El debate
Van las notas el debate de la LOC

El futuro de la distribución del espectro radioeléctrico, la pertinencia para eliminar la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), o figuras como el linchamiento mediático, así como el tema de la autorregulación de los medios se siguen discutiendo en el interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que tramita las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Este 11 de julio de 2018, Guillermo León Santacruz, ministro de Telecomunicaciones aseguró que no es necesario hacer un concurso de frecuencias para todo el país y propuso manejar el espectro radioeléctrico de forma técnica. Para el funcionario, lo ideal sería no hacer un concurso salvo en casos excepcionales.

Al respecto, mencionó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) realizó un estudio de la distribución para la asignación de frecuencias, al precisar que existen 22 zonas del país que pueden dar servicios de radio y televisión y que se podrían adjudicar 100 frecuencias en esas zonas. También aseguró que están estudiando la manera para que los medios comunitarios no tengan que concursar.

En cuanto a las reformas a la LOC sugirió trasladar todos los aspectos técnicos de radiodifusión del actual título sexto de la Ley vigente de Comunicación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

De su lado, la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Palmira Charvero insistió en que la autorregulación de los medios no funciona y que estos, al ser empresas mediáticas, van a proteger sus intereses y no los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que la Ley debería facilitar los trámites burocráticos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos como el de réplica y rectificación. “Hace falta una instancia administrativa que regule el derecho a la comunicación porque, sino, caemos en la autorregulación y en la voluntad de las empresas mediáticas”.

Charvero también defendió la distribución por tercios del espectro radioeléctrico que a su criterio, ayuda a la desoligopolización de los medios, pero cree que hay que avanzar más en los temas de medios comunitarios.

Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, se refirió a la corresponsabilidad de los medios para temas de prevención de riesgos en eventos peligrosos y aseveró que en la normativa se debe tomar en cuenta la gestión de riesgos, en particular, el adecuado manejo de la comunicación en situaciones de crisis en los niveles 4, 5 y de alerta roja, en los cuales se activan los protocolos pertinentes.

Al respecto planteó un manejo adecuado de la comunicación desde las fuentes oficiales, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y promover una cultura de prevención.

También sugirió que en casos de crisis o emergencia, los medios audiovisuales se enlacen sin que medie una declaratoria de estado de excepción.

Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) recordó, durante su intervención, que Ecuador se convirtió en uno de los países más represivos en materia de libertad de expresión y que esta situación empeoró con la aprobación de la Ley de Comunicación.

En ese sentido, aseguró que es necesario que las reformas a la Ley estén alineadas a los estándares y tratados internacionales sobre la materia. Para ella, es urgente eliminar figuras como el linchamiento mediático, que ha limitado el periodismo de investigación y entidades administrativas como la SUPERCOM que ha actuado como un ente sancionador y sin independencia.

Southwick aplaudió las transformaciones y el cambio de política antiprensa, por una mayor apertura y voluntad por parte del gobierno. Sin embargo, aseguró que la retórica no sirve de mucho mientras las estructuras represivas siguen intactas y añadió que se deben crear mecanismos para que se garantice la vida de los trabajadores de los medios, desde el Estado.

La asambleísta alineada al Correísmo, Soledad Buendía, defendió la actual Ley de Comunicación y aseguró que los cambios propuestos por el ejecutivo, en el proyecto de reformas significan un retroceso para los derechos de los ciudadanos.

A Buendía le preocupa que se pierda la acción administrativa y la facultad para controlar a los medios, así como el estatus de “servicio público” que actualmente tiene la comunicación.

La asambleísta correísta tampoco considera oportuno eliminar la figura de linchamiento mediático o los consejos consultivos. Para ella todo esto representaría retroceder en derechos y avances logrados.

El asambleísta de Alianza- Tsáchila, Ángel Gende, aseguró que la actual Ley de Comunicación es una ley sancionadora que limita la libertad de expresión y controla a los medios, por lo que a su criterio se debería eliminar la SUPERCOM y que su rol pase al CORDICOM en el marco de regular, pero no de sancionar.

