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Investigaciones

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La Constitución y la Ley lo prohíbe: una sola persona no puede acaparar, concentrar y menos monopolizar frecuencias de radio o TV. De hecho el discurso del Gobierno para aprobar la Ley de Comunicación, primero, y luego para llamar al concurso para la licitación de 1.472 frecuencias de radio y TV fue justamente una supuesta “democratización de la comunicación”. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Al caso del magnate mexicano de medios, Ángel González calificado con los más altos puntajes para obtener 104 frecuencias de radio y TV, ahora se suma el caso del actual candidato de Alianza PAIS para la Asamblea Nacional por el Distrito Sur de Quito: Jorge Yunda Machado, mejor conocido como “el Loro Homero”, quien busca obtener 35 frecuencias alrededor de todo el país y a través de un sistema que podría calzar dentro de la categoría de testaferrismo.

La Constitución, artículo 113, numeral 1, también prohíbe que un candidato a una dignidad de elección popular tenga contratos con el Estado en áreas como la prestación de un servicio público, como fue declarada la Comunicación en el Ecuador a finales del 2015. Sin embargo, Fundamedios logró rastrear las 35 frecuencias a las que, directa o indirectamente, está aplicando Yunda Machado. Solo en una de ellas, Radio Canela (106.5 FM), el actual candidato aparece como accionista. Sin embargo, sus hijos y familiares actualmente son administradores y accionistas de otras cinco empresas. Ellos son: Beatriz Yunda Pancho, Lilia Yunda Machado, Gabriel Yunda Padilla, Jorge Yunda Yunda.

Sin embargo, en un oscurso esquema de ocultamiento de la propiedad de los medios encontramos que hay varias personas que aparecen como accionistas y administradores que van rotando cada determinado tiempo entre las empresas que forman parte de la corporación Canela de la que Yunda es fundador.

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El perfil de varios de los accionistas que tienen relación con Yunda Machado y su empresa de medios tiene un patrón: son gente joven, recién graduada de la universidad, que no estarían en condiciones de acreditar la solvencia económica para sostener una empresa de medios, pero que aparecen como accionistas de grandes estaciones radiales.

Para gran parte de las 35 frecuencias por las cuales el Grupo de Yunda Machado está concursando se usa el mismo modus operandi: Un ejemplo es el caso de Jessenia Quiquije Herrera. En su perfil de Linkedin consta que fue contadora de Radio Canela en el 2011. De contadora debió irle muy bien porque en dos años pasa a ser accionista de Armónica FM Stereo en el 2013 y ahora es accionista de Radiodifusora Paraiso Radialpa S.A., que tiene cuatro frecuencias: 96,9 FM en Quito, 94,1 en Santo Domingo, 91,3 en Tungurahua y 103,3 en Chimborazo.

Otro caso es el de Sebastián Guerra, quien fue Gerente General de Radio Redonda 910 AM, en el 2001, extinta frecuencia que funcionaba en la ciudad de Guayaquil, la cual perteneció a Radiodifusora Paraiso Radilpa S. A, empresa que se sabe con certeza que es manejada por la familia Yunda. En la actualidad Guerra es el Gerente General  de Radio Colón C.A. que tiene 14 frecuencias. (Ver infográfico).

Siguiendo la misma línea, Roberto Merchán Jiménez fue representante legal de Canela Radio en la ciudad de Ambato, en el 2015. Actualmente es accionista de JH Radio FM Pintatruc S.A, empresa concesionaria de la frecuencia (106,5 FM) de la provincia de Tungurahua.

También hay políticos relacionados. Es el caso del diputado y ex secretario del Congreso, Jhon Argudo Pesantez. En 2003 recibió una frecuencia de radio en Azuay, que ahora funciona como parte del Grupo Canela. Comenzó a trabajar para el IESS con Ramiro González y era asesor de gerencia del Biess, antes de ser candidato a la Asamblea en el 2013 por Avanza hasta que se alejó de ese partido. Actualmente es accionista de Sonido y Energia Sonoenergia Cia. Ltda, compañía concesionaria de dos frecuencias  (107.3 FM) en Cañar y de igual manera (107.3 FM) en Azuay.

Yunda en una entrevista realizada para este artículo no niega las relaciones con estas empresas, pero dice que “él solo les produce contenido para estos medios, por el éxito que tiene” y añade que el hecho de que un familiar o alguien cercano compre paquetes accionarios en empresas a las cuales el Estado se les concesiona frecuencias, no le convierte en concesionario. Yunda dice: “Yo era concesionario hasta el 2014, era accionista de dos concesiones una en Ibarra y otra en Ambato, yo cedí mi paquete accionario en el 2014, por eso es que hoy puedo ser candidato a la Asamblea porque no tengo contratos con el Estado.”

Añade, el actual candidato del partido de Gobierno; “Evidentemente que nosotros producimos para un sin número de emisoras. Yo soy productor de contenidos produzco, contenidos para radio Armónica, para radio La Redonda, Canela, La Otra. Produje contenidos para radio América, Hoy La Radio, RTU, para todas esas emisoras, produzco contenidos para Canela TV que es un canal de televisión, inclusive yo ahí animaba. Tenemos Canela en Murcia con una franquicia producida acá en el Ecuador. Esa es prácticamente nuestra actividad, porque muchos se confunden que podría ser un concesionario de emisoras que tenían 20, 30 años y no soy el concesionario soy el productor de contenidos. Un productor con éxito de estos contenidos porque lidera la sintonía en el Ecuador y fuera del país.”

Cuándo se le pregunta como se llama la empresa con las cuales produce contenidos, señala que la productora es Canela Business. No obstante, Yunda Machado tampoco figura como accionista en esta empresa, pero sí como su representante legal.  Situación que él ubica en el pasado, aunque en el portal de la Superintendencia sí aparece actualmente. Cuando se le pregunta por esto, Yunda lo atribuye a una demora en los trámites, “constan todavía pero yo ya deje de ser concesionario y representante.” Y añade, frente a la prohibición de que un concesionario de medios de comunicación pueda ser candidato, “la prohibición es ser concesionario, representante  legal no, pero deje de ser también hace unos meses para poder dedicarme a esto de la campaña.”

Al preguntársele a Jorge Yunda Machado sobre la relación que mantienen con varios concesionarios de medios de comunicación, vale la pena revisar sus respuestas transcritas de forma literal, ya que son muy reveladoras del esquema bajo el cual ha construído uno de los mayores poderes mediáticos en el Ecuador de la última década:

De los registros e investigaciones que tenemos hay familiares suyos que también están a cargo de las empresas de sus compañías por decirlo así.

Bueno, no es de mis compañías, sino compañías de ellos. Mi hermana tiene su propia compañía también y un tío, un primo también tendrán sus negocios. Los familiares son familiares y tendrán sus compañías cumpliendo con la disposición legal. Prácticamente es una hermana mía que está en el mundo de la publicidad, en el mundo de los contenidos y creo que es si no me equivoco también accionista de alguna empresa de comunicación, que la ley igual no le prohíbe porque si usted tiene un hotel y su hijo también quiere tener un hotel , pues simplemente tiene que cumplir con la ley.

