Sobre la comparecencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison lanza, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el pasado 25 de julio, se pueden sacar varios puntos claves sobre los cuales es necesario retomar o abrir discusiones más profundas.
Por ejemplo, me quedo con la invitación para que, aún con las reformas aprobadas, como país nos tomemos un tiempo adicional para repensar el diseño institucional que regirá la comunicación, los medios y el periodismo en el Ecuador.
Ahora, ese diseño institucional luce bajo el análisis de la Relatoría y la lupa del sentido común como la colcha de retazos que no deberíamos haber tejido: instituciones dispersas, sanciones o no sanciones ambiguas, autorregulación que se queda en el enunciado, correlación que se insinúa y no se concreta e instituciones por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero que juegan papeles claves como Arcotel o el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).
El diseño institucional es un tema fundamental para que la Ley tenga alguna relevancia futura y por eso es necesario hablar de ello, más adelante, con más profundidad.
La verdad es que me quedaron resonando otros aspectos de la intervención de Edison Lanza que consta, además, en el documento entregado en la Asamblea bajo el subtítulo de “Creación de un entorno favorable”: “En sus Informes Anuales, la Relatoría Especial ha señalado la frecuencia con que se profería, en el pasado, por autoridades nacionales expresiones de descrédito, estigmatización, amenazas y hostigamientos contra instituciones, medios de comunicación, periodistas y personas críticas del gobierno… Asimismo, la Relatoría ha recomendado que los Estados deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas… En ese sentido, esta reforma debería incluir disposiciones para garantizar que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
He eliminado las citas a los informes y declaraciones conjuntas, pero el mensaje en este párrafo es claro: las reformas a la LOC deberían partir del reconocimiento explícito del valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática y el deber que tiene el Estado en la creación de un entorno favorable para su protección.
¿Sucede eso? ¿Bajo ese espíritu se están discutiendo las reformas? Lamentablemente, creo que no. Vale una anécdota para ilustrarlo: en esos mismos días vi el tuit de un periodista que trabajó para el pasado gobierno dónde básicamente se decía que siempre los periodistas han cometido linchamiento mediático, ayer hoy y mañana, con LOC o sin LOC.
No voy a dar nombres, porque no me interesa entrar en polémicas estériles. Solo lo cito porque es el mismo tipo de razonamiento que subyace en muchas de las intervenciones en la Comisión de Derechos Colectivos que intentan contribuir al debate para las reformas: los medios y periodistas como enemigos públicos, cuasi criminales a los que es necesario someter a una ley dura porque, de lo contrario, son un peligro para los ciudadanos y la sociedad.
Muchos pensarán: “bien ganado se lo tienen, prensa mediocre y corrupta”. Y entonces entra el siguiente punto clave de la intervención de Lanza sobre las “Reparaciones”: “Si el Gobierno, esta Asamblea reconocen que hubo violaciones a la libertad de expresión bajo la anterior normativa, habría que generar un mecanismo ad hoc para revisar las sanciones impuestas bajo una Ley que violaba la Libertad de Expresion y no dejarlos pasar así como ‘ya se verá qué podemos hacer’. Como una manera de reparación y no repetición, sugerimos que se constituya una comisión ad hoc con expertos nacionales e internacionales que puedan aplicar los principios de reparación y no repetición”.
En el documento que acompaña la intervención del Relator, este tema queda aún mejor definido:
“La Relatoría Especial considera que la Asamblea Nacional debería habilitar un proceso para revisar la aplicación de sanciones en consideración que esas sanciones fueron el resultado de la aplicación de una ley que irrespetaba principios básicos del derecho a la libertad de expresión, por un organismo que actuó sin independencia del gobierno de entonces, y violentando normas del debido proceso. En ese sentido, la Relatoría recomienda la creación de un mecanismo ad hoc, integrado por expertos nacionales e internacionales, para la completa revisión de los centenares de casos en los que se han aplicado sanciones graves (pecuniarias, imposición de información, interrupción de emisiones y otras por el estilo). De este modo, se aplicaría un sistema de reparaciones que podría revertir el efecto inhibitorio y de afectaciones en general infringido al periodismo ecuatoriano”.
Clarísimo: las violaciones a la libertad de expresión son graves violaciones a los Derechos Humanos. Si se violó masivamente la libertad de expresión con la aplicación de una ley viciada y transgresora de derechos, no basta mirar para otro lado o decir “¡Uy, qué pena!”. No, las instituciones del Estado, Asamblea, Ejecutivo, Comisión de Participación Ciudadana, Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo deberían crear los mecanismos para que se reconozcan esas violaciones de derechos y se proceda con acciones de reparación y no repetición.
Si no partimos de estos principios tan claros, estamos condenados a que hoy mismo sigan apareciendo los que, a pretexto de la prensa “corrupta” y “linchadora”, violen de forma masiva derechos fundamentales creyendo firmemente en su propia impunidad.