Gende cree que también se debe eliminar el linchamiento mediático ya que esta figura dio paso a abusos y a limitaciones del derecho.

También se refirió al tema de democratizar el espectro radioeléctrico y comentó que hoy no se cumple con la equidad y pluralidad que se prometió cuando se estableció un porcentaje para medios comunitarios, públicos y privados.

Finalmente, la asambleísta Verónica Arias, simpatizante del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y miembro de esa misma comisión defendió a la actual Ley de comunicación y la existencia de la SUPERCOM. A su criterio, no se puede eliminar esta entidad administrativa sin antes reformar la Constitución.

Para Arias, se tienen que tomar en cuenta dos aspectos: regulación para que no exista censura previa y control para hacer efectiva la responsabilidad ulterior. “Está establecido que en casos de responsabilidad ulterior se necesita una institución que haga cumplir esas disposiciones constitucionales.

 

 

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Representantes de la universidad, de medios comunitarios y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se dieron cita este 9 de julio en la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Derechos Colectivos expusieron sus posturas y aportes en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) que se discuten.

Abel Suing, director de la Maestría en Comunicación de la Universidad Territorial Particular de Loja; y Franklin Falconí, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi, coincidieron en “no condenar a priori a los medios comunitarios”, pero que cada uno busque su espacio sin tratar de imitarse.

“Los medios de comunicación deben mejorar sus contenidos, ya que el público que los consume ahora se orienta a las plataformas digitales pagadas. Vemos medios públicos tratando de imitar a medios privados y medios comunitarios imitando a medios privados. Cada quien tiene su espacio y su función, eso lo debemos hacer ver desde las universidades”, manifestó Suing.

Falconí sostuvo ante los miembros de la Comisión que las reformas deben facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y comunitarios. “No puede haber una ley de comunicación que regule el periodismo, tiene que ser una ley lo más libre posible”, acotó. Además, sostuvo que bajo la norma vigente se desarrolló una especie de manual de estilo para los periodistas… “La ley se debería concentrar en facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y los comunitarios”.

Durante su intervención, la representante de los medios comunitarios, Ana María Acosta, enfatizó que “los medios comunitarios pueden existir en grandes ciudades, a través de la representación de diferentes sectores de la población. Nadie ha dicho que no podemos ser solventes económicamente, debemos rechazar la visión de que somos insolventes”. La representante de la Fundación El Churo añadió que cumplen una misión en la sociedad y por ello son necesarios.

Asimismo, Indira Salazar, representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela de Unesco, destacó que en los comunitarios “el financiamiento no puede ser solo del Estado, debe haber financiamiento privado”. Además, señaló que las reformas que se quieren introducir en la LOC deben cumplir con los estándares internacionales. Es decir, entender la libertad de expresión como un derecho humano.

En la sesión presidida por el asambleísta Jorge Corozo, de Alianza PAIS, también participaron Henry Cucalón y Amapola Naranjo. El Legislador del Partido Social Cristiano (PSC) expresó que es “inconstitucional que la comunicación sea considerada un servicio público”. En ese contexto, presentó una propuesta de derogatoria parcial de la Ley Orgánica de Comunicación.

Naranjo, militante del oficialismo, destacó como punto positivo de la norma vigente que esta “apunta hacia avances en impulsar la música de los artistas nacionales”. Es por ello que apela a mantener la iniciativa del 1×1, previamente criticada por representantes del sector artístico.

Este 11 de julio está prevista la próxima sesión de la Comisión.

“Libertad: la limitaron pero jamás nos la quitaron”. Bajo esta consigna de desarrolló el segundo foro sobre las reformas la Ley Orgánica de Comunicación, que se llevó a cabo el 25 de junio, en el auditorio Vicente Rocafuerte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil.

A este segundo conversatorio -organizado por el Grupo Democrático para las Reformas a la LOC, el Grupo Parlamentario por la Defensa de la Libertad de Expresión, la asambleísta Cristina Reyes y FUNDAMEDIOS- asistieron: el periodista y activista Carlos Vera, la ex entrevistadora de Teleamazonas y abogada especializada en Derechos Humanos María Josefa Coronel, el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS César Ricaurte, y la periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa, Tania Tinoco.

