INFORME A

Las condiciones críticas para el ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador no han mejorado y el clima negativo se mantuvo en el 2016. Esta conclusión se desprende del análisis de las cifra del monitoreo que realiza Fundamedios sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador.

En este 2016 que está por terminar, se han reportado un total de 491 ataques a la libertad de expresión. Hasta la fecha, el total de agresiones contabilizadas desde el año 2008 suman 2050, una cifra va a aumentar en los próximos días, siendo el año más violento el 2015, que cerró con 499.

Los principales ataques de este año se dieron por aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que este año aumentó un 69% frente al anterior. Lo  mismo ocurrió con las vulneraciones a derechos digitales, que este año se incrementaron en un 123 %, mientras que en tercer lugar se ubicaron las agresiones por el Uso abusivo del poder estatal, que se han mantenido y que se detallarán más adelante.

No obstante, en lo que puede constituir una escalada importante de cara al inicio oficial de la campaña electoral, en los últimos días han ocurrido hechos muy graves como el proceso de disolución de la organización Corporación Acción Ecológica; o la activación de varios procesos penales que podrían terminar en detenciones en las próximas horas. Entre ellos, el caso de los veedores, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, que investigaron los contratos del hermano del presidente Correa, con el Estado y también el caso del periodista Fernando Villavicencio y el exAsambleísta Cléver Jiménez, quienes tienen una orden de prisión que quedó en firme después de que se les revocó el recurso de Hábeas Corpus, por lo que ahora podrían ser capturados. Ambos han sido acusados de haber hecho pública información reservada, en un proceso que se inició en 2013.

Con estos últimos hechos se despide 2016, un año que deja sinsabores y una enorme preocupación por los retrocesos en materia de derechos y libertades.

Como se observa en el gráfico, desde 2013, año en que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, se dio un salto importante en el nivel de agresividad y la tendencia se ha mantenido. Los meses más violentos han sido, mayo, con 58 agresiones, marzo, con 57, junio, con 40 y febrero y septiembre con 38 por igual. Justo entre mayo y junio ocurrió la arremetida digital con masivas denuncias a cuentas de Twitter y a portales periodísticos por supuesta violación de copyright, lo que incrementó el número de agresiones en esos meses.

Las agresiones por aplicación de la LOC ocupan el primer lugar 

Los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación también se han sentido en este año de manera brutal, por lo que las sanciones a los medios ocupan el primer lugar en la lista de agresiones con 168 casos (de los que ha podido conocer y reportar Fundamedios).  Una cifra que traduce la realidad asfixiante que viven los medios de comunicación, arrinconados por temor a más sanciones económicas que comprometería su estabilidad y permanencia.

De esos 168 casos, que se encuentran bajo la categoría de “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión”, los medios más sancionados hasta ahora han sido: La Hora, Canal Uno, Diario Extra y Radio FM Fútbol La Redonda.

Uno de los casos que más ha llamado la atención han sido las 13 sanciones impuestas a radio FM Fútbol La Redonda, por comentarios de sus locutores. En su última audiencia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), los locutores del espacio el “Hablando jugadas” asistieron en calzoncillos como símbolo de protesta. Esto ocurrió el 19 de octubre. Ese día, la defensa del medio cuestionó que esa entidad actúe como “juez y parte” y aseguró que no tienen posibilidad de defensa ya que no han tomado en cuenta sus argumentos y que ni el medio ni sus locutores pueden seguir pagando multas que suman más de USD 40 mil. Tras esto, tanto la abogada como los locutores abandonaron la sala y cinco días más tarde, el medio fue nuevamente multado con el pago de USD 3660 por incumplir lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) al difundir contenidos no aptos para el horario y tipo de audiencia ‘Familiar’.

Otra de los casos de castigo a expresiones satíricas fue el ocurrido el 22 de marzo, cuando la Supercom sancionó de oficio a Radio Canela con una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, por comentarios “discriminatorios” vertidos por los locutores Marcos Vera “El Padrino” y Henry Flores,  en contra de los ciudadanos chinos. Esto porque en el programa «El Show de los Miembros», transmitido el 10 de noviembre de 2015 los locutores, imitando acento chino y en tono de burla, hicieron una broma de mal gusto.

Un caso que llamó la atención fue la doble sanción que emitió la Supercom el 8 de agosto en contra de Teleamazonas y la periodista Janeth Hinostroza por haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Se trató de una amonestación escrita en contra del canal por linchamiento mediático o como reza la resolución “incumplir con el artículo 26 de la LOC”. Por ello, el medio fue obligado a pedir disculpas públicas “en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva”. En cuanto a la periodista que conduce un espacio de entrevistas y opinión matutino, la Supercom la sancionó por “incumplir” con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC y fue conminada a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la citada Ley.

Estos son solo pequeños ejemplos de la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por limitar la libertad de expresión y no adecuarse a los estándares internacionales en la materia, como lo han señalado los mismos relatores de la OEA y la ONU, en un reciente comunicado.

Censura en Internet y ciber ataques, en aumento 

A diferencia de años anteriores, las agresiones por violaciones a los “Derechos digitales” se han incrementado de manera importante en los últimos años. Es así que en este 2016, estas agresiones ocupan el segundo lugar, con 94 casos.  En estos meses ha sido común reportes de censura por parte de usuarios de cuentas en Facebook y Twitter, cuyas cuentas han sido temporalmente suspendidas, así como la salida del aire de portales periodísticos como Focus Ecuador, 4Pelagatos y Plan V, quienes han sufrido la dada de baja desde sus servidores tras denuncias de supuesta violación de copyright por parte de la Secretaría de Comunicación (SECOM), por el uso de fotografías del Presidente y otros funcionarios en actividades públicas. Todo esto sin tomar en cuenta el principio de fair use o uso justo, que ampara el uso de dichas imágenes para fines informativos.

Respecto a los ataques bajo la categoría Censura en internet se contabilizaron 72 casos, que Incluyen el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar; 13 casos de Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales; 8 Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales y un caso de Aprobación de normativa, presiones y sanciones a intermediarios para limitar el acceso a internet o a sus servicios.

Uno de los casos más graves ocurrió entre el entre el 6, 9 y 11 de mayo, cuando tres portales digitales y al menos 14 cuentas de usuarios en Twitter fueron denunciadas por la SECOM, por supuesta violación de copyright, o derechos de autor, por el uso “ilegítimo” de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales, conocidas como  “Enlace Ciudadano”. Un espacio de rendición de cuentas de Rafael Correa. Entre ellos, el portal 4Pelagatos, FocusEcuador y cuentas en Twitter, cuyos contenidos también  fueron censurados por la red social por compartir imágenes o videos del presidente Rafael Correa. Entre ellas, usuarios como: @DigiRightsLAC, @ElRepublicanoEC, @Alfredo240866, @DONKVEDO, @Dictatorecuador, @cruzquemada, ‏@Barcejomar, @Aliciadorada, @barceblaccio sufrieron la censura.

Abusos del poder estatal, la tercera agresión más frecuente 

Casi empatando la cifra anterior, se ubicaron en tercer lugar las agresiones por “Uso abusivo del poder estatal”, con 88 casos. De ellos, cabe anotar que 65 casos corresponden a Abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado, incluyendo las réplicas impuestas que cada vez se han vuelto más comunes entre las páginas de los diarios, o los noticieros, simulando ser una nota periodística que llega titulada y diagramada a las redacciones, o en forma de cadena. También se registraron 14 casos, de Abuso de organismos de control del Estado (Controles tributarios, cobro por coactivas etc); 5 casos de Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital; 2 casos de Cierre o suspensiones arbitrarias de medios de comunicación  como lo ocurrido recientemente con las radios Oasis y Antena Tres en Santa Elena, cuyos equipos fueron incautados y los medios salieron del aire tras una resolución de la ARCOTEL, ocurrida entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre.

Como ya se mencionó, las cadenas y réplicas, es decir, el contenido oficial impuesto en los medios de comunicación se ha incrementado este año. Uno de los casos reportados y que ejemplifica este abuso ocurrió el 8, 9 y 10 de marzo, cuando tres cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron a día seguido el programa matutino de entrevistas “En Contacto Directo”, transmitido por la estación televisiva Ecuavisa para descalificar a su conductor, Alfredo Pinoargote, quien cuestionó al gobierno por el dinero que ha gastado en la compra de dos aviones presidenciales, cuando existe una deuda con Solca, una organización que atiende a enfermos de cáncer.

Sobre este mismo tema, El 14 y 15 de marzo los diarios El Comercio, El Universo y La Hora fueron obligados a publicar en su portada y páginas interiores una rectificación a sus notas sobre los $130 millones que SOLCA -La Sociedad de Lucha contra el Cáncer- dice, le debe el Estado. La orden de rectificación fue dada por el Ministerio de Salud que, argumenta, no hay tal deuda.

