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Ley de Comunicación

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La tarde de este 8 de agosto se realizó en Asamblea Nacional el foro ‘Pluralidad de voces para la libertad de expresión: Aportes desde los medios comunitarios para la Ley de Comunicación’. En el encuentro participaron Jorge Guachamín, director de la  Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape); y Gissela Dávila, directora general de Ciespal. En ambas exposiciones se concluyó que “el 33% de las frecuencias del espectro para medios comunitarios es un derecho que no se puede perder, porque sería un retroceso”.

Para Guachamín, “estamos hablando de espacios, que los medios sean un puente con las autoridades para resolver problemas, contar con la información de primera mano, espacios de construcción ciudadana y democracia. Pero el Estado ha priorizado la asignación de frecuencias hacia el sector privado, los comunitarios no han sido tomados en cuenta y esto atenta contra la democratización de la información”.

A criterio de Guamachín, el sector privado “usufructúa el mismo espacio y no se han asignado frecuencias a quienes somos el Estado y que formamos parte de sectores organizados que están solicitando esas frecuencias”. El Director de Corape destacó que “falta mucho por hacer para lograr el 34% del espectro, pero es un derecho que no podemos dar marcha atrás. El principio de pluralidad debe garantizarse para que se democratice el espectro, cuando podamos encontrar varios contenidos y no unos solo, en ese momento podríamos hablar de una verdadera democratización de la comunicación”.

La representante de Ciespal afirmó que con la distribución que formula la LOC, darle el 34% a los medios comunitarios, uno por ciento por encima del 33% de medios públicos y el otro 33% de medios privados, “el Estado estaría pagando una deuda por haber desatendido a este sector durante años. Por ello hoy el 95% de las frecuencias está en manos privadas”.

Dávila insistió en que la “democratización del espectro no tiene nada que ver con factores tecnológicos o técnicos. Durante 50 años nos dijeron que el espectro estaba saturado y era imposible redistribuirlo, luego se demostró que con disposición y la voluntad política se puede redistribuir y por ello no se garantiza el derecho de tener más información, más voces”.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.

 

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Sobre la comparecencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison lanza, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el pasado 25 de julio, se pueden sacar varios puntos claves sobre los cuales es necesario retomar o abrir discusiones más profundas.

Por ejemplo, me quedo con la invitación para que, aún con las reformas aprobadas, como país nos tomemos un tiempo adicional para repensar el diseño institucional que regirá la comunicación, los medios y el periodismo en el Ecuador.

Ahora, ese diseño institucional luce bajo el análisis de la Relatoría y la lupa del sentido común como la colcha de retazos que no deberíamos haber tejido: instituciones dispersas, sanciones o no sanciones ambiguas, autorregulación que se queda en el enunciado, correlación que se insinúa y no se concreta e instituciones por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero que juegan papeles claves como Arcotel o el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

El diseño institucional es un tema fundamental para que la Ley tenga alguna relevancia futura y por eso es necesario hablar de ello, más adelante, con más profundidad.

La verdad es que me quedaron resonando otros aspectos de la intervención de Edison Lanza que consta, además, en el documento entregado en la Asamblea bajo el subtítulo de “Creación de un entorno favorable”: “En sus Informes Anuales, la Relatoría Especial ha señalado la frecuencia con que se profería, en el pasado, por autoridades nacionales expresiones de descrédito, estigmatización, amenazas y hostigamientos contra instituciones, medios de comunicación, periodistas y personas críticas del gobierno… Asimismo, la Relatoría ha recomendado que los Estados deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas… En ese sentido, esta reforma debería incluir disposiciones para garantizar que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

He eliminado las citas a los informes y declaraciones conjuntas, pero el mensaje en este párrafo es claro: las reformas a la LOC deberían partir del reconocimiento explícito del valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática y el deber que tiene el Estado en la creación de un entorno favorable para su protección.

¿Sucede eso? ¿Bajo ese espíritu se están discutiendo las reformas? Lamentablemente, creo que no. Vale una anécdota para ilustrarlo: en esos mismos días vi el tuit de un periodista que trabajó para el pasado gobierno dónde básicamente se decía que siempre los periodistas han cometido linchamiento mediático, ayer hoy y mañana, con LOC o sin LOC.