Tras un minuto de silencio en memoria de los tres comunicadores del equipo periodístico de diario El Comercio, cuyos cadáveres fueron recientemente hallados e identificados tras más de 90 días de su secuestro, la asambleísta Reyes dio inicio al foro como un espacio para reflexionar lo que pasó con la aplicación de la LOC y pensar cómo queremos que el futuro.

Bajo ese marco, la periodista Tania Tinoco recordó los años del Correísmo, en donde “a vista y paciencia de autoridades” se atacó a la prensa y a los periodistas con la emisión de cadenas en donde sacaban temas personales para quitar la credibilidad de los comunicadores, sanciones a medios y otros mecanismos que significaron una carrera de resistencia en donde muchos quedaron fuera. “Nos dejaron heridos, sedientos de justicia (…) Nos hicieron ver como traficantes de mentiras o de verdades a medias”, recordó Tinoco, quien cree que lo que ocurrió en la década correista no puede volver a pasar, pero que el riesgo persiste si no aprendemos de los errores y horrores, sobretodo, tras la aplicación de una Ley de Comunicación que, a su criterio, debe ser reformada, entendiendo al periodismo como un pilar de la democracia.

“Somos obreros de las palabras, contadores de historia que muchos quieren enterrar para que estas no vean la luz. No somos micrófonos de delincuentes ni relacionistas públicos de las autoridades, ellos no son nuestros jefes sino ustedes, el público (…) La carrera de resistencia que tuvimos que emprender en la época correísta ha terminado, pero no hemos podido cruzar la meta. La reformas la Ley de Comunicación es lo que viene y lo que necesitamos ”, concluyó la periodista de Ecuavisa.

Carlos Vera, quien fue entrevistador en ese canal y ahora mantiene un programa de entrevistas en un medio digital recordó que debemos entender que la Ley de Comunicación actual representa la traición de un gobierno como el de Rafael Correa que se caracterizó justamente por eso. “Nos engañaron y nos usaron a medios y periodistas que creímos en una alternativa mejor, para implantar un sistema totalitario. Ese es el origen remoto de esta Ley y es necesario entenderlo y recordarlo, para entender sus futuras reformas”, apuntó Vera.

Al respecto, cuestionó al actual gobierno de Lenín Moreno por considerar necesaria una Ley de Comunicación y no haberla eliminado mediante consulta popular. Sin embargo dijo que no hay nada de relativizar y que cada periodista y caca medio debe tener en cuenta los principios éticos, ejercer una libertad con responsabilidad y entender que ese derecho que tenemos es la piedra angular de la democracia.

María Josefa Coronel se despojó de su condición de ex entrevistadora de televisión y se centró más en el derecho y sus principios generales como:  igualdad, equidad, justicia. Para ella, es necesario entender estos principios para poder analizar lo que considera fue una “deformación del derecho”, con la aplicación de la  LOC y que se haya considerado y degradado a la comunicación como un servicio público.

“Tenemos una Ley de Comunicación que debe ser derogada de pies a cabeza, yo aplaudo que exista apertura para las reformas, pero mi formación no me permite decir otra cosa que castigar esta ley con la derogación total”, dijo.

“Un servicio público debe ser general y para todos. Concebir la comunicación como servicio público es una atrocidad. Es como pensar que todos los medios tendrían que decir lo mismo bajo principio de igualdad y generalidad que es el principio básico de un servicio público. Llamar a la comunicación como tal resulta como querer meter una pieza forzada en un rompecabezas”, apuntó Coronel para quien se debe derogar la LOC y devolver la dignidad a la comunicación ya que no puede haber reforma o norma jurídica que restrinja derechos.

César Ricaurte cerró la jornada recordando las agresiones a la prensa y las sanciones a los medios en aplicación de la LOC. así como casos emblemáticos como el juicio de 80 millones del expresidente Correa contra diario El Universo, o la demanda de un millón contra los periodistas de investigación Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, entre más de dos mil casos.

