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Fundamedios

Marco jurídico contrario a estándares

Fundamedios repudia que legisladores cercanos al Gobierno propongan reforma penal que criminaliza las expresiones en redes sociales

Ene 4, 2024

Ecuador, 4 de enero de 2024· Fundamedios repudia la iniciativa del asambleísta Ramiro Vela y otros legisladores para penalizar la expresión en redes sociales, pues tal iniciativa viola flagrantemente los instrumentos internacionales de protección a la libertad de expresión. Consideramos que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, sería un severo retroceso para la garantía del derecho a la libertad de expresión. 

Llama la atención sobremanera que sean legisladores del oficialismo o afines al Gobierno quienes tengan esta desafortunada actuación legislativa y enciende las alarmas sobre el real compromiso del Gobierno de Daniel Noboa con la libertad de expresión. 

En el caso ecuatoriano, explícitamente la RELE había expresado en su momento —tras la visita oficial al país del exrelator Édison Lanza, entre el 20 y el 24 de agosto de 2018— que “valora que no se haya dado curso a los proyectos de ley presentadas durante los últimos años ante la Asamblea Nacional con el objetivo de ejercer un control oficial de las redes sociales. No obstante, le preocupa a la Relatoría Especial que el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, presentado por el expresidente Correa un día antes de su salida del mandato de la Presidencia, no haya sido archivado definitivamente hasta la fecha”. 

Llamamos al CAL a actuar en coherencia y no calificar el proyecto de Ley, pues sería una violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. La Asamblea Nacional debería dar pasos firmes para la despenalización de la expresión, en lugar de contemplar iniciativas que van en sentido regresivo. 

El asambleísta del movimiento Centro Democrático por la provincia de Tungurahua Ramiro Vela presentó un proyecto de reforma al Código Penal, la tarde del 3 de enero. En este se propone que cualquier persona que publique una falsa imputación de delito por algún medio o plataforma digital, deberá ser sancionada penalmente. Junto a él se encontraban tres asambleístas del movimiento político del Gobierno de Daniel Noboa. 

El legislador dejó claras sus intenciones de convertir la normativa en una restricción a la libertad de expresión al señalar que: “Hay personas que creen que por coger un medio  de comunicación digital o tener una red social, pueden decir cualquier cosa. Ahora, con esta nueva norma, van a saber que podrán caer en un delito que es la calumnia”, señaló Vela, después de presentar el proyecto de reforma en el departamento de Gestión Documental de la Asamblea Nacional. Añadió que el delito será sancionado con prisión y con una retribución económica para “revertir el daño que han causado”. 

Vela explicó también que las publicaciones “calumniosas” en redes sociales o medios digitales no están reguladas, por lo que es necesario que se tipifiquen. Añadió que hay un abuso de los medios digitales y de estas redes, que va en contra de los derechos a la honra y al buen nombre. 

La reforma que presentó se aplicaría al artículo 182 del Código Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de calumnia, el cual señala: “La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. En el Código se establece que no hay responsabilidad penal al autor de las calumnias si se retracta voluntariamente antes de la sentencia ejecutoriada, bajo algunas condiciones. 

Vela escribió en su cuenta personal de X que las redes sociales no pueden seguir siendo “la cloaca de muchos inadaptados y sinvergüenzas”. 

En el boletín publicado por la Asamblea Nacional sobre el tema, se explica que el asambleísta defendió que se debe dar importancia al derecho al honor, frente al derecho a la libertad de expresión, cuando se trata de injurias o calumnias, “con el fin de proteger y salvaguardar estos derechos y, a su vez, para no vulnerar bienes jurídicos de terceros”.  

A Ramiro Vela lo acompañaron los asambleístas: Yadira Bayas (Amigo), Steven Ordóñez (Actuemos); Jhonny Lavayen (ADN/oficialismo), Luis Alvarado Campi (ADN) e Inés Margarita Alarcón (ADN). 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los llamados “delitos contra el honor”, en los que se incluyen las calumnias. “El reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias.  La posibilidad del abuso de tales leyes por parte de los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en el caso de estas leyes, como en el de las leyes de desacato”. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión e información debe extenderse no solo a la información e ideas favorables, consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, resulten chocantes o perturben. Y que los límites de críticas aceptables son más amplios con respecto al Estado que con relación a un ciudadano privado, e inclusive a un político. En un sistema democrático, agrega, las acciones u omisiones del Estado deben estar sujetas a un escrutinio riguroso, no sólo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino también por parte de la prensa y de la opinión pública.

 

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