El discurso estigmatizante disminuyó este año 

Las “Agresiones verbales” se ubicaron en cuarto lugar este año, con 44 casos, entre los que se incluyen 24 amenazas y 20 “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”, normalmente en esta última se reportan las descalificaciones vertidas por el Presidente durante su Enlace Ciudadano de los sábados. Este año esta agresión se ubique en cuarto lugar, cuando en años anteriores normalmente ha ocupado el segundo puesto entre las agresiones más frecuentes: la explicación es en que con la aplicación de la Ley de Comunicación ya no es prioritario desprestigiar el trabajo periodístico, basta con aplicar sanciones.

Sobre lo mencionado, una de las alocuciones más graves que pronunció el Primer Mandatario fue el 30 de enero de 2016, cuando pidió a la ciudadanía  “rechazar y reclamar (…) cuando le vean en la calle” al caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, por una caricatura o donde representó los “elefantes blancos”, proyectos emblemáticos del Gobierno que han terminado siendo de escasa utilidad. El Mandatario hizo este pedido durante su Enlace Sabatino No 460, desde la provincia de Santa Elena, en la costa del país, y lo justificó al aseverar que “hay que saber diferenciar eso no es humor, eso es un pasquín, nos están engañando o no nos están engañando, pero no puede ser humor el engaño”.

Otro caso similar ocurrió el 3 de septiembre de 2016, cuando el presidente Rafael Correa acusó a diario El Universo de iniciar una campaña mediática en contra del gobierno y lo tildó de “diario el perverso, el peor diario de la vida nacional”. También sugirió a sus seguidores que “cuando vean a los hermanos Pérez, a Hernán Pérez Loose, a toda esa gallada de El Universo háganle yuca, insúltenlos y díganles no pues tienen que aplaudirnos, hay que ser tolerantes.  Vamos a ver qué pasa”.

Agresiones físicas y procesos penales se mantienen 

Con escasa diferencia, el quinto y sexto lugar le corresponden a las “Agresiones físicas” y los “Procesos penales” con 34 y 30 casos respectivamente.

En cuanto a la primera categoría se reportaron 19 “Ataques a la integridad física de periodistas”; 6 casos de “Intimidación/ acoso/persecución”; 5 “impedimentos de cobertura” y un caso de “Destrucción o confiscación de los equipos de los medios fuera de su sede”, así como tres casos de “Agresiones contra la sede de medios de comunicación”.

De los ataques físicos más graves, cabe destacar el caso de Jean Cano, colaborador de la revista Criterios, quien a tarde del 17 de marzo fue agredido con palos por una turba de manifestantes, mientras cubría una marcha en el centro de Quito, organizada por varios grupos sindicalistas, indígenas y ciudadanos, en rechazo a las políticas del gobierno. Cano fue atacado porque los manifestantes lo confundieron con un “infiltrado gobiernista” cuando lo vieron tomando fotografías con su celular, las cuales pensaba publicar en su cuenta de Twitter.

También, el caso de la radio comunitaria La Voz de Arutam, que ha sufrido tres atentados en el contexto de protestas sociales. Los más recientes ocurrieron el 17 de diciembre, y 23 de noviembre de este año, cuando la emisora salió del aire después de que desconocidos cortaron los cables principales que le dan señal a la radio. Todo ello, en medio del conflicto entre nativos Shuar y militares, en su intento por detener las protestas generadas a raíz de la existencia de campos de explotación minera en la zona.

En cuanto a los procesos penales, se han reportado 15 sentencias; 7 denuncias; 4 privaciones de la libertad; 3 sentencias de cortes superiores y un caso de prácticas pre procesales.

De los casos más recordados este 2016 se encuentran los procesos penales por comentarios vertidos en redes sociales, como el de la Concejala de Loja Jeanine Cruz, quien el 4 de enero fue condenada a 30 días de prisión, tras una demanda que planteó el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por supuestas expresiones de descrédito y deshonra al haber publicado un video y un mensaje en su cuenta personal de Twitter. El Juez declaró a la edil “autora y responsable” de cometer una contravención de cuarta clase tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de 15 a 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. Ella cumplió su condena.

Otro caso similar ocurrió el 5 de septiembre, cuando el concejal y vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo fue condenado a quince días de prisión, USD 90 dólares de multa y la obligación de disculparse con el presidente Rafael Correa por hallarlo culpable de “proferir expresiones de descrédito o deshonra” contra el Primer Mandatario durante una entrevista el pasado 10 de junio, en radio Sonorama. Él todavía no ha cumplido su condena, la cual ya fue ratificada por una corte superior.

El caso del periodista Fernando Villavicencio, responsable del portal Focus Ecuador y el del exAsambleísta Cléver Jiménez también es uno de los más graves reportados en este año. Ambos afrontan una orden de prisión por un caso que inició en diciembre de 2013, cuando se ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del legislador de oposición por Pachakutik. Ambos han sido acusados de divulgar información reservada de funcionarios de la Presidencia de la República. Lo más reciente que ocurrió que que el 19 de diciembre se revocó un recurso de Hábeas Corpus concedido en favor de ambos, con lo que la orden de prisión preventiva emitida por el juez Jorge Blum, quedó en firme. A esto se suma que Villavicencio fue declarado insolvente, tras el no pago de el no pago de más de USD 140.000 de indemnización por injurias al Presidente y la petición de disculpas públicas a que fueron condenados Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, en un proceso anterior.

Otras agresiones

Finalmente, se reportaron 11 casos de “Censura”; 9 casos por “Procesos administrativos”; 6 por “Aplicación de un marco jurídico contrario a estándares internacionales”; 3 casos de “Uso abusivo del poder no estatal”; 3 por “Procesos constitucionales”; y uno por “Procesos civiles” e  “Impunidad”, respectivamente. También vale mencionar sobre 22 casos de violaciones a la “libertad de asociación” registrados en este año.

Entre las agresiones por la aplicación de un marco jurídico contrario a estándares internacionales, cabe resaltar que Fundamedios ha alertado respecto a las restricciones en la libertad de expresión de proyectos de Ley como la “Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad de los Datos Personales” que podría restringir o bloquear contenido en internet y prohibir el acceso a datos personales de funcionarios públicos, imposibilitando la fiscalización ciudadana si llega a ser aprobada por el legislativo. Este proyecto que contiene 28 artículos y cuatro disposiciones, ha sido cuestionado por organizaciones y juristas ya que se considera  que limitaría gravemente la libertad de información y expresión en internet.

Respecto a las agresiones por Uso abusivo del poder estatal vale mencionar el caso del periodista José Carlos Casañas y la coordinadora de noticias Monserrat Naranjo, quienes fueron despedidos el 13 de diciembre de 2016, del canal privado RTS,  por haber realizado la cobertura y posterior publicación de la nota periodística que reveló la agresión que sufrió Gloria Ordóñez por parte del director del diario estatal El Telégrafo, Orlando Pérez.

En cuanto a la libertad de asociación, hay 22 casos de violación a este derecho que se han contabilizado a lo largo de este año, en un monitoreo paralelo que realiza la Organización. Los más graves, ocurrieron con la disolución del gremio de educadores más grande y antiguo del país. La Unión Nacional de Educadores UNE fue disuelta el 18 de agosto de 2016, cuando el Ministerio de Educación notificó al gremio con su extinción jurídica definitiva, tras rechazar el pedido del sindicato de maestros de declarar la nulidad y el archivo del proceso iniciado el pasado 21 de julio de este año. Con esta acción se puso fin a una entidad con personería jurídica desde el 19 de abril de 1950.

El segundo caso más grave en materia de libertad de asociación fue el inicio del proceso de disolución de la organización Corporación Acción Ecológica el 20 de diciembre de este año.

Las principales víctimas, los medios y periodistas 

Como se ha venido registrando en años anteriores, los medios de comunicación vuelven a ocupar el primer lugar entre las víctimas de las agresiones a la libertad de expresión con 287 casos. La mayoría por sanciones en la aplicación de la LOC. De todos estos medios, sólo tres casos pertenecen a medios estatales.

En segundo lugar se ubican los periodistas y trabajadores de los medios, con 66 casos de agresiones. De esta cifra, sólo dos casos pertenecen a trabajadores de medios estatales. Luego de este grupo, el mayor número de víctimas está entre el grupo de ciudadanos, con 54 casos y ciberactivistas, con  56. Un número que se ha incrementado considerablemente respecto a años anteriores.

También se reportaron 11 casos de agresiones en contra de personajes públicos y la misma cifra en contra de organizaciones de la sociedad civil.

El  Estado y los funcionarios públicos, los que más agreden

316 Es la cifra que se contabilizó del total de agresiones perpetradas por el Estado, sea por medida administrativa, legislativa o judicial. Lo que da cuenta de una política de hostigamiento en contra del ejercicio a la libertad de expresión, la prensa y los trabajadores de los medios.