Para Ricaurte, hubo tres etapas claves que definieron el gobierno de Correa en su persecución contra la prensa. La primera inició con agresiones verbales, la segunda con juicios como los casos citados y la tercera, que fue la “cereza de este pastel”,  con la construcción de un aparataje legal estatal para esa persecución que tuvo su punto crítico con la aprobación de la LOC.

En esa línea, el director de FUNDAMEDIOS aseguró que así como la LOC, hay al menos nueve cuerpos legales que afectan directamente a la libertad de expresión, por lo que considera que hay una agenda pendiente con aspectos a mejorar y la importancia de empezar con las reformas a este cuerpo legal que permita tener  una ley de comunicación que se ajuste a los estándares internacionales y garantice los derechos. “Debería quedar como ley marco, simple, escueta que reconozca las libertades y luego plantear otras leyes necesarias para diferenciar los distintos aspecto de la comunicación”, propuso Ricaurte.

 

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La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional recibió el pasado 18 de junio al exvocal del Cordicom, Hernán Reyes, como parte del proceso de recepción de propuestas para las posibles reformas que se harán a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El exfuncionario indicó que dicho instrumento legal “fue debatido cuatro años en esta Asamblea y recibió insumos de todos los sectores políticos. No estaría demás que el ámbito legislativo revise los argumentos que se utilizaron para calificar a la comunicación como un servicio público».

A criterio de Reyes “se ha pretendido deslegitimar la Ley de Comunicación”. Señaló que “quieren calificarla como una ley de medios, lo cual no es cierto, y se la ha calificado como una ley mordaza, pero esta ley busca que se respeten los derechos de la audiencia”.

Daniela Salazar, abogada, experta en Derechos Humanos y docente, también intervino en la Comisión. Ella expuso que “es necesaria una Ley de Comunicación para hacer efectivos los derechos que determina nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, regular la opinión es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”.

La Vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) señaló la “complejidad de regular el contenido transmitido vía internet, la diversidad del debate público, las formas de veeduría ciudadana, las cadenas nacionales, el derecho a recibir información de calidad”.

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Álvaro Rosero y José Najas, representantes de la Cámara de Medios de Ecuador,  expusieron el pasado 13 de junio sus propuestas para el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC), durante la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional.

Rosero, fundador de la Cámara, mencionó las deficiencias de la normativa vigente y propuso que “los programas que vinculan a los artículos 36 y 103 de la Ley Orgánica de Comunicación que se refieren a los contenidos nacionales sean transmitidos en cadena nacional”.

El Presidente de la organización, José Najas, insistió en la necesidad de desarrollar una ley “que beneficie a las mayorías, no a grupos empresariales, ni a medios de comunicación, ni a sectores políticos específicos; sino que dé su cobertura amplia a la mayoría de los sectores que hacen vida en Ecuador”. También manifestó que la imposición de contenidos no funciona. Y expuso que el actual cuerpo legal “no define, de forma clara, lo que es comunitario».

Rosero aprovechó la oportunidad para refererirse  al concurso de frecuencias, impulsado a través de la LOC. El vocero de la Cámara de Medios indicó que, según un informe de la Contraloría, se asignaron “más de mil frecuencias indebidamente, dando prioridad a la afinidad política. Esa situación hay que investigarla hasta el fondo y saber qué sucedió allí”, concluyó.

 

Derogar la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), eliminar la figura del linchamiento mediático, vender los medios incautados, defender a la libertad de expresión -vista como un derecho humano fundamental- y adecuar la nueva Ley de Comunicación a estándares internacionales fueron las coincidencias expresadas por asambleístas, sociedad civil, periodistas y autoridades del sector de la comunicación, durante el primer foro sobre reformas a la LOC.

El evento, que tuvo lugar este 5 de junio de 2018 en la Asamblea Nacional, fue convocado por el Grupo Democrático para las Reformas a la LOC, el Grupo Parlamentario por la Defensa de la Libertad de Expresión, la asambleísta Cristina Reyes, y FUNDAMEDIOS y contó con la participación del presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, Danilo Silva; el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo; la asambleísta Lourdes Cuesta; el presidente de los Canales Comunitarios Regionales Asociados del Ecuador y de la AER-Pichincha, Roberto Manciati; el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, y del periodista de diario La Hora, Miguel Molina.

