El miércoles 13 de junio de 2012, autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), Fiscalía e Intendencia General de Policía clausuraron e incautaron los equipos de Radio Impacto de la ciudad de Latacunga, ubicada a 89 Km al sur de Quito, en la provincia de Cotopaxi.
Según fuentes locales la clausura se produjo en horas de la tarde en donde las autoridades, acompañadas de elementos policiales, se llevaron los equipos de enlace, trasmisión y una consola, dejando a la emisora completamente fuera del aire.
Juan Rojas, abogado de la SUPERTEL y uno de las autoridades presentes en el operativo aseguró, en declaraciones para diario La Hora, que «la radio mantenía deudas con el Estado» y que el proceso se ha venido siguiendo desde hace más de dos años.
Sin embargo, Roosevelt Icaza, propietario de la emisora, aseguró a FUNDAMEDIOS que la clausura de la radio es «abusiva, ilegal e inconstitucional» puesto que ha saldado todas las deudas y además, existe una proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que por ley, la clausura no podía producirse sin una sentencia en firme de ese tribunal.
Icaza explicó que el problema se originó a partir de que el CONATEL fijó unas nuevas tarifas para su emisora, las cuales, según explicó Icaza, no estaban acorde a los estándares técnicos de la estación, por lo que cayó en mora hasta poder resolver ese problema.
El 17 de septiembre de 2010, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) -mediante resolución RTV-537-17-CONATEL-2010- resolvió revertir la frecuencia al Estado, tras «declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato» suscrito con Washington Icaza Endara, con fecha 05 de mayo de 2005 «por haber incurrido en la causal de terminación de contrato establecida en la letra i) del Art.67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión». Esto es, «por mora en el pago de seis o más pensiones consecutivas de arrendamiento de la frecuencia concedida».
Icaza es uno de los políticos señalados en el informe de auditoría de frecuencias ordenada por la Constitución del 2008, que detectó posibles irregularidades, abusos e ilegalidades en la concesión de frecuencias de radio y TV.