Es por ello que tampoco resulta extraño que en segundo lugar, por tipo de agresor, se ubiquen los funcionarios públicos con 96 casos, siendo el Presidente de la República, el principal agresor, con 22 de ellos, en su mayoría, por las descalificaciones que pronuncia desde sus enlaces sabatinos. Un número igual de agresiones lo registran los cuerpos de seguridad estatal, quienes han actuado en la represión en medio de protestas civiles, lo que explica este alto número. Tampoco quedan desapercibidas las 20 agresiones perpetradas por jueces, que se derivan de las sentencias dictadas.  

De manera externa al aparato estatal, llama la atención los 31 casos de agresiones perpetradas por empresas que han actuado limitando la libertad de expresión en Internet, aunque siempre por pedido o iniciativa estatal: Twitter, Facebook y otras empresas internacionales han actuado de esta forma.

Finalmente, cabe mencionar las 20 agresiones perpetradas por desconocidos, mayoritariamente por casos de amenazas, tanto en el ámbito digital, como en la vida real.

 Pichincha y Guayas concentran la mayor cantidad de agresiones

Si bien, la mayoría de agresiones contra la libertad de expresión se concentran alrededor de Quito, 68% de todos los casos reportados (337). Se ve un incremento de casos en provincias como Loja (Frontera sur); Azuay (Austro sur) y Tungurahua (Sierra central), con 24 y 14 casos. Guayas mantiene un segundo lugar a escala nacional con el 7% de los ataques,37 casos.

A continuación, presentamos un resumen de las agresiones más graves ocurridas en este año.

Las agresiones más graves mes a mes

ENERO

  • El 4 de enero de 2016, el juez Oswaldo Saritama condenó a 30 días de prisión a la concejala Jeannine Cruz, tras una demanda que planteó el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por supuestas expresiones de descrédito y deshonra al haber publicado un video y un mensaje en su cuenta personal de Twitter @Jeanninecruzz. Cruz también deberá pagar el 25% de un salario básico. El Juez declaró a la edil “autora y responsable” de cometer una contravención de cuarta clase tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de 15 a 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. Al salir de la audiencia, Cruz lamentó ante los medios de comunicación la condena, y manifestó que “se acaba de dar una precedente terrible para mi país, por la libertad de expresión, porque nos limitan a las autoridades a fiscalizar (…) Seguiré fiscalizando con más rigor a la prepotencia, a la corrupción ya las ilegalidades”, según declaraciones recogidas por diario El Universo. Su abogado defensor, Adolfo Moreno, aseguró que apelarán esta sentencia y no descartó llevar el caso a instancias internacionales.  
  • El 05 de enero de 2016 la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) decidió dar por terminado de forma unilateral el contrato de concesión de la frecuencia de Radio Zapotillo 96.1 FM de Loja -frontera sur del país- luego de 15 años de permanecer al aire.Arcotel basó su decisión en un supuesto incumplimiento de la Disposición Tercera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) al no haber presentado, por parte de su propietario, Víctor Manuel Montero Díaz, una declaración juramentada en el plazo de 30 días que otorga la ley. La Agencia afirmó que el documento que entregó a la Autoridad de Telecomunicaciones, en el periodo comprendido desde el 25 de junio de 2013 hasta el 25 de julio de 2013,  constituye un documento con reconocimiento de firma y rúbrica, más no una declaración juramentada según consta en la resolución 00151 firmada bajo autorización por el Ing. Gonzalo Carvajal.
  • La madrugada del 7 de enero de 2016,  un grupo de elementos de la Policía Nacional y funcionarios del organismo regulador de telecomunicaciones ingresaron por segunda ocasión a las instalaciones del canal Ecotel TV de Loja -ciudad ubicada en la frontera sur del país- para incautar los equipos después de que el medio de comunicación decidiera abrir su señal que ya había sido apagada hace tres semanas, como protesta y acogiéndose al derecho constitucional a la resistencia.
  • La activista y defensora de derechos humanos, Silvia Buendía, denunció en la madrugada del 7 de enero de 2016 amenazas contra su integridad por desconocidos en la red social Twitter. Cuentas como @mariaisabeles1, @baghdadisalima y @smouhiddin fueron deshabilitadas después de emitir las advertencias. Estas dos últimas se describían en sus perfiles como musulmanas y socialistas de Siria e Iraq. “Sería una mala visión ver a @silvitabuendia amputada de pies y manos“, fue uno de los mensajes que le llegó a la activista desde la cuenta @baghdadisalima. Buendía confirmó a Fundamedios que fueron algunos tuits con este tipo de intimidaciones.
  • El 14 de Enero de 2016, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) emitió la primera multa a una organización social por supuestamente incitar a la violencia a través de un programa radial. La sanción se da pese a que las organizaciones no son sujetos directos de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Tras un proceso iniciado de oficio, la entidad reguladora de los medios sancionó a la Unión Nacional de Periodistas (UNE) con una multa de USD 1.830 equivalente a cinco salarios básicos unificados, por incumplimiento del artículo 67 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), durante el programa de radio “UNE Nacional”, transmitido por Radio Morena el 5 de diciembre de 2015.
  • Desde la mañana del 24 de enero de 2016, la página web de Fundamedios www.fundamedios.org sufrió ataques informáticos que derivaron en la salida del aire del sitio durante cerca de 24 horas y la intermitencia para su acceso tras su restablecimiento. Estos ataques a nuestro servidor han ocurrido coincidencialmente luego de la presentación del micrositio Censuracom.ec, un espacio que recoge de manera interactiva las principales agresiones a la libertad de expresión en 2015. Tras estos ataquesCensuracom.ec aún permanece fuera del aire y los técnicos trabajan para que esté operativo en las próximas horas.
  • El sábado 30 de enero de 2016, el presidente Rafael Correa pidió a la ciudadanía  “rechazar y reclamar (…) cuando le vean en la calle” al caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, por una caricatura del pasado 27 de enero donde representó los “elefantes blancos”, proyectos emblemáticos del Gobierno que han terminado siendo de escasa utilidad. El Mandatario hizo este pedido durante su Enlace Sabatino No 460, desde la provincia de Santa Elena, en la costa del país, y lo justificó al aseverar que “hay que saber diferenciar eso no es humor, eso es un pasquín, nos están engañando o no nos están engañando, pero no puede ser humor el engaño”.
  • El 29 de enero de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad amazónica del Puyo declaró culpables a cuatro ciudadanos por el delito de ataque y resistencia y los condenó a seis meses de prisión y al pago de una multa equivalente a tres remuneraciones básicas, por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2015, durante un levantamiento indígena y paro nacional.  La sentencia contra José Manuel de la Cruz, Segundo Pilataxi, Patricio Meza y Stalin Robles se conoció tras cuatro días de audiencia pública en medio de quejas por parte de los abogados defensores de los acusados quienes cuestionaron que no se haya notificado a todos los procesados, que fueron implicados a partir de dos acusaciones, una hecha por la Fiscalía, la cual se basa en un parte policial y otra acusación particular hecha por el Ministerio del Interior.  Los acusados son conocidos como “Los 7 de Pastaza”.

 

FEBRERO

  • El 04 de febrero de 2016, seis activistas del grupo “Mujeres por el cambio” fueron agredidas físicamente por agentes de seguridad del presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una charla académica en su visita a Ecuador. Los agentes también intentaron agredir al equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa compuesto por Willi Torres y Fernando Tixi, para que no registraran los hechos ocurridos en el interior y exteriores del auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), en Quito, en donde un grupo de personas se congregaron para expresar su rechazo por la visita del Mandatario. La represión ocurrió después de que las activistas profirieran expresiones como “fuera Erdogan, fuera” o “Erdogan asesino no eres bienvenido”, en el momento en que el Presidente turco se disponía a realizar su discurso en el interior del centro de estudios.
  • La noche del 15 de febrero de 2016, una cadena de cuatro minutos y medio interrumpió el noticiero de Ecuavisa para afirmar que la estación televisiva emitió información sin verificación ni contrastación. La nota se refería al grupo de mujeres que fueron agredidas por el equipo de seguridad del presidente de Turquía. La cadena, emitida solamente en el noticiero Televistazo de Ecuavisa aseguró: “Sin cumplir con los requisitos mínimos para la práctica de un periodismo responsable, este noticiero pone al aire una noticia que nunca fue verificada ni contrastada».
  • El 18 de febrero de 2016, los servidores que alojan el portal de periodismo 4Pelagatos.com advirtieron con dar de baja todo el sitio, si en 24 horas no retiran cerca de 43 imágenes, del Presidente Correa y sus funcionarios, las cuales han sido denunciadas por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) por supuestamente infringir derechos de copyright. Dichas imágenes incluyen composiciones fotográficas o “memes” que utilizan la imágen del Presidente Correa o sus funcionarios. Muchas de ellas tomadas del archivo digital de la Presidencia de la República.
  • El 22 de febrero de 2016, el portal de periodismo 4Pelagatos.com recibió una nueva denuncia por supuesta violación de derechos de autor por parte del Movimiento de gobierno Alianza PAíS. Este reclamo se suma a otro que planteó la Secretaría de Comunicación (SECOM) cuatro días atrás, amenazando la permanencia al aire del sitio, puesto que, de llegar a aceptar los argumentos de los denunciantes, los servidores que alojan la página podrían dar de baja todo el portal.