Además de las coincidencias, en el encuentro se expresaron las principales preocupaciones sobre las reformas a la LOC. A la asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta le inquieta el artículo 5 del proyecto reformatorio enviado por el Ejecutivo, el cual define a los medios como mecanismos aptos para difundir o divulgar información. “Cuidado nos quieran regular redes o internet”, advirtió Cuesta, a quien también le preocupa la confirmación del Cordicom y el hecho de que se ponga a un representante del Gobierno.

Otro tema que preocupa es el de las atribuciones que tendría la Defensoría del Pueblo tras la desaparición de la SUPERCOM. “Que no vayan a parar a ningún lado y que la defensora del pueblo siga con las atribuciones que tiene por constitución”, apuntó la legisladora, quien es proponente de un proyecto derogatorio de la LOC, por considerar que “lo que nace torcido es muy difícil de enderezar y todos sabemos cómo nació esa Ley; para perseguir, amedrentar a los medios y para que los casos de corrupción que hoy están saliendo no se investiguen y queden en la impunidad”.

Roberto Manciati compartió la preocupación de Cuesta sobre el papel que tendría la Defensoría del Pueblo y aseguró que, tras la experiencia vivida con la SUPERCOM, en donde se generó un proceso inquisitivo para sancionar a los medios, no se debería desvirtuar el papel de la Defensoría.

En otro tema, a Manciati también le preocupa la distribución de frecuencias del 33, 33, 34, del porcentaje destinado para medios públicos, privados y comunitarios que fue planteado en la actual Ley de Comunicación y que, a su criterio, implica el retiro de frecuencias de medios que han invertido años en esta actividad, por lo que es vital respetar el derecho adquirido.

A Manciati le inquieta la imposición de porcentajes para la difusión de contenidos musicales como el llamado 1X1, que obliga a las radios a difundir música producida en Ecuador. Para él, estas imposiciones son difíciles de cumpir y en el caso del 1X1, cree que en la práctica se ha afectado la presencia del medio en el mercado, por lo que propuso que a las radios comerciales no se les imponga dicho porcentaje, o se fije un porcentaje menor que podría ser suplido con los medios públicos. “Es muy difícil que las radios cumplan el 1×1 porque no siempre hay grupos musicales ecuatorianos especializados en música clásica, salsa, tango, etc”.

Por su parte, al abogado y periodista Miguel Molina le preocupan varios aspectos. Uno de ellos es el lenguaje ambiguo que está presente, al menos en el proyecto enviado por Presidente Moreno, y que genera espacios de discrecionalidad como el uso de criterios de veracidad, calidad o nivel de morbosidad, interés público que difícilmente pueden ser definidos o establecidos.

Al igual que el resto de panelistas, Molina coincidió en que la SUPERCOM y el linchamiento mediático deben desaparecer y respecto al papel de la Defensoría del Pueblo, aseguró que el mencionarla en una ley sería redundar en las facultades que ya tiene.

A su criterio, es un tema crítico a analizar, sobretodo, en su facultad de dictar medidas de protección, ya que podría incurrir en censura previa. “El gran desafío que tiene la asamblea es adecuar todos los proyectos a los estándares interamericanos”, dijo Molina, quien también defendió que no se debería exigir la titulación obligatoria para ejercer la libertad de expresión.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS enfatizó en la necesidad de  generar espacios de debate, desde la sociedad en su conjunto, para sostener un proceso de reformas a la LOC y evitar que suceda lo ocurrido en 2013, cuando en una noche se aprobó una Ley con más de 60 artículos, algunos introducidos a última hora y sin un debate previo. “La sociedad tiene que debatir ampliamente una ley de este tipo porque, cuando llegue al legislativo, tiene que hacer capital social para sostener el proceso (…) Cuando se debata la Ley, todos los legisladores tienen que recoger espíritu que está en la sociedad”, apuntó.

