Ecuador, 04 de abril de 2024.- Vemos con alarma como en los últimos meses, mientras se multiplican los ataques y amenazas del crimen organizado, los funcionarios públicos y autoridades se han dedicado a promover su verdad como la única y a calificar como falsas a las informaciones de los periodistas y actores de opinión que los exponen, denuncian o cuestionan. Se trata de prácticas antidemocráticas y generalmente violentas que denunciamos con rotundidad.
El objetivo de estos funcionarios y autoridades, que incumplen sus deberes de garantía y protección del trabajo de la prensa, es imponer una visión única sobre los temas delicados de alto interés público. En una sociedad democrática debe haber pluralidad de voces por lo que los medios y periodistas están llamados a contrastar la versión oficial, que no deja de ser una versión, importante, pero no única de la totalidad de un hecho.
Citamos algunos hechos: El 3 de abril, el Municipio de Quito emitió un comunicado tras el aluvión que afectó al sector de La Gasca. En total se contabilizaron cuatro personas heridas y un fallecido. Sin embargo, en medio de la situación tan delicada, hicieron un recordatorio a que los medios de comunicación difundan “únicamente información oficial proporcionada por el Municipio”. En el chat de prensa, además, indicaron que “la relevancia informativa recae sobre las acciones que realiza el Municipio”.
Tras la crisis diplomática desatada por el Gobierno de Noboa al asaltar la embajada de México en Quito, se difundió un oficio de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informando que queda prohibido la operación desde y hacia México de todas las aeronaves privadas de matrícula nacional y extranjera. Horas después, el DGAC dijo que la información era falsa y reiteró “informarse por canales oficiales”. Sin embargo, Roberto Luque, ministro de Obras Públicas explicó que el documento en efecto sí existió, pero fue emitido sin autorización y de manera “errónea” indicaron que era falso. Luque, como autoridad rectora, indicó que el documento queda “insubsistente” y sin validez y han pedido la renuncia a los responsables.
Las instituciones lamentablemente han normalizado prácticas nocivas y riesgosas para la democracia e incluso las utilizan como una forma de esconder sus acciones.
Estas, y otras que hemos reportado por parte de las situaciones públicas, se convierten en medidas que buscan la censura. Se ha vuelto común y cada vez más frecuente que las direcciones de comunicación y los actores políticos etiqueten los contenidos periodísticos como falsos con letras rojas y grandes sin presentar ninguna evidencia de la falsedad que alegan. En general, utilizan este recurso porque lo expuesto no es del agrado de las autoridades.
El 21 de marzo, la Asamblea Nacional marcó con una etiqueta de falso a una nota periodística publicada por diario Expreso en la que se refiere a la imposibilidad que ha tenido este mes el Legislativo para aprobar una nueva resolución de respaldo a la fiscal general, Diana Salazar. También, el Legislativo colocó el mismo sello de falso a un artículo de opinión. Además, se tildó como “desinformación” a estas publicaciones e instaron a la ciudadanía a informarse “solo a través de medios oficiales”, en un intento por deslegitimar al trabajo periodístico y atentando contra la libertad de expresión amparada en instrumentos internacionales, que como institución deben conocer, cumplir y garantizar.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, también se unió a esta práctica nefasta y compartió imágenes de una nota de Ecuavisa con una etiqueta “desmintiendo la desinformación”. Lo hizo el 1 de abril de 2024 , tras la publicación de la Fiscalía sobre un tuit de un usuario que comentaba una noticia del medio Ecuavisa. Kronfle comentó: “¡Basta de mentiras! La propia Fiscalía lo desmiente publicación presentada en Ecuavisa”. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que el Falso no estaba dirigido a la noticia sino al comentario de un usuario sobre esta.
