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Las vidas de las familias Ortega, Rivas, Segarra; de sus amigas y amigos son ejemplo de dignidad. Dos años después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no descansan en su afán de exigir verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Lo afirmaron desde el 26 de marzo de 2018: ¡Nadie se cansa!

Tras 24 meses sin respuesta, Fundamedios presentó un foro virtual moderado por Juan Carlos Calderón, periodista y presidente de la organización; y donde intervinieron Galo Ortega, padre de Javier; y Yadira Aguagallo, miembro del colectivo Nos faltan 3 y pareja de Paúl. 

La conversación también fue el espacio para mostrar ‘Historias urgentes’, un libro editado por Fundamedios y que recopila las voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este texto reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que dan batalla en su búsqueda de respuestas.

“Nunca dejaré de decir que el Gobierno nos debe a nuestros seres queridos”, insistió Galo Ortega durante el foro. Para el hombre que se coloca cadenas y candados en honor al nombre de su hijo no ha pasado un día. “Todo lo que el Gobierno no ha hecho nos ha indignado, causa impotencia. Pero seguimos adelante en la lucha por la verdad”.

Y en eso coincide la periodista Yadira Aguagallo. “Cuando hay impunidad, intentos de silencio y no se encuentran respuestas sobreviene una profunda indignación. La búsqueda de justicia ya no es solo por esas tres personas que fueron asesinadas, sino que nos pone en perspectiva de las condiciones del periodismo ecuatoriano. Dos años después, nos faltan muchos más: nos faltan los periodistas que están muriendo en el contexto de la cobertura de la Covid19”.

Hay muchas cosas por hacer. Ortega y Aguagallo coinciden en que se ha hecho memoria sobre Paúl, Javier y Efraín; pero no se ha aprendido la importancia de que en Ecuador no exista impunidad y sí garantías de derechos.

En ese contexto, ‘Historias urgentes‘ también es un llamado a los Estados de Ecuador y Colombia a hacer una desclasificación real de la información que guardan, a no descansar en las investigaciones y a seguir las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho. Es un pedido a esa Comisión a no abandonar el caso, a presionar para el cumplimiento de sus observaciones. 

‘Historias urgentes‘ es un recordatorio de que por Javier, Paúl y Efraín, nadie se cansa: Historias urgentes 

 

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Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hacían su trabajo cuando, en abril de 2018, los asesinaron. Buscaban la noticia y a sus personajes. Defendían el derecho de ejercer su oficio y el de toda la sociedad de estar informada. Historias urgentes es una recopilación de voces de quienes sufrieron su secuestro y posterior asesinato. Este libro reúne a hermanos, padres, amigas y amigos, colegas, activistas que no descansan en su exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

El crimen también puso en evidencia las limitaciones de las instituciones ecuatorianas, y la estulticia de muchos funcionarios y políticos. Además, desató enormes muestras de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. Pero quizá lo más conmovedor fue que mostró la humanidad, la dolorosa templanza de sus familias y colegas, que lucharon y luchan por esclarecer las razones profundas de su muerte y señalar no solo a los autores materiales, sino a los perpetradores intelectuales, a sus cómplices y encubridores.

Un manto de silencio no debe invisibilizar las deficiencias y omisiones de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes y al trabajo periodístico.

Agradecemos a todos quienes participaron en el proceso. Y recordamos que Fundamedios acompañará a las familias en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición: Historias urgentes.

 

 

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La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados la tarde del 26 de marzo06 de abril por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 3.747 portadores de COVID19 y 191 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de cinco periodistas en Guayaquil. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo. Ambos murieron el pasado 30 de agosto.

Finalmente, Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud.

La organización registra nueve periodistas con diagnóstico positivo. Además, se levantó una lista de dieciocho profesionales de la comunicación con síntomas de contagio y en aislamiento. Adicionalmente, quedan cuatro casos más por confirmar. 

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

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Dos años han pasado: y no hay respuestas. Un día como hoy, el 26 de marzo de 2018, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio, fueron secuestrados en Mataje (norte de Esmeraldas) y trasladados a territorio colombiano por el Frente Óliver Sinisterra (FOS). El grupo narcoguerrillero, a cargo de Walter Patricio Arizala Vernaza, Guacho, los captó en medio de una escalada de violencia y días después los tres se convirtieron en víctimas de un crimen que tras 24 meses no tiene responsables. 