Según la LOC, en el art 112 y 113, dice que un familiar o una persona con grado relativo cercano no puede ser concesionario.

Que si usted revisa, no es ninguna concesión otorgada a mi persona o a algún familiar mío, sino que las concesiones ya estaban establecidas las personas jurídicas. Por decirle ahora está en venta GamaTV y TC, si un hijo mío compra un paquete accionario de Gama no quiere decir que a él le concesionaron, simplemente compró un paquete accionario y puede comprar un 5%, 10%,  90%, porque son compañías que son sociedad anónimas cuyo paquete accionario está totalmente a disposición para la venta hay que cumplir con ciertos requisitos para comprarlos. Ahora comprar un paquete accionario de una compañía de comunicación con dineros mal habidos sería lo ilegal, comprar una compañía con fondos de dudosa procedencia sería lo ilegal o tener alguna contra indicación de la ley pero entiendo que en ese sentido no hay ninguna situación al respecto porque la gente piensa que cuando yo fuí representante del Cornatel yo ahí me cogí (robarse en árgot popular quiteño, nota de redacción) las frecuencias pero yo fuí representante hace 10 años y las concesiones tienen hasta 50 años por ejemplo, nosotros manejamos la concesión de radio Colón que tiene más de 50 años, pero lo que le hemos puesto es música y un contenido con lo que hoy es radio Armónica entonces no quiere decir que yo haya concesionado, porque tengo frecuentemente esa duda y ya han ido a preguntar. Usted puede ir al Arcotel, a la Superintendencia de  Compañías, puede ver  el registro y el historial. Muchas personas con el tino y la sutileza  que son los ecuatorianos dicen: que pilas este señor Yunda se va al Cornatel y se ha cogido un montón de radios, no hay como coger porque ha sido un consejo conformado por el Ministro de Educación, por el Presidente de AER, era conformado por el Presidente de la Asociación de Canales, era conformado por el Jefe del Comando Conjunto, era conformado por el Superintendente de Telecomunicaciones y yo era uno más de los seis miembros, para cogerse una frecuencias de una forma irregular tendría que haberles drogado a los otros cinco miembros del Consejo y que nadie se de cuenta. Eso es lamentablemente, lo que a veces la gente muy a la ligera comenta y no es así: son compañías que están establecidas hace mucho tiempo. De hecho estas compañías están concursando. Yo soy un creativo, director de contenidos y  los accionistas son personas que están legalmente establecidas y cumpliendo con todas las normativas de ley. Accionistas que han  confiado en este servidor que tengo 30 años haciendo radio, en su momento hice contenidos como le mencioné para diferentes emisoras y siempre estamos a las órdenes.

Hace un rato me dijo que ustedes manejan la concesión de radio Armónica que es radio Colon C.A. Hace cuánto tiempo la manejan?

Ya son… Desde el 2010. Por ejemplo ahí me contactaron ellos tenían dos emisoras AM que le dije mejor devuelvan, porque AM nadie escucha. En la FM les podemos poner música romántica que a todo el mundo le gusta, esa ha sido nuestra actividad. Y que bueno que me haya llamado para hacerle esa aclaración porque generalmente ahí hay datos, usted no va a encontrar ni una sola frecuencia que se ha dado en la época que me fui a parar yo en el Cornatel. Ni una sola frecuencia.

Las frecuencias no fueron asignadas directamente, pero si se compraron paquetes de accionistas y estas compañías llegaron a ser parte del grupo que usted dirige o dirigía…

Pero yo en el tema nada más de los contenidos. Porque usted tendría que preguntar a cada uno de sus accionistas y a cada uno de sus representantes legales que constan en la Super de Compañías. 

Producir contenidos, comprar paquetes accionarios de medios de comunicación establecidos hace décadas, concesiones a nombres de terceros, sea cual sea el esquema que utiliza lo cierto es que Jorge Yunda Machado se ha convertido en uno de los nombres más poderosos de los medios de comunicación y todo bajo el amparo de la llamada Revolución Ciudadana en lo que sus partidarios gustan llamar “la decada ganada”.

Audio: conversación con Jorge Yunda Machado AQUÍ 

 

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Remigio Ángel González encontró las condiciones ideales en Ecuador para establecer una gran parte de su emporio. En los años 80, un país con una reciente democracia fue el escenario perfecto para que este empresario mexicano instalara allí los inicios de lo que hoy es la cadena más grande de canales y radios de la región.

González es conocido como ‘El Fantasma’, gracias a su habilidad para expandir sus redes sin que estas creen mucha bulla, a través de conexiones de empresas de papel y testaferros. Actualmente radicado en Miami, acumulaba ya para 2006 una fortuna cercana a los USD 2.000 millones.

La primera vez que su nombre sonó en Ecuador fue en 1983, en el Gobierno de Osvaldo Hurtado. En ese entonces adquirió la empresa Telecuatro Guayaquil, la señal de Telesistema, a través de unos familiares. Ahora, su nombre está de nuevo en la palestra pública por ser el mayor postulante dentro del concurso de frecuencias que las autoridades ecuatorianas desarrollan.

González nació en 1941, en Monterrey. Su relación con los medios comenzó muy joven en Guatemala, como representante de ventas para la cadena Televisa. Allí, González inició su imperio. En 1981 compró dos canales de TV y radios pequeñas que puso a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana, y de su suegra, Sara Aurora Cardona.

Según los relatos de la prensa internacional, ‘El Fantasma’ usa en todos los países el mismo mecanismo para extender su red: entrega a crédito programación de Hollywood y enlatados mexicanos a canales en mala situación económica. Luego, cuando la deuda se agiganta, los compra a muy bajo costo.

Hombre secreto, se sabe no obstante que González fue amigo de Alberto Fujimori, Alfonso Portillo, José López Portillo y lo es de Daniel Ortega. Alan García negó conocerlo, aunque se dijo lo contrario. Al expresidente peruano se le atribuye la autoría de su apodo: cuando la prensa de su país le preguntó si lo conocía, respondió que no, porque es un fantasma.

González prefiere autodenominarse un “Robin Hood que paga los impuestos”. Tiene fama de entenderse magníficamente con los gobiernos, que le retribuyen bien con publicidad oficial. En las tres ocasiones que ha dado declaraciones a la prensa, indicó que su negocio es hacer negocios y que él en ningún momento evade la ley, aunque le gusta poner a nombre de otros sus empresas.

Cuando el emporio saca al aire un medio de comunicación sigue el mismo patrón: su programación es sencilla, introduce telenovelas mexicanas, enlatados, películas viejas y un noticiero. Salvo en período electoral, la política y la economía tienen muy bajo perfil. No hay editoriales, entrevistas ni programas de opinión y la apuesta mayor se divide entre crónica roja y entretenimiento.

