El pasado 28 de octubre de 2013, representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una serie de violaciones a las libertades de expresión y asociación a la que están expuestos periodistas, dirigentes sociales y ciudadanos en general, a la vez que realizaron un pliego de peticiones al Organismo.Los peticionarios solicitaron en primer lugar que la Comisión concrete una fecha para la visita, in loco, al país para que conozcan de primera mano el grado de deterioro de los derechos humanos en el Ecuador.
Solicitaron que la Comisión elabore un informe especial sobre la situación de los DDHH y la democracia en el país, con el objetivo de que se formulen recomendaciones al Estado para garantizar el pleno respeto y protección de los derechos fundamentales del ser humano y la institucionalidad democrática.
Los peticionarios instaron a la Comisión a realizar una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana acerca del derecho a la libertad de expresión, en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana los siguientes aspectos:
- Que los Estados a través de una ley obliguen a los medios a publicar información que consideren de interés público, y prohíban publicar información que éstos no la consideren como tal;
- Que una ley imponga un funcionario estatal en la sede de los medios de comunicación para verificar que los contenidos se adecúen a las normas vigentes; y
- Que una norma prohíba a los medios difundir información que potencialmente pueda desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
Los peticionarios solicitaron que se realice una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana en relación al derecho a la libertad de asociación, y la compatibilidad con la con la Convención Americana en los siguientes puntos:
- Que se establezca una obligación general a todos las formas de organización, de hecho y de derecho, de obtener un registro estatal para poder operar “legalmente” en el país;
- Que a través de una norma se obligue a las organizaciones a admitir a cualquier ciudadano en condición de miembro, sin que exista la posibilidad de que estas puedan negar el ingreso; y
- Que una norma avale la posibilidad discrecional de un Gobierno de disolver una organización cuando, por ejemplo, realice incidencia en políticas públicas o alterar la paz pública.
Finalmente se pidió que la Comisión preste especial atención a los casos de líderes sociales, dirigentes indígenas, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, periodistas y ciudadanas perseguidos, que han sido enjuiciados y sentenciados por ejercer sus libertades, para que oportunamente se les otorgue medidas cautelares para preservar su integridad personal y sus derechos fundamentales. Además invita a este organismo internacional a realizar una vigilancia especial sobre las posibles represalias del Gobierno hacia los peticionarios de la CIDH.
La delegación de expositores estuvo integrada por: Carlos Castellanos, representante de la Confederación Unitaria Minorista y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE), Mariana Pallasco, titular de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Carlos Pérez, principal de la Ecuarunari, la abogada María Dolores Miño, además, los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano.
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