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Este lunes, 11 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, se reunió con la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, con la finalidad de contar con acciones que ayuden a avanzar en el caso de asesinato y secuestro de Javier, Paúl y Efraín. 

César Ricaurte, director de Fundamedios señaló que la Veeduría Ciudadana se conformó con la finalidad de lograr que el avance en el caso de secuestro y asesinato del Caso Nos Faltan 3 no quede en la impunidad, considerando que no han existido avances por parte de la Fiscalía. 

Ricardo Rivas manifestó que han pasado 3 años desde que se desarrollaron los hechos de un caso que trascendió fronteras, sin embargo desde Fiscalía no han existido avances en los procesos. Han existido distintos obstáculos como cambios de Fiscales, en el último cambio realizado, se designó a un Fiscal que no tiene experiencia en casos de delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que de la reunión mantenida entre la Veeduría y la Fiscalía, esta entidad señaló que el Estado no ha entregado la información necesaria para avanzar en las investigaciones debido a su clasificación como reservada, pero se deben considerar trabajos de investigación periodística, así como se ha hecho en otros procesos de alta relevancia para el Estado.

Rivas también manifestó que después de 3 años no existe un solo detenido en el caso; órganos internacionales realizaron recomendaciones a los Estados, sin embargo la respuesta del Estado ecuatoriano se centró en que dicho informe no era vinculante. Reiteró que la finalidad de esta reunión y de las acciones de la veeduría es poder llegar a tener justicia en el caso.

La Presidenta del Consejo de la Judicatura señaló que desde el Consejo se hará un acompañamiento del caso dentro de sus atribuciones legales y con respeto a la autonomía de otros organismos del Estado. 

Esta Veeduría Ciudadana agradece la apertura brindada por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, y continúa dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a las cartas enviadas desde noviembre de 2020.  

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Ecuador, 07 de enero del 2021.  La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe no vinculante por el cual sugiere al Pleno ratificar los textos aprobados a las reformas a la Ley de Comunicación respecto de los artículos 5 y 44.1, tomando en cuenta que se ajusta a lo que determina la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales que Ecuador ha ratificado sobre derechos humanos.

El Ejecutivo en el veto parcial propuso a la Asamblea Nacional que las personas naturales sean consideradas medios de comunicación, por lo tanto, objeto de regulación. El Ejecutivo consideró que el concepto de medios de comunicación aplicado en el artículo 5 de la Ley, se limita a la actividad comunicacional que desarrollan los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, medios impresos y audio o video por suscripción y  que las tecnologías de la información y comunicación rebasan los medios tradicionales; por lo tanto, debe entenderse que los medios de comunicación no son otra cosa que mecanismos aptos para transmitir, divulgar y difundir información.

“Para efectos de esta Ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma establece y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población”, planteó el Ejecutivo.

En el análisis de esta objeción parcial, los parlamentarios mencionaron que las observaciones planteadas por el Mandatario no son claras ni precisas. En su fundamentación incluye la regulación de las plataformas digitales, cuando se debe entender que son medios alternativos de comunicación con inmediatez increíble y tienen un rol fundamental, por tanto, en su momento, en un amplio debate con la sociedad se determinará su correcto funcionamiento, dijeron.

Así mismo, los asambleístas Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, Ximena Chactong y Jaime Olivo recordaron los criterios de diferentes actores a nivel nacional quienes expresaron que la comunicación no es un servicio sino un derecho, por tanto, la libertad de expresión y pensamiento deben ser respetados, razón por la cual el Estado no debe restringirlo.

“Necesitamos una comunicación libre, incluyente, plural y participativa como parte fundamental del ejercicio democrático”, dijo Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.

En este marco, la mesa legislativa sugiere al Pleno ratificar el texto del artículo 1 que sustituye el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación que hace referencia a los medios de comunicación. Para efectos de esta ley, se considerarán medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. Para el efecto no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado.

También, plantea ratificar el artículo 44.1 del sistema de comunicación social, por el cual se determina que es el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica, a través de medios impresos, radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

El presidente de la República, Lenin Moreno, el pasado 5 de enero, vetó parcialmente los dos artículos que reforman a la Ley de Comunicación, donde plantea la incorporación de las plataformas digitales como medios de comunicación objeto de regulación.

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Cristobal Numez fue uno de los primeros radiodifusores de Manabí. 

Un viaje de estudios a Colombia en los años 60 ‘s le sirvió de inspiración a Cristóbal Numez Márquez (+), para que regresara al país con la visión de poner el primer canal de televisión en Manabí. Era conocido por andar de loma en loma con la antena para captar la imagen de televisión en Chone. Y lo logró. Se convirtió en el pionero en ese campo. Así, empezó su curiosidad por los medios de comunicación y la radiodifusión,  el 18 de diciembre de 1978,   firmó  el contrato de concesión de la frecuencia 98.5 de la estación de radiodifusión denominada Radio “Al Dia”, en la ciudad de Chone. Se inició con unos tocadiscos, programaciones musicales, y locuciones en vivo. ‘Paco’ como también lo llamaban adquirió poco a poco prestigio. Tiempo más tarde en 1987, en cambio, la radio migró al dial 96.5 y mantuvo el mismo nombre. 

Hasta que finalmente el 13 de diciembre de 1999, se dio el contrato modificatorio de cambio de frecuencia al dial 102.1 con el nombre de Radio «Romance» el cual conserva hasta la actualidad. 

«Ese fue uno de los hobbies de él, ser un radioaficionado le gustaba la tecnología, los medios de comunicación, instalar antenas, fabricar torres, transmisores, traía equipos de Estados Unidos y vendía», recuerda su hijo Harry Mac Numez, quien siguió sus pasos. 