En ese sentido, dijo que la Ley actual es como un “Frankestein”, que, por un lado, prohíbe la censura previa y por otro, impone los contenidos a los medios. “Con esta ley enferma se ha tratado de regular a este derecho humano fundamental y las consecuencias han sido nefastas, no solo por los más de mil procesos iniciados contra los medios, sino porque se ha propiciado la autocensura y ha afectado el derecho de los ciudadanos a informarse “.

En ese sentido, Ricaurte hizo un llamado a los presentes para no cometer los errores del pasado y para no convertir a la nueva ley en una colcha de retazos. “Yo propongo que la nueva coherencia de la nueva Ley sean los estándares internacionales, si tenemos eso como horizonte, punto de partida y de llegada podremos hacer un buen trabajo”.  

Danilo Silva, titular del CORDICOM coincidió en la necesidad de tener un debate democrático para que la reforma de la LOC “sea la que se requiere y en respeto a las libertades”.

Para Silva, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, pero una democracia con responsabilidades. Al respecto, se refirió a la responsabilidad ulterior y aseguró que no se pueden lesionar otros derechos y que si eso ocurre, no hay mejor opción que un juez especializado e independiente para resolver y adjudicar en derecho con proporcionalidad y en base a estándares lo que corresponde.

En ese sentido cuestionó el papel que ha jugado la SUPERCOM por considerar que esta no hacía una ponderación adecuada de derechos y que en estos casos, la motivación es la clave y para ello, se necesita el adecuado análisis de un juez competente. “Más allá de los análisis, el tema central es que la libertad de expresión no debe estar sujeta a control del Estado. Es uno de los Derechos humanos esenciales, apuntó”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo anunció los pasos que seguirá la Comisión que preside para tratar las reformas. Al respecto informó que se tratarán siete proyectos de ley. Cinco proyectos reformatorios y dos derogatorios que serán agrupados y tratados en dos informes

Además, Corozo, informó que se abre las Comisiones Generales de la Comisión de Derechos Colectivos y que los primeros en ser recibidos serán el Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y el presidente del CORDICOM, Danilo Silva, convocados para el próximo lunes 11 de junio. Antes de retirarse del foro, invitó a que todos los sectores de la sociedad civil tomen parte del debate.

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  1. La LOC no debe ser un dispositivo de persecución sino una herramienta para impulsar la protección y el desarrollo de los derechos relacionada a la Comunicación.
  2. La comunicación no es un servicio público es un derecho humano fundamental.
  3. No a la Supercom. La institucionalidad represora debe desaparecer.
  4. El linchamiento mediático debe ser eliminado.
  5. La censura por omisión es un mecanismo de censura vía la imposición de contenidos.
  6. El código de ética como mecanismo de sanción y censura debe ser reemplazado por la adopción de mecanismos de autorregulación de los medios.
  7. Debe reforzarse la autonomía e independencia del CORDICOM como el organismo regulador.
  8. Eliminar los artículos que establecen a la comunicación como servicio público y a la información como un bien público.
  9. Revisar el mecanismo para la garantía del derecho a la rectificación o réplica de tal forma que no se vuelva un sistema para la censura vía la imposición de contenidos.
  10. El capítulo de medios públicos debe ser eliminado para construir una Ley de Medios Públicos dónde se garanticen los principios de servicio público, independencia de gestión, independencia editorial, pluralidad, entre otros. La figura de medios “oficialistas” debe ser eliminada.
  11. Regular la publicidad oficial para que no sea utilizada como un mecanismo de premios y castigos y cumpla con criterios de equidad y transparencia.
  12. Garantizar la asignación transparente, justa, plural de las frecuencias de radio y televisión.
  13. Garantizar y promover de forma real el desarrollo de medios comunitarios. Debe haber una reserva de frecuencias, pero no una repartición rígida y anti técnica.
  14. Revisar el 1×1 para construir un mecanismo de verdadero impulso a la producción nacional y mecanismo de dialogo y consenso entre artistas y medios.