Su cadena continental, Albavisión, toma el nombre de su esposa, actualmente involucrada en un escándalo de corrupción en Guatemala y sobre quien pesa una orden de difusión roja de la Interpol. Se la acusa de haber financiado la campaña que llevó en 2011 a Otto Pérez Molina a la Presidencia, a cambio de pauta publicitaria para sus canales de TV.

La época electoral, clave para la supervivencia de Albavisión

El proceso judicial que concluyó con la difusión roja emitida para Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, es solo una muestra de cómo este magnate mexicano y su familia se mueven alrededor de la política.

La investigación en Guatemala se inició por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de las Naciones Unidas. Las investigaciones detallan que una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito es el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad de González.

 

Según relata la página web de la Cicig, esa institución y el Ministerio Público documentaron en su investigación que, entre 2008 y 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti (vicepresidenta) tuvo bajo su control las empresas “de papel” Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala Canal 3 y Televisiete Canal 7, hasta acumular 17,8 millones de quetzales (unos USD 2,2 millones).

“Al llegar al poder el Partido Patriota (PP), los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de USD 30,8 millones) en pauta entre 2012 y 2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas”, narra la Cicig.

Una vez que se reveló esta modalidad, en septiembre del 2016 se emitió una orden de captura internacional de la Interpol en contra de Lorenzana, que se encuentra prófuga. También se emitió una orden de captura en contra de Eduardo Kestler Morán, gerente de Televisiete, S. A., también prófugo.

Además está siendo investigado el diputado guatemalteco y expresidente del Congreso de ese país, Luis Rabbé, acusado de contratar empleados ‘fantasmas’, es decir, que nunca llegaron a trabajar en el Legislativo, pero tenían sueldos entre los 8.000 y 20.000 quetzales (entre USD 1.000 y 2.700). Rabbé está casado con una hermana de la esposa de González. También está prófugo y tiene orden de captura.

El Foro de Sao Paulo se opuso en julio del 2016 a la creación de comisiones como la Cicig, por ser consideradas “injerencistas” e “imperialistas”. Ante esta declaración, el presidente del medio guatemalteco El Periódico, José Rubén Zamora, calificó a González de “titiritero” de la resolución del XXII Foro de Sao Paulo, pues para ese entonces ya se había emitido la orden de captura en su contra. Zamora dijo que el mexicano es un “hombre de negocios apátrida que practica el pragmatismo pervertido y sin ideología”, que igual “establece alianzas con las derechas e izquierdas corruptas“.

De hecho, González es conocido por no permitir que en sus canales se critique a los gobiernos de turno, sin importar la tendencia que tengan. Ya antes de este último escándalo en Guatemala, era señalado por supuestamente financiar a los posibles ganadores de las elecciones, a cambio de pauta publicitaria cuando ya estén en el poder. Un estudio del año 2001 indica que las prácticas comerciales de González crean una atmósfera que socava el desarrollo de la democracia, cita el diario La Prensa de Nicaragua.

La expansión de la red de Albavisión en Ecuador

Los dos últimos movimientos de González en Ecuador no pasaron desapercibidos. A finales del 2014, a través de un tramando de empresas, adquirió el Grupo El Comercio, casa editorial del diario El Comercio, Últimas Noticias y de las radios Quito y Platinum. A pesar de las denuncias de la prensa, la transacción no fue observada por las autoridades ecuatorianas.

Un año más tarde, a través de una serie de ilegítimos movimientos de frecuencias avalados por las autoridades, creó un nuevo canal de televisión, Televicentro. Con esto, González acumulaba en total cinco estaciones de TV, 10 de radio y dos medios impresos en Ecuador. Además es el único dueño de los derechos de toda la programación de Televisa en el país.

Ahora busca obtener en total 104 frecuencias de radio y televisión a través de 18 empresas nuevas y antiguas, que conforman una red de empresas de papel, familiares y testaferros vinculados entre sí. Las autoridades han dicho que no se ha logrado probar la vinculación entre todas estas firmas, por lo que no se puede comprobar un caso de monopolio.

Sin embargo las investigaciones periodísticas comprueban los movimientos de accionistas y directivos de estas firmas, lo que les vincula directamente con González. De esta manera no han logrado impedir que la red de Albavisión se haya expandido desde 1983, cuando llegó al país y adquirió su primer canal de televisión.

Las investigaciones internacionales que hablan de este personaje se centran justamente en las facilidades que logra obtener de las autoridades gracias a que la línea editorial de sus medios de comunicación está más orientada a la “telebasura” que al periodismo crítico.

Los empresarios de los medios ecuatorianos conocen a González. Saben que su negocio es hacer negocios y que representa una competencia solamente para la programación de entretenimiento. Pero en el actual concurso de frecuencias, es también una competencia por las frecuencias que ya tienen una audiencia establecida.

De conseguir todas las frecuencias por las que está concursando, Ecuador se convertiría en el país con más medios de la red Albavisión.

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Las acciones de Remigio Ángel González, más conocido como el “Fantasma”, no se hacen a tientas. El empresario mexicano, dueño del conglomerado de medios más grande de Ecuador y América Latina, se mueve con una sola finalidad: hacer negocio. Y el concurso de frecuencias de radio y televisión que se inició en el país representó una clara oportunidad para que su red se siga ampliando.

El proceso de adjudicación de frecuencias se inició en abril del 2016 y sacó a concurso 1.472 frecuencias, el 65% del espectro radioeléctrico ecuatoriano. Aunque se suponía que para diciembre del 2016 ya se iba a tener a los ganadores, recién concluyó la primera etapa: la revisión técnica en la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Y los resultados de esta fase evidencian que González vio en este proceso la ocasión de ampliar su emporio de medios en el país.

El conglomerado de González en Ecuador postuló en total para 104 frecuencias: 60 de TV, 43 de radio FM y una de radio AM. Como ya reveló Fundamedios en un comunicado anterior, lo hizo a través de empresas 18 empresas, 10 de las cuales ya formaban parte de su oligopolio mediático. Las ocho restantes son empresas relativamente nuevas, que no tenían asignada una frecuencia. Ninguna fue descalificada; todas pasaron a la segunda fase, en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).

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Las frecuencias que persigue el Fantasma

Resulta interesante analizar qué frecuencias está solicitando González. De las 104 frecuencias que solicita, 32 ya estaban concesionadas a nombre de sus empresas. 72 corresponden a nuevas frecuencias; en esta cifra se encuentran las 31 frecuencias que solicita para Televicentro y RTS, pues todos los canales deben migrar de UHF a VHF.

41 frecuencias que solicita el “Fantasma” son nuevas… y aquí está la movida clave. Las nuevas empresas de González están concursando por espacios que actualmente ya están adjudicados y que por tanto ya tienen trayectoria y una audiencia fiel construida.