MARZO

  • El 1 de marzo de 2016, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó a Diario Extra con una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses, por infringir el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referente a la posición de los medios sobre asuntos judiciales.    Esta sanción se dio por las notas periodísticas de los días 24 y 25 de octubre, y 22 de diciembre de 2015 tituladas: “¡Estafaba desde un ciber del suburbio!”, “¡Los engañaba con buena ‘labia’ y hablando inglés!” y “El genio que terminó en la cárcel”. La sanción se origina en la denuncia de la ciudadana Sonia Avilés Chávez, madre del presunto implicado al que hace referencia el diario en las notas.
  • El 2 de marzo de 2016, el director del diario oficialista El Telégrafo, Orlando Pérez, trató de amedrentar y amenazó a la periodista Ana Minga con tomar acciones legales por sus comentarios en la red social Facebook acerca del trato diferenciado que tienen los articulistas que colaboran en ese periódico, según su filiación política o nacionalidad. La amenaza de Pérez llegó a través de mensajes de texto a su celular en donde escribió: “…Si sigue diciendo mentiras de esta envergadura de mis manos pasará a otra instancia”.  Tras preguntarle al director de El Telégrafo a qué se refería con sus mensajes, este le envió la captura de pantalla del comentario que había hecho el día anterior y aseguró lo siguiente: “Si lo borra (el comentario) igual procederemos Todo queda en la red (…) Pero ya veo que es fácil lanzar lodo, fácil decir mentiras y luego hacerse la loca. Hasta aquí llego yo, en adelante usted ya hablará con nuestros abogados”, concluyó el mensaje de Pérez.
  • El 6 de marzo de 2016 un grupo de policías impidió la realización de una obra de teatro callejera que pretendía llevarse a cabo en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia en Quito, frente al Palacio de Gobierno. La obra formaba parte de los actos realizados dentro de una marcha pacífica a cargo de varias organizaciones sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El performance de diez minutos de duración fue organizado por el colectivo Luna Roja y se trataba de una representación de las mujeres en el poder, en donde se hacía una parodia de la figura de un Presidente autoritario y tres asambleístas “sumisas”, entre otras figuras.
  • El 5 de marzo de 2016, el presidente Rafael Correa, durante su Enlace Ciudadano N° 465 tildó de “malcriada, desubicada” y pidió que retiren del lugar a la ciudadana Marlene Ocampo, quien acudió a un estadio en la localidad de Vilcabamba, en Loja  -frontera sur del país- con un cartel que decía “Señor Presidente reclamo justicia”, con la esperanza de ser escuchada por el Primer Mandatario. En diálogo con Fundamedios, la ciudadana aseguró que jamás ha ofendido al Señor Presidente y que lo único que hizo ese día fue ponerse de pie con una pancarta porque se ha cansado de golpear las puertas en la Presidencia e ir a varias sabatinas y eventos culturales para ser atendida por el Jefe de Estado.
  • El 7 de marzo de 2016, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó de oficio a Revista Gestión, con la obligación de pedir disculpas públicas a las empresas, entidades y personas que pautaron publicidad y propaganda, por incumplir con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referente a la difusión del tiraje al comprobarse la inexactitud en las cifras de circulación de ejemplares.  La Superintendencia determinó que la revista no presentó ningún documento que pruebe la circulación de 6.999 ejemplares por cada una de las ediciones.
  • El 8 de marzo de 2016 la concejala Jeannine Cruz se entregó a las autoridades judiciales e ingresó al Centro de Detención Provisional de Loja para cumplir con una pena de 30 días de prisión que le fue impuesta por escribir un mensaje de Twitter y cuestionar al alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, quien la demandó por supuestas expresiones de descrédito y deshonra.La decisión de la concejala se dio después de que el Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Loja ratificara la sentencia en su contra que incluye, además, el pago del 25% de un salario básico. El 4 de enero de este año, un Juez declaró a la edil “autora y responsable” de cometer una contravención de cuarta clase tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de hasta 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.
  • El 8, 9 y 10 de marzo de 2016 tres cadenas ordenadas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) interrumpieron a día seguido el programa matutino de entrevistas “En Contacto Directo”, transmitido por la estación televisiva Ecuavisa para descalificar a su conductor, Alfredo Pinoargote, quien cuestionó al gobierno por el dinero que ha gastado en la compra de dos aviones presidenciales, cuando existe una deuda con Solca, una organización que atiende a enfermos de cáncer.
  • El 8 de marzo de 2016 la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), a través de un proceso iniciado de oficio, sancionó a Diario Expreso con una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses, por “abstenerse de publicar contenido intercultural en un rango de 5 %”, como establece el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), respecto al derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Según la Supercom, el periódico “violentó el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional”. En la edición publicada el 4 de enero de 2016 (compuesta por 24 páginas), la entidad de control sostiene que el medio  “tenía la obligación de destinar 1,2 páginas a contenidos interculturales”, a lo que se suman el suplemento “Expresiones”, (con 16 páginas) de las cuales el 0.8 de las mismas tenían que representar el porcentaje de contenido intercultural establecido por ley.
  • El 14 y 15 de marzo de 2016, los diarios El Comercio, El Universo y La Hora fueron obligados a publicar en su portada y páginas interiores una rectificación a sus notas sobre los $130 millones que SOLCA -La Sociedad de Lucha contra el Cáncer- dice, le debe el Estado. La orden de rectificación fue dada por el Ministerio de Salud que, argumenta, no hay tal deuda.El material enviado por el Ministerio de Salud ocupó la nota principal de la portada de diario El Comercio, así como una página interior completa la cual llegó titulada y diagramada con los enunciados “Solca recibió a tiempo recursos para pacientes” y “Gobierno asigna en promedio $12.500 para el tratamiento de un paciente con cáncer”. Por su parte, diario El Universo también sacrificó una parte de su portada para publicar una rectificación de esa cartera de Estado que llegó a la redacción diagramada y titulada y ocupó dos columnas en su página principal y un cuarto de página a cinco columnas en su interior.
  • El 12 de marzo de 2016, diario El Comercio publicó en media página, una “réplica” del Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, por un artículo de opinión escrito por el periodista Arturo Torres, sobre la película ganadora del Oscar “Spotlight.El periódico publicó la réplica, que llegó a la redacción diagramada y titulada, dejó en claro que el medio se vio obligado a hacerlo, pese a que la Ley de Comunicación establece en su artículo 24, que las réplicas solo caben cuando se aluda directamente a una persona o colectivo, y se afecten sus derechos o reputación. “En este caso no se alude ni al  Superintendente, ni a la Supercom”, apuntó el diario.
  • El 16 de marzo de 2016, el equipo de fútbol Sociedad Deportivo Quito prohibió que reporteros, camarógrafos, o corresponsales de Grupo El Comercio ingresen a las instalaciones en donde entrenan, por considerar que el medio ha realizado publicaciones “tendenciosas, falsas y peyorativas”, que atentan contra el nombre de dicha institución.
  • A través de una carta pública dirigida al editor de deportes de Grupo El Comercio, Tito Rosales, el equipo de fútbol afirmó que la decisión se tomó después de ver publicadas las notas periodísticas tituladas: “Deportivo Quito se quedó sin sus directivos”; “D. Quito quedó en acefalía y la crisis se agrava”, y “Tres jugadores organizan las colectas en el Deportivo Quito”, del 12, 15 y 16 de marzo, respectivamente. Las notas hacían referencia a los problemas financieros por los que atraviesa el equipo “azul y grana”.
  • La tarde del 17 de marzo de 2016, el periodista Jean Cano, colaborador de la revista Criterios, fue agredido con palos por una turba de manifestantes, mientras cubría una marcha en el centro de Quito, organizada por varios grupos sindicalistas, indígenas y ciudadanos, en rechazo a las políticas del gobierno.En diálogo con Fundamedios Cano comentó que la agresión se produjo porque los manifestantes lo confundieron con un “infiltrado” gobiernista, cuando lo vieron tomando fotografías con su celular, las cuales pensaba publicar en su cuenta de Twitter.
  • El 19 de marzo de 2016, el presidente Rafael Correa, durante su Enlace Ciudadano N° 467 acusó a la prensa incitar a que le peguen un tiro, por la información publicada en los últimos días sobre la tragedia del avión militar y la deuda con Solca. También descalificó a los periodistas Gonzalo Rosero y Alfredo Pinoargote, a quienes tildó de “mojigato” y “amargado”, respectivamente.
  • El 7 de marzo de 2016 se admitió a trámite la acción penal por calumnias interpuesta por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en contra de la concejala de esa ciudad, Jeannine Cruz. La edil cumple actualmente una pena de un mes en prisión por otra acción que planteó Castillo “por faltar a su honra” a través de redes sociales.Este segundo proceso penal fue planteado por los comentarios vertidos por Cruz en una entrevista el pasado 3 de febrero de este año, en el programa “Los desayunos de 24 Horas” en el canal de televisión Teleamazonas, en la que se refirió al primer juicio y a las pruebas que presentaría en su defensa. Una de ellas consistía en un documento de la empresa eléctrica en donde se establecía que el Alcalde tenía una conexión no autorizada en su domicilio. Para Castillo, las afirmaciones de la Concejala constituyen un “sinnúmero de improperios y afirmaciones que atentan contra mi honor y además procede a acusarme de hechos delictivos”.
  • El 22 de marzo de 2016 la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) sancionó de oficio sancionó a Radio Canela con una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, por comentarios “discriminatorios” vertidos por los locutores Marcos Vera “El Padrino” y Henry Flores,  en contra de los ciudadanos chinos.En el programa «El Show de los Miembros», transmitido el 10 de noviembre de 2015 en el horario de 15:00 a 18:00, los locutores, imitando acento chino y en tono de burla, comentaron que ante el alto costo de enviar el cadáver de un ciudadano chino a su país de origen, resulta mejor cortarle sus extremidades y enviarlas por parte a los chifas.
  • El 29 de marzo de 2016 el tuitero Alejandro Muñoz, cuyo usuario en la red social Twitter es @Edward_Coke, fue víctima de un amedrentamiento. En la madrugada, los exteriores de su vivienda fueron atacados con pintura roja y amarilla, además que por debajo de la puerta principal los agresores dejaron fotografías suyas tomadas en momentos en que ingresa y sale de su casa. A criterio del tuitero esto evidencia acciones de seguimiento previo durante las últimas semanas, y cree que la acción es consecuencia de sus permanentes comentarios críticos contra el gobierno y sus funcionarios. En diálogo con Fundamedios, Muñoz aseguró que considera esta acción como una clara amenaza por ejercer su opinión a través de la red social, en donde tiene cerca de 2000 seguidores.