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Un documento de 104 páginas que indica que ese podría ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de las familias Ortega, Rivas y Segarra, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Para Fundamedios, se trata de un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra el periodismo es multidimensional. Además, es preciso garantizar su protección para que sea posible informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos ejerzan su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho.

Dos años después, la organización insiste en que el trabajo del ESE es inicial y deben crearse mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Instamos a la CIDH a que en el marco de las medidas cautelares aún en vigencia se haga un monitoreo exhaustivo a sus sugerencias, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse instrumentos regionales de seguridad. Pero también, una vez más, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Fundamedios exige que exista una desclasificación real de la información sobre los operativos en la zona de frontera y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico ocurrido en marzo de 2018 y con un fatal desenlace en abril del mismo año. Exigimos transparencia. Ecuador y Colombia le deben verdad a las familias: solo así será posible encauzar este hecho hacia la reparación integral de sus víctimas. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios reitera que acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

La coyuntura demuestra que, a pesar de este precedente, Ecuador todavía no ofrece las garantías necesarias a los trabajadores de la prensa para cumplir su rol. A pesar de que existen esfuerzos para que opere un Comité para la Seguridad de Periodistas, las condiciones de inseguridad afectan severamente el ejercicio periodístico. 

Se lo pido comprobar dramáticamente durante las protestas de octubre, con más de 200 reporteros agredidos. Y ahora se lo vuelve a percibir durante la crisis provocada por el COVID19

Los periodistas ecuatorianos enfrentan muchos retos al cubrir la pandemia en medio de la incertidumbre y sin que las autoridades adopten políticas de seguridad  y los medios de comunicación establezcan protocolos y medidas de prevención a quienes están altamente expuestos por su trabajo. En esas condiciones, la autoprotección es la única defensa de quienes informan desde las calles. 

A dos años del traumático secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, la protección a los periodistas en el Ecuador es un pendiente que debe apelar a las conciencias de todos los actores.

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La prensa cumple un rol indispensable en la cobertura de las crisis y emergencias sanitarias. Son los periodistas y sus equipos quienes se encargan de llevar a la ciudadanía la información de primera mano. 

Actualmente el COVID19 es la noticia en el mundo. Los medios informan sin parar sobre los resultados de esta pandemia que ha contagiado a más de 80 mil personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está entre las seis emergencias de salud pública más potentes desde 2009.

En Ecuador, hasta este 20 de marzo, la cifra asciende a 367 casos. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción por calamidad pública durante 60 días y anunció toque de queda.

En el Decreto 1017 se limitan algunos derechos como el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Esto implica que los ciudadanos no podrán transitar por las calles o reunirse. La disposición no limita la libertad de expresión, ni menciona la censura previa. 

Fundamedios te entrega información importante que debes tomar en cuenta durante las próximas coberturas. 

Como periodista, ¿puedo movilizarme durante el toque de queda y estado de excepción?

SÍ. El artículo 5 del Decreto menciona que los comunicadores acreditados podrán movilizarse en el territorio nacional pues cumplen con el rol de informar a la ciudadanía. 

¿Cuáles son las limitaciones en el toque de queda?

El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda, es decir la prohibición total de que los ciudadanos circulen. Los periodistas que porten con su credencial y el salvoconducto entregado por el Ministerio de Gobierno, a través de www.ministeriodegobierno.gob.ec, podrán circular porque cumplen con el rol fundamental de informar. 

A partir del 21 de marzo de 2020, en todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guayas, el toque de queda se iniciará desde las 19:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Mientras que para Guayas la medida regirá desde las 16:00 hasta las 05:00.

¿Cómo puedo acreditarme?

Ingresa a www.ministeriodegobierno.gob.ec, haz clic en la parte superior izquierda (en el slide show de noticias) donde dice “Salvoconducto”. Imprime el formulario que está disponible. Un responsable del medio de comunicación debe llenarlo y firmarlo, así como la persona que saldrá de cobertura. No necesitas firma adicional del Ministerio de Gobierno. Tu acreditación es el salvoconducto.   

¿Hay algo adicional que deba llevar  y que garantice mi circulación sin problema?

Sí, debes portar la credencial del medio de comunicación que certifique que eres periodista o perteneces a la empresa.

¿Tengo restricciones para emitir información durante el estado de excepción?