Por ejemplo, la empresa Jaggycorp S.A. está concursando por la frecuencia 103.3 en Quito, actualmente en manos de Onda Cero, una conocida estación radial juvenil de la ciudad. Vizcarrondo S.A. postuló a la 99.3 en Guayaquil, que actualmente ocupa Sabormix, muy escuchada en el puerto principal; mientras que Zakarie S.A. solicitó el canal 29 en Quito, que ocupa ahora Telesucesos, un canal pequeño pero conocido.

Además, la empresa Manaseijas S.A. compite por las frecuencias 32 en Quito y 27 en Guayaquil, por las que también está concursando Teleamazonas, uno de los principales canales de televisión independientes de Ecuador.

También hay nuevas empresas que postulan por frecuencias que ya estaban a nombre de otras firmas de González. Por ejemplo, Ozenca S.A. está concursando por el 38 en Quito, en el que funciona La Tele, que es parte del grupo Albavisión. Mientras que Locnom S.A. ha postulado por cuatro frecuencias en las que actualmente está Galaxia Stereo, una de las “quintillizas” del mexicano. Es decir, el concurso fue también una oportunidad para que González reorganice su red en Ecuador.


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Las nuevas empresas

Casi todas las empresas del oligopolio de González postularon juntas. Según se puede ver en el listado de Arcotel de las calificaciones obtenidas en la primera fase, las 18 empresas aparecen juntas, es decir que sus expedientes probablemente fueron presentados incluso el mismo día.

Las 10 empresas que ya fueron vinculadas con el mexicano no han sufrido mayores cambios en sus accionistas o administrativos. La vinculación de las ocho nuevas firmas es más difícil de probar, sin embargo están vinculadas.

En vista de que el monopolio está prohibido en Ecuador y es supuestamente uno de los temas que se vigilarían en este concurso de frecuencias, se elaboró una estrategia que puede ser identificada al revisar la información de estas ocho empresas en la Superintendencia de Compañías.

El modo de operación es el siguiente: se armaron cuatro pares de empresas en los que una opta por frecuencias de radio y otra por frecuencias de televisión. Estos duetos tienen los mismos accionistas y administradores.

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La relación entre los cuatro pares de empresas, en algunos casos, es de parentesco. Jenny Mabel Cantos Rodríguez es una de las accionistas de dos empresas que a su vez son las accionistas de Vizcarrondo S.A. y Zakarie S.A. Su hermana, Vanessa Lourdes Cantos Rodríguez, es accionista de dos firmas que son las accionistas de Ozenca S.A. y Locnom S.A.

Estas firmas se vinculan con el “Fantasma” a través de Leonel Alberto Jurado Dumes. Él es uno de los accionistas indirectos de Ozenca S.A. y Locnom S.A. Sus vínculos con el mexicano datan de hace unos cinco años, cuando fue presidente de Espectáculos y Cines S.A., una de las primeras firmas que Remigio González puso personalmente en Ecuador en los años noventa.

Daniel Moreira Quijije, accionista de Byrtum S.A. y de Tamaggio S.A., y Fernando Tutivén Román, accionista indirectos de Ozenca S.A. y Locnom S.A., también tienen una relación con el “Fantasma”. Ellos fueron los anteriores accionistas de Metrogroupsa S.A., empresa que aunque no está concursando por una frecuencia, está vinculada con el conglomerado. Su principal accionista, César Vásquez González, es el actual gerente de Indetel, concesionaria de La Tele, uno de los canales del grupo.

Además, siete de las ocho nuevas empresas tienen una misma dirección: Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre, edificio Plaza, en Guayaquil. En ese lugar funciona un estudio jurídico. La única empresa nueva registrada en otra dirección es Ozenca S.A., vinculada igualmente a Locnom S.A.

Todas estas vinculaciones entre empresas evidencian claramente que el grupo de Remigio Ángel González busca ampliar más aún su presencia en el país. Pero a pesar de estos claros nexos, las autoridades de Arcotel sospechosamente niegan los nexos de las empresas de González. Así, Ana Proaño, directora de la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones (Arcotel) en declaraciones para el diario estatal “El Telégrafo” dijo que la entidad que ella representa ha investigado si existen vinculaciones entre empresas solicitantes de frecuencias y el ‘Fantasma’ y no encontró ninguna. Asegurando que ”en  ninguna de las 18 empresas, tanto en la página web como en la Superintendencia de Compañías, está como accionista Ángel González. Estas denuncias son supuestas y no están basadas en hechos reales”.

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Unanimidad en actores políticos para anular el actual concurso de frecuencias

Luego de que se revelara en dos informes que el magnate mexicano de medios, Ángel González es quien está tras 104 frecuencias de radio y TV en todo el país y que importantes medios independientes podrían desaparecer con el concurso de frecuencias, se han producido una serie de declaraciones por parte de diversos actores políticos.

El 17 de enero de 2017, el candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, afirmó que se debería suspender el proceso para que sea el nuevo gobierno, sin presiones de ningún tipo, ni política ni electorales el que lleve a cabo este proceso de licitación”. Lasso advirtió a los empresarios que resulten beneficiados en el proceso de licitación que en su gobierno se revisará este procedimiento. Agregó que “no pueden prestarse al juego monopólico del correísmo para acosar a medios de comunicación independientes, que han sido tradicionales en el Ecuador”.

En tanto que el aspirante a Carondelet por Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, cree que es necesario revisar las decisiones que Arcotel ha tomado. “Daremos todo el derecho para que estas emisoras, para que estas televisiones y todos los sistemas de comunicación vuelvan a presentar sus solicitudes con el ánimo de aprobar”.

De la misma manera, el candidato Paco Moncayo dijo en el programa Hora 25,  que “hay  varios temas que son insólitos”. De esta manera se refirió al concurso de frecuencias. Señaló que “en estos momentos,en pleno proceso electoral continúan adelante con un sistema para distribuir las frecuencias del espectro radioeléctrico con una opacidad que siembra duda en todos los ecuatorianos”.

En su intervención, Moncayo se dirigió al actual Mandatario: “estamos pidiendo, señor Presidente, suspendan por delicadeza, por decencia. Cómo pueden comenzar ahora a distribuir en proceso electoral las frecuencias. Ya se han tomado la mayor parte de los medios de comunicación a cuenta de que fueron incautados, que debieron ser ya vendidos. Ahora quieren tomarse la totalidad del espacio radioeléctrico para el aparato de propaganda del Estado. Con esto podríamos caer en el riesgo de que se configure un monopolio y que desde el poder y sus aliados comencemos a manejar la comunicación desde una sola línea”.

Luego de pronunciar su criterio, manifestó las acciones que tomará en caso de llegar a la Presidencia. “He dicho con claridad: (…) llego a la Presidencia e inmediatamente se revisarán los procedimientos y anulará lo actuado porque no cumple con los requisitos fundamentales  de transparencia y legalidad que en cualquier parte del mundo se exige para manejar un tema tan delicado como son las frecuencias. Y derivadas, por su puesto,  del manejo del espectro radioeléctrico que no es del Gobierno es de todos los ecuatorianos”.

