Ecuador, 29 de diciembre de 2023. El 28 de diciembre de 2023, “Diario La Prensa”, medio de comunicación riobambeño, publicó una noticia titulada: “Caso Metástasis: Riobamba, ¿el epicentro de maniobras judiciales?”. En ella se expusieron supuestos alcances del caso “Metástasis” en la ciudad. El caso, de conocimiento público, evidenció, entre otros, el mal uso de la Justicia para favorecer a Leandro Norero (narcotraficante asesinado en 2022) y sus intereses.
A lo largo del texto, “La Prensa” expone nombres como el de Cristian Romero, ex abogado de Norero y de Jorge Glas, quien es también uno de los procesados en el caso. A estos se suman Álex P. [Palacios] y Michael H. [Hernández], abogados y presumiblemente socios de Romero.
Según el medio, Michael H. “[…] era el encargado de generar los nexos con los jueces, por lo que sería investigado como un presunto operador de Cristian R. en sus casos dentro de la Corte Nacional de Justicia”. Cabe destacar que el abogado ocupó el cargo de Director de la Escuela de la Función Judicial entre marzo y agosto de 2023.
Ante la divulgación de la nota, “La Prensa” recibió mensajes y diferentes comunicaciones por parte de Michael H. A través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, el abogado se comunicó con uno de los miembros del medio para conseguir el nombre de quién escribió la nota, e incluso mencionó que podría tomar acciones legales en su contra y calificó a la información difundida como “noticias falsas”.
Además, mediante oficio, solicitó una rectificación en el siguiente sentido: “[…] se rectifique la información donde incluyen al compareciente como parte de una supuesta estructura delictiva, eliminen las publicaciones donde consta la información falsa y emitan una nueva nota periodística donde se emita las debidas disculpas públicas y la rectificación de la información, para lo cual la misma debe realizarse en el término de menos de 24 horas […]”.
En el mismo documento, informa que si no se procede con la rectificación antedicha en el sentido y tiempo otorgados, iniciaría con “[…] las acciones legales constitucionales, civiles y penales en contra de quien corresponda, puesto que es clara la imputación de un delito en contra del compareciente”. Además, asegura que podría acusarlos por calumnia, que según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 182, se castiga con pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años.
Fundamedios estima pertinente destacar que diversos medios han difundido información relacionada con Michael Hernández, con base en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado y reitera la importancia de que la Función Judicial considere los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa, en el sentido de que los casos de alto interés público deben ser cubiertos por medios de Comunicacion y periodistas de la forma más amplia y detallada, sobre todo, cuando involucran delitos contra la administración pública o a funcionarios de quienes se presuma que han cometido actos de corrupción, y, en esta línea, difundir el nombre de una procesado, que se ha hecho público por acción propia de la Fiscalía General del Estado, no contraviene en absoluto la legalidad ni la ética periodística.