Según el Decreto 1017, la libertad de expresión no está limitada, solamente el libre tránsito, la libre asociación y reunión. Es decir, los periodistas pueden informar en sus canales de comunicación sobre el COVID19 sin restricciones. Sin embargo, existe la responsabilidad ulterior, contemplada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación LOC) que menciona que los medios son responsables de la información que publican en sus canales informativos.  

El numeral 4 del artículo 165 de la Constitución dispone censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Sin embargo, en el Decreto suscrito por el Presidente no se hace referencia explícita a limitar el derecho de libertad de expresión. Según expertos consultados por Fundamedios, los decretos de estado de excepción deben mencionar expresamente los derechos que se verán limitados. 

¿Cuáles son las fuentes oficiales de información durante la emergencia del COVID-19?

El Gobierno Nacional dispuso que la fuente oficial de información en el territorio nacional sea el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que funciona como una instancia interinstitucional para reducir riesgos en contextos de emergencias nacionales.

¿Cómo puedo acceder a información oficial?

El Gobierno ofrece varias cadenas nacionales al día, que se transmiten en línea en el perfil de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y en medios tradicionales. En estas ruedas de prensa se presentan ministros y autoridades para actualizar datos sobre la situación del COVID19 y contestar dudas de la prensa.

¿Puedo preguntar en las ruedas de prensa virtuales? ¿Cómo lo hago?

Sí. Los periodistas pueden enviar sus interrogantes a los funcionarios a través de los chats de prensa de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Debes mandar tu consulta en forma de mensaje e identificarte.  

Si cubro Asamblea Nacional, ¿cómo puedo acceder a las reuniones de los legisladores?

El poder Legislativo tiene habilitada su plataforma en Facebook para transmitir algunas sesiones. La radio de la Asamblea: www.laradio.asambleanacional.gob.ec permanece al aire. Además, existe un chat de prensa donde se envían diariamente la agenda y enlaces de reuniones legislativas en Zoom. Si eres periodista y deseas ser incluido en la lista, escribe al +593 98 408 0980.

Mi especialidad son temas judiciales, ¿cómo puedo informarme sobre ellos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con el correo electrónico comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec, el cual se encuentra activo. Además, en el sitio www.fiscalia.gob.ec consta la plataforma estadística donde se actualizan datos de personas procesadas por no acatar toque de queda y otros temas. Las redes sociales se alimentan diariamente. 

¿Cómo obtengo  información sobre el tránsito y los operativos en Quito?

Existe un chat de prensa donde puedes ser incluido y recibir información actualizada. Si deseas hacerlo, comunícate al +593 98 704 4409 . Las seis redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se actualizan con información relevante y datos estadísticos, así como la plataforma Quito Informa (http://www.quitoinforma.gob.ec). 

¿Con quién debo comunicarme si tuve inconvenientes durante mi cobertura?

Fundamedios ha habilitado su línea telefónica: +593 98 453 5165 en donde puedes reportar agresiones al trabajo periodístico e impedimentos de cobertura. El Consejo de Comunicación ha dispuesto el correo electrónico gvalencia@consejodecomunicacion.gob.ec para ello. 

Si tengo sospechas de un contagio por COVID-19, ¿a quién debo reportarlo?

Debes llamar a la línea 171 para que evalúen tus síntomas. El personal se encargará de derivarte a un centro especializado para someterte a una prueba.

¿Qué medidas de seguridad debo tomar durante mi trabajo?

Fundamedios preparó con manual con información relevante sobre el tema. Las recomendaciones se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Descarga el documento aquí

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El periodismo juega un rol clave en la gestión de crisis sanitarias y alertas globales como la que actualmente se atraviesa en torno al coronavirus. El trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población; pero, también, no comunicar bien produce desconfianza y miedo. Así lo han expresado las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y el Instituto Poynter

En Ecuador, la cobertura del Covid19 cobró relevancia a partir del 29 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país. En ese contexto, información de mala calidad sobre un virus que atraviesa un ciclo frenético de noticias puede llevar al pánico y a una reacción exagerada e ineficaz.