Harry Numez Figueroa sentado en la silla de controles junto a su hermano Fred Karol. 

En la familia todos se involucraron con el trabajo radial, su hermana Ivonne Numez, en cambio, tuvo un programa de música donde entrevistaba a figuras de la época. 

Ivonne Isabel Numez, la mayor de los tres hermanos. 

El 6 de noviembre de 2015 su padre Cristóbal Numez Márquez, falleció y  fue entonces cuando la radio quedó a nombre de su esposa, Esperanza Figueroa, quien continuó con la administración de la frecuencia.  “Después la radio pasó a ser más automatizada y digitalizada con la llegada de la tecnología y la computadora (…) Ahora con la pandemia ya no tenemos programas musicales porque se evita que la gente esté en la radio, solo se realizan noticias en la mañana. Queda la radio automatizada con programaciones pregrabadas las 24 horas”, cuenta Harry Mac. 

Esperanza también es amante de las cabinas y micrófonos. 

En el fallido concurso de 2016 participaron para renovar la frecuencia,  “no nos dieron paso, pero apelamos y obtuvimos una recalificación”. Numez recuerda que en aquel concurso, la Corporación Manabita de Radio y Televisión S.A. COMARVISA empresa constituida en 1993 en Portoviejo concesionario de Radio Marejada, Televisión Manabita, y Diario El Manaba, también concursó por el dial 102.1. Además,  en el concurso de 2016 la empresa estuvo involucrada en un caso de tráfico de frecuencias, de hecho, Tulio Oldemar Muñoz, su accionista estuvo en prisión por pedir coimas a ejecutivos de radio y TV a cambio de la promesa de asignación de frecuencias.

“Ahora en la actualidad volvemos a participar y ¿cuál es la sorpresa? que en el dictamen jurídico salimos como que no cumplimos con los parámetros. Se apeló el dictamen, aunque en la primera resolución nunca explicaron cuál era el motivo del no cumplimiento”, dice Harry Numez Figueroa, hijo de Esperanza Figueroa y quien ahora se encarga de la radio, además y señala que ARCOTEL no aceptó la apelación. Es decir, radio Romance estaría descalificada, sin ninguna razón clara que se haya proporcionado al actual concesionario.

Adicionalmente, y pese a lo anterior, ARCOTEL califica a Radio Romance con un total de 113.5 puntos, sin que se le acrediten los puntos extras por años de servicio y de experiencia, a pesar de su extensa trayectoria, “no sé, cómo cabe, si estamos operando desde el 78, el viernes cumplimos 42 años ininterrumpidamente y no nos ponen el puntaje de servicio y de experiencia”, expresa con indignación.   

Otro de los concursantes por la misma frecuencia es la Compañía Manabita de Radio Prensa y Televisión Telemanabi S.A. empresa constituida en junio de 2016 en Portoviejo. Sus accionistas son Luis Alberto Arteaga Carrasco, quien es el representante legal y gerente general según consta en la página de Televisión Manabita  y Luis Reynaldo Rivadeneira. 

La compañía concursa por la frecuencia 102.1 a la cual han denominado “La Machetera”, obtuvieron un puntaje total de 116.5 y según el informe de ARCOTEL, sí cumple con el dictamen jurídico. Aunque los títulos habilitantes no han sido entregados aún, en redes sociales ya se promociona como un espacio que próximamente tendrá “noticias, deportes, música, y 24 horas de programación en vivo”. Fundamedios contactó a Luis Alberto Arteaga, para consultarle sobre su participación en el concurso, y la prematura promoción de una radio que no ha sido concesionada aún, respondió que “yo puedo promocionar lo que a mí me dé la gana”.  

En la llamada, además, dijo: “Yo soy el presidente de los periodistas de Manabí”, sin embargo según medios de comunicación locales aseguran que él ya no representa al gremio, “cualquier acción o diligencia que realice el señor Luis Alberto Arteaga Carrasco a nombre del Colegio de Periodistas de Manabí no cuenta con ningún respaldo legal ni de los integrantes del gremio, y que dichas acciones o diligencias serán de su entera responsabilidad legal o reglamentaria”. 

No se pudo continuar con la entrevista, porque Arteaga finalmente tiró el teléfono.

 

 

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Este lunes, 4 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, envió cartas solicitando acciones a las distintas autoridades del Estado. Las cartas desde noviembre de 2020 no han tenido respuesta alguna.

De la reunión mantenida con la Fiscalía General del Estado, se constató que la razón principal para los avances fue la falta de colaboración por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, que forman parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado-COSEPE, cuya autoridad que lidera es el Presidente de la República, Lenín Moreno; por lo que esta Veeduría Ciudadana señaló en estas cartas la obligación de desclasificar esta información por tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

Asimismo, se enviaron cartas de insistencia de actuaciones a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo, instituciones que hasta la fecha actual no han dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta Veeduría. Esta falta de acción por parte de cada una de estas instituciones se encuentra detallada en el Primer Informe de Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE, que fue publicado el pasado 11 de diciembre de 2020, después de un año del lanzamiento del Informe elaborado por este organismo internacional. 

Estas acciones realizadas por la Veeduría se encuentran acompañadas por la Resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Pleno 061 el 02 de diciembre de 2020, en la que exhortan a estas instituciones a cumplir las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, además de solicitar las comparecencias de las entonces autoridades que formaron parte del Comité de Crisis entonces conformado para el manejo del secuestro de Javier, Paúl y Efraín.