ABRIL

  • Tres radios deberán pagar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) multas que suman casi cinco mil dólares, tras acciones de coactiva iniciadas por la Contraloría General del Estado el 29 de marzo y 4 de abril de 2016. Es el caso de Radio Scandalo de la provincia de Manabí, radio Flama Plus de Santo Domingo de los Tsáchilas y  Radio Superior de la provincia de El Oro.
  • De “faltos de exactitud y ligereza” calificó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable al noticiero de Teleamazonas, a través de una réplica impuesta que duró casi siete minutos e interrumpió en dos ocasiones el informativo del 6 de abril de 2016. La réplica se dio porque el medio emitió un reportaje acerca de los retrasos en la operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair el pasado 31 de marzo. En la réplica, la cartera de Estado aseguró que el medio de comunicación ha pretendido generar confusión en la opinión pública, pues, para el gobierno, Coca Codo Sinclair es una realidad y ya no se le debe llamar proyecto.
  • Dos ciudadanos detenidos y dos camarógrafos heridos en Guayaquil es el saldo que deja la jornada de protestas del 7 de abril, en contra de las recientes medidas económicas del gobierno de Rafael Correa. En este día, el portal del medio digital laRepública.ec, que transmite las protestas en tiempo real, también reportó intermitencias y dificultades para su acceso tras un ataque de DDoS o de denegación de servicios.En horas de la tarde, durante las manifestaciones en el centro de Guayaquil, policías golpearon al camarógrafo Francisco Amaya, de la estación televisiva Ecuavisa. En la transmisión que hizo el portal LaRepública.ec se pudo ver la agresión y los pedidos por parte de Amaya para que los uniformados no agredieran a la gente. El camarógrafo de ese medio digital, Jonathan Bedón, también sufrió la arremetida de los uniformados, pero no sufrió heridas.
  • El legislador de oposición Andrés Páez demandará al diario estatal El Telégrafo por supuesto daño moral y pedirá una indemnización de diez millones de dólares tras sentirse afectado por publicaciones que hizo ese medio de comunicación en donde se lo acusó de tener cuentas en paraísos fiscales. El anuncio lo hizo el 14 de abril de 2016 durante una marcha realizada en Guayaquil. Ante los medios, el asambleísta calificó al diario estatal de “pasquín oficialista” y aseguró que  “estos sinvergüenzas no se van a quedar así«. Estas declaraciones constan en un video que ha sido divulgado por el medio estatal.
  • Con la amenaza de ser detenidos si reclaman, se dirigió el presidente Rafael Correa a los ciudadanos damnificados tras el terremoto que devastó las costas ecuatorianas el pasado sábado 16 de abril, provocando cerca de 600 fallecidos y miles de heridos. “Estamos en emergencia nacional, aquí nadie me pierde la calma, nadie grita, que lo mando detenido, sea joven, viejo, hombre o mujer. Nadie me empieza a llorar, ni a quejárseme por cuestiones que falten, a no ser que sean seres queridos que hayan perdido”, advirtió el Presidente durante su recorrido el 21 de abril por la localidad de Muisne, Esmeraldas, y que fue captado por las cámaras de televisión.Antes, el Primer Mandatario, dirigiéndose a la población que clamaba ayuda con desesperación, ya había asegurado que no permitirá que nadie altere el orden público y que si escucha gritar a alguien, lo mandará a detener, según detalló el medio digital LaRepublica.ec
  • Diario El Mercurio, de la ciudad de Cuenca, denunció ser víctima de insultos y ofensas sistemáticas en redes sociales de parte de Ministros nacidos en esa ciudad y de personas del partido oficialista Alianza PAÍS, tras haber publicado una nota titulada: “Gente pide agua; Correa sube el IVA” el 21 de abril de 2016. A través de su cuenta en Twitter (@mercurioec) el medio de comunicación afirmó que dicho titular “ha indignado y molestado al grupo político que gobierna este país, nos han tildado de todo, hasta de odio, por parte del Gobernador del #Azuay, quien se sumó a la lista de #trolls”. En ese sentido, el diario rechazó esa ofensas y aseguró que no estarán dispuestos a aceptarlas. “No las merecemos, porque no hemos ofendido ni insultado a nadie, hemos dicho la verdad, como siempre. Si la verdad les incomoda, pues allá ellos. Este medio, por sus 91 años de vida, SE RESPETA! y rechazamos la violencia”, señalaban los mensajes.
  • De “especular irresponsablemente” y “sacar a flote sus odios políticos” fue acusado el periodista Gonzalo Rosero, director del programa de entrevistas en Exa Democracia, durante una cadena impuesta por la Secretaría de Comunicación (SECOM) el 27 de abril de 2016. Rosero cuestionó el manejo que ha dado el gobierno a la crisis por el terremoto y la canalización de los fondos para la reconstrucción en zonas afectadas de la costa ecuatoriana. La cadena de gobierno interrumpió durante tres minutos el espacio informativo.
  • Una réplica enviada el 29 de abril por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) interrumpió durante cuatro minutos el programa de entrevistas de radio Exa-Democracia que dirige el periodista Gonzalo Rosero. En ese espacio se responsabilizó a los medios de comunicación por “la falta de información durante las primeras horas de la tragedia” y se defendió a la Ley de Comunicación. La réplica fue exigida por la coordinadora general de Imagen y Comunicación de la Supercom, Gabriela Molina, y en ella se difundió un audio de Carlos Ochoa, titular de esa Superintendencia. En dicho espacio, Ochoa aseguró que en situaciones de emergencia, los únicos  parámetros que se deben observar es acudir a las fuentes oficiales.
  • La página de Facebook del portal de noticias de Ecuadorenvivo fue eliminada junto con sus 26 mil seguidores tras un ataque informático. Esto ha limitado la recepción de información de los usuarios a través de la red social. Alfonso Pérez, director de Ecuadorenvivo denunció que el ataque ocurrió el pasado 23 de abril, cuando desconocidos hackearon la página del usuario que administraba el fanpage en Facebook, borraron todos sus contactos y posteriormente eliminaron la página del medio de comunicación. “Los piratas informáticos perpetraron el ataque utilizando una dirección IP de Ambato, cambiaron el usuario administrador por otro llamado ‘Aquiles Castro’, cambiaron la clave y la imagen de este como si se tratara de un militante del movimiento político de oposición CREO”,