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Con la premisa de construir una alianza social sólida para los nuevos tiempos y una Ley de Comunicación profundamente reformada que garantice el derecho humano a la libre expresión del pensamiento, representantes del Grupo Democrático por las Reformas a la Ley de Comunicación (LOC) mantuvieron un diálogo, el pasado 6 de marzo, con Juan Fernando Velasco, cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE).

Velasco mencionó que antes de que aparezca la figura del 1×1, estipulada en el artículo 108 de la Ley de Comunicación, que menciona que la música producida en el Ecuador representará el 50% de los contenidos radiales, los medios sí tenían una deuda pendiente con los contenidos nacionales.

Según el presidente de SAYCE, el sentido de este artículo de la Ley no debía significar una imposición a las radios, sino impulsar el talento ecuatoriano.

En esta línea, el cantautor señaló que este es un tema que se debe construir de manera consensuada. “Se debe llegar al acuerdo al que nunca pudimos llegar, recuperar la mística, un acuerdo desde el incentivo y no desde lo punitivo”, enfatizó.

También, resaltó la importancia que se debe dar a las obligaciones que tienen los medios de comunicación con los artistas nacionales por los temas que involucran los derechos de autor.

Por su parte, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, resaltó la importancia de seguir manteniendo espacios en donde el diálogo permanente y los acuerdos sean el eje central.

Finalmente, el Grupo Democrático y Juan Fernando Velasco acordaron seguir trabajando en acciones conjuntas para llegar al objetivo común: propiciar reformas profundas a la Ley de Comunicación y una mesa de diálogo de la directiva de SAYCE con los directivos de diferentes medios radiales.

Los periodistas y editores de medios de comunicación, académicos, políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, expresamos la necesidad de realizar de manera urgente dicha reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM.

La Constitución muy bien señala que, la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Además, de que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal y, no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Los derechos garantizados a los particulares en la Constitución, se resumen en el concepto de igualdad ante la ley y de libertad. Tales principios aplicados al derecho judicial, constituyen la base del procedimiento civil; la igualdad jurídica da lugar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica, fundamental en un estado de derecho.

Es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados.

Lo cual infringe los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, inició procesos administrativos, en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno.

Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral.

Rechazamos la persecución efectuada por la Superintendencia de Comunicación, en contra de los medios de comunicación.

Es necesario recalcar que la SUPERCOM infringió varios artículos de: La Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor Presidente de las República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país.

 

Quito, 5 de marzo de 2018.

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.


Con el objetivo de
propiciar unas reformas profundas a la Ley de Comunicación y construir los medios y el periodismo del futuro, donde el concepto de cooperación sea un eje central, representantes del Grupo Democrático para las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC.EC), presentado en una rueda de prensa en días pasados, mantuvieron una primera reunión con Andrés Michelena, nuevo Secretario Nacional de Comunicación (SECOM), y una tercera reunión con Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM).

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España; Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; y Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios, fueron algunos de los actores de LOC.EC que asistieron a la reunión que buscó continuar con las acciones para impulsar reformas profundas y radicales a la Ley de Comunicación.

Andrés Michelena señaló que hay la voluntad política del presidente Lenín Moreno de sacar las reformas a la Ley de Comunicación en un plazo breve que podría ser de seis meses y que se ha trazado las directrices que deben estar enfocadas en el cumplimento estricto de los tratados y estándares internacionales.

También, el Secretario de Comunicación de la SECOM mostró su apertura para que se establezca una metodología permanente y se realicen futuras acciones en conjunto para avanzar con la revisión de los textos de las reformas a la LOC. Así, se propuso llevar a cabo mesas técnicas que serán tripartitas: CORDICOM, SECOM y el Grupo Democrático.

De la misma manera, el miércoles 21 de febrero, LOC.EC mantuvo un diálogo con los representantes de distintos bloques parlamentarios, en el que se estableció como consenso general que, si bien en este momento hay una dispersión de proyectos que han presentado distintas bancadas, es importante llegar a acuerdos y consensos.

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Daniela Salazar, abogada y defensora de Derechos Humanos, catedrática de la USFQ; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.