Asimismo, Dalo Bucaram Pulley, candidato presidenciable de Fuerza Ecuador, precisó que de asumir el poder, él sí desconocerá lo actuado por Arcotel . “Vamos a revertir todo lo que ha hecho este gobierno en materia del concurso de las frecuencias y volveremos  hacer un nuevo concurso para que este sea manejado de forma honesta”.

Lo mismo que prometió hoy la socialcristiana Cynthia Viteri «no se preocupen, ninguna de las radios, ninguno de los canales de televisión porque yo voy a rever ese concurso».

Jorge Glas, vicepresidenciable por alianza PAIS, defendió el proceso. Señaló que el proceso que se sigue y en el que en lo posterior deberá pronunciarse  el Consejo de Regulación de Comunicación, está ajustado a la Ley. Y por tanto, en el gobierno de Lenín Moreno sí se respetará. “Ah bueno sí, eso es ley. Las leyes se respetan, para eso son las leyes. Eso se llama estado de derecho”, manifestó.

Además de los candidatos presidenciales, quienes se postulan para ocupar una curul en la Asamblea también han emitido su criterio. El 18 de enero de 2017, el canal de televisión Teleamazonas presentó una nota sobre las acusaciones que realizó la oposición contra el concurso de frecuencias. En la nota se recoge el parecer de este sector: el que en este proceso existe “Ilegalidad, sesgo político y falta de transparencia”.

La asambleísta por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), Mae Montaño, expresó que el concurso de frecuencias “son acciones para manipular y para garantizar que los medios se callen. Es un mecanismo también de mordaza”.

Por su parte, la asambleísta Cristina Reyes, por el Partido Social Cristiano, se solidarizó con Radio Exa, Radio Visión y Teleamazonas. Para Reyes, estos medios “son auténticos baluartes de la identidad quiteña y que han ejercido verdadera resistencia democrática frente a los ataques del Gobierno y hoy se encuentran al filo de la navaja”.

El oficialismo también ha expresado su posición. El asambleísta por Alianza PAIS y expresidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, sostiene que le preocupa la forma cómo se ha desarrollado el concurso y la posibilidad de que un grupo económico acapare gran parte del espectro. “Exijo, pido que haya transparencia. Tremenda preocupación que una sola persona quiera controlar los medios de comunicación a través de un monopolio. Volver a la vieja forma de controlar los medios aquí. Yo considero que un medio tradicional que ha mostrado un buen trabajo periodístico, comunicacional, merece que se le renueve esa frecuencia”.  

El 16 de enero de 2017, el candidato a asambleísta por Concertación Nacional, César Montúfar, dijo que les hará llegar una carta para formalizar su pedido, el que de ganar las elecciones se comprometan a llamar nuevamente al concurso de distribución de frecuencias. “A todos los candidatos presidenciales que representan una  opción de cambio en el país para que asuman, asumamos el compromiso de que la Asamblea declare la nulidad del concurso de asignación de frecuencias que en este momento está en marcha”. Montúfar considera que en el proceso de adjudicación de frecuencias que lleva a cabo la Agencia de Control de las Telecomunicaciones del Ecuador (Arcotel), ha habido irregularidades, que apuntan favorecimiento de un empresario extranjero y a la monopolización. “Hoy hay una primera publicación de nombres que finalmente deja en claro que hay beneficiarios claros”. De ahí, el llamado a los ocho aspirantes a Carondelet y también a los futuros legisladores para que desde la Asamblea se fiscalicen estas acciones. “Esa es la tarea que tenemos todos los candidatos”.

Ante estas declaraciones, la Directora ejecutiva de Arcotel, Ana Proaño dio respuesta durante una entrevista en Radio Sucesos. Se refirió al número total de solicitudes que hubo: la cifra de 1486 solicitudes responde, dice la funcionaria, a que es la suma entre matrices y repetidoras, vencidas o nuevas.

La directora de la entidad señala que la Superintendencia de Compañías realizó una investigación sobre la posible presencia de testaferros. Señaló que “esa ya no es competencia de Arcotel”. Esta preocupación aumenta, debido a que algunos concursantes poseen la misma dirección domiciliaria y tengan diferente razón social, tal como se explica en los informes de Fundamedios. Sin embargo, Proaño asegura que “no constituye un factor jurídico y no es causal de reversión”.

Para Proaño, la democratización del espectro radioeléctrico es el objetivo principal del concurso, para cumplir la distribución equitativa de frecuencias entre medios privados o comunitarios. Defiende el proceso, al señalar que “el tiempo de creación de las empresas concursantes no es un factor que afecte, puesto que el criterio es que no es posible que se conserve las frecuencias entre un pequeño grupo de personas. Para el caso de los medios incautados, que tienen personalidad privada, el Estado es el representante en todo el proceso del concurso”, según señala Proaño.

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Todos los medios en Ecuador que conforman la red de Remigio Ángel González, mejor conocido como “El Fantasma, fueron calificados positivamente en la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y pasaron a la siguiente etapa del concurso de frecuencias. Esto convierte al magnate mexicano en el principal postulante dentro de este proceso.

González postuló para este concurso a través de al menos 18 empresas. Algunas de ellas ya formaban parte de la red de medios que él construyó en Ecuador y que Fundamedios reveló en febrero del 2016. Mientras que ocho empresas son nuevas pero pueden ser vinculadas con el emporio del “Fantasma” por sus accionistas o directivos, o por la dirección en la que funcionan.

Andivision S.A. 6
Byrtum S.A. 1
Compañía Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A. 4
Distribución y Representaciones Yomar S.A. 2
Ecuadoradio S.A. 8
Jaggycorp S.A. 4
Locnom S.A. 6
Manaseijas S.A. 18
Megacomunication S.A. 2
Organización Ecuatoriana de Televisión Ortel S.A. 4
Ozenca S.A. 2
Radiodifusora Ayax del Ecuador S.A. 4
Radiodifusora Kashmir Del Ecuador S.A. 3
Tamaggio S.A. 2
Telecuatro Guayaquil C.A. 27
Televisión Independiente Indetel S.A. 2
Vizcarrondo S.A. 4
Zakarie S.A. 5
TOTAL 104

 

A través de estas 18 empresas, el conglomerado Albavisión en Ecuador está concursando por 104 frecuencias a escala nacional: 60 frecuencias de TV abierta, 43 de radio FM y una de radio AM. En algunos casos, están postulando para frecuencias que ya estaban adjudicadas a medios locales o nacionales.

Algunas de las nuevas empresas que aparecen en la red del “Fantasma” están optando por frecuencias que ya estaban en manos de otras firmas relacionadas con el magnate mexicano. Mientras que hay tres compañías nuevas que optan por nuevas frecuencias, es decir, que se crearían nuevos medios de comunicación.