No voy a dar nombres, porque no me interesa entrar en polémicas estériles. Solo lo cito porque es el mismo tipo de razonamiento que subyace en muchas de las intervenciones  en la Comisión de Derechos Colectivos que intentan contribuir al debate para las reformas: los medios y periodistas como enemigos públicos, cuasi criminales a los que es necesario someter a una ley dura porque, de lo contrario, son un peligro para los ciudadanos y la sociedad.

Muchos pensarán: “bien ganado se lo tienen, prensa mediocre y corrupta”. Y entonces entra el siguiente punto clave de la intervención de Lanza sobre las “Reparaciones”: “Si el Gobierno, esta Asamblea reconocen que hubo violaciones a la libertad de expresión bajo la anterior normativa, habría que generar un mecanismo ad hoc para revisar las sanciones impuestas bajo una Ley que violaba la Libertad de Expresion y no dejarlos pasar así como ‘ya se verá qué podemos hacer’. Como una manera de reparación y no repetición, sugerimos que se constituya una comisión ad hoc con expertos nacionales e internacionales que puedan aplicar los principios de reparación y no repetición”.

En el documento que acompaña la intervención del Relator, este tema queda aún mejor definido:

“La Relatoría Especial considera que la Asamblea Nacional debería habilitar un proceso para revisar la aplicación de sanciones en consideración que esas sanciones fueron el resultado de la aplicación de una ley que irrespetaba principios básicos del derecho a la libertad de expresión, por un organismo que actuó sin independencia del gobierno de entonces, y violentando normas del debido proceso. En ese sentido, la Relatoría recomienda la creación de un mecanismo ad hoc, integrado por expertos nacionales e internacionales, para la completa revisión de los centenares de casos en los que se han aplicado sanciones graves (pecuniarias, imposición de información, interrupción de emisiones y otras por el estilo). De este modo, se aplicaría un sistema de reparaciones que podría revertir el efecto inhibitorio y de afectaciones en general infringido al periodismo ecuatoriano”.

Clarísimo: las violaciones a la libertad de expresión son graves violaciones a los Derechos Humanos. Si se violó masivamente la libertad de expresión con la aplicación de una ley viciada y transgresora de derechos, no basta mirar para otro lado o decir “¡Uy, qué pena!”. No, las instituciones del Estado, Asamblea, Ejecutivo, Comisión de Participación Ciudadana, Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo deberían crear los mecanismos para que se reconozcan esas violaciones de derechos y se proceda con acciones de reparación y no repetición.

Si no partimos de estos principios tan claros, estamos condenados a que hoy mismo sigan apareciendo los que, a pretexto de la prensa “corrupta” y “linchadora”, violen de forma masiva derechos fundamentales creyendo firmemente en su propia impunidad.

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Representantes de la universidad, de medios comunitarios y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se dieron cita este 9 de julio en la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Derechos Colectivos expusieron sus posturas y aportes en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) que se discuten.

Abel Suing, director de la Maestría en Comunicación de la Universidad Territorial Particular de Loja; y Franklin Falconí, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi, coincidieron en “no condenar a priori a los medios comunitarios”, pero que cada uno busque su espacio sin tratar de imitarse.

“Los medios de comunicación deben mejorar sus contenidos, ya que el público que los consume ahora se orienta a las plataformas digitales pagadas. Vemos medios públicos tratando de imitar a medios privados y medios comunitarios imitando a medios privados. Cada quien tiene su espacio y su función, eso lo debemos hacer ver desde las universidades”, manifestó Suing.

Falconí sostuvo ante los miembros de la Comisión que las reformas deben facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y comunitarios. “No puede haber una ley de comunicación que regule el periodismo, tiene que ser una ley lo más libre posible”, acotó. Además, sostuvo que bajo la norma vigente se desarrolló una especie de manual de estilo para los periodistas… “La ley se debería concentrar en facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y los comunitarios”.

Durante su intervención, la representante de los medios comunitarios, Ana María Acosta, enfatizó que “los medios comunitarios pueden existir en grandes ciudades, a través de la representación de diferentes sectores de la población. Nadie ha dicho que no podemos ser solventes económicamente, debemos rechazar la visión de que somos insolventes”. La representante de la Fundación El Churo añadió que cumplen una misión en la sociedad y por ello son necesarios.

Asimismo, Indira Salazar, representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela de Unesco, destacó que en los comunitarios “el financiamiento no puede ser solo del Estado, debe haber financiamiento privado”. Además, señaló que las reformas que se quieren introducir en la LOC deben cumplir con los estándares internacionales. Es decir, entender la libertad de expresión como un derecho humano.

En la sesión presidida por el asambleísta Jorge Corozo, de Alianza PAIS, también participaron Henry Cucalón y Amapola Naranjo. El Legislador del Partido Social Cristiano (PSC) expresó que es “inconstitucional que la comunicación sea considerada un servicio público”. En ese contexto, presentó una propuesta de derogatoria parcial de la Ley Orgánica de Comunicación.

Naranjo, militante del oficialismo, destacó como punto positivo de la norma vigente que esta “apunta hacia avances en impulsar la música de los artistas nacionales”. Es por ello que apela a mantener la iniciativa del 1×1, previamente criticada por representantes del sector artístico.

Este 11 de julio está prevista la próxima sesión de la Comisión.

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Álvaro Rosero y José Najas, representantes de la Cámara de Medios de Ecuador,  expusieron el pasado 13 de junio sus propuestas para el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC), durante la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional.

Rosero, fundador de la Cámara, mencionó las deficiencias de la normativa vigente y propuso que “los programas que vinculan a los artículos 36 y 103 de la Ley Orgánica de Comunicación que se refieren a los contenidos nacionales sean transmitidos en cadena nacional”.

El Presidente de la organización, José Najas, insistió en la necesidad de desarrollar una ley “que beneficie a las mayorías, no a grupos empresariales, ni a medios de comunicación, ni a sectores políticos específicos; sino que dé su cobertura amplia a la mayoría de los sectores que hacen vida en Ecuador”. También manifestó que la imposición de contenidos no funciona. Y expuso que el actual cuerpo legal “no define, de forma clara, lo que es comunitario».

Rosero aprovechó la oportunidad para refererirse  al concurso de frecuencias, impulsado a través de la LOC. El vocero de la Cámara de Medios indicó que, según un informe de la Contraloría, se asignaron “más de mil frecuencias indebidamente, dando prioridad a la afinidad política. Esa situación hay que investigarla hasta el fondo y saber qué sucedió allí”, concluyó.

 

Los periodistas y editores de medios de comunicación, académicos, políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Democrático por las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, expresamos la necesidad de realizar de manera urgente dicha reforma con el fin de eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, en razón de que se violan los derechos de comunicación, libertad de pensamiento y opinión consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, el 14 de junio del 2013, por tanto, exigimos: derogar los artículos desde el 55 hasta el 59 que contienen las disposiciones relativas a la Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM.

La Constitución muy bien señala que, la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Además, de que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal y, no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Los derechos garantizados a los particulares en la Constitución, se resumen en el concepto de igualdad ante la ley y de libertad. Tales principios aplicados al derecho judicial, constituyen la base del procedimiento civil; la igualdad jurídica da lugar a la igualdad de trato y a la seguridad jurídica, fundamental en un estado de derecho.

Es necesario que, para garantizar la seguridad jurídica, la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y el debido proceso, que habla claramente la Constitución de la República, se deben derogar los artículos señalados, en razón que, un mismo órgano administrativo, hace las veces de juez y parte, dentro de los procesos administrativos, que se iniciaban en contra de los medios de comunicación privados.

Lo cual infringe los artículos 75, 76, numeral 7, letra k, y, 82 de la Constitución Política, que muy bien prescribe: La persona tiene que ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, que le proteja efectiva e imparcialmente, lo cual lleva a que tenga seguridad jurídica, en virtud que se respetan los preceptos constitucionales y legales.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, SUPERCOM, inició procesos administrativos, en contra de varios medios de comunicación, aplicando de forma arbitraria y prepotente una Ley contraria a la Constitución; expedientes administrativos inconstitucionales e ilegales, que en su mayoría sirvieron para sancionar a numerosos medios de comunicación independientes que no se sometían a los caprichos y exigencias del gobierno de turno.

Como resultado de la señalada persecución se cerraron algunos medios de prensa escritos, dejando sin trabajo, a cientos de valiosos ecuatorianos, entre ellos periodistas de gran valía intelectual y moral.

Rechazamos la persecución efectuada por la Superintendencia de Comunicación, en contra de los medios de comunicación.