MAYO

  • La caricaturista Vilma Vargas ha sufrido actos de censura por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) núcleo del Azuay. El 4 de mayo de 2016, fecha en la que se inauguró su exposición titulada “HUARMIcaturas por la libertad” -a propósito del Día Mundial por la LIbertad de Prensa- las autoridades de la CCE impidieron la circulación al público del catálogo que detallaba los dibujos contenidos en la muestra, prohibieron la proyección de los videos animados de las caricaturas de la artista, retiraron las cédulas que contenían la descripción y técnica de cada dibujo, y recortaron el texto curatorial que se refería a que la muestra plasmaba “una protesta altiva ante los abusos del poder del gobierno de Rafael Correa”.
  • El portal informativo FocusEcuador permanece fuera del aire desde la mañana del 9 de mayo por razones que aún se desconocen. Al intentar ingresar al portal se puede leer un mensaje en donde se menciona que el usuario no puede acceder a dicho servidor. Antes de la salida del aire del portal, se conoció que FocusEcuador recibió dos reclamos presentados el 6 de mayo por,la SECOM tres días antes, por el supuesto uso ilegítimo de varias imágenes del Primer Mandatario.  Ese mismo portal también recibió el reclamo del partido oficialista Alianza PAÍS y su secretaria ejecutiva, Doris Soliz, por motivos similares. Tras unos días el portal volvió a estar operativo.
  • Tres portales digitales y al menos 14 cuentas de usuarios en Twitter han sido denunciadas por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), entre el 6 y 9 de mayo, por supuesta violación de copyright, o derechos de autor, por el uso “ilegítimo” de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales, conocidas como  “Enlace Ciudadano”. Un espacio de rendición de cuentas de Rafael Correa.    Entre ellos está el portal 4Pelagatos, FocusEcuador.
  • La ciudadana Maryorie Vallejo fue víctima de agresiones físicas e intento de detención por pedir al presidente Rafael Correa un relleno hidráulico para su barrio, en Babahoyo, a propósito de la visita que hizo el Primer Mandatario a la zona, el 10 de mayo de 2016.
  • Diario El Mercurio, de la ciudad de Cuenca fue sancionado el 13 de mayo con una amonestación escrita por parte de la Intendencia de la Información y Comunicación Zonal 6 por considerar que el periódico fue responsable de publicar un titular que no correspondía a la realidad. La nota titulada: “Gente pide agua; Correa sube el IVA”, referente a los hechos ocurridos tras el terremoto del 16 de abril,  salió en portada en la edición del 21 de abril y fue motivo de denuncia de los ciudadanos Alexandra Toledo, Omar Zárate, Marcelo Gómez y Diego Lucero, después de que en redes sociales varios ministros descalificaron al periódico por dicha publicación.  
  • De “confundir a la opinión” pública, haciendo interpretaciones “antojadizas” con ánimo de engaño, y “omisiones que se contradicen con la realidad”, acusó la Secretaría de Comunicación (Secom) a la estación televisiva Ecuavisa y a Alfredo Pinoargote, presentador del programa de entrevistas ‘En Contacto Directo’, a través de dos cadenas que interrumpieron ese espacio informativo por un total de 10 minutos. La primera cadena de tres minutos y medio de duración fue impuesta a día seguido, el 18 y 19 de mayo, en respuesta a una entrevista que dio el político de oposición y exPresidente Lucio Gutiérrez.
  • El 17 de mayo, el servidor que aloja al portal de investigación FocusEcuador recibió dos reclamos por supuesta violación a los derechos de Copyright por parte de la Secretaría de Comunicación (SECOM) y el movimiento político oficialista Alianza PAÍS. Recibió otro además, por supuestas calumnias, por parte del fiscal general Galo Chiriboga, representado por la empresa española Ares Rights. Estos reclamos se suman a los recibidos la semana pasada, cuando la misma SECOM y Alianza PAÍS presentaron quejas contra este mismo portal por el supuesto uso ilegítimo de varias imágenes del Primer Mandatario.
  • La página web de la organización no gubernamental Corporación Participación Ciudadana fue atacada la mañana de este 25 de mayo por piratas informáticos, impidiendo que esta pueda ser actualizada y que los usuarios puedan acceder a ella. En diálogo con Fundamedios, Pablo Villacís, de Participación Ciudadana, aseguró que el portal está completamente bloqueado y ha sido redireccionado a la página de http://www.elite-hackers.com.
  • La revista digital de periodismo investigativo Plan V recibió el 28 de mayo una denuncia de supuesta violación de copyright por parte de la Secretaría de Comunicación (SECOM), por el uso de once fotografías del presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de gobierno, para graficar sus notas.
  • El pedido de la SECOM llegó a los servidores que alojan el portal periodístico a través de una carta firmada por su titular, Patricio Barriga, quien asegura que el portal reproduce o publica, sin autorización, material protegido por las leyes de propiedad intelectual y que estos no reúnen los requisitos necesarios para ser considerados como de uso justo o “fair use”.
  • Los ciudadanos Luisa Lozano, conserje de una escuela comunitaria y Servio Angamarca, comunicador social, fueron sentenciados este 30 de mayo de 2016 a cuatro años de prisión por parte del Juzgado de Garantías Penales de Loja, tras ser acusados del delito de paralización de un servicio público -la vía Loja-Saraguro, ubicada al sur del país- por las protestas y levantamiento indígena de agosto de 2015. Ellos forman parte de una de las comunidades indígenas más importantes del Sur del país, la nacionalidad Saraguro. En total 29 personas de este grupo han sido acusadas. De ellas, ocho han sido absueltos y un segundo grupo de 12, han sido llamados a juicio y están a la espera de una sentencia.

JUNIO

  • Un mes sin poder ejercer su función de asambleísta y sin derecho a sueldo fue la sanción que le impuso el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), a Magali Orellana, legisladora por Pachakutik, por “hacer uso indebido de la palabra”, según  lo resolvió este organismo el 25 de mayo. En un comunicado público, la Asamblea Nacional informó que la sanción a Orellana se produjo por los hechos del pasado 12 de mayo, cuando se debatía la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto en su sesión Nro 387.
  • La estación televisiva Teleamazonas deberá pagar una multa de USD 7320 por haber difundido un caso de un menor de edad y la presunta paternidad del futbolista Wilson Carabalí en el programa de farándula «Jarabe de Pico», el pasado 15 de marzo de 2016. La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) emitió la sanción de oficio el 30 de mayo por considerar que el medio incumplió con lo establecido en el artículo 30, numeral 4 de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), respecto a la circulación restringida de información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

 

  • La revista digital de periodismo investigativo Plan V fue sacada del aire y permanece inaccesible al público. Esto ocurrió tras un reclamo por supuesta violación de derechos de copyright, planteado el pasado 28 de mayo por la Secretaría de Comunicación (SECOM), por el uso de once fotografías del presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de gobierno, para graficar sus notas.
  • El periodista de Canal UNO, Xavier Bustamante Ruiz, fue víctima de actos de intimidación por parte de supuestos trabajadores de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), tras la publicación de dos reportajes en los que se exponía videos de la actuación “inusual” de dos agentes. Los actos intimidatorios ocurrieron el 3 de junio y consistieron en la publicación, a través de Facebook, de las fotos, número de teléfono y la dirección de la casa  del periodista en la ciudad costera de Guayaquil.
  • El presidente Rafael Correa, durante su Enlace CIudadano N° 478 del 4 de junio, amenazó a quienes lo insulten por Twitter con retuitear esos mensajes para que sus simpatizantes los identifiquen. También advirtió que no le van a ganar la “guerra psicológica” en redes sociales.Esta advertencia se dio tras las críticas ocurridas en redes sociales por un video oficial difundido por la Secretaría de Comunicación (SECOM) para promocionar la gestión del Presidente en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En la pieza audiovisual se mostraron tomas aéreas del retrato de Correa dibujado en la arena de una playa, que generó la indignación de algunos internautas.
  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) resolvió el 12 de mayo terminar el contrato de concesión de la radio “Ecos del Pueblo 1060 KHZ”, de la localidad de Saquisilí, Cotopaxi. La razón: haber incurrido con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Comunicación referente a la obligación de los concesionarios de frecuencias de presentar una declaración juramentada ante la autoridad de Telecomunicaciones en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la Ley.
  • Una rectificación de tres columnas fue impuesta a diario La Hora este 14 de junio por el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) por la publicación de una nota referente a las consecuencias para la economía de las familias ecuatorianas tras el incremento del Impuesto del Valor Agregado I.V.A. Luego esta orden de rectificación, Diario La Hora advirtió a sus lectores que “de una forma totalmente arbitraria, impone un formato que supone o hace parecer que fuera escrito como una noticia de este Diario”.
  • Diario El Universo publicó bajo protesta cuatro réplicas y rectificaciones impuestas este 17 y 18 de junio por funcionarios estatales. Todas ellas llegaron a la redacción previamente diagramadas y tituladas. El periódico aseguró, en cada una de las notas impuestas, que se vio en la obligación de publicarlas para evitar nuevas multas de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) que comprometen la economía del diario.
  • La cuenta de Twitter del portal de investigación Mil Hojas fue dada de baja por algunas horas y condicionada a borrar información concerniente a una protesta para volver al aire. El hecho ocurrió el 16 de junio y se conoció cuando Martha Roldós, la responsable del portal, lo denunció desde su cuenta personal. Ese día, Roldós escribió el siguiente mensaje: “Cuenta de @fmilhojas ha sido bloqueada Se puede ver pero no se puede tuitear. No dicen qué regla fue violada”.
  • El portal de investigación FocusEcuador fue sacado del aire desde este 22 de junio después de que el servidor que lo aloja cediera a los reclamos que presentó en días pasados la Secretaría de Comunicación (SECOM) por supuesta violación de copyright, tras el uso de 15 fotografías del Presidente y otros funcionarios públicos que se publicaron para ilustrar siete reportajes. a Secom había denunciado la supuesta “existencia de archivos en sus servidores que violan nuestros derechos”, por el uso de fotografías e imágenes del Primer Mandatario.
  • Sin un proceso previo y en cuestión de horas, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) emitió este 23 de junio un llamado de atención a la estación televisiva Ecuavisa por “efectuar constantes interrupciones”, por parte del entrevistador Alfredo Pinoargote, al Ministro del Interior, José Serrano, quien acudió al canal para pedir una réplica por unas declaraciones que, según el funcionario, se tergiversaron respecto a los procesos por narcotráfico. El escrito, firmado por el superintendente Carlos Ochoa, advirtió al medio de poner en riesgo el ejercicio de los derechos de la comunicación y le pidió mejorar sus prácticas comunicacionales. La medida se basó en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación referente a que la Supercom podrá realizar amonestaciones a los administrados para llamar la atención sobre prácticas que deben ser mejoradas.
  • La estación televisiva Ecuavisa transmitió bajo protesta un video institucional de la estatal petrolera Petroamazonas que fue impuesto a manera de réplica durante 13 minutos durante la emisión del programa de investigación periodística “Visión 360”. La réplica se dio por el reportaje “Contaminación oculta” difundido el pasado 12 de junio en ese programa. La empresa pública Petroamazonas envió al canal el pedido, mediante el cual  aseveró que en Visión 360 se realizaron afirmaciones que “faltan a la verdad” y cuestionó la supuesta omisión de información pública que se puede encontrar en la página web de la empresa. También se acusó al programa de exponer “testimonios parcializados e interesados de actores de la zona”. 