En el caso de las ocho empresas nuevas, todas aparecen con una misma dirección: Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre, en Guayaquil. En esa dirección funcionan  Byrtum S.A., Tamaggio S.A., Zakarie S.A., Manaseijas S.A., Locnom S.A., Jaggycorp S.A., Vizcarrondo S.A. y Ozenca S.A. Esta dirección corresponde a un estudio jurídico.

González es conocido como uno de los empresarios de medios de comunicación más fuertes del continente, con presencia en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Su presencia en Ecuador data de hace 34 años, cuando adquirió su primer medio de comunicación en el país.

 

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14646790_1756669901268967_1206264862_oNo tiene oficinas. Tampoco asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado. No tiene funcionarios ni ha celebrado contratos públicos. Pero contra toda evidencia sí existe: es la Unidad de Gestión de Medios, que se encarga de manejar los paquetes accionarios de los medios incautados, una entidad pública que trabaja en las sombras.

Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo 699 y se encarga, entre otras cosas, de administrar los medios de comunicación incautados a los hermanos Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco. Se instituyó una vez que se disolvió el Fideicomiso Medios y, desde entonces es la principal accionista de GamaTV y TC Televisión.

Ese Decreto se firmó el 8 de junio de 2015, exactamente un mes antes de que se cumplan siete años de la incautación de los bienes relacionados con el Filanbanco. Allí también se nombra como representante y delegado del Presidente a Fernando Alvarado Espinel, entonces secretario de Comunicación y actual ministro de Turismo.

Es decir, en el papel, la Ugemed existe. Aparece en la Superintendencia de Compañías como la principal accionista de los canales: es la dueña de estas empresas. Pero en la realidad parece que no existiera, pues no tiene una página web, instalaciones físicas propias, personal a su nombre, ni recursos.

Funciona en una oficina en el tercer piso de GamaTV, donde antes estaban las oficinas de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios. Allí hay cuatro escritorios y la persona que atiende, vestida con el uniforme del canal incautado, informa que quien está a cargo es Denisse Romero Pacheco, la delegada de Fernando Alvarado.

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Sin embargo, en los papeles, nadie trabaja para Ugemed. Fundamedios interpuso una acción de acceso a la información para que, entre otros puntos, se entregue la nómina de personal que trabaja para esa entidad pública. José Daniel Morán, quien compareció como abogado de Alvarado, señaló que esa información no existe pues no hay personal que trabaje para esa institución.

En un oficio del Ministerio de Finanzas, obtenido a través de esta acción judicial, se certifica también que la Ugemed “no consta en el Catálogo de Instituciones y Entidades Operativas del Sector Público Vigente, además no registra asignaciones en el Presupuesto General del Estado al 24 de mayo del 2016”.

Denisse Romero Pacheco, de hecho, no es funcionaria de la Ugemed, a pesar de que ese es su trabajo. En su afiliación a la Seguridad Social, aparece como empleada de GamaTV. Ella es quien acude a las reuniones en representación de Alvarado, o FAE, como es conocido en el canal. Antes, fue secretaria técnica del Fideicomiso Medios.

Pero entonces, ¿de dónde saca sus recursos la Ugemed para funcionar? El abogado Morán, durante la audiencia de acceso a la información, señaló hay funcionarios que, según su disponibilidad, pueden atender a los ciudadanos. Es decir, hay gente que hace su trabajo para Ugemed, como el caso de Romero Pacheco o de la persona que recibe los oficios en su oficina en el edificio del canal… pero su sueldo viene de GamaTV. Dicho de otra manera: hay personas trabajan para la entidad pública, pero ganan su salario desde el canal.

Eso ya pasaba desde antes. Los salarios de los miembros de la Secretaría Técnica del Fideicomiso Medios ya se pagaban con recursos de los medios incautados, según un informe de Contraloría. Estos funcionarios son los que pasaron a Ugemed, según el decreto presidencial.

Romero no es la única que gana un sueldo en GamaTV y tiene funciones en Ugemed. El gerente del canal, Ulises Alarcón Miranda, también es asesor jurídico de la entidad pública (también trabajaba antes en la Secretaría Técnica). Él también se presentó en la audiencia, junto con el abogado Morán, pero no intervino sino que estuvo en las bancas del público.

Pero la existencia misma de la Ugemed es cuestionable. Esta entidad fue creada el el 8 de junio del 2015, mediante el Decreto Ejecutivo 699, en el que se liquida el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios, a cargo de los medios incautados. Tampoco da mayores argumentos para esta la decisión, solo menciona que “es conveniente extinguir la figura transitoria de este régimen de fideicomiso una vez que la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público UGEDEP va a terminar su existencia legal”. Entre sus objetivos, no se señala la venta de los medios incautados, sino la “administración” de sus paquetes accionarios.

De hecho, la UGEDEP se suprimió días después, el 25 de junio. Pero todos los otros bienes incautados que manejaba esa entidad siguen estando en el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, pues este no fue disuelto, sino que pasó a manos del Banco Central. Es decir, todas las otras empresas incautadas a los Isaías siguen bajo la figura del fideicomiso.

Solo los medios de comunicación dejaron de estar en un fideicomiso y pasaron a manos de la Ugemed, una entidad pública, que en otras palabras, es la dueña de los canales… Y dentro de la crisis financiera que viven, esa dueña sigue sacando dinero a un canal que no tiene ni para pagar los sueldos de sus verdaderos empleados.

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14646790_1756669901268967_1206264862_oPara el Gobierno, los medios de comunicación son diferentes que el resto de las empresas confiscadas a los hermanos Isaías. Tres años después de la incautación, en 2011, se dieron cuenta que estas empresas tenían un valor más importante que todo lo demás: podían formar parte del aparato de propaganda estatal.

Los cambios en la línea editorial de GamaTV vienen desde 2008, cuando se nombró a Enrique Arosemena Robles, entonces gerente general de EcuadorTV, como administrador de los medios incautados. Y aunque Correa ofreció que se haría un concurso de méritos para que se compruebe que el Gobierno no quería intervenir la línea editorial, tampoco se cumplió.

En 2011, fue directamente la Secretaría Nacional de Comunicación la que entró a jugar en la parte administrativa de los medios. Ese año, el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que manejaba todas las empresas incautadas a los exdueños del Filanbanco, se dividió en dos. Los medios de comunicación fueron separados y puestos en el Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad-Medios (mejor conocido como Fideicomiso Medios).

Esta nueva conformación se hizo para que GamaTV y los otros medios sean administrados “con mayor criterio de especialidad”, según reza la escritura de constitución del Fideicomiso, inscrita en la Notaría Vigésimo Séptima del cantón Quito. Con ese objetivo, se incluyó a dos representantes de Secom en la Junta del Fideicomiso, que es la que tomaba las decisiones con respecto a los medios incautados: Fernando Alvarado y Karina Peralta (luego se incorporó también Paúl Mena Zapata, asesor jurídico en la Secom).

