Yearly Archives: 2020

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Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de febrero la moción presentada por la legisladora Marcela Aguiñaga. La militante de la bancada de la Revolución Ciudadana propuso eliminar una posible regulación a las plataformas digitales y los términos ambiguos contenidos en la propuesta de modificación del artículo 5 presentado por el Ejecutivo en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

Jaime Olivo, presidente de la Comisión, explicó a Fundamedios que el miércoles se discutieron dos puntos importantes. Primero hubo un consenso sobre la necesidad de reformar ese artículo para considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un servicio público. 

El segundo punto de discusión que no generó consenso fue una posible regulación a las plataformas digitales que se menciona de forma ambigua: “Los medios de comunicación social son mecanismos e instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos, imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los instrumentos o mecanismos antes señalados”.

Con la votación se acordó eliminar los términos “mecanismos” o “instrumentos” que solo se prestan a confusiones y que incluirían a las plataformas digitales y a redes sociales. Olivo explicó que hay que garantizar la libertad de expresión con las limitaciones que la Constitución contempla como la intimidad y el derecho al buen nombre. 

La asambleísta Aguiñaga se pronunció al respecto en Twitter: “Aunque el gobierno de las ‘libertades’ pretendió reformar la Ley de Comunicación para regular las plataformas digitales, en @DerColectivosAN se aprobó mi moción para que se descarte del texto cualquier regulación en este sentido”.

Olivo mencionó que espera que este mes la discusión sobre esta reforma a la LOC pase a segundo debate.

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Desinformación, marco legal, Derechos Humanos y nuevas narrativas fueron los temas que se analizaron el pasado 8 de febrero, en Ibarra (Imbabura), durante un taller coorganizado por Fundamedios, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Imán Transmedia, Diario El Norte y el Colegio de Periodistas de Imbabura. Hasta la Pontificia Universidad Católica (Pucesi) llegaron 40 personas interesadas en reflexionar en torno a los retos nuevos que enfrenta la profesión.

Durante la jornada, periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes se capacitaron para combatir la difusión de contenidos falsos que actualmente representa un reto para responder con rapidez y precisión ante las audiencias; el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019; las buenas prácticas periodísticas y las posibilidades que ofrece la realidad virtual en el momento de contar historias de la mano con la tecnología. 

El objetivo de este encuentro fue sensibilizar ante la optimización de la calidad de los contenidos y generar interés de las audiencias

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

También se sintieron atraídos por las herramientas inmersivas y su impacto social. Juan Pablo Urgilés y Caridian Niama, de Imán Transmedia, presentaron ‘Cruzar’, un proyecto realizado entre periodistas de Ecuador y Venezuela que narra la historia de una mujer migrante a través de cámaras 360.

 

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El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.

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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esta iniciativa nació tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas; Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia).

El 12 de diciembre de 2019, el ESE presentó el Informe Final a las autoridades colombianas, ecuatorianas y a los familiares. En el capítulo tres se refiere a las investigaciones realizadas por Colombia y Ecuador y destaca aspectos a ser tomados en cuenta por las instituciones judiciales para definir una real teoría del caso.

Fundamedios explica los puntos más críticos que la Fiscalía ecuatoriana debería revisar para desarrollar una línea de indagación más clara y así evitar la impunidad.

 

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Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real.

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, presentó observaciones respecto a los hechos ocurridos durante el paro nacional y a la vulneración de los Derechos Humanos. Su informe se enmarca en las las protestas sociales en rechazo al Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron “su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa”. El organismo internacional afirmó que “la obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto”.

De acuerdo al comunicado, publicado el 14 de enero en el sitio web de la CIDH, durante los 11 días de paralización se produjo más de un centenar de ataques contra los trabajadores de la prensa. Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimentos de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones, allanamientos a medios de comunicación y bloqueo de sitios web y redes sociales.

Entre las observaciones destaca la retención de un grupo de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro de Quito, donde algunos denunciaron haber estado en el sitio “en contra de su voluntad”. Hubo otros reporteros, indica el documento, que negaron la figura de secuestro.

Según la información proporcionada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, se solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “negociar” la liberación de los comunicadores. Para ello, se instaló el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Además, se negoció la liberación de ocho policías que también estaban retenidos.

“Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado, se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día (10 de octubre), la liberación de los 27 comunicadores”, señaló la CIDH.

La Comisión detalla entre las agresiones más graves, la de Juan Carlos González, reportero del medio comunitario Wambra Radio, impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro; el atropello por parte de la Policía Nacional al reportero guayaquileño Ronald Cedeño; los toletazos de 12 uniformados antimotines en contra de las reporteras Adriana Noboa y Yadira Trujillo, de Primicias y El Comercio, respectivamente, mientras filmaban con sus celulares; la agresión contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien presentó una denuncia penal en contra de su agresor.

La CIDH y La Relatoría aseguran que los ataques vinieron desde las fuerzas del orden, pero también de manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales. “La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, sentencia.

Sobre el ataque a los medios, se mencionan los incidentes ocurridos con Diario El Comercio y Teleamazonas, en Quito, que fueron atacados por grupos violentos; el allanamiento de Radio Pichincha Universal por presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, ocurrido el 8 de octubre, así como la suspensión de su señal durante 16 días.

De acuerdo a información recibida por la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes -integrada por 23 medios- denunció ataques tecnológicos con el bloqueo de señal telefónica y de Internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en la capital.

La organización NetBlocks informó que desde el 9 hasta el 12 de octubre “se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador”.

Fundamedios no pudo verificar de forma independiente esas restricciones o cortes para el acceso a Intenet durante los días del paro.

La CIDH recomendó al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la libertad de expresión, la protección de periodistas, la independencia de los medios y el cese de la censura directa e indirecta a los contenidos expuestos en medios de comunicación.

Se espera un informe definitivo y más exhaustivo para más adelante.