Ecuador, 15 de febrero de 2024· Jonathan Quezada, periodista de Guaranda, provincia de Bolívar, fue demandado por el juez Hernán Cherres, por una contravención de cuarta clase. Quezada investigaba presuntos malos manejos de la justicia. Previamente, Quezada y Cherres ya tuvieron un encuentro conflictivo, que terminó con prisión para el periodista.
En noviembre de 2023, Quezada se encontraba investigando presuntos malos manejos de la justicia en Guaranda, tras recibir denuncias ciudadanas —que surgieron a raíz de un reportaje previamente publicado en el medio digital de Quezada, Más Gente y que también fue replicado en Teleamazonas— sobre un profesor falsamente acusado de prostitución forzada.
Quezada hizo seguimiento del caso en el que el profesor Washintgon Pérez fue señalado por un presunto delito de prostitución forzada; sin embargo, el 23 de junio de 2023 Pérez fue sobreseído. Esto alentó a la ciudadanía y llegaron varias denuncias sobre malos manejos de la justicia por parte de los jueces.
“Aquí en Guaranda me han llegado denuncias de malos manejos de la Justicia y me han dado el nombre de algunos jueces, entre ellos el de Hernán Cherres. He estado indagando respecto a los fallos —no solo de Cherres, sino de otros jueces— para realizar un reportaje, tener más clara la película y saber si es verdad lo que me dice la ciudadanía”, comentó Quezada a Fundamedios.
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Además, indicó que en varias oportunidades se acercó a la delegación del Consejo de la Judicatura en la provincia para realizar su investigación y que incluso habló con la exdirectora provincial, María Patricia Brito, quien le proporcionó información.
“Mi investigación llegó a oídos de este Juez (Cherres) y el viernes 8 de diciembre, a eso de las cuatro de la tarde yo me encontraba en las afueras del Consejo de la Judicatura y este hombre comenzó a gritarme epítetos e insultos a mis espaldas. Me dijo que ando husmeando en los juzgados y me amenazó con mandarme a ‘podrirme’ en la cárcel”, comentó Quezada, añadiendo también que el juez Cherres trajo a colación un episodio que vivieron años atrás, cuando Quezada estudiaba Jurisprudencia en Guaranda.
Después de aquel viernes 8 de diciembre, Quezada pensó que la situación iba a quedar así; sin embargo, entre el 5 y 7 de febrero recibió tres notificaciones por una demanda presentada por Cherres y su abogado, Marcelo Flores, en las que citan el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, aseverando que Quezada habría cometido una contravención de cuarta clase, por expresiones de descrédito o deshonra de otra persona. Esta contravención es sancionada con pena de 15 a 30 días de cárcel.
La demanda —que fue presentada el 9 de enero en la Unidad Judicial Penal de Guaranda— contiene “información tergiversada”, según Quezada. “El juez Cherres afirma que yo fui el que le gritó y que le dije sinvergüenza, vago, abusador, entre otros epítetos y acusaciones que jamás emití”, indicó.
El periodista junto con su abogado, William Aguagüiña, se presentaron el pasado jueves 15 de febrero en la Unidad Judicial para dar su respuesta a la demanda y ahora aguardan la notificación para el día de la audiencia de juzgamiento.
Hace seis años, Quezada no estaba ejerciendo el periodismo, sino que se desempeñaba como Director de Comunicación del Municipio de Guaranda. Entonces, tuvo su primer incidente con el juez Cherres, quien propinó improperios en su contra e intentó agredirlo físicamente en un restaurante. Sin embargo, al no conseguirlo, acusó al entonces relacionador público de haber intentado asaltarlo y, posteriormente, presentó una denuncia por escándalo público, por la cual Quezada cumplió tres días de prisión.
“Este señor ha sido acostumbrado a hacer las cosas bajo amenazas, pues aquella ocasión amenazó al policía y al juez que cogió el caso, para que a mí me den esa pena y creo que ahora busca hacer lo mismo”.
Fundamedios intentó contactarse con Marcelo Flores, abogado de Cherres, pero no obtuvimos respuesta. Hacemos un llamado para que los procesos judiciales o de cualquier índole legal, sean manejados bajo estricto derecho y dentro del marco de las leyes ecuatorianas.