Esa Junta creó la Secretaría Técnica del Fideicomiso Medios, conformada por ocho miembros: Patricio Salas, Antonio García, Nicolás Vega, José Ortiz, Leonor Linares, Ulises Alarcón (actual gerente de GamaTV) y Denisse Romero, según información entregada a Fundamedios por la Corporación Financiera Nacional. Esta Secretaría se encargaría de la parte administrativa del Fideicomiso.

Sin embargo, todos los costos de funcionamiento de esta Secretaría corrían a cargo de GamaTV y TC. Contraloría detalla en su informe DAAC-0219-2015 que los sueldos, arriendos, movilización, suministros y materiales de esa entidad fueron pagados de esta manera:

Y esto además incluye sueldos e incluso el pago de un chofer. En la página 20 del informe de Contraloría, se establece que se gastaban más de USD 352.000 en ocho meses de sueldos de los trabajadores de la Secretaría Técnica.

Todos los gastos de la Secretaría del Fideicomiso, incluidos los sueldos de las personas que trabajaban allí, se pagaban con recursos de los dos canales incautados. Es decir, los costos de la administración de todos los medios incautados se financiaban a través de los mismos medios incautados.

Para Contraloría, esto viola el Reglamento de funcionamiento de la Secretaría Técnica, pues allí se señala que este es un órgano con “independencia financiera y administrativa de las empresas supervisadas”.

Pero además, esta acción significa más gastos para GamaTV, que ya para ese entonces enfrentaba una crisis financiera y reportaba altas pérdidas.

El informe de Contraloría examina los recursos hasta abril del 2014. Un año después, en junio del 2015, el Fideicomiso Medios fue disuelto y las empresas de comunicación pasaron a manos de una nueva entidad, la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), dirigida por Fernando Alvarado Espinel. Y la situación es similar… se sigue manteniendo con recursos del canal.

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Las pérdidas acumuladas son millonarias. La situación financiera de GamaTV, uno de los canales incautados a los hermanos Isaías, se ha ido agravando. Desde que pasó a manos del Estado, en 2008, va acumulando resultados negativos. La incautación del canal en ese año por parte del Gobierno golpeó duramente las finanzas del canal y, por primera vez en cinco años, reportó pérdidas. Lo cual abre serias dudas sobre la viabilidad de una venta que reporte algún beneficio al Estado, tal como anunció el presidente Correa.

Según una revisión de los estados financieros auditados, disponibles en el portal de la Superintendencia de Compañías, la empresa se encontraba estable hasta el 2008, cuando comienza a tambalearse. Ese año, reportó pérdidas por USD 2,08 millones, y poco a poco, la situación siguió empeorando, hasta que en el 2015 las pérdidas netas suman USD 4,11 millones. Con ese déficit, el patrimonio de la empresa también ha ido decreciendo. 

¿Qué pasó para que un canal que tenía una situación sólida ahora esté tambaleándose? Los balances financieros arrojan varias pistas: por ejemplo, la abultada cartera vencida que acumula GamaTV y que, en el 2015, suma USD 16 millones. Se trata principalmente de deudas que las agencias de publicidad mantienen con el canal, es decir: pautan pero no pagan después de que esta ha sido transmitida. Por esta razón, a pesar de que las ventas se mantienen al alza, la situación financiera de la empresa no mejora.  Fundamedios solicitó una entrevista con Ulises Alarcón, el gerente del canal y funcionario público, el 10 de agosto pasado. También se insistió con su secretaria; sin embargo, no se obtuvo una respuesta. Además hay que sumarle los costos de ventas, que son por ejemplo los costos de operación del canal. Estos también han ido creciendo al mismo ritmo que las ventas han crecido, lo que no permite mejorar las finanzas de la empresa.  Es decir, ¿de qué le sirve a una empresa vender USD 34 millones, como en el 2015, si la producción cuesta USD 24 millones y no se puede cobrar USD 20 millones (cifra acumulada de varios años)?

¿Esta crisis financiera ha hecho más difícil que el canal se venda? Esta es una de las preguntas que fue enviada a Fernando Alvarado, quien está al frente de la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), la principal accionista de los medios incautados, por correo electrónico el 26 de agosto pasado. Sin embargo, no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.

La realidad es que el ofrecimiento de venta en seis meses que hicieron funcionarios del actual Gobierno en el 2008, en plena campaña por la consulta popular que dio paso a la Asamblea Constituyente, no se ha cumplido: los canales incautados no se han vendido.

Desde entonces, los rumores corren por sus pasillos. Se habla de posibles compradores, de que se está realizando la valorización de la empresa para ponerle un precio de venta… pero oficialmente, solo se conoce lo que el presidente Rafael Correa ha dicho. La última vez que habló sobre la venta de los canales incautados es el 24 de mayo pasado, en su informe a la Nación. Antes, en un sabatina, dijo que siempre han estado a la venta.

“Ustedes saben que estos canales pertenecían a los Isaías. Hay amenazas de que cuando se vaya el Gobierno los van a devolver y van a enjuiciar a los que compraron. Entonces asustan a los interesados, pero están valorados”, aseguró Correa el 30 de abril pasado. Además señaló que GamaTV cuesta USD 25 millones, que según dijo es el valor de su patrimonio, aunque esa cifra no concuerda con los balances a los que se tuvo acceso.

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El verdadero precio actual de la empresa se desconoce. La cifra que dio Correa en su sabatina es la que se fijó en el 2010. Desde ese año, la situación financiera del canal ha empeorado, los inmuebles y los equipos han envejecido, los problemas se acumulan… Fernando Alvarado dijo en junio pasado a El Universo que se había contratado una empresa “de prestigio internacional” para hacer una nueva valoración.

Las pantallas del canal muestran también su mala situación. La deuda con Televisa, que ascendía a USD 2,3 millones hasta el 2014, hizo que perdiera la programación de esta cadena y los derechos de esta cadena pasaron al grupo de Remigio Ángel González, propietario de RTS y del recientemente aparecido Televicentro. Con esto, GamaTV perdió su principal oferta, las telenovelas mexicanas, que transmitía desde 1995. La razón: esa deuda.

 La crisis del canal hizo que otros programas de alto rating, como “Los Simpsons” y “No-Noticias”, también salieran de su programación.

A esto se suman los despidos y las molestias de los trabajadores, que realizan constantes protestas por la falta de pago de sueldos o de los aportes a la Seguridad Social. Hasta mediados de agosto, la deuda de GamaTV con el IESS ascendía a USD 114 814,87. Además, mantenía pendientes con el SRI pagos por USD 610 043,56.

El ambiente dentro de GamaTV no es cómodo. Entre sus trabajadores hay constante preocupación, pues si se llegara a concretar la venta del canal, no saben si podrán mantener sus puestos de trabajo. Además la crisis es evidente: en el hall del edificio de Quito, que antes estaba siempre lleno de gente, ahora no hay ni siquiera una recepcionista.

