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La tarde del 17 de agosto de 2015, la jueza Gloria Pinzas negó la deportación de la periodista franco-brasileña Manuela Picq, tras permanecer cerca de 90 horas detenida, luego de haber sido privada de su libertad junto a su pareja, el líder indígena Carlos Pérez Guartambel, en el marco de protestas ciudadanas.
Tras la audiencia, en donde se evaluó una posible deportación por un supuesto estatus migratorio irregular, la Jueza consideró que encontraron anomalías en el caso y ordenó investigar a los funcionarios que elaboraron el parte policial que derivó en la posterior cancelación de la visa de la periodista, también profesora de la Universidad San Francisco de Quito.
Hasta antes de la audiencia, Picq permanecía detenida en el llamado «Hotel Carrión», un centro de detención donde permanecen los extranjeros indocumentados. Antes, en un diálogo con RayuelaRadio.com, Picq denunció que las autoridades la tenían secuestrada como una prisionera política del Gobierno después de que la Cancillería cancelara su visa tipo 12 VIII, sin citar motivo alguno, para luego iniciarle un proceso por “estar en situación migratoria irregular en el país”.
Según detalló diario El Comercio, el parte policial, con fecha del 13 de agosto y suscrito por un sargento y un cabo de la Policía, refiere que esa noche la periodista había sido agredida por manifestantes y que por esa razón una mujer policía se acercó a darle los primeros auxilios y que después de esa ayuda le pidieron sus documentos para avalar su estatus migratorio en Ecuador, pero no los portaba. Un video elaborado por el Ministerio del Interior dio cuenta de esta versión en donde se aseguró que la periodista recibió asistencia. Sin embargo, una versión muy distinta se evidenció en videos y fotografías que circularon por redes sociales, en donde se vio la violencia en la que fue detenida.
El 13 de agosto Picq fue detenida junto al líder indígena en las afueras de la Iglesia de la Merced, en el centro de Quito, en medio de las protestas ciudadanas . Según pudo conocer Fundamedios, la periodista fue golpeada y permanecía bajo vigilancia policial en el hospital público Eugenio Espejo, donde se realizaban exámenes médicos. También se temía que fuera deportada esa misma noche.
Picq ha residido por más de ocho años en Ecuador y es conocida por ser corresponsal de medios como la cadena Al Jazeera y la revista digital Upsidedownworld. En varias ocasiones ha cubierto y seguido los procesos de movilización ciudadana, ha sido agredida fìsicamente mientras hacía su trabajo. La agresión más reciente la sufrió el pasado 6 de enero de este año, en el marco de la marcha indígena organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en Quito, en rechazo al anuncio gubernamental de retirar la sede de dicha organización.
Judge denies deportation of journalist Manuela Picq due to irregularities
On the afternoon of 17 August 2015, Judge Gloria Pinza denied the deportation of French-Brazilian journalist Manuela Picq, who spent nearly 90 hours in custody, after being deprived of her liberty along with her partner, indigenous leader Carlos Pérez Guartambel, in a context of citizen protests.
After the hearing where the possibility of deportation as a result of an alleged irregular immigration status was assessed, the judge considered that some anomalies were found and ordered an investigation of the officials who prepared the police report that led to the subsequent cancellation of the journalist’s visa. Picq is also a professor at Universidad San Francisco de Quito.
Until the hearing, Picq was being held in the so-called «Hotel Carrión», a detention center where foreign undocumented detainees remain. Earlier, in a dialogue with RayuelaRadio.com, Picq denounced that the authorities were keeping her as a political prisoner after the Foreign Ministry canceled her type 12 VIII visa without citing any reason. Afterwards, they initiated a process against her for «staying in the country with an irregular immigration status».
As reported by the newspaper El Comercio, the police report, dated 13 August and signed by a police sergeant and a corporal, states that on the night in question the journalist had been attacked by protesters and it was for that reason that a policewoman approached to give her first aid, and after helping her requested her documents in order to corroborate her immigration status, but she was not carrying them. A video prepared by the Ministry of the Interior supported the version of the journalist receiving assistance. However, a completely different story was evidenced by videos and photographs that circulated on social networks, which showed the violence used at the moment when she was arrested.
On 13 August, Picq was arrested with the indigenous leader outside the Church of La Merced, in the center of Quito, amid public protests. According to information received by Fundamedios, the journalist was beaten and remained under police surveillance at the public hospital Eugenio Espejo, where medical examinations were conducted. It was feared that she would be deported that same night.
Picq has been living in Ecuador for more than eight years and is well known as a correspondent for Al Jazeera and for the digital magazine Upsidedownworld. On several occasions she has covered and followed processes of citizen mobilization, where she has been physically attacked while doing her work. The latest aggression she suffered was on 6 January, in the context of an indigenous march organized by the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) in Quito, to reject the government’s announcement that it would seize the organization’s headquarters.