JULIO

  • La madrugada de hoy, sábado 09 de julio, cerca de 70 ciudadanos cubanos fueron trasladados del sitio donde permanecían detenidos desde la madrugada del 06 de julio, de ellos 35 habrían sido deportados hacia Cuba. Así lo denunció Juan Pablo Albán, abogado de los detenidos. Para el experto desde el punto de vista jurídico este acto es “una desaparición forzada” y anunció que solicitarán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentarán una acción de Hábeas Corpus por los ciudadanos cubanos que aún se encuentran detenidos.
  • El programa de investigación Visión 360 de Ecuavisa transmitió  bajo protesta un video de “réplica” enviado por varias autoridades de la provincia amazónica de Sucumbíos, en respuesta al reportaje titulado «Miedo en la frontera”, del pasado 26 de junio, en donde se expuso acerca de la inseguridad en esa zona fronteriza, al norte del país. El material audiovisual interrumpió el programa durante 13 minutos y medio.
  • El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), ordenó una cadena a las 22:30 de hoy, el mismo horario en el que se transmite el programa de investigación Visión 360. Esto obligó al espacio periodístico a modificar su horario habitual y emitir su programa de estreno a las 10:30 de este domingo y reprisarlo a las 23:00. La imposición se da después de que Visión 360 promocionara durante una semana su reportaje“Luces, Cámara, ¿Derroche?” sobre los 9 años de propagandas audiovisuales realizadas por el Gobierno y jamás exhibidas.
  • El periodista Jean Paul Bardellini, corresponsal de la cadena NTN24 fue amenazado de muerte en Twitter por un usuario identificado como “estif yobs” @negrovergonzoso, quien borró su cuenta inmediatamente después de que el periodista hiciera pública la amenaza. El hecho ocurrió la noche del 18 de julio de 2016 cuando el usuario escribió el mensaje amenazante, aparentemente, en respuesta a una nota divulgada por NTN24 el pasado 12 de julio.
  • El periodista deportivo Carlos Gálvez fue despedido por la empresa de televisión satelital DirecTV, después de que se hiciera viral en redes sociales, comentarios ofensivos atribuidos al comunicador, en contra del equipo de fútbol Independiente del Valle que es auspiciado por esa empresa desde hace seis años. En un comunicado divulgado por DirecTV la tarde del 18 de julio a través de la cuenta oficial de Twitter, se informó al público que la empresa no acepta “ningún tipo de conductas intimidatorias ni discriminatorias” y que por ello, han decidido terminar la relación contractual que mantenían con el periodista.
  • Por comentar en la página de Facebook de una hostería en Riobamba (sierra central), Estefania Camelos, una joven animalista de 24 años  podría ir hasta un mes a prisión tras ser notificada con una querella penal en su contra, por desacreditar y deshonrar a ese negocio turístico. La demanda se presentó en la Unidad Judicial Penal de Chimborazo como una ‘Contravención de cuarta clase’ tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece una sanción de quince a treinta días en prisión para quien, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Finalmente Camelos fue declarada inocente.
  • Por la difusión de un programa taurino considerado parte de la cultura “mestiza”, Radio “Quito 760 AM” deberá pagar una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses. La Supercom concluyó que el medio no difundió el porcentaje mínimo de contenido intercultural, en la programación del 26 de abril de 2016, incumpliendo el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
  • El Gobierno de Ecuador inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores, UNE, el mayor sindicato de profesores del país, luego de que la presidenta de esta entidad Rosana Palacios, participó de las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado mes de junio. En aquellas instancias la UNE presentó información sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación en los últimos años. La represalia al sindicato tomó forma este 21 de julio mediante un oficio firmado por Fernando Alberto Yánez Balarezo, subsecretario del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito.
  • La difuminación de los rostros en la fotografía no fue suficiente para la Intendencia de la Información y Comunicación Zonal 7. Por esa razón, el 19 de julio del 2016, después de un trámite iniciado de oficio, sancionó con una amonestación escrita al diario “Correo”, de Machala (frontera sur), por publicar imágenes y menciones que según su criterio permiten la identificación de menores de edad. Para la entidad, se infringió el art. 10, numeral 2, literal d), de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).  
  • La periodista Jeanet Hinostroza, conductora del espacio de entrevistas “Los desayunos de 24 Horas” de Teleamazonas, enfrenta una acusación por linchamiento mediático por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP y ha sido el blanco de actos de acoso como la difusión de cadenas en su contra. Esto por las críticas que ha realizado a una subasta inversa corporativa de medicamentos a cargo de esa entidad, proceso que ha seguido el medio de comunicación con entrevistas e investigación periodística y ha evidenciado las dudas respecto a la calidad de dichas medicinas.
  • Diario El Comercio fue víctima de censura con la imposición de contenido oficial a manera de réplica y rectificación. Este 21 y 28 de julio, el diario publicó bajo protesta una réplica del Servicio de Rentas Internas SRI, y una rectificación del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, respectivamente, en respuesta a notas publicadas por ese medio.

 

AGOSTO

  • Luego de que el Presidente Rafael Correa ordenara que a Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza se les sancione por linchamiento mediático, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) emitió una doble sanción este 8 de agosto. La razón: haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.
  • Un Juez de la Unidad Civil del Distrito Metropolitano de Quito ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias, así como la prohibición de salida del país del periodista Fernando Villavicencio, exasesor del asambleísta Cléver Jiménez, tras admitir a trámite una petición del presidente Rafael Correa para declararlo insolvente. Esto por el no pago de más de ciento cuarenta mil dólares de indemnización al que fue condenado Villavicencio, junto con el Asambleísta Cléver Jiménez y el activista Carlos Figueroa, por injurias al Presidente.
  • Tres radios fueron castigadas por no difundir suficiente contenido intercultural y deberán pagar el 10% de la facturación promediada del último trimestre por incumplir lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referente al derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.
  • Diario La Hora recibió una amonestación escrita este 12 de agosto por parte de la  Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) tras una denuncia planteada el 5 de julio por el abogado Diego Fuentes, Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior por las notas tituladas “Ya no fían gasolina a patrulleros”, y “Vehículos de la policía en Ibarra se quedan sin combustibles” del 28 de junio.
  • Responder a un correo enviado por el Presidente Correa o compartir información en redes sociales ha significado, para ocho militares ecuatorianos, la apertura de procesos disciplinarios por “realizar actos de manifiesta violencia e indisciplina contra un superior”, según el artículo 36 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar. Lo que podrían significar el fin de sus carreras dentro de las FFAA.
  • A empujones. Así retiró la policía a los periodistas que cubrían el desalojo a miembros de la Unión Nacional de Educadores UNE en Quito al mediodía del 29 de agosto de 2016. Al menos dos periodistas y un camarógrafo  fueron víctimas de agresiones físicas  por parte de los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), según testimonios recogidos por Fundamedios.
  • Victor Hugo Erazo y Patricio Fajardo fueron detenidos la noche del 29 de agosto de 2016 en sus domicilios tras operativos policiales, en donde también se allanó la vivienda de Erazo. Ellos son parte de los cinco sentenciados por su implicación en la irrupción al canal del Estado, Ecuador TV, el pasado 30 de septiembre de 2010, fecha en la que tuvo lugar una revuelta policial. Estas detenciones se dieron en cumplimiento de una orden judicial, por la sentencia de 18 meses de prisión que pesaba en contra de los ciudadanos por destrucción de bienes públicos.