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Mientras tanto, las cifras empeoran: las deudas y las cuentas por cobrar se acumulan, haciendo que GamaTV malviva con pérdidas cada año, mientras las negociaciones para una posible venta se mantienen a puerta cerrada.

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El inicio del proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se da luego de que esa organización haya intentado, en varias ocasiones y sin resultados, registrar su directiva de acuerdo a lo establecido en el Decreto 16. Sin embargo, desconociendo estos múltiples intentos, el Ministerio de Educación amenazó con la disolución de la organización justamente por no registrar su directiva.

El periplo de este sindicato, el más grande y más antiguo de maestros, comenzó en diciembre del 2013. Ese mes, escogieron nueva directiva, en un proceso en el que votaron más de 60.000 educadores en todo el país. Rosana Palacios fue designada como presidenta de la organización.

Una vez tomada esta decisión, en enero de 2014, la organización intentó registrar la nueva directiva ante el Ministerio, que está a cargo de las organizaciones de la sociedad civil en el campo de la educación. Sin embargo, en mayo, esa cartera de Estado les respondió negándoles el registro, con el argumento de que faltaba que se entregue la información con datos personales de los 60.000 votantes.

A través de un nuevo escrito, la UNE se negó a dar esa información, pues son datos sensibles que pueden poner en riesgo los miembros de la organización y estos pueden ser víctimas de algún tipo de represalias. Nunca hubo respuesta del Ministerio.

Ante estas negativas del Ministerio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo una serie de recomendaciones después de la visita de una de sus misiones al país. Estas fueron incluidas dentro del informe “Aplicación de las normas internacionales de trabajo, 2016”, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. En la página 59 de ese documento, la Comisión pide al Gobierno que “registre la nueva directiva de la UNE y que informe de toda evolución a este respecto”.

Con base en estas recomendaciones, el 23 de febrero de 2016, la UNE se dirigió a los ministerios del Trabajo y Educación solicitudes para que se registre la nueva directiva de UNE y que se informe a la OIT. El 10 de marzo, el Ministerio de Educación responde que en el expediente las elecciones de UNE no se han “instrumentado” de forma debida y que no se ha cumplido la legislación vigente.

Frente esta nueva negativa, los docentes se convocaron para un Congreso Extraordinario, el 14 de mayo. El objetivo fue iniciar de cero el proceso de registro. Allí, mil delegados de 23 provincias del país aprobaron la nueva directiva provisional, hasta el registro del nuevo estatuto. El nuevo presidente encargado es Juan Cervantes.

Esta acción también fue enviada al Ministerio, pero no ha habido una respuesta.

Pese a ello el pasado jueves 21 de julio, el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE). La acción se inició por “presuntamente incumplir el Decreto 739”, que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta arremetida contra la UNE se da después de que Palacios participara en junio en sesiones de trabajo de la OIT y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El intento de disolver el gremio más grande de educadores del Ecuador es el último de una serie de ataques que han sufrido por parte del Gobierno. Estos golpes contra la UNE comenzaron en octubre del 2009, cuando se realizó la última huelga nacional del país, encabezada por los maestros. Y se han ido desarrollando conforme este gremio ha criticado las políticas del Gobierno a escala nacional e internacional.

Desde entonces, se ha procesado judicialmente a varios maestros, incluida Mery Zamora, exdirigente de la UNE, acusada de sabotaje y terrorismo por su supuesta participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Paralelamente, el oficialismo impulsó la creación en el 2015 de la “Red de maestros por la Revolución Ciudadana”, que simpatiza con el Gobierno y que lo respalda en todas sus actuaciones.

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Siete de las nueve organizaciones a las que el Ministerio de Educación les inició el proceso de disolución la semana pasada, ya no estaban en funcionamiento. De acuerdo con una verificación realizada por Fundamedios, de la lista que esa entidad pública presenta, solo dos organizaciones están activas: la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Comité Central de padres de familia del Colegio Juan Pío Montúfar.

Ambas organizaciones tienen algo en común. Han mantenido críticas posiciones en contra de las políticas de educación del Gobierno y han expresado públicamente esta inconformidad. En el caso de la UNE, en estos días han tenido un papel activo impulsando el juicio político contra el ministro Augusto Espinosa por no haber asegurado las unidades educativas en la zona del terremoto del pasado 16 de abril.

Mientras que el Comité de padres del Montúfar fue fuerte en su defensa de los estudiantes que fueron retenidos después de unas protestas en ese plantel, y también criticaron la salida de algunos profesores con  larga experiencia. Los representantes del Comité señalan que ni siquiera han sido notificados con el inicio del proceso de disolución.

Según un boletín de prensa del Ministerio, hay otras siete organizaciones a las que se les inició el proceso de disolución por no haber registrado sus directivas. Estas son: la Fundación Amaura Ayllu, la Fundación Ecuatoriana de Derecho Educativo Tecnológico (Fedetp), la Federación de Estudiantes Profesionales Indígenas del Ecuador (Fedipec), la Fundación Experimental Culturales, la Corporación Soporte y Ayuda, el Comité Internacional de Profesionales y Empresarios Cristianos (CPEC), y la Fundación de Maestros Escuela Paraguay.

De estas organizaciones, dos no aparecen en el Sistema Único de Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS): la Fundación Ecuatoriana de Derecho Educativo Tecnológico y la Fundación Experimental Culturales. Esto quiere decir para diciembre del 2014, cuando se creó el SUIOS y se inscribió a todas las organizaciones, ya no estaban activas.

Otras tres organizaciones aparecen en el SUIOS y además constan en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y tienen su RUC. Se trata de la Fedipec, la CPEC y la Corporación Soporte. Pero en todos los casos, están registradas como inactivas. Fundamedios acudió a las direcciones allí inscritas, pero en ninguna de ellas funciona ninguna agrupación de la sociedad civil. En los tres lugares, no se había oído hablar de ellas.

Las últimas dos organizaciones restantes están registradas en el SUIOS pero no aparecen en el SRI: la Fundación Maestros Escuela Paraguay y la Fundación Amauta Ayllu. En el primer caso, su certificado de registro en el SUIOS señala que estaba vigente hasta el 18 de agosto del 2008. La otra organización, en cambio, estuvo envuelta en una investigación por supuesta corrupción en 2002.

Esta situación evidencia que se trataba de organizaciones que yo estaban activas hace mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de la UNE y del Comité de padres del Montúfar, son organizaciones que se han mantenido activas y que han alzado su voz en contra de algunas actuaciones del Gobierno. La UNE ha intentado, sin éxito, registrar su directiva desde enero del 2014, gracias a las constantes trabas que el Ministerio de Educación les ha impuesto para cumplir con esta formalidad.

Fundamedios solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Educación por correo electrónico, el 26 de julio del 2016, los datos de contacto en los que notificaron las resoluciones de estas organizaciones. También solicitamos la última directiva registrada, para tratar de contactarlos. Sin embargo no ha habido una respuesta.

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