Este 02 de abril, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, tildó de “Fake news” a una nota publicada por el periodista Martín Pallares en diario Expreso, en la que se refiere a un supuesto tuit, que atribuye a Torres, en el que habría elogiado y defendido a Pablo Muentes, exasambleísta socialcritiano, hoy involucrado en el caso ‘Purga’. ‘Esteban Torres mintió sobre Pablo Muentes y no pasa nada’, se titula el artículo de Pallares en el que el columnista de Expreso se refiere a un tuit de Torres —que habría publicado en abril de 2023— en el que habla de su excompañero de bancada. El tuit en este momento no existe. Tras esta publicación, Torres reaccionó en su cuenta personal de X aseverando que se trata de un ataque al Gobierno. También insinuó que el periodista escribía sus notas, columnas y reportajes bajo ciertos “incentivos”.
Estas actuaciones no son recientes y se remontan a gobiernos anteriores. El 14 de noviembre de 2023, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia marcó como “noticia falsa” un reportaje de Diario La Hora sobre las condiciones e índices de pobreza en el Ecuador. Entonces se publicó en la cuenta oficial que el titular y el contenido consisten en “manipulación informativa”. La Hora publicó el reportaje titulado “El Gobierno saliente deja más ecuatorianos empobrecidos”, que explicaría que el presidente Guillermo Lasso y su gobierno dejaban un país en que los porcentajes de pobreza no han disminuido, sino lo contrario: “El Gobierno […] deja un país cuya pobreza no ha disminuido. Este 2023, la pobreza a escala nacional se ubicó en 27% y la pobreza extrema en 10.8%. En 2022 la[s] cifras fueron de 25% la pobreza y la pobreza extrema se ubicó en 10.7%. A esto se suma que el empleo adecuado no llega a los niveles prepandemia”.Tras ello, la Secretaría de Comunicación dedicó un post en la red social X para asegurar que al medio “se le olvidan las cifras con las que Lasso recibió al país: en diciembre de 2020 la pobreza estaba en 33%, en 2021 se habría logrado una reducción hasta alcanzar el 27.7%, mientras que en 2022 se habría llegado a un 25,2%, y el incremento del porcentaje en 2023 sería “ligero”, y llegaría a un 27.0%”. La publicación de La Hora fue utilizada también por simpatizantes del correísmo para atacar al Gobierno, pero también para agredir a la prensa.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco se quedó atrás. En un inadmisible e infructuoso intento de controlar la verdad frente a las publicaciones de medios periodísticos, el CNE, por segunda ocasión, calificó contenido del Diario La Hora, de Quito, como falso. El viernes 1 de septiembre de 2023, el organismo electoral intentó descalificar el trabajo periodístico que informaba que ingresaron al Tribunal Contencioso Electoral 10 denuncias que piden revisar la decisión del Consejo en torno a la anulación de las elecciones en el exterior. El CNE colocó el sello de falso sobre una captura de la noticia que advertía que el “CNE repetirá elecciones sin sustento legal”.
El 14 de julio de 2023, el Consejo Electoral también marcó con el sello de falso a una caricatura del mismo medio y señaló a su contenido como “descontextualizado y falto de contrastación”. La caricatura se realizó tras las denuncias de los excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los videos promocionales que se realizaron en las elecciones de febrero de 2023, y que, a decir de ellos, habrían sido editados por el CNE, con excepción del video de los candidatos correístas.
Fundamedios rechaza el uso del término “FALSO” como una forma de deslegitimar el trabajo periodístico y considera que la acción se vuelve aún mas grave porque proviene de instituciones públicas, sujetas al escrutinio permanente de la prensa y la ciudadanía. La organización considera que existe un abuso del discurso de atribución de la “verdad” por parte de varias instituciones y actores de alta exposición pública. Los funcionarios, autoridades, y cualquier persona a título personal puede solicitar la rectificación o ejercer el derecho a la réplica respecto de la información que le concerniere y fuere imprecisa o inexacta, pero atacar de este modo y calificar directamente de falso al contenido de los medios de comunicación es un grave precedente en contra del ejercicio periodístico.