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Ministerio ordena el desalojo de casa donde funciona la Confederación de Nacionalidades Indígenas

Dic 17, 2014

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Hasta el 06 de enero tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) –que agrupa a varias comunidades indígenas- para entregar el edificio en donde funciona su sede en Quito, tras recibir una notificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en donde se le indicó de la terminación del convenio de comodato que tenía con esa entidad estatal. Los dirigentes indígenas denunciaron que esta es una represalia política por su postura crítica ante el gobierno.

En el documento enviado por el MIES el 11 de diciembre y firmado por el coordinador general Administrativo Financiero, Marco Cazco, se argumentó que se da por terminado el convenio de comodato ante “la necesidad imprevista y urgente de contar con inmuebles para que sean destinados al funcionamiento de casas de acogida para jóvenes y adolescentes sin referente familiar que han superado la etapa de crisis por desintoxicación, en el marco del cumplimiento del Plan de Prevención Integral del Consumo de Drogas…”

En 1991, el Ministerio otorgó en comodato el inmueble a la Conaie para actividades de fortalecimiento y superación socio-organizativo. Sin embargo, dicho Ministerio alega que “la utilización actual del predio no corresponde a los fines propios del servicio público” y señala el artículo 5 del Reglamento General de Bienes del Sector Público, el cual prohíbe el uso de los bienes “para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público”.

En rueda de prensa, Jorge Herrera, presidente de la Conaie rechazó la decisión de esa cartera de Estado y aseguró que no desalojarán su sede. “Aquí se construyó la propuesta de la nueva Constitución, aquí se dio vida a la propuesta del Estado Plurinacional. En este edificio se ha defendido la democracia, es un símbolo de las luchas sociales y populares. La CONAIE es la casa de todos, y no permitiremos que se nos desaloje”,  dijo Herrera .

En entrevista con Rayuela Radio, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, la organización más numerosa agrupada en la CONAIE, aseguró que la orden de desalojo es parte de una política de hostigamiento por parte del régimen. “El Gobierno no conseguirá que el pueblo indígena abandone su sede histórica. Vamos a resistir”, apuntó Pérez.

La dirigencia de la Conaie anunció que tomará acciones para impedir el desalojo, pues el contrato de comodato estaba suscrito hasta el año 2021 y a lo largo de este tiempo en el inmueble se han hecho mejoras con los recursos de la organización indígena.

Ministry orders eviction   where the confederation of indigenous nationalities operates

Until January 6, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), which enrolled  several indigenous communities has the date set to deliver the building where its headquarters in Quito works, after received a notification of the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) where was noted the end of the loan agreement the CONAIE had with the state entity. Indigenous leaders complained that this is a political reprisal for their critical stance against the government.

In the document sent by the MIES on December 11th was signed by the General administrative Financial Coordinator, Marco Cazco, it was argued that terminates the agreement loan because they present the «unforeseen and urgent need for buildings to be designed for the operation of shelters for youth and adolescents with no family relation who have overcome the crisis stage for detoxification, under the implementation of the Integral Plan of drugs Prevention …»

 In 1991, the Ministry granted a loan to the CONAIE for socio- organizational building activities. However, the Ministry claims that «the current use of the property does not correspond to the aims of public service» as is stated in Article 5 of the General Rules of Public Sector goods, which  prohibits the use of property «for purposes that are: political, electoral, doctrinal or religious or private activities and / or foreign public service «.

At a press conference, Jorge Herrera, president of CONAIE rejected the decision of the ministry of state and said he did not dislodge its headquarters. «Here the proposed of a new Constitution was built, here was given the proposal of a Pluri-national State. In this building democracy has been defended, it is a symbol of social and popular struggles. The CONAIE is the home of all, and we will not allow ourselves to be evicted», Herrera said.

In an interview with Radio Rayuela, Carlos Pérez Guartambel, president of the ECUARUNARI, the largest indigenous organization enrolled with CONAIE, said the eviction order is part of a policy of harassment by the regime. «The government will not get that indigenous people abandon their historic headquarters. We will resist”, Pérez said.

 The CONAIE’s leadership announced that it will take different actions to prevent the eviction, since the loan contract was signed until 2021 and during this time the building had numerous improvements with the resources of the indigenous organization.

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