Se precisa pensar en la construcción de los titulares, en los ejes de las historias y las imágenes que se usan para su difusión. El contexto es crítico y hay temas locales para ser contados que, con pautas claras, permiten influir en la sociedad y, al mismo tiempo, combatir el fenómeno de la desinformación

Fundamedios, como parte de su objetivo de capacitar periodistas y promocionar un periodismo de calidad, desagrega elementos a tomar en cuenta en la cobertura: Periodismo en tiempos de COVID19.

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El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación emitió  dos informes técnicos de contenidos que motivaron una serie de sanciones y finalmente el retiro del título habilitante a Radio Pichincha Universal por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tras la transmisión del programa En la Oreja, el 3 de octubre de 2019. 

El informe más amplio (CRDPIC-CT- DEC-2019-004-IT) al cual Fundamedios tuvo acceso contiene cuatro conclusiones: 

El análisis del discurso realizado por el Consejo de Comunicación contiene una sinopsis descriptiva, referencia conceptual, análisis contextual, análisis textual, análisis co-textual y conclusiones. Entre sus líneas hace alusión a la protesta social como un derecho reconocido en la Constitución, así como la libertad de expresión, pero también menciona que “estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. 

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de radio Pichincha es polémico y la sanción desproporcionada.

Efectivamente, el Consejo analizó el discurso de nueve fragmentos de intervenciones. Las de: Luisa Maldonado (excandidata a la Alcaldía de Quito), del director del programa, Washington Yépez; del periodista Patricio Peralta, de un ciudadano y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se menciona también que en ese espacio se recibieron 14 llamadas de oyentes.

Maldonado es la persona más mencionada en el análisis. A las 09:45, según el informe, afirmó que el alza de combustibles implica un encarecimiento en el costo de la vida. 

En su análisis, el Consejo asegura que el verbo “saludar”, según la Real Academia Española (RAE), tiene relación con la acción de “acoger  un hecho o acontecimiento de forma favorable”. Es decir, la invitada acogió la paralización del transporte, lo cual está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

El informe cita otro diálogo de las 09:46 entre Maldonado y Washington Yépez. 

Para el Consejo, las frases de Yépez expresan su respaldo, como director del programa, a las afirmaciones de la entrevistada y se menciona que tampoco emite un comentario que “permita resignificar el saludo que realiza la entrevistada frente a la paralización del transporte público”. 

El informe Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría, señala que la regulación sobre radiodifusión debe ser clara y concisa para “evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”.

El documento menciona que el artículo 13 de  la Convención Americana fija limitaciones a la libertad de expresión, una de ellas es la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, aclara que cuando exista una posible amenaza de este tipo es responsabilidad del Estado verificar si obedece a causas reales, verificables e invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (…) ”.

Incluso, la Corte Interamericana ha definido que la expresión ‘orden público’ debe ser interpretada como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En ese sentido, dice que la regulación no limitará la circulación de noticias, ideas u opiniones ciudadanas por más molestas, chocantes o perturbadoras que sean, en nombre de la defensa del ‘orden público’.

Lanza ejemplificó casos excepcionales en que medios de comunicación son cerrados por emitir discursos de odio y motivar a la la violencia. Se trata de la radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM, una emisora en Ruanda (África) que, entre 1993 y 1994,  jugó un rol importante durante el genocidio de la etnia de los Tutsis. 

Mensajes como: “los Tutsis no merecen vivir, hay que matarlos”; “a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; “si las cucarachas se esconden en las escuelas, con que llenaremos las tumbas”; fueron algunas de las frases condenatorias por las cuales se concluyó con el cierre del medio y llevando a prisión a los directores del mismo. 

Frank La Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, recalcó que la protesta social es un derecho que tiene íntima relación con la libertad de expresión.

“Se da el derecho de reunión con la idea de expresarse, de discutir ideas, de defender derechos en común y en algunos momentos ese derecho implica el poder manifestarse públicamente, haciendo una protesta, eso es totalmente válido”, explica el experto. Eso sí,  aclara que la libertad de expresión no puede servir de excusa para violentar derechos ajenos.

El informe técnico que motivó el retiro del título habilitante a radio Pichincha Universal fue remitido por el Consejo de Comunicación a la Defensoría del Pueblo el 3 y 7 de octubre de 2019, tal como lo establece el artículo 68, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero también fue puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa. 

Fundamedios revisó la norma y en el artículo antes mencionado no se le faculta al Consejo “poner en conocimiento de otras instituciones públicas” los informes técnicos sin que sean solicitados, pero tampoco hay una prohibición explícita para ello. 

