Más de 50 fiscales del Ecuador participaron del taller virtual “Operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos” dictado por Frank La Rue, ex Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión y asesor en temas de libertad de expresión para Fundamedios.
El experto se refirió a la legislación internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que garantiza la libre expresión en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, también explicó que hay limitaciones a esta libertad que tienen que ver con expresarse para hacer daño intencional a otras personas o para hacer una apología al odio.
Las leyes ecuatorianas son también importantes para ejercer el derecho a informar y a solicitar información pública. Ecuador tiene desde 2004 la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública que debe ser actualizada y una reciente Ley de Protección de Datos Personales aprobada en mayo de 2021.
Sobre la relación que existe entre la libertad de expresión y el derecho penal, La Rue señaló que este último se usa en dos vías: para sancionar a quienes atenten contra el derecho a expresarse pero también se lo aplica erróneamente para penalizar a quien ejercita ese derecho.
Citó por ejemplo el caso de la revista mexicana Contra Línea en la que sus periodistas investigaron sobre el petróleo y eso motivó cuatro causas penales. Para el experto, un funcionario o una autoridad pública no pueden evadir la crítica amparándose en amenazas y judicialización a los periodistas, aunque aclaró que esto no exime el derecho a la defensa.
Frank destacó la importancia del rol de los periodistas en la sociedad y la democracia para generar una cultura de transparencia y revelar casos de corrupción que, muchas de las veces, involucra a funcionarios públicos y al Estado. Tales fueron los casos de reporteros estadounidenses que revelaron irregularidades en la adquisición de tapas de inodoros para submarinos a un sobreprecio y la presencia de plazas fantasmas para supuestos cargos en el Congreso. Hechos que motivaron grandes debates y críticas ciudadanas.
El fiscal Andrés Cuasapaz expresó su preocupación respecto a los límites del derecho a expresarse y el derecho a la intimidad. En ese marco, La Rue explicó que la privacidad es la protección del espacio personal de un ser humano y es inviolable. No obstante aclaró que ese espacio privado es menor para un funcionario que debe estar sujeto al escrutinio público, más que para un ciudadano.
Se refirió a la doctrina europea que plantea cuatro categorías: primero el funcionario público con menor nivel de privacidad, después las personas que por su oficio se convierten en personajes públicos como los deportistas, en tercer lugar los administradores públicos y en último lugar la ciudadanía.
En el taller también se abordaron otros temas como la diversidad y pluralismo de los medios, la libertad de expresión en Internet y el acceso a la información como elemento fundamental para el sistema democrático.