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Fiscalía del Guayas impone restricciones al trabajo periodístico y se retracta después

por | Dic 8, 2011

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El jueves 08 de diciembre, los periodistas de la ciudad de Guayaquil fueron impedidos de acceder a documentos de denuncias, hacer fotografías o entrevistar a víctimas y detenidos de cualquier delito que se conocía en las dependencias de la Fiscalía adjunta a la Policía Judicial del Guayas.

Esta medida se dio a partir de un oficio firmado por Mauricio Jaramillo, director general del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) quien, el 25 de noviembre, solicitó al Fiscal General del Estado, que «se sirva a instruir a los señores fiscales y personal operativo que en la recepción de denuncias y versiones, se proteja los datos generales de los denunciantes y víctimas, particularmente, el número de cédula, dirección domiciliaria y números de teléfono», reza el escrito. Así, con el oficio No. 11042 SG-FGE, del 5 de diciembre de 2011, el fiscal general subrogante, César Morales Naranjo, ordenó el cumplimiento inmediato de esa disposición.

A pesar de que la medida ya estaba siendo acatada por la Fiscalía desde hace un tiempo, los funcionarios de esa dependencia en la Policía Judicial del Guayas, interpretaron esta disposición, con la prohibición para que los periodistas accedan a las denuncias, lo que ocasionó malestar entre los comunicadores . Sin embargo, esta interpretación de la medida cambió al día siguiente y, tras las quejas de los comunicadores, todo volvió a la normalidad y los periodistas pudieron acceder a sus fuentes.

Al respecto, el coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes, William Aguilar, no quiso pronunciarse oficialmente sobre el asunto, pero aseguró que el acceso a la fuente de información no estará restringido. «Ustedes pueden estar aquí y trabajar, pero no podemos darles las denuncias», expresó Aguilar, el día que sucedió el impedimento de acceso a las fuentes.

Guayas prosecutor imposes restrictions on journalistic work and then recants

On Thursday 8 December, the journalists of the city of Guayaquil were prevented from accessing documents concerning accusations, taking photographs or interviewing the victims or alleged perpetrators of any crime in the offices of the prosecutor’s office appended to the Guayas Judicial Police.

This measure was taken after Mauricio Jaramillo, general director of the Transitional Magistrates Council (CTJ), sent a written text to the state’s Prosecutor General requesting that “prosecutors and operational staff should, on receiving complaints and versions, protect the general information of the accusers and victims, particularly their ID number, home address and telephone numbers”.  Through notice No.11042SG-FGE, on 5 December 2011, the substitute prosecutor general, César Morales Naranjo, ordered the disposition to be applied immediately.

Despite the measure had been complied with in the Prosecutor’s Office for some time, the entity’s officials in the Guayas Judicial Police interpreted the disposition as a prohibition against journalists to access complaints, which generated unease among the communicators.This interpretation of the measure, however, changed the following day after the journalists’ complained. Everything went back to normality and the communicators could access their sources again.

In regard to this issue, the coordinator of the Prosecutor’s Office for Flagrant Cases, William Aguilar, did not want to make an official statement about the matter, but assured that access to sources of information shall not be restricted.“You may be here and work, but we cannot give you the complaints”, said Aguilar on the day that access to sources was restricted.

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