Para el abogado Salim Zaidán hubo una interpretación errónea y el envío del informe a otra institución no era procedente. “En ninguna parte de la Ley eso está considerado, ni siquiera en situaciones de excepción como se dio en octubre. Fue totalmente descabellado lo que se ha hecho. No tiene ningún sustento legal que se haya enviado al Ministerio de Defensa”. 

Sucede que el Decreto ejecutivo 884 que determinó el estado de excepción no se refirió a la censura previa ni limitó el derecho a la libertad de expresión. Incluso, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción a las 13:18 del 3 de octubre y el programa En la Oreja fue transmitido a las 09:00. 

Además, el 8 de octubre, el Consejo denunció a la radio sin fines judiciales en la Fiscalía, amparado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”, dice el artículo.

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Durante un taller coorganizado por Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el Colegio de Periodistas de Tungurahua y la Universidad Indoamérica el pasado 7 de marzo, 40 personas vinculadas al mundo de la comunicación discutieron temas ligados al marco legal del ejercicio periodístico en Ecuador, uso del lenguaje inclusivo y desinformación. Los asistentes participaron de una jornada de trabajo en la Universidad Tecnológica Indoamericana, en Ambato, provincia de Tungurahua.

El encuentro convocó a docentes, estudiantes, periodistas y funcionarios con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos en la lucha contra la desinformación, la protección legal del oficio y el desarrollo de narrativas no estigmatizantes. El objetivo fue complementar la capacitación de los comunicadores con miras a desarrollar más y mejor periodismo.

En el auditorio de la Universidad Indoamérica los asistentes se preguntaron por las posibilidades de construir medios de comunicación que no respondan a intereses personales y sí a una metodología profesional responsable. Por ello, la discusión giró en torno a los deberes y derechos de los periodistas consagrados en la reformada Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Además, desde el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación se propuso a los presentes construir mensajes incluyentes a partir de contenidos considerados discriminatorios. A través de este ejercicio, y tras una charla en torno al uso adecuado del lenguaje, se busca minar los espacios mediáticos que emplean estereotipos negativos.

Finalmente, Fundamedios compartió una serie de herramientas digitales para verificar información engañosa. A través de la exposición de la búsqueda inversa de imágenes en Google o la búsqueda avanzada de Twitter se socializaron consejos para identificar mentiras en Internet. Los instrumentos son gratuitos, abiertos e intuitivos.

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En las últimas décadas en Latinoamérica las mujeres alcanzaron derechos que antes no tenían. Se reconoció el voto femenino como un derecho humano fundamental, así como la representación, paridad de género en la política y hasta -en algunos países- la despenalización del aborto. Sin embargo, la violencia sexual, psicológica y física todavía permean con fuerza y alcanza a mujeres y niñas sin distinción social. 

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. Cada dos horas y media se registra un femicidio y una de cada tres mujeres sufre violencia sexual. Así lo confirma la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las periodistas son doblemente expuestas a situaciones de violencia. No solo se enfrentan en la cotidianidad a patrones machistas, sino que también soportan desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas, estigmatización y falta de oportunidades cuando deciden ser madres. Esto, sumado a la desprotección y la deficiencia en la investigación de casos, las deja en estado de indefensión.

Estos son algunos de los argumentos del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Mujeres periodistas y libertad de expresión’, presentado públicamente en marzo de 2019 en Estados Unidos. 

La Relatoría menciona algunos hallazgos del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015), en América Latina, en el cual el 43% de las personas que presentaban o reportaban noticias eran mujeres, un 15% más que en el 2000. En el Caribe, la cifra alcanzó el 45%. En cambio, en Estados Unidos disminuyó. El número de periodistas mujeres se  redujo de 46%, en 2000, a 38% en 2015. 

El informe también dice que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas entre quienes reportan noticias que abarcan temas “femeninos” versus aquellas que cubren política y economía. “Este patrón puede contribuir a que el trabajo de las mujeres periodistas sea menos visible y menos valorado”, se menciona. 

Un dato que llama la atención es que existe información escasa sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas periodísticas. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en 2011, la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las compañías de medios de América Latina era inferior al 25% y menos de un tercio, 30,5%, en los niveles gerenciales (directores ejecutivos, directores generales, directores financieros). 