 

SEPTIEMBRE

  • A quince días de prisión, USD 90 dólares de multa y la obligación de disculparse con el presidente Rafael Correa fue sentenciado el concejal y vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo. El juez Máximo Ortega emitió su sentencia la tarde del 5 de septiembre por hallarlo culpable de “proferir expresiones de descrédito o deshonra” contra el Primer Mandatario durante una entrevista el pasado 10 de junio, en radio Sonorama.
  • La Secretaría de Comunicación (SECOM) pretende dar de baja la página web Fundamedios con nuevos reclamos que han sido presentados al servidor por supuesta violación de copyright. La razón de este reclamo se da por la publicación de ocho composiciones fotográficas en las que aparece el presidente Correa y el vicepresidente Glas durante los enlaces ciudadanos, que han sido utilizadas para graficar las alertas que se emiten. El reclamo de la SECOM fue presentado con la firma de su titular, Patricio Barriga, quien alegó que la Organización está utilizando imágenes y logos que son de “propiedad exclusiva” de esa Secretaría y cuya reproducción es ilegal. Para ello citan al Digital Millennium Copyright Act más conocida como «DMCA», de los Estados Unidos. A través de un correo electrónico, la empresa Amazon, el servidor que aloja a Fundamedios, notificó a la Organización este 28 de septiembre y dio 24 horas para remover dicho contenido. Sin embargo, y como se ha procedido en ocasiones anteriores, se presentó una apelación.
  • La revista digital de investigación Plan V fue sacada del del aire durante casi cinco horas el 29 de septiembre, después de una queja que presentó Secretaría de Comunicación (SECOM) al servidor que aloja el portal, por supuesta violación de derechos de copyright. Esa Secretaría reclama la propiedad de siete fotografías del presidente Correa y sus funcionarios, divulgadas para ilustrar varias de las investigaciones publicadas.

OCTUBRE

  • Fernando Delgado, camarógrafo de la estación televisiva Ecuavisa, resultó herido con una pedrada en la cabeza, tras ser atacado por una turba, en un barrio popular de la ciudad porteña Guayaquil, durante la cobertura de un operativo antinarcóticos la noche del 13 de octubre. El equipo periodístico del canal RTS también estuvo presente y fue agredido de manera indirecta.
  • El periodista Enrique Rosales Ortega, articulista de diario El Universo, fue sentenciado este 17 de octubre de 2016, a dos años de prisión y al pago de USD 15 mil dólares de indemnización por el delito de calumnias contra la asambleísta del Movimiento oficialista Alianza PAIS, Vanessa Fajardo. Además, el juez multicompetente del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, ordenó al periodista presentar disculpas públicas por el mismo medio de comunicación donde se realizaron las expresiones de descrédito.
  • Este 30 de octubre de 2016, diario El Universo informó que uno de sus periodistas fue obligado a borrar las dos fotos que tomó al vicepresidente Jorge Glas durante su cobertura del concierto de Metallica, el pasado sábado 29 de octubre en Quito. El segundo mandatario había asistido al espectáculo acompañado de un niño de 12 años y de una numerosa escolta.
  • En media página y con un titular que simula ser una nota periodística, el Servicio de Rentas Internas (SRI) impuso una rectificación a diario El Universo. En su edición del 28 de octubre pasado, el periódico publicó el contenido oficial “bajo protesta”, como consta en un aviso adjunto a dicha nota. La rectificación lleva por título “Nota de la Dirección. Pedido de réplica del Servicio de Rentas Internas”.
  • Por “retaliaciones políticas”, el programa ‘Celebra la Vida’ emitido por el canal estatal Ecuador TV salió del aire desde el 28 de octubre. Así lo denunció Mario Maldonado,  presentador y productor de ese espacio, quien aseguró que la salida del programa se dio por su participación en el movimiento político Centro Democrático.

 

NOVIEMBRE

  • El comunicador social Jimmy Ordóñez, quien labora como director de comunicación de la prefectura de Zamora Chinchipe, fue llamado este 17 de noviembre a declarar a la Fiscalía, por ser sospechoso del delito de concusión, tras la publicación de un mensaje en Twitter. En diálogo con Fundamedios, Ordóñez aseguró que es investigado por una denuncia que difundió en dicha red social, respecto al cobro de dinero para conseguir puestos de trabajo en el MInisterio de Salud de  esa localidad. Sin embargo, no entiende por qué es denunciado por los directores distritales de salud como si él hubiera sido quien cometió el delito y recibió dinero.
  • Por una supuesta deuda de USD 75 dólares, la radio FM Ritmo de Ibarra, que ha funcionado desde 1987 podría apagar su voz de manera definitiva. Con esto, también se le dificultaría a la emisora conseguir una frecuencia dentro del concurso de adjudicación de frecuencias de radio y TV que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).

 

  • Radio La Voz de Arutam, la emisora de la Federación Shuar, en la amazonía ecuatoriana, salió del aire durante más de 24 horas. La madrugada del 23 de noviembre de 2016, desconocidos cortaron los cables principales que permiten la transmisión de la radio. Este hecho se da en medio de protestas de los nativos de la provincia de Morona Santiago (sur del país), por la intervención militar en su intento por desalojar los campamentos de la minera china Ecuacorriente, que en días pasados habían sido tomados por los nativos, quienes reclaman sus territorios y rechazan la presencia de mineros en la zona.
  • Freddy Bolívar Torres, alcalde de la localidad amazónica de Limón Indanza (Morona Santiago) denunció penalmente al periodista Wilson Cabrera, por comentarios vertidos en su cuenta en la red social Twitter. El funcionario aseguró que el periodista desacreditó su buen nombre y honra “a nivel mundial” y pidió se le aplique la máxima pena por el delito de calumnias, así como una indemnización de USD 200 mil dólares.

 

DICIEMBRE

  • La revista digital de investigación Plan V fue sacada del aire la mañana del 5 de diciembre de 2016, después de que el servidor que aloja el portal diera de baja a la revista tras reclamos presentados por la Secretaría de Comunicación (SECOM), por supuesta violación de derechos de copyright de 15 fotografías, con base en la ley estadounidense Digital Millennium Copyright Act, más conocida como “DMCA”. La revista se vio obligada a borrar dichas fotos para poder volver al aire.
  • El 13 de diciembre de 2016, el diario estatal El Telégrafo amenazó a la página satírica Crudo Ecuador con tomar acciones legales por el supuesto “uso indebido e ilegal de su línea gráfica”, después de que este hiciera una publicación en video referente a las denuncias de agresiones físicas y psicológicas presentadas por una estudiante de periodismo en contra de Orlando Pérez, director de ese medio oficialista, a las que acompañó con una gráfica con una portada simulada de ese rotativo.
  • Dos radios en la provincia costera de Santa Elena dejaron de operar entre el 29 de noviembre y 8 de diciembre, después de que sus equipos fueran decomisados por el Personal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), por supuesta operación irregular. Es el caso de la radio Oasis 89.9 FM, cuya señal se emitía desde la localidad de José Luis Tamayo y la radio Antena Tres 91.7 FM, de la localidad de La Libertad.
  • El periodista José Carlos Casañas y la coordinadora de noticias Monserrat Naranjo fueron despedidos el 13 de diciembre de 2016, del canal RTS,  por haber realizado la cobertura y posterior publicación de la nota periodística que reveló la agresión que sufrió Gloria Ordóñez por parte del director del diario público  El Telégrafo.
  • La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó este 15 de diciembre de 2016, la sentencia que condena a un año de prisión contra Pablo Chambers y Gerardo Portillo, dos de los cuatro veedores ciudadanos que investigaron los contratos que mantenía el hermano del Presidente de la República con el Estado.
  • El tribunal de la CNJ negó la casación “por improcedente” y ratificó la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de la Sala Penal la Corte Provincial de Pichincha en septiembre de 2014, cuando los dos veedores fueron declarados culpables de haber cometido el delito de falso testimonio por haber concluído en su informe de la veeduría, que el presidente Rafael Correa conocía acerca de los contratos de su hermano. Afirmaron además que en los procesos hubo preferencias e ilegalidades ocasionando un grave perjuicio al Estado.
  • Desde el 17 de diciembre de 2016 Radio La Voz de Arutam, emisora de la Federación Shuar, está fuera del aire. Desconocidos cortaron la electricidad y los cables principales que le daban señal a la radio. Esta es la tercera ocasión que se atenta en contra de esta radio comunitaria en el marco de protestas. Las dos últimas se dieron por los nativos de la provincia de Morona Santiago (sur del país), quienes reclaman sus territorios y rechazan la presencia de empresas mineras en la zona.

 

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