatemala, entre 2008 y 2011.

Detrás de esta movida ilegal de dineros hay todo un entramado que forma parte del caso llevado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de dicho país como “Cooptación del Estado”, en el que gracias al trabajo de la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG), se develó un esquema de sobornos y coimas para favorecer con contratos del Estado a varias empresas.

Pérez Molina ha sido acusado de liderar junto con su ex Vicepresidenta, Roxana Baldetti, una estructura criminal que se encargó de cooptar financiamiento ilegal para su campaña, cuyo beneficio para los financistas se traducía en posteriores contratos con el Estado, una vez ganada la Presidencia; además de subsiguientes millonarias coimas para la continuidad en la adjudicación de tales contratos. Este proceso se suma a otro juicio que libran por el caso de “La Línea”: una red criminal que involucra a varios funcionarios estatales, quienes recibieron sobornos a cambio de la reducción de impuestos para empresas importadoras entre 2012 y 2015, año en el que los dos funcionarios renuncian y son apresados.

Ambos casos se traducen en el escándalo de corrupción más grande que se ha registrado en varias décadas en Guatemala y que podría dar pistas de cómo funcionan estas organizaciones criminales desde el poder. Además de traspasar fronteras, ya que su desentramado también podría revelar la forma de operar de un tipo de actividad fácilmente replicable en otras latitudes.

Las pruebas

Durante la etapa procesal del juicio en contra de Pérez Molina por dicho caso, la CICIG presentó en junio de 2016 una serie de pruebas entre las que constan los documentos que confirmarían el esquema de corrupción con el que operó la financiación ilícita de la campaña del binomio Pérez Molina/Baldetti, por parte de “El Fantasma”. Estas pruebas involucran al exfuncionario en los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según el art.21 de la Ley Electoral de Guatemala, las contribuciones a candidatos no pueden ser anónimas y deberán canalizarse por medio de las organizaciones políticas, las cuales tendrán que llevar un registro público de todas las contribuciones que reciban. El financiamiento desde las empresas del Fantasma no fue declarado, ni público, ni canalizado por el PP.

El hoy develado esquema de financiación ilícita es simple: Roxana Baldetti, candidata en 2011 a vicepresidenta por el PP, conformó cuatro empresas de cartón (que no tienen actividad comercial real): Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer. A través de ellas, recibió entre 2008 y 2011 supuestos contratos de publicidad por USD 2,3 millones de Radiotelevisión Guatemala Canal 3 y Televisiete Canal 7, ambas televisoras propiedad de Ángel “El Fantasma” González.

Emisión de cheques
Lista de cheques emitidos entre 2008 y 2011 por Radio Televisión Guatemala y Televisiete a favor de las empresas Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, por montos que suman una cantidad idéntica en cada documento y dan un total de USD2.3 millones.

El pago por servicios falsos es fácilmente determinable analizando los montos de los cheques emitidos por ambas televisoras, pues son exactamente iguales durante los cuatro años: 215.600 quetzales o 205.975 quetzales, y cuyos beneficiarios son siempre una de las cuatro empresas de Baldetti, cuyos únicos clientes son Televisiete y Radio Televisión Guatemala. Además, fueron expedidos los mismos días de cada mes en ambos canales.

cheque RTVGuatemala-Urma dorso
Cheque de 215.600 quetzales expedido por Radio Televisión Guatemala, cuyo beneficiario es Comercial Urma.
Cheque de 215.600 quetzales expedido por Televisiete, cuyo beneficiario es Publicmer.
Cheque de 215.600 quetzales expedido por Televisiete, cuyo beneficiario es Publicmer.

La investigación determinó varios patrones que se repiten en las facturas emitidas por tales empresas: el registro con datos idénticos en cuanto a cliente, descripción del servicio y valor, con una periodicidad y valores constantes.

Factura Publicmer-Televisiete Factura Publicmer-RTVGuatemala 2Factura Publicmer-Televisiete 3

Incluso servicios distintos tienen el mismo valor el cual ha sido calculado para recibir mes a mes la misma cantidad.

factura Urma-RTVGuatemala Factura Urma-Televisiete 4

Cuando el binomio del PP asume el poder,  los dos canales de televisión son beneficiados con contratos con el Estado por más de USD 13.5 millones por pautaje entre 2012 y 2015, de un total de USD 15.9. Es decir, más del 69% del total de la publicidad estatal.

contratacion con televisoras

Con el dinero ingresado a las empresas de Baldetti por supuestos servicios contratados por los canales de TV del Fantasma, se compraron varios automotores y se cubrieron gastos diversos, con lo que se cierra el círculo del lavado.

Tabla de compra de vehículos. Fuente: CICIG.
Tabla de compra de vehículos. Fuente: CICIG.
gastos dinero financiamiento
Tabla de gastos realizados con dinero Televisoras. En el cuadro naranja se observa que la mayor parte de gastos se realizaron entre 2008 y 2011. Fuente: CICIG.

Dado que el modus operandi de “El Fantasma” es tener sus empresas a nombre de testaferros, dichas televisoras estaban a nombre de su esposa Alba Lorenzana. Por ello es que luego de abrirse el caso, la Interpol emite una orden de captura internacional en contra de Lorenzana, quien hasta la actualidad se encuentra prófuga.

Para el periodista guatemalteco Gustavo Berganza, según narra el diario Reforma, “el éxito del empresario mexicano (El Fantasma) se explica por el apoyo financiero que brinda a los candidatos que se perfilan ganadores a la presidencia guatemalteca, así como a las relaciones que históricamente ha construido con el poder”.

Desde los años 80, González trabajó en la venta de contenidos de Televisa desde Guatemala, en donde basó su imperio mediático con cercanos vínculos al poder de turno. Ya en los noventas, poco a poco compró todos los canales de televisión abierta guatemaltecos, y se dedicó a financiar campañas presidenciales. El siguiente paso fue expandir su monopolio por Centroamérica y posteriormente, a Sudamérica.

Pese a los visibles tentáculos del Fantasma González en este caso, nada se sabe de él -como es usual- aunque en una entrevista reciente a Otto Pérez Molina, durante el receso del juicio por el caso “La Línea” en febrero pasado, declaró que lo conoce desde que fue jefe del Estado Mayor en el Gobierno del presidente Ramiro León, es decir, desde 1993.

En la misma entrevista negó conocer acerca de las empresas de Baldetti, sin embargo aclaró que “lo que ahí está facturado es por pago de unos servicios que supuestamente le están prestando a ellos y eso habrá que demostrarlo, pero eso tendrá que ser en el juicio, yo no puedo adelantar nada, porque esto está ligado al proceso como uno más de los grupos que fueron señalados como financistas del partido en la campaña del 2011”.

También expresó que no estuvo cerca de tales empresas, y que “tendrán que responder las personas que son las que estaban en esas empresas y si verdaderamente el dinero iba para el funcionamiento del partido”.

Hasta el momento, por el caso “Cooptación del Estado” están sindicadas 55 personas, entre ellas, varios exfuncionarios del Estado, miembros del PP, contratistas y financistas. La etapa procesal continúa y aún no se ha dictado sentencia.