Otra de las amenazas latentes es la violencia sexual. El informe recopila datos de la Federación Internacional de Periodistas (2017) que concluye que el 37% de las periodistas encuestadas en varios países de la región reportó haber sufrido acoso sexual. 

La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos de algunos Estados para establecer programas y mecanismos de protección en materia de violencia a las periodistas, pero concluye en que los esfuerzos aún no son suficientes. Es necesario emprender un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los mismos medios de comunicación

La subeditora de diario El Tiempo, en Colombia, Jineth Bedoya, concuerda con esta postura. En una entrevista realizada por Fundamedios en agosto de 2019, a propósito del anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado colombiano por su secuestro y violación en 2000 mientras hacía su trabajo, comentó acerca de las labores de capacitación que realiza para evitar que más mujeres sean violentadas. 

Bedoya no solo ha acudido a las redacciones colombianas, sino también a otras latinoamericanas y europeas. En estos espacios habla con ellos y ellas sobre los riesgos de la profesión y promueve un lenguaje inclusivo que no revictimice. También enseña sobre contenidos que apuesten a la igualdad y al respeto. 

“Además, tenemos charlas muy privadas entre las mujeres sobre cómo debemos autocuidarnos dentro y fuera de la redacción, de cómo enfrentar a nuestras fuentes, de cómo pedir ayuda, porque hay que hacerlo”, explica Bedoya. 

Yisbelsy Hernández es una periodista venezolana con 25 años de trayectoria en medios locales. No ha sufrido violencia ni discriminación, pero asegura que la realidad para todas no es la misma y antes menos mujeres eran visibles en las redacciones. “Ahora hay más mujeres ocupando espacios de importancia, aún cuando la mayoría siguen siendo hombres. Se ha ganado respeto y terreno sobre todo lo que tiene que ver con credibilidad y cómo se maneja la noticia”, asegura la reportera del portal Noticias de Aquí, en el estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.

El dato

En Ecuador existen  5121 periodistas que trabajan en los medios ecuatorianos, 3653 son hombres y 1468 son mujeres. Esto, según una tesis doctoral en marcha de Ana Dávila, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la que cita esta información obtenida a partir de estadísticas entregadas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.

 

 

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Se conformó una comisión ciudadana, sin agendas políticas o particulares que busca mediar y abrir canales de diálogo entre los cinco consejeros principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes actualmente están enfrentados por diversas causas. Esto ha provocado un deterioro institucional. 

“Para la opinión pública y para los sujetos políticos ha sido evidente la imposibilidad del diálogo fluido” entre los consejeros. Esto dificulta la gobernabilidad interna y deteriora la credibilidad institucional, irremplazables en un proceso electoral transparente. 

La meta es sugerir acciones enfocadas a trazar el rumbo adecuado de los objetivos nacionales, de cara a las elecciones generales de 2021. En rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de marzo, Francisco Rocha, presidente de laAsociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de El Comercio; Boris Cornejo, director ejecutivo de Fundación Esquel; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Simón Espinosa aclararon que su propósito es “facilitar la transparencia y no inmiscuirse en las funciones de los directivos del CNE”. 

Cabe señalar que la intervención de cada uno de estos ciudadanos es a título personal. No lo hacen en representación institucional de las entidades donde trabajan o colaboran.

“La Comisión quiere mediar en un diálogo entre los distintos consejeros para que se puedan realizar unos comicios absolutamente confiables y transparentes. La idea es que podamos aportar, desde sectores ciudadanos, sin agendas políticas”, explicó Ricaurte.

Las dudas se generan ya que hasta el momento, a menos de un año de asistir a las urnas, factores como el presupuesto, equipamiento, tecnología, no están claros en la logística ni capacidad operativa de la función Electoral. 

Rocha manifestó la “preocupación por el destino de la democracia en Ecuador; y, en especial, por el acontecer institucional del Consejo para dirigir, organizar y controlar” las votaciones, “la más alta expresión de voluntad del pueblo”. 

Cornejo reiteró que “no se trata de inmiscuirse en las funciones. Ecuador merece un clima de confianza en sus instituciones en la construcción de una democracia plena, libre y transparente”.

Este 5 de marzo, los miembros de la Comisión mantuvieron las primeras reuniones con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y con el consejero José Cabrera. El próximo lunes 09 de marzo tienen previsto reunirse con la presidenta del Consejo, Diana Atamaint.