Es necesario recalcar que la SUPERCOM infringió varios artículos de: La Constitución; la Ley Orgánica de Comunicación; Tratados Internacionales; la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor Presidente de las República, Lenin Moreno Garcés, que en vista de ser necesaria la supresión de dicha entidad pública, no envíe la terna para Superintendente de Información y Comunicación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y recomiende la eliminación de este organismo que tanto daño ha hecho al país.

 

Quito, 5 de marzo de 2018.

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

LOC.EC está conformado por: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS; Tania Tinoco, presentadora/realizadora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; y el periodista y activista Carlos Vera.

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Con el objetivo de impulsar reformas profundas y radicales a la Ley de Comunicación (LOC) que propicie medios y periodismo para el futuro donde el concepto de cooperación sea un eje central, representantes de la sociedad civil, periodistas y abogados, han conformado el Grupo Democrático para las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC.EC), en el marco de la aplicación de la Hoja de Ruta para la Libertad de Expresión 2017-2019.

“Es hora de dejar el viejo régimen atrás, es hora de cambiar radicalmente la Ley de Comunicación. No proponemos regresar al pasado, proponemos nuevos medios para nuevos tiempos”, señaló César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en la rueda de prensa ofrecida el 21 de febrero, en el Hotel Hilton Colón de Quito, en la que se realizó la presentación oficial del Grupo LOC.EC.

Varios representantes del Grupo participaron en la rueda de prensa: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de RTU; César Ulloa, catedrático y vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); y César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS.

“Queremos construir una Ley que promueva derechos. Es indispensable que la Ley de Comunicación sea tratada, desde el sector público y privado, y desde la ciudadanía”, resaltó Francisco Rocha.

Por su parte, Susana Piedra señaló: “Buscamos que en esta nueva Ley se recoja el protocolo de Naciones Unidas para seguridad de los periodistas. Nuestro trabajo debe estar amparado en la Ley de Comunicación”, señaló.

A la misma hora, se llevó a cabo una rueda de prensa en la Fundación El Universo, que fue liderada por Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; y María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, que tenía como objetivo presentar al Grupo LOC.EC y a sus representantes en Guayaquil.

“Hemos decidido brindar nuestro aporte para reformar la Ley de Comunicación, en pro del cumplimiento del derecho que tienen los ecuatorianos”, explicó Tania Tinoco.

El Grupo Democrático plantea trabajar en base a una alianza social que involucre a los diferentes sectores de la sociedad para propiciar la unión y superar el viejo esquema de la Ley elaborada para castigar y disciplinar y pasar así a una Ley propositiva enfocada en construir el periodismo y los medios ecuatorianos del futuro, y de esta manera, generar el desarrollo de medios de comunicación fuertes, competitivos y dispuestos a afrontar los grandes retos que conlleva la digitalización de la comunicación.

Conforman LOC.EC: Luis Verdesoto, académico y presidente de la Plataforma por la Democracia y DDHH; José Najas, director de Radio Sucesos; Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP); Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE); Thalía Flores, periodista y corresponsal del Diario ABC de España, Juan Carlos Solines, abogado experto en Telecomunicaciones; Roberto Manciati, presidente de RTU; Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), César Ulloa, catedrático y vicepresidente UNP; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, Tania Tinoco, periodista y directora del programa investigativo Visión 360 de Ecuavisa; María Josefa Coronel, abogada especializada en Derechos Humanos, Betty Escobar, articulista de Diario El Universo; Carlos Rojas, director del programa Políticamente Correcto de Ecuavisa; Daniela Salazar, abogada y defensora de Derechos Humanos, catedrática de la USFQ; Lolo Echeverría, director de la Revista Criterios; Marlon Puertas, editor general del portal Focus Ecuador; Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo , Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Sara España, periodista de diario Expreso y corresponsal de diario El País; Saudia Levoyer, directora del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar; Jaime Vintimilla, catedrático de la USFQ; Mónica Mendoza, macroeditora de diario El Comercio (Guayaquil); Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V; Luis Verdesoto, presidente de la Plataforma de Derechos Humanos; y el periodista Carlos Vera.

En la pasada década se registraron más de 2000 ataques a la prensa, en los que se incluyen agresiones verbales, físicas, y judiciales. Pero, el punto de inflexión para que el Ecuador sea considerado uno de los países con la peor situación de libertades fundamentales en el Hemisferio Occidental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Las consecuencias para el periodismo y los medios de comunicación fueron nefastos.

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