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Ley de Comunicación

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El 25 de julio de 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), presentado por el presidente Lenín Moreno.

Las recomendaciones se dividen en seis ejes:

1. Fortalecimiento y respeto a la normativa internacional y apego a las normas constitucionales

2. Eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom)

3. Fortalecimiento de la participación ciudadana

4. Fomento de autorregulación de medios públicos y privados

5. Diferenciación en sistema de comunicación para tener medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, cada uno con roles y objetivos

6. Pasos necesarios para el traspaso de acciones que el Gobierno tiene en medios de comunicación incautados

Con el objetivo de profundizar en estas observaciones y aportar al debate, FUNDAMEDIOS recopila y analiza las sugerencias de la CIDH:

 

A estas alturas ya no hay como andarse con eufemismos ni con medias tintas: la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) cumple los estándares internacionales o no. A medias, no sirve.

Así que los asambleístas tienen en este momento un rol histórico: devolver el derecho la libertad de expresión a los ciudadanos arrebatado por el Estado.

Es un reto para todos los partidos políticos. Todos los que se consideren democráticos, claro. Porque recordemos que la LOC actual parte de un principio autoritario: el Estado como titular del derecho a la libre expresión. Un Estado que, por lo tanto. debía estar en todo y controlarlo todo.

En desactivar esa perversión, la Comisión de Derechos Colectivos ha trabajado y ha avanzado mucho. Lo reconocemos y agradecemos. Pero hay varias bombas que están activadas y deben ser tratadas con valentía por el pleno de la Asamblea para cumplir el objetivo que todos los sectores democráticos han dicho respetar: los estándares internacionales de libertad de expresión.

Nos permitimos sugerir algunos desafíos que se suman a las líneas rojas de las libertades:

 

  1. Medios Públicos. Garantizar su autonomía financiera y su independencia editorial debe ser una prioridad. Para eso es necesario ubicar en la Ley una fórmula de financiamiento clara que no dependa de la voluntad de ningún funcionario. Hay varios métodos que funcionan en el mundo. Discutamos algunos de ellos. En cuanto a la independencia es necesario reformular la composición de un directorio para darle un carácter plenamente técnico y ciudadano.
  2. Impulsar el periodismo de investigación como herramienta en la lucha contra la corrupción. Se deben eliminar las limitaciones que subsisten en las reformas sobre información de carácter reservado, que es solo un eufemismo para ocultar datos. Principalmente hay que proteger a quienes la filtran y no castigar a quienes la publican.
  3. Memoria y reparación. No es suficiente que la nueva LOC recupere, respete y promueva derechos. Es necesario promover la revisión de lo que pasó para llegar a la verdad, justicias y reparación a las víctimas. A la final, la Ley del correísmo fue un sofisticado dispositivo para minar de forma sistemática y masiva el derecho fundamental a la libertad de expresión.
  4. Diseño Institucional. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

Fundamedios pide a los Asambleístas que en la discusión de las reformas a la LOC prevalezca un espíritu democrático que permita profundizar las reformas para conducirnos al cumplimento pleno de los estándares internacionales de libertad de expresión.

No tenemos otro camino si queremos un país democrático y libre.

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Cada vez que nos enfrentamos a un nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), hay que estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankenstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es precisamente “¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?”.

Estamos ya en la mesa con el Informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y eso luce como uno de los nudos críticos del nuevo cuerpo legal: el diseño institucional. Pero vamos por pasos y demos un vistazo general a los avances del proyecto.

Podemos asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambiguo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término para su implementación, implicará un trabajo activo con editores de medios y operadores de justicia quienes decidirán la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para el impulso al sector, se van a concesionar de forma directa frecuencias para las nacionalidades y pueblos indignas y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro pare el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos, una vez más, lo que heredamos del correísmo: en el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones bajo dos leyes distintas. Bajo la LOC, se debían controlar los contenidos de los medios. Para ello se dio paso a la Supercom que, según uno de sus creadores “era los dientes en la Ley”; es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Cordicom que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, se creó una Agencia de Regulación de control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de supervisar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales. Es decir, de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la SUPERCOM y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el CORDICOM y su primo hermano el ARCOTEL? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el CORDICOM no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿Cumple esos requisitos el CORDICOM que sale de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

ARCOTEl es otro cantar, está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El Relator Lanza decía que este es un tema en el que, cómo país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del CORDICOM e incluso del ARCOTEL, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

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La tarde de este 8 de agosto se realizó en Asamblea Nacional el foro ‘Pluralidad de voces para la libertad de expresión: Aportes desde los medios comunitarios para la Ley de Comunicación’. En el encuentro participaron Jorge Guachamín, director de la  Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape); y Gissela Dávila, directora general de Ciespal. En ambas exposiciones se concluyó que “el 33% de las frecuencias del espectro para medios comunitarios es un derecho que no se puede perder, porque sería un retroceso”.

Para Guachamín, “estamos hablando de espacios, que los medios sean un puente con las autoridades para resolver problemas, contar con la información de primera mano, espacios de construcción ciudadana y democracia. Pero el Estado ha priorizado la asignación de frecuencias hacia el sector privado, los comunitarios no han sido tomados en cuenta y esto atenta contra la democratización de la información”.

A criterio de Guamachín, el sector privado “usufructúa el mismo espacio y no se han asignado frecuencias a quienes somos el Estado y que formamos parte de sectores organizados que están solicitando esas frecuencias”. El Director de Corape destacó que “falta mucho por hacer para lograr el 34% del espectro, pero es un derecho que no podemos dar marcha atrás. El principio de pluralidad debe garantizarse para que se democratice el espectro, cuando podamos encontrar varios contenidos y no unos solo, en ese momento podríamos hablar de una verdadera democratización de la comunicación”.

La representante de Ciespal afirmó que con la distribución que formula la LOC, darle el 34% a los medios comunitarios, uno por ciento por encima del 33% de medios públicos y el otro 33% de medios privados, “el Estado estaría pagando una deuda por haber desatendido a este sector durante años. Por ello hoy el 95% de las frecuencias está en manos privadas”.

Dávila insistió en que la “democratización del espectro no tiene nada que ver con factores tecnológicos o técnicos. Durante 50 años nos dijeron que el espectro estaba saturado y era imposible redistribuirlo, luego se demostró que con disposición y la voluntad política se puede redistribuir y por ello no se garantiza el derecho de tener más información, más voces”.

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El recientemente nombrado Superintendente de Comunicación, Édison Toro participó este lunes 6 de agosto en la sesión número 180 de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde se analizan reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Allí expuso que es necesario definir cómo se manejarán los procesos administrativos adelantados en contra de medios de comunicación.

Toro informó que se levantó un registro, desde hace una semana que asumió el cargo, donde «existen 706 sanciones administrativas de la Supercom, de las cuales 154 no podrían ser revisadas porque están ya en la vía judicial». Además confirmó que «se tienen indicios de que varias resoluciones sancionatorias sí violentaron, no solamente el debido proceso, sino también normas materiales en su aplicación”.

Según el Superintendente, «es parte del plan de trabajo trazado, en los días siguientes serán convocados para plantear el plan de acción frente al debate de la ley que se hará una revisión de los actos administrativos bajo el Código Orgánico Administrativo (COA)».

El funcionario dijo que estos cambios no implican «licencia abierta para los medios. Hay vías para que se hagan cargo de su responsabilidad, si vulneran derechos. Será el juez el más encargado y el mejor capacitado para ponderar eso”. Toro también comentó que la figura de linchamiento mediático está entre los puntos más discutidos del proyecto que, «luego de la fase de socialización, entra en una etapa de análisis previo a la votación del informe para primer debate que irá a discusión del Pleno».

En relación a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sostuvo que tal medida es «necesaria. No se amerita su existencia, porque no tiene sentido una institución administrativa que controla y sanciona la libertad de expresión».

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La mañana del pasado 1 de agosto, tres periodistas se incorporaron al debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación (LOC): Tania Tinoco, Gustavo Cortez y María Josefa Coronel. Su intervención fue absolutamente oportuna, por una razón. Situar la discusión en el plano real: el de los atropellos a la prensa durante 10 años y la LOC como el dispositivo con el cual se completó la política de acoso y derribo al periodismo.

Los testimonios de Tania, Gustavo y María Josefa fueron claves para silenciar ese lado censurador y controlador que subsiste en buena parte de los actores, dentro y fuera de la Asamblea. El contar de primera mano cómo operó la censura disfrazada de Ley causó el efecto de sensibilización necesaria para avanzar en un debate complejo.

Tan complejo como el del diseño institucional que ya lo esbozó el relator Edison Lanza, durante su comparencia en el seno de la Comisión y donde dijo que no quería recomendar ningún modelo, porque de haberlos hay muchos y que más bien los ecuatorianos debíamos darnos el tiempo, para que incluso después de aprobadas las reformas y como parte del proceso de transición, discutamos cuál es el mejor diseño institucional que integre los mecanismos más adecuados de regulación, autorregulación y corregulación.

En este momento las reformas a la LOC plantean la desaparición de la SUPERCOM y todos lo aplaudimos, no solo por lo que significa, sino porque ningún estándar recomienda que un derecho humano fundamental sea cuestión de superintendentes impuestos por el poder Ejecutivo en países que deseen llamarse democráticos. Entonces, quedan el CORDICOM y los mecanismos de autorregulación. Aunque por fuera, además, existan el ARCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) que, como se ha demostrado, también tienen mucho que decir en temas tan sensibles como la repartición de las frecuencias de radio y TV.

En todo caso, lo que recomiendan los estándares es respetar unos principios: independencia del órgano regulador, alto nivel técnico, autonomía administrativa y financiera.

Así que la composición del CORDICOM es una cosa vital. La propuesta del Ejecutivo es insuficiente en esos términos. Si bien incorpora un delegado de las carreras de comunicación de las universidades, la independencia del organismo hacia quien ocupa el poder político todavía no es del todo clara.

Una vez más, todo es una cuestión de diseño. Institucional. Estructural. De país. De Estado. Imaginemos que montamos una fábrica de autos y decidimos que vamos a construir Ferraris, pero compramos los diseños de un Chevrolet. Así que tenemos un problema, una seria limitación para construir instituciones regulatorias independientes: la Constitución prohíbe que los regulados sean parte de órganos regulatorios. Tiene alguna lógica cuando hablamos de bancos. Pero con una Ley de Comunicación los regulados somos todos. O para ser más precisos, medios, periodistas, publicistas, comunicadores, productores, artistas, actores, todos caen en el mismo saco.

Al final, hay que hacer piruetas y una pirueta de esas se aprobó el miércoles para el CORDICOM: aparte de los delegados que proponía el Ejecutivo, se incorpó a tres representantes de los pueblos montubios, indígenas y afros. Y se le dio voz, pero no voto, a una parte de los regulados: medios, periodistas. Y a quienes estamos por fuera de todo el quilombo, sociedad civil relacionada al “derecho de la comunicación” que no es más que el eufemismo para hablar de libertad de expresión.

La fórmula es imperfecta. Muy imperfecta, pero un avance, por un detalle: los delegados ya no serán delegados sino miembros nominados por X y nombrados por el Consejo de Participación y por lo tanto con responsabilidad política.

En todo caso, es un tema que hay que seguir discutiendo. No todo está acabado. No todo está perdido, como decía Fito Páez. Como país debemos darnos la oportunidad de seguirlo debatiendo, como ya lo decía el Relator Lanza.

 

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Sobre la comparecencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison lanza, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el pasado 25 de julio, se pueden sacar varios puntos claves sobre los cuales es necesario retomar o abrir discusiones más profundas.

Por ejemplo, me quedo con la invitación para que, aún con las reformas aprobadas, como país nos tomemos un tiempo adicional para repensar el diseño institucional que regirá la comunicación, los medios y el periodismo en el Ecuador.

Ahora, ese diseño institucional luce bajo el análisis de la Relatoría y la lupa del sentido común como la colcha de retazos que no deberíamos haber tejido: instituciones dispersas, sanciones o no sanciones ambiguas, autorregulación que se queda en el enunciado, correlación que se insinúa y no se concreta e instituciones por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero que juegan papeles claves como Arcotel o el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

El diseño institucional es un tema fundamental para que la Ley tenga alguna relevancia futura y por eso es necesario hablar de ello, más adelante, con más profundidad.

La verdad es que me quedaron resonando otros aspectos de la intervención de Edison Lanza que consta, además, en el documento entregado en la Asamblea bajo el subtítulo de “Creación de un entorno favorable”: “En sus Informes Anuales, la Relatoría Especial ha señalado la frecuencia con que se profería, en el pasado, por autoridades nacionales expresiones de descrédito, estigmatización, amenazas y hostigamientos contra instituciones, medios de comunicación, periodistas y personas críticas del gobierno… Asimismo, la Relatoría ha recomendado que los Estados deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas… En ese sentido, esta reforma debería incluir disposiciones para garantizar que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

He eliminado las citas a los informes y declaraciones conjuntas, pero el mensaje en este párrafo es claro: las reformas a la LOC deberían partir del reconocimiento explícito del valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática y el deber que tiene el Estado en la creación de un entorno favorable para su protección.

¿Sucede eso? ¿Bajo ese espíritu se están discutiendo las reformas? Lamentablemente, creo que no. Vale una anécdota para ilustrarlo: en esos mismos días vi el tuit de un periodista que trabajó para el pasado gobierno dónde básicamente se decía que siempre los periodistas han cometido linchamiento mediático, ayer hoy y mañana, con LOC o sin LOC.

No voy a dar nombres, porque no me interesa entrar en polémicas estériles. Solo lo cito porque es el mismo tipo de razonamiento que subyace en muchas de las intervenciones  en la Comisión de Derechos Colectivos que intentan contribuir al debate para las reformas: los medios y periodistas como enemigos públicos, cuasi criminales a los que es necesario someter a una ley dura porque, de lo contrario, son un peligro para los ciudadanos y la sociedad.

Muchos pensarán: “bien ganado se lo tienen, prensa mediocre y corrupta”. Y entonces entra el siguiente punto clave de la intervención de Lanza sobre las “Reparaciones”: “Si el Gobierno, esta Asamblea reconocen que hubo violaciones a la libertad de expresión bajo la anterior normativa, habría que generar un mecanismo ad hoc para revisar las sanciones impuestas bajo una Ley que violaba la Libertad de Expresion y no dejarlos pasar así como ‘ya se verá qué podemos hacer’. Como una manera de reparación y no repetición, sugerimos que se constituya una comisión ad hoc con expertos nacionales e internacionales que puedan aplicar los principios de reparación y no repetición”.

En el documento que acompaña la intervención del Relator, este tema queda aún mejor definido:

“La Relatoría Especial considera que la Asamblea Nacional debería habilitar un proceso para revisar la aplicación de sanciones en consideración que esas sanciones fueron el resultado de la aplicación de una ley que irrespetaba principios básicos del derecho a la libertad de expresión, por un organismo que actuó sin independencia del gobierno de entonces, y violentando normas del debido proceso. En ese sentido, la Relatoría recomienda la creación de un mecanismo ad hoc, integrado por expertos nacionales e internacionales, para la completa revisión de los centenares de casos en los que se han aplicado sanciones graves (pecuniarias, imposición de información, interrupción de emisiones y otras por el estilo). De este modo, se aplicaría un sistema de reparaciones que podría revertir el efecto inhibitorio y de afectaciones en general infringido al periodismo ecuatoriano”.

Clarísimo: las violaciones a la libertad de expresión son graves violaciones a los Derechos Humanos. Si se violó masivamente la libertad de expresión con la aplicación de una ley viciada y transgresora de derechos, no basta mirar para otro lado o decir “¡Uy, qué pena!”. No, las instituciones del Estado, Asamblea, Ejecutivo, Comisión de Participación Ciudadana, Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo deberían crear los mecanismos para que se reconozcan esas violaciones de derechos y se proceda con acciones de reparación y no repetición.

Si no partimos de estos principios tan claros, estamos condenados a que hoy mismo sigan apareciendo los que, a pretexto de la prensa “corrupta” y “linchadora”, violen de forma masiva derechos fundamentales creyendo firmemente en su propia impunidad.

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Representantes de la universidad, de medios comunitarios y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se dieron cita este 9 de julio en la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Derechos Colectivos expusieron sus posturas y aportes en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) que se discuten.

Abel Suing, director de la Maestría en Comunicación de la Universidad Territorial Particular de Loja; y Franklin Falconí, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi, coincidieron en “no condenar a priori a los medios comunitarios”, pero que cada uno busque su espacio sin tratar de imitarse.

“Los medios de comunicación deben mejorar sus contenidos, ya que el público que los consume ahora se orienta a las plataformas digitales pagadas. Vemos medios públicos tratando de imitar a medios privados y medios comunitarios imitando a medios privados. Cada quien tiene su espacio y su función, eso lo debemos hacer ver desde las universidades”, manifestó Suing.

Falconí sostuvo ante los miembros de la Comisión que las reformas deben facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y comunitarios. “No puede haber una ley de comunicación que regule el periodismo, tiene que ser una ley lo más libre posible”, acotó. Además, sostuvo que bajo la norma vigente se desarrolló una especie de manual de estilo para los periodistas… “La ley se debería concentrar en facilitar la comunicación de los ciudadanos a través de los medios públicos y los comunitarios”.

Durante su intervención, la representante de los medios comunitarios, Ana María Acosta, enfatizó que “los medios comunitarios pueden existir en grandes ciudades, a través de la representación de diferentes sectores de la población. Nadie ha dicho que no podemos ser solventes económicamente, debemos rechazar la visión de que somos insolventes”. La representante de la Fundación El Churo añadió que cumplen una misión en la sociedad y por ello son necesarios.

Asimismo, Indira Salazar, representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela de Unesco, destacó que en los comunitarios “el financiamiento no puede ser solo del Estado, debe haber financiamiento privado”. Además, señaló que las reformas que se quieren introducir en la LOC deben cumplir con los estándares internacionales. Es decir, entender la libertad de expresión como un derecho humano.

En la sesión presidida por el asambleísta Jorge Corozo, de Alianza PAIS, también participaron Henry Cucalón y Amapola Naranjo. El Legislador del Partido Social Cristiano (PSC) expresó que es “inconstitucional que la comunicación sea considerada un servicio público”. En ese contexto, presentó una propuesta de derogatoria parcial de la Ley Orgánica de Comunicación.

Naranjo, militante del oficialismo, destacó como punto positivo de la norma vigente que esta “apunta hacia avances en impulsar la música de los artistas nacionales”. Es por ello que apela a mantener la iniciativa del 1×1, previamente criticada por representantes del sector artístico.

Este 11 de julio está prevista la próxima sesión de la Comisión.

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Álvaro Rosero y José Najas, representantes de la Cámara de Medios de Ecuador,  expusieron el pasado 13 de junio sus propuestas para el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC), durante la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, de la Asamblea Nacional.

Rosero, fundador de la Cámara, mencionó las deficiencias de la normativa vigente y propuso que “los programas que vinculan a los artículos 36 y 103 de la Ley Orgánica de Comunicación que se refieren a los contenidos nacionales sean transmitidos en cadena nacional”.

El Presidente de la organización, José Najas, insistió en la necesidad de desarrollar una ley “que beneficie a las mayorías, no a grupos empresariales, ni a medios de comunicación, ni a sectores políticos específicos; sino que dé su cobertura amplia a la mayoría de los sectores que hacen vida en Ecuador”. También manifestó que la imposición de contenidos no funciona. Y expuso que el actual cuerpo legal “no define, de forma clara, lo que es comunitario».

Rosero aprovechó la oportunidad para refererirse  al concurso de frecuencias, impulsado a través de la LOC. El vocero de la Cámara de Medios indicó que, según un informe de la Contraloría, se asignaron “más de mil frecuencias indebidamente, dando prioridad a la afinidad política. Esa situación hay que investigarla hasta el fondo y saber qué sucedió